J. Jesús Esquivel
El gobierno de Barack Obama, denunció las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Felipe Calderon, bajo el manto de la lucha militarizada contra el narcotráfico.
México “continúa su lucha contra el crimen organizado que involucra enfrentamientos frecuentes entre las fuerzas de seguridad y los traficantes de drogas. Las fuerzas de seguridad se reportan ante las autoridades civiles, sin embargo, hubo instancias en las que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron al margen de las políticas del gobierno”, destaca el Departamento de Estado en su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dado a conocer por la secretaria Hillary Clinton.
“El gobierno federal o sus agentes, no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, pero, durante el año (2010) las fuerzas de seguridad actuaron dentro y fuera de la ley matando a varias personas, entre éstas, menores de edad”, enfatiza el reporte en las 40 páginas dedicadas enteramente al caso de México.
El balance negativo que realizó el gobierno de Barack Obama, sobre el estado de los derechos humanos en México durante 2010, se concentró en la recolección de denuncias sobre abusos a las garantías individuales que recibió a lo largo del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y las registradas por organizaciones no gubernamentales.
Como en años anteriores, el Departamento de Estado indicó que dentro de las fuerzas de seguridad, el Ejército Mexicano fue señalado como el mayor responsable de cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos en 2010.
Al mismo tiempo, el gobierno estadunidense apunta en su reporte que con base en la información que le proporcionó el gobierno de Calderón, en México el año pasado se incrementaron en 78.8% los secuestros, respecto a las cifras correspondientes a 2008.
“El secuestro sigue siendo un problema serio para las personas de todos los niveles socioeconómicos”, anota el reporte.
El decálogo que presentó el Departamento de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad de México, contiene denuncias sobre asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, corrupción, impunidad y asesinato de menores de edad, abuso sexual de mujeres y niños, entre otros.
José Miguel Vivanco, director para la división de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a Apro que el reporte del Departamento de Estado “demuestra” que la estrategia militarizada de combate al narcotráfico implementada por Calderón, ignora de manera deliberada el respeto de los derechos humanos.
“Las conclusiones del informe demuestran claramente que este gobierno no está cumpliendo con los requisitos básicos sobre derechos humanos”, afirmó Vivanco.
La denuncia del gobierno de Obama subraya en varias ocasiones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha cumplido, hasta ahora, con la obligación de investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados; incluso la acusa de manipular evidencias en lugares donde los militares cometieron algún asesinato extrajudicial.
El reporte sustenta esta denuncia con el caso del asesinato de los niños Martín y Brayan Almanza, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, asesinados por elementos del Ejército Mexicano, durante un incidente que se registró el 3 de abril del añoo pasado en un retén entre Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas.
“La CNDH denunció en junio que la Sedena alteró la escena del crimen” de los niños, “para crear la impresión de que los disparos que quitaron la vida a los menores se dieron por un enfrentamiento con una banda de criminales”, puntualiza el reporte.
Aunado a esto, la dependencia federal a cargo de Clinton, denunció que no se le dio seguimiento a la investigación de los casos registrados en 2008 y 2009, en los cuales elementos del Ejército fueron acusados a cometer asesinatos extrajudiciales.
Durante el año pasado “no se confirmaron denuncias de desaparición de personas por motivos políticos, sin embargo, hubo múltiples denuncias de desapariciones forzadas a manos del Ejército y la policía. La mayoría de éstas ocurrieron durante el desarrollo de operaciones de seguridad, en varios casos de desapariciones reportadas, las fuerzas de seguridad mantuvieron incomunicadas las personas perdidas”, dice el reporte.
Vivanco sostiene que este reporte debe ser tomado en cuenta por el Congreso federal estadunidense para definir el futuro de los fondos aprobados para financiar la lucha militarizada de Calderón, por medio de la Iniciativa Mérida.
El 15% del financiamiento de la lucha contra el narcotráfico en México, por medio de la Iniciativa Mérida, está condicionada al cumplimiento cabal del respeto a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, y al fin de la impunidad que se aplica para el caso de los elementos del Ejército acusados de menoscabar las garantías individuales.
“Es clave que el gobierno de Estados Unidos tome en cuenta esta información al momento de evaluar el cumplimiento de estos requisitos”, añadió Vivanco.
De manera directa el gobierno de Estados Unidos responsabilizó de la muerte de 15 mil 273 personas, a la narcoviolencia que privó en México el año pasado, como consecuencia del combate militarizado de Calderón al narcotráfico, y de la pugna por las rutas y plazas para el trasiego de las drogas entre los cárteles.
