Jesús Cantú
A menos de seis meses del inicio del proceso electoral de 2012, las dos principales instituciones electorales se encuentran sumamente debilitadas y, peor aún, bajo fuego amigo y enemigo, alimentado por sus propios errores o incapacidades.
Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Federal Electoral (la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales ni siquiera puede ser incluida en la lista, pues su dependencia del Ejecutivo federal le impide generar confianza entre los actores políticos y la ciudadanía) han estado envueltos en escándalos desde su conformación.
Más allá de sus acuerdos, decisiones y resoluciones, que también han sido controvertidos, los dos órganos han sido cuestionados por manejos administrativos y por el comportamiento de los integrantes de sus órganos superiores.
En el caso del IFE hay que agregar que ya superó los cinco meses en que su Consejo General opera incompleto, ante la irresponsable actitud de los legisladores que no logran los acuerdos necesarios para designar a los tres consejeros electorales que faltan desde el 1 de noviembre del año pasado.
Desde octubre de 2003, al procesar la renovación del Consejo General del IFE, los partidos políticos se esmeran en debilitar cada día más a las instituciones electorales, como vía para mantener sus privilegios y evitar o, al menos, aminorar las sanciones por la evidente y frecuente violación de las normas electorales. El proceso es gradual, pero persistente y consistente; incluye la creciente partidización de las designaciones de consejeros y reformas legales encaminadas a minar la autonomía del órgano electoral. Las dos les rinden frutos en estos momentos.
Más allá de los errores administrativos en el manejo de los recursos financieros del IFE, y sin prejuzgar sobre el resultado final de la o las auditorías, es un hecho que el llamado contralor general del IFE ha mantenido permanentemente bajo fuego mediático a la institución, con reportes parciales y, por lo mismo, incompletos. El contralor general cumple su función: mantener bajo asedio a consejeros e instancias ejecutivas de la institución (Proceso 1610).
El IFE tiene que explicar irregularidades en el arrendamiento, remodelación y compra de un edificio que involucra 350 millones de pesos del presupuesto de 2009. Pero no es el único asunto administrativo que deberá resolver, pues también es cuestionado por un fondo inmobiliario de 348 millones de pesos que, por supuestos ahorros en el ejercicio del presupuesto de 2010, logró integrar para comprar inmuebles durante este año.
Y además tiene que operar y, entre otras cosas, resolver los procedimientos especiales sancionatorios que se instauren con motivo del proceso electoral del Estado de México. El gran riesgo es que, ante la ausencia de tres consejeros, en algunos asuntos la resolución de dichos procedimientos tenga que posponerse porque la votación en el Consejo General termine empatada a tres votos. (Proceso 1779.)
A pesar de que violan el inciso “c” del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007; de los riesgos y obstáculos para la adecuada operación de la institución, tanto en el momento actual como eventualmente de cara al proceso electoral de 2012; y de que con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, celebrada en las instalaciones del IFE el pasado 21 de marzo, con la asistencia de los representantes de los tres poderes de la Unión, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y Felipe Calderón hicieron un llamado para apresurar la designación de los tres consejeros faltantes, todo indica que la Cámara de Diputados no logrará resolver el asunto en las cuatro sesiones (miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril) que le quedan del actual periodo de sesiones.
Así, el IFE seguirá incompleto y bajo fuego, interno y externo, por razones válidas y producto de sus errores, descuidos, omisiones o incapacidades; pero también como parte de una estrategia de actores políticos para debilitarlo y, eventualmente, someterlo.
Una situación muy similar vive la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en estos momentos también está bajo fuego por la reunión que el 9 de marzo pasado realizó en su casa la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, con operadores priistas (Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray), un consejero del IFE (Marco Antonio Baños) y un aspirante a consejero (Enrique Ochoa) para tratar la sanción en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión de unos spots televisivos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010.
La reunión fue divulgada por el periódico Reforma y dio lugar, entre otras cosas, a una solicitud del Partido Acción Nacional para que la magistrada se excuse de participar en la discusión y votación del caso, en el cual es precisamente la ponente. La magistrada se negó a excusarse, y los magistrados resolvieron el miércoles pasado favorablemente para ella, así que continuará con el asunto y participará en su discusión y resolución.
