Laura Carlsen / Foreign Policy in Focus
Traducción cortesía de Germán Leyens
Una operación secreta para contrabandear armas a través de la frontera para los cárteles de la droga mexicanos –supervisada por agentes gubernamentales de EE.UU.– amenaza con convertirse en un gran escándalo para el gobierno de Obama.
La operación, denominada “Rápido y furioso”, se dirigió desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en Phoenix, Arizona. ATF aprobó la compra de armas en armerías estadounidenses y rastreó la ruta de contrabando hasta la frontera mexicana. Según las informaciones, más de 2.500 armas de fuego se vendieron a testaferros quienes luego entregaron las armas a contrabandistas bajo la nariz de la ATF.
Una vez cruzada la frontera, la oficina parece haber perdido el rastro de las armas. Cientos de AK-47 y de rifles Barrett de calibre 50 –favoritos de los cárteles de la droga en guerra– llegaron fácilmente a manos de algunas de las organizaciones criminales más implacables de México.
Gunwalking
En la jerga del tráfico de armas, cuando se habla de permitir a sabiendas que contrabandistas hagan su trabajo hablan de “gunwalking” (que se podría traducir como ‘pasear armas’ N. del. T.] Según denunciantes de la ATF, la oficina se quedó mirando sin hacer nada mientras los compradores adquirían hasta 20 armas de una vez y las entregaban rápidamente a contrabandistas en aparcamientos cercanos. Esperaban seguir el rastro de las armas hasta México y echar mano a un importante cártel.
En diciembre de 2010, armas “paseadas” se indentificaron como las que se habían utilizado cuando los cárteles de la droga asesinaron al agente de la Patrulla de Frontera Brian Terry. Un angustiado agente de la ATF tomó la decisión de denunciar la operación de gunwalking, después de que la oficina ignoró meses de quejas.
El agente John Dodson denunció la operación “Rápido y Furioso” en una entrevista con CBS News el 3 de marzo. A Dodson le preocupaba la operación desde mucho antes del asesinato de Terry. Cuando una gran cantidad de armas cruzó libremente la frontera a principios de 2010, notó con alarma, junto a otros agentes de la ATF, el aumento del crimen violento al sur de la frontera. Dice que informó a sus supervisores: “Mientras más armas compran nuestros sujetos, más violencia tiene lugar allí”.
Dodson informa de que su supervisor respondió: “Si vas a hacer una tortilla, tienes que romper algunos huevos”.
Incluso algunos de los dueños de las armerías se sintieron incómodos por la cantidad de armas que estaban vendiendo a clientes sospechosos, pero según se informa, les dijeron que continuaran la operación.
Poco después de la entrevista de Dodson, el director de la oficina de ATF en México, Darren Gil, dijo que CBS había comenzado a recibir informes inquietantes sobre una cantidad desacostumbradamente elevada de armas del área de Phoenix que aparecían en la violencia de los cárteles mexicanos. Cuando comenzó a hacer preguntas, Gil descubrió que a su equipo le habían bloqueado el acceso a ordenadores con información sobre “Rápido y Furioso”.
Gil interrogó a funcionarios en la central en EE.UU., quienes le dijeron que tenían órdenes directas del Departamento de Justicia y que no dijera nada al gobierno mexicano sobre el programa.
Gil renunció indignado en diciembre de 2010 después de ver “una incautación tras la otra, y otra más” de armas “paseadas” en escenas de crímenes violentos en México.
El Congreso interviene
A principios de 2011, el senador Charles Grassley (Republicano de Iowa) solicitó una información de la ATF. La oficina se la negó. El Congreso tiene que emitir ahora una orden de comparecer que ordene a la ATG que informe sobre el programa “Rápido y Furioso”.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno de EE.UU. tratan de negar que hayan estado involucrados, sin confirmar realmente que la operación tuvo lugar. La secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano, no desmintió las afirmaciones con respecto al programa, pero afirmó que ella supo de la operación sólo después del asesinato del agente Turner y que no tenía ninguna información sobre la participación de agentes de Aduana.
