Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Debe quedarnos claro que padecemos las consecuencias de once años de despropósitos y desorientación crecientes. Las ejecuciones, los secuestros, la violencia cada día más cruel en nada se parecen a lo ocurrido en el país hasta la fecha. De haber consignado así lo sucedido en Topilejo y Hiutzilac, de haber sido tan cruel la muerte de los orozquistas a manos de Rodolfo Fierro, el destierro de yaquis al sureste del país o la ferocidad de los Cristeros con “Pepe” Dinamita (mejor conocido como monseñor José Garibi Rivera) al frente, hubiesen quedado escritos en la historia como lo quedará esta guerra presidencial contra los barones de la droga.
Sólo hay una explicación: las políticas públicas se determinaron por las debilidades ideológicas de Acción Nacional, por su insaciable voracidad de poder y el deseo irrefrenable de permanencia, cueste lo que cueste, como se vuelve a mostrar en la renovada incursión presidencial en el Congreso, para que le aprueben modificaciones legales a la todavía atorada Ley de Seguridad Nacional, que se presenta con nuevos bríos ideológicos, impulsados desde el pasado, cuando las Camisas Pardas hicieron de las suyas en las calles de Múnich, para después, a “güevo”, hacerse con el poder.
Este es el contexto en el que hay que analizar la renuncia de Eduardo Gallo a la presidencia de México Unido Contra la Delincuencia, pues como hoy se sabe, es una ONG que se puso a modo para servir a los intereses de Genaro García Luna -así lo informan a este columnista quienes dicen saberlo-, con objeto de permitir que la violencia vaya en aumento, sea cada vez más cruel, para que en México todos los días se cierren más puertas a piedra y lodo en los hogares, como sucedáneo de la seguridad que es mandato constitucional que debe asumir el presidente de la República e instrumentar con sus empleados.
Eduardo Gallo denuncia que hay opacidad en la organización que lo invitaron a presidir, donde le antecedieron María Elena Morera y Ana Franco, ya que en su interior se crearon grupos de poder que 'pusieron por encima del interés ciudadano y