El gobierno de Barack Obama, denunció las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Felipe Calderon, bajo el manto de la lucha militarizada contra el narcotráfico.
México “continúa su lucha contra el crimen organizado que involucra enfrentamientos frecuentes entre las fuerzas de seguridad y los traficantes de drogas. Las fuerzas de seguridad se reportan ante las autoridades civiles, sin embargo, hubo instancias en las que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron al margen de las políticas del gobierno”, destaca el Departamento de Estado en su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dado a conocer por la secretaria Hillary Clinton.
“El gobierno federal o sus agentes, no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, pero, durante el año (2010) las fuerzas de seguridad actuaron dentro y fuera de la ley matando a varias personas, entre éstas, menores de edad”, enfatiza el reporte en las 40 páginas dedicadas enteramente al caso de México.
El balance negativo que realizó el gobierno de Barack Obama, sobre el estado de los derechos humanos en México durante 2010, se concentró en la recolección de denuncias sobre abusos a las garantías individuales que recibió a lo largo del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y las registradas por organizaciones no gubernamentales.
Como en años anteriores, el Departamento de Estado indicó que dentro de las fuerzas de seguridad, el Ejército Mexicano fue señalado como el mayor responsable de cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos en 2010.
Al mismo tiempo, el gobierno estadunidense apunta en su reporte que con base en la información que le proporcionó el gobierno de Calderón, en México el año pasado se incrementaron en 78.8% los secuestros, respecto a las cifras correspondientes a 2008.
“El secuestro sigue siendo un problema serio para las personas de todos los niveles socioeconómicos”, anota el reporte.
El decálogo que presentó el Departamento de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad de México, contiene denuncias sobre asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, corrupción, impunidad y asesinato de menores de edad, abuso sexual de mujeres y niños, entre otros.
José Miguel Vivanco, director para la división de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a Apro que el reporte del Departamento de Estado “demuestra” que la estrategia militarizada de combate al narcotráfico implementada por Calderón, ignora de manera deliberada el respeto de los derechos humanos.
“Las conclusiones del informe demuestran claramente que este gobierno no está cumpliendo con los requisitos básicos sobre derechos humanos”, afirmó Vivanco.
La denuncia del gobierno de Obama subraya en varias ocasiones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha cumplido, hasta ahora, con la obligación de investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados; incluso la acusa de manipular evidencias en lugares donde los militares cometieron algún asesinato extrajudicial.
El reporte sustenta esta denuncia con el caso del asesinato de los niños Martín y Brayan Almanza, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, asesinados por elementos del Ejército Mexicano, durante un incidente que se registró el 3 de abril del añoo pasado en un retén entre Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas.
“La CNDH denunció en junio que la Sedena alteró la escena del crimen” de los niños, “para crear la impresión de que los disparos que quitaron la vida a los menores se dieron por un enfrentamiento con una banda de criminales”, puntualiza el reporte.
Aunado a esto, la dependencia federal a cargo de Clinton, denunció que no se le dio seguimiento a la investigación de los casos registrados en 2008 y 2009, en los cuales elementos del Ejército fueron acusados a cometer asesinatos extrajudiciales.
Durante el año pasado “no se confirmaron denuncias de desaparición de personas por motivos políticos, sin embargo, hubo múltiples denuncias de desapariciones forzadas a manos del Ejército y la policía. La mayoría de éstas ocurrieron durante el desarrollo de operaciones de seguridad, en varios casos de desapariciones reportadas, las fuerzas de seguridad mantuvieron incomunicadas las personas perdidas”, dice el reporte.
Vivanco sostiene que este reporte debe ser tomado en cuenta por el Congreso federal estadunidense para definir el futuro de los fondos aprobados para financiar la lucha militarizada de Calderón, por medio de la Iniciativa Mérida.
El 15% del financiamiento de la lucha contra el narcotráfico en México, por medio de la Iniciativa Mérida, está condicionada al cumplimiento cabal del respeto a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, y al fin de la impunidad que se aplica para el caso de los elementos del Ejército acusados de menoscabar las garantías individuales.
“Es clave que el gobierno de Estados Unidos tome en cuenta esta información al momento de evaluar el cumplimiento de estos requisitos”, añadió Vivanco.
De manera directa el gobierno de Estados Unidos responsabilizó de la muerte de 15 mil 273 personas, a la narcoviolencia que privó en México el año pasado, como consecuencia del combate militarizado de Calderón al narcotráfico, y de la pugna por las rutas y plazas para el trasiego de las drogas entre los cárteles.
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