En una situación incómoda, el fiscal federal [Ministro de Justicia] Eric Holder asignó a un inspector general para que investigara. El presidente Obama defendió dos veces a Holder –en Univision y CNN– declarando que ni él ni Holder sabían de la operación.
La investigación llevará a una de dos conclusiones: ninguna de ellas positiva para el fiscal general. La primera es que Holder autorizó una operación que probablemente violó las leyes estadounidenses, mexicanas e internacionales y armó a peligrosos narcotraficantes.
La segunda es que el jefe del Departamento de Justicia dirige a personal delincuente que decidió no informar a su jefe sobre una operación que plantea importantes infracciones legales, éticas y diplomáticas.
Holder emitió recientemente un memorando a fiscales de la frontera sudoeste ordenándoles que no permitan el tráfico de armas a cárteles mexicanos. El memorando declara: “No debemos planear o realizar operaciones clandestinas que incluyan el cruce de armas por la frontera”. Lógicamente, un memorando que instruya a fiscales de la justicia para que no se involucren en gunwalking ilegal sería innecesario si no hubiera un precedente de una actividad contraria.
Algunos funcionarios de la ATF han justificado el programa afirmando que la operación podría llevar al procesamiento de individuos que se encuentran más arriba en la cadena de contrabando. La ATF publicó un comunicado de prensa el día de la entrevista de Dodson anunciando una decisión de “estudiar las actuales estrategias de la oficina en el tráfico de armas de fuego…”
Reacción mexicana
El presidente mexicano, Felipe Calderón, y su gabinete se han mostrado notablemente confiados con respecto a la posibilidad de que se hayan traficado armas al archienemigo con el apoyo de un gobierno extranjero. El portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poire, se negó a aceptar que la operación haya existido y reservó su comentario hasta después de que se publiquen los resultados de la investigación estadounidense.
Calderón no parece dispuesto a arriesgarse a poner en peligro el apoyo político y financiero del gobierno de EE.UU. para su guerra contra la droga quejándose demasiado fuerte. Su estrategia contra los narcóticos ha sido fuertemente criticada en su país en los últimos meses debido a un gran aumento de la violencia y la corrupción.
Los miembros de la oposición en el Congreso mexicano, los medios y el público, han ordenado una investigación y han calificado la operación de violación del derecho internacional e incluso de acto de guerra. La indignación aumentó cuando William Brownfield, jefe Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, elogió el programa ante la prensa mexicana y confirmó que “continúa”. El ex embajador en Colombia y antiguo propugnador de la guerra contra la droga, se burló de las críticas, y señaló que la cantidad de armas que se entregaron a “destinos no controlados” es “limitada”.
Pero para muchos legisladores y ciudadanos estadounidenses y mexicanos, el que se permita aunque sólo sea un arma en manos de los brutales cárteles es demasiado. El programa de gunwalking ha aumentado el escepticismo público hacia la “responsabilidad compartida” que Obama y Calderón han tratado de promover en numerosas declaraciones públicas, y ha alimentado las crecientes protestas populares en México que rechazan el modelo de la violenta guerra contra la droga para enfrentar el narcotráfico y el consumo ilícito.
¿Gran escándalo?
Con respuestas evasivas de las agencias gubernamentales, importantes implicaciones internacionales y persistentes preguntas sobre “quién sabía qué, y cuándo”, la operación “Rápido y Furioso” podría convertirse en un importante escándalo para el gobierno de Obama. Dependerá de la reacción del gobierno.
El gobierno de Obama enfrenta una difícil alternativa: u orquesta un encubrimiento, como parece estar haciendo la ATF, o abre el caso y acepta las consecuencias.
El caso de gunwalking pone a prueba la integridad del gobierno de Obama. Debilita aún más el apoyo a una estrategia fallida de la guerra contra la droga. El gobierno busca actualmente más millones de dólares para ayuda a la seguridad de México bajo la Iniciativa Mérida.
El mejor camino es investigar exhaustivamente la operación y castigar a los responsables, no importa a qué altura llegue la culpa. Es también hora de terminar con el apoyo a una guerra contra la droga que se hace más fuerte y violenta cada día que pasa.
La columnista de Foreign Policy In Focus, Laura Carlsen, es directora del Americas Program para el Center for International Policy en Ciudad de México.