Pero este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto este tribunal. El 5 de noviembre de 2006 rindieron protesta como magistrados de la Sala Superior cuatro de los siete integrantes (Manuel González Oropeza lo hizo unos días después, Pedro Esteban Penagos fue designado posteriormente, y Alejandro Luna Ramos estaba en funciones desde 2004). Al día siguiente, en sesión privada, designaron presidente del mismo a Flavio Galván, quien se vio obligado a dimitir en agosto de 2007, cuando se investigaba, por una presunta irregularidad administrativa en la pretendida compra de un inmueble para el TEPJF, a su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar.
El 23 de agosto de 2009, Proceso difundió en su número 1712 que el magistrado Salvador Nava Gomar se reunió el 23 de marzo de 2007 con Jorge Hank Rohn, en sus oficinas del Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana. Nava Gomar “platicó a solas con Hank Rohn, quien también lo condujo en un recorrido por su zoológico particular, le dio a comer jamón de tigre y, a petición expresa, le obsequió un cachorro de perro de raza fina”, previo a que, el 5 de julio, el magistrado presentara ante la Sala Superior su proyecto de resolución que convalidaba la candidatura del priista a la gubernatura de Baja California.
La difusión de la reunión en casa de la magistrada presidenta dejó varios damnificados, pues prácticamente eliminó de la lista de posibles consejeros del IFE a Enrique Ochoa; evidenció la cercanía del consejero Baños con la representación del PRI ante el Consejo General; al menos, dificultó la reelección de Alanís como presidenta de la Sala Superior, y, desde luego, introdujo una presión adicional sobre el sentido de la resolución de la Sala Superior respecto al asunto de Peña Nieto.
Sin embargo, éste último es el menos preocupado, pues aunque en su caso sí pudiese haber una sanción por parte del Congreso o la Contraloría del Estado de México, él sabe que –en el peor de los casos– todo quedará en una sanción moral como la que recibió hace unos meses Felipe Calderón por su cadena nacional y sus anuncios de políticas durante los procesos electorales estatales de 2010.
Pero lo que es mucho más difícil de reparar es la confianza en las instituciones, y ésta nuevamente resulta minada, ahora respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A poco menos de seis meses del inicio del proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República, que seguramente estará plagado de quejas y controversias que tendrán que dirimir las autoridades electorales, éstas se encuentran: incompletas, cuestionadas por sus decisiones y resoluciones, pero sobre todo debilitadas por las actuaciones y comportamientos de sus integrantes y en medio de frecuentes y sucesivos escándalos.
A menos de seis meses del inicio del proceso electoral de 2012, las dos principales instituciones electorales se encuentran sumamente debilitadas y, peor aún, bajo fuego amigo y enemigo, alimentado por sus propios errores o incapacidades.
Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Federal Electoral (la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales ni siquiera puede ser incluida en la lista, pues su dependencia del Ejecutivo federal le impide generar confianza entre los actores políticos y la ciudadanía) han estado envueltos en escándalos desde su conformación.
Más allá de sus acuerdos, decisiones y resoluciones, que también han sido controvertidos, los dos órganos han sido cuestionados por manejos administrativos y por el comportamiento de los integrantes de sus órganos superiores.
En el caso del IFE hay que agregar que ya superó los cinco meses en que su Consejo General opera incompleto, ante la irresponsable actitud de los legisladores que no logran los acuerdos necesarios para designar a los tres consejeros electorales que faltan desde el 1 de noviembre del año pasado.
Desde octubre de 2003, al procesar la renovación del Consejo General del IFE, los partidos políticos se esmeran en debilitar cada día más a las instituciones electorales, como vía para mantener sus privilegios y evitar o, al menos, aminorar las sanciones por la evidente y frecuente violación de las normas electorales. El proceso es gradual, pero persistente y consistente; incluye la creciente partidización de las designaciones de consejeros y reformas legales encaminadas a minar la autonomía del órgano electoral. Las dos les rinden frutos en estos momentos.
Más allá de los errores administrativos en el manejo de los recursos financieros del IFE, y sin prejuzgar sobre el resultado final de la o las auditorías, es un hecho que el llamado contralor general del IFE ha mantenido permanentemente bajo fuego mediático a la institución, con reportes parciales y, por lo mismo, incompletos. El contralor general cumple su función: mantener bajo asedio a consejeros e instancias ejecutivas de la institución (Proceso 1610).
El IFE tiene que explicar irregularidades en el arrendamiento, remodelación y compra de un edificio que involucra 350 millones de pesos del presupuesto de 2009. Pero no es el único asunto administrativo que deberá resolver, pues también es cuestionado por un fondo inmobiliario de 348 millones de pesos que, por supuestos ahorros en el ejercicio del presupuesto de 2010, logró integrar para comprar inmuebles durante este año.