Traducción cortesía de Germán Leyens
Una operación secreta para contrabandear armas a través de la frontera para los cárteles de la droga mexicanos –supervisada por agentes gubernamentales de EE.UU.– amenaza con convertirse en un gran escándalo para el gobierno de Obama.
La operación, denominada “Rápido y furioso”, se dirigió desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en Phoenix, Arizona. ATF aprobó la compra de armas en armerías estadounidenses y rastreó la ruta de contrabando hasta la frontera mexicana. Según las informaciones, más de 2.500 armas de fuego se vendieron a testaferros quienes luego entregaron las armas a contrabandistas bajo la nariz de la ATF.
Una vez cruzada la frontera, la oficina parece haber perdido el rastro de las armas. Cientos de AK-47 y de rifles Barrett de calibre 50 –favoritos de los cárteles de la droga en guerra– llegaron fácilmente a manos de algunas de las organizaciones criminales más implacables de México.
Gunwalking
En la jerga del tráfico de armas, cuando se habla de permitir a sabiendas que contrabandistas hagan su trabajo hablan de “gunwalking” (que se podría traducir como ‘pasear armas’ N. del. T.] Según denunciantes de la ATF, la oficina se quedó mirando sin hacer nada mientras los compradores adquirían hasta 20 armas de una vez y las entregaban rápidamente a contrabandistas en aparcamientos cercanos. Esperaban seguir el rastro de las armas hasta México y echar mano a un importante cártel.
En diciembre de 2010, armas “paseadas” se indentificaron como las que se habían utilizado cuando los cárteles de la droga asesinaron al agente de la Patrulla de Frontera Brian Terry. Un angustiado agente de la ATF tomó la decisión de denunciar la operación de gunwalking, después de que la oficina ignoró meses de quejas.
El agente John Dodson denunció la operación “Rápido y Furioso” en una entrevista con CBS News el 3 de marzo. A Dodson le preocupaba la operación desde mucho antes del asesinato de Terry. Cuando una gran cantidad de armas cruzó libremente la frontera a principios de 2010, notó con alarma, junto a otros agentes de la ATF, el aumento del crimen violento al sur de la frontera. Dice que informó a sus supervisores: “Mientras más armas compran nuestros sujetos, más violencia tiene lugar allí”.
Dodson informa de que su supervisor respondió: “Si vas a hacer una tortilla, tienes que romper algunos huevos”.
Incluso algunos de los dueños de las armerías se sintieron incómodos por la cantidad de armas que estaban vendiendo a clientes sospechosos, pero según se informa, les dijeron que continuaran la operación.
Poco después de la entrevista de Dodson, el director de la oficina de ATF en México, Darren Gil, dijo que CBS había comenzado a recibir informes inquietantes sobre una cantidad desacostumbradamente elevada de armas del área de Phoenix que aparecían en la violencia de los cárteles mexicanos. Cuando comenzó a hacer preguntas, Gil descubrió que a su equipo le habían bloqueado el acceso a ordenadores con información sobre “Rápido y Furioso”.
Gil interrogó a funcionarios en la central en EE.UU., quienes le dijeron que tenían órdenes directas del Departamento de Justicia y que no dijera nada al gobierno mexicano sobre el programa.
Gil renunció indignado en diciembre de 2010 después de ver “una incautación tras la otra, y otra más” de armas “paseadas” en escenas de crímenes violentos en México.
El Congreso interviene
A principios de 2011, el senador Charles Grassley (Republicano de Iowa) solicitó una información de la ATF. La oficina se la negó. El Congreso tiene que emitir ahora una orden de comparecer que ordene a la ATG que informe sobre el programa “Rápido y Furioso”.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno de EE.UU. tratan de negar que hayan estado involucrados, sin confirmar realmente que la operación tuvo lugar. La secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano, no desmintió las afirmaciones con respecto al programa, pero afirmó que ella supo de la operación sólo después del asesinato del agente Turner y que no tenía ninguna información sobre la participación de agentes de Aduana.
En una situación incómoda, el fiscal federal [Ministro de Justicia] Eric Holder asignó a un inspector general para que investigara. El presidente Obama defendió dos veces a Holder –en Univision y CNN– declarando que ni él ni Holder sabían de la operación.
La investigación llevará a una de dos conclusiones: ninguna de ellas positiva para el fiscal general. La primera es que Holder autorizó una operación que probablemente violó las leyes estadounidenses, mexicanas e internacionales y armó a peligrosos narcotraficantes.
La segunda es que el jefe del Departamento de Justicia dirige a personal delincuente que decidió no informar a su jefe sobre una operación que plantea importantes infracciones legales, éticas y diplomáticas.
Holder emitió recientemente un memorando a fiscales de la frontera sudoeste ordenándoles que no permitan el tráfico de armas a cárteles mexicanos. El memorando declara: “No debemos planear o realizar operaciones clandestinas que incluyan el cruce de armas por la frontera”. Lógicamente, un memorando que instruya a fiscales de la justicia para que no se involucren en gunwalking ilegal sería innecesario si no hubiera un precedente de una actividad contraria.
Algunos funcionarios de la ATF han justificado el programa afirmando que la operación podría llevar al procesamiento de individuos que se encuentran más arriba en la cadena de contrabando. La ATF publicó un comunicado de prensa el día de la entrevista de Dodson anunciando una decisión de “estudiar las actuales estrategias de la oficina en el tráfico de armas de fuego…”
Reacción mexicana
El presidente mexicano, Felipe Calderón, y su gabinete se han mostrado notablemente confiados con respecto a la posibilidad de que se hayan traficado armas al archienemigo con el apoyo de un gobierno extranjero. El portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poire, se negó a aceptar que la operación haya existido y reservó su comentario hasta después de que se publiquen los resultados de la investigación estadounidense.
Calderón no parece dispuesto a arriesgarse a poner en peligro el apoyo político y financiero del gobierno de EE.UU. para su guerra contra la droga quejándose demasiado fuerte. Su estrategia contra los narcóticos ha sido fuertemente criticada en su país en los últimos meses debido a un gran aumento de la violencia y la corrupción.
Los miembros de la oposición en el Congreso mexicano, los medios y el público, han ordenado una investigación y han calificado la operación de violación del derecho internacional e incluso de acto de guerra. La indignación aumentó cuando William Brownfield, jefe Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, elogió el programa ante la prensa mexicana y confirmó que “continúa”. El ex embajador en Colombia y antiguo propugnador de la guerra contra la droga, se burló de las críticas, y señaló que la cantidad de armas que se entregaron a “destinos no controlados” es “limitada”.
Pero para muchos legisladores y ciudadanos estadounidenses y mexicanos, el que se permita aunque sólo sea un arma en manos de los brutales cárteles es demasiado. El programa de gunwalking ha aumentado el escepticismo público hacia la “responsabilidad compartida” que Obama y Calderón han tratado de promover en numerosas declaraciones públicas, y ha alimentado las crecientes protestas populares en México que rechazan el modelo de la violenta guerra contra la droga para enfrentar el narcotráfico y el consumo ilícito.
¿Gran escándalo?
Con respuestas evasivas de las agencias gubernamentales, importantes implicaciones internacionales y persistentes preguntas sobre “quién sabía qué, y cuándo”, la operación “Rápido y Furioso” podría convertirse en un importante escándalo para el gobierno de Obama. Dependerá de la reacción del gobierno.
El gobierno de Obama enfrenta una difícil alternativa: u orquesta un encubrimiento, como parece estar haciendo la ATF, o abre el caso y acepta las consecuencias.
El caso de gunwalking pone a prueba la integridad del gobierno de Obama. Debilita aún más el apoyo a una estrategia fallida de la guerra contra la droga. El gobierno busca actualmente más millones de dólares para ayuda a la seguridad de México bajo la Iniciativa Mérida.
El mejor camino es investigar exhaustivamente la operación y castigar a los responsables, no importa a qué altura llegue la culpa. Es también hora de terminar con el apoyo a una guerra contra la droga que se hace más fuerte y violenta cada día que pasa.
La columnista de Foreign Policy In Focus, Laura Carlsen, es directora del Americas Program para el Center for International Policy en Ciudad de México.
Comentarios