Y además tiene que operar y, entre otras cosas, resolver los procedimientos especiales sancionatorios que se instauren con motivo del proceso electoral del Estado de México. El gran riesgo es que, ante la ausencia de tres consejeros, en algunos asuntos la resolución de dichos procedimientos tenga que posponerse porque la votación en el Consejo General termine empatada a tres votos. (Proceso 1779.)
A pesar de que violan el inciso “c” del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007; de los riesgos y obstáculos para la adecuada operación de la institución, tanto en el momento actual como eventualmente de cara al proceso electoral de 2012; y de que con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, celebrada en las instalaciones del IFE el pasado 21 de marzo, con la asistencia de los representantes de los tres poderes de la Unión, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y Felipe Calderón hicieron un llamado para apresurar la designación de los tres consejeros faltantes, todo indica que la Cámara de Diputados no logrará resolver el asunto en las cuatro sesiones (miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril) que le quedan del actual periodo de sesiones.
Así, el IFE seguirá incompleto y bajo fuego, interno y externo, por razones válidas y producto de sus errores, descuidos, omisiones o incapacidades; pero también como parte de una estrategia de actores políticos para debilitarlo y, eventualmente, someterlo.
Una situación muy similar vive la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en estos momentos también está bajo fuego por la reunión que el 9 de marzo pasado realizó en su casa la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, con operadores priistas (Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray), un consejero del IFE (Marco Antonio Baños) y un aspirante a consejero (Enrique Ochoa) para tratar la sanción en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión de unos spots televisivos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010.
La reunión fue divulgada por el periódico Reforma y dio lugar, entre otras cosas, a una solicitud del Partido Acción Nacional para que la magistrada se excuse de participar en la discusión y votación del caso, en el cual es precisamente la ponente. La magistrada se negó a excusarse, y los magistrados resolvieron el miércoles pasado favorablemente para ella, así que continuará con el asunto y participará en su discusión y resolución.
Pero este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto este tribunal. El 5 de noviembre de 2006 rindieron protesta como magistrados de la Sala Superior cuatro de los siete integrantes (Manuel González Oropeza lo hizo unos días después, Pedro Esteban Penagos fue designado posteriormente, y Alejandro Luna Ramos estaba en funciones desde 2004). Al día siguiente, en sesión privada, designaron presidente del mismo a Flavio Galván, quien se vio obligado a dimitir en agosto de 2007, cuando se investigaba, por una presunta irregularidad administrativa en la pretendida compra de un inmueble para el TEPJF, a su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar.
El 23 de agosto de 2009, Proceso difundió en su número 1712 que el magistrado Salvador Nava Gomar se reunió el 23 de marzo de 2007 con Jorge Hank Rohn, en sus oficinas del Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana. Nava Gomar “platicó a solas con Hank Rohn, quien también lo condujo en un recorrido por su zoológico particular, le dio a comer jamón de tigre y, a petición expresa, le obsequió un cachorro de perro de raza fina”, previo a que, el 5 de julio, el magistrado presentara ante la Sala Superior su proyecto de resolución que convalidaba la candidatura del priista a la gubernatura de Baja California.
La difusión de la reunión en casa de la magistrada presidenta dejó varios damnificados, pues prácticamente eliminó de la lista de posibles consejeros del IFE a Enrique Ochoa; evidenció la cercanía del consejero Baños con la representación del PRI ante el Consejo General; al menos, dificultó la reelección de Alanís como presidenta de la Sala Superior, y, desde luego, introdujo una presión adicional sobre el sentido de la resolución de la Sala Superior respecto al asunto de Peña Nieto.
Sin embargo, éste último es el menos preocupado, pues aunque en su caso sí pudiese haber una sanción por parte del Congreso o la Contraloría del Estado de México, él sabe que –en el peor de los casos– todo quedará en una sanción moral como la que recibió hace unos meses Felipe Calderón por su cadena nacional y sus anuncios de políticas durante los procesos electorales estatales de 2010.
Pero lo que es mucho más difícil de reparar es la confianza en las instituciones, y ésta nuevamente resulta minada, ahora respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A poco menos de seis meses del inicio del proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República, que seguramente estará plagado de quejas y controversias que tendrán que dirimir las autoridades electorales, éstas se encuentran: incompletas, cuestionadas por sus decisiones y resoluciones, pero sobre todo debilitadas por las actuaciones y comportamientos de sus integrantes y en medio de frecuentes y sucesivos escándalos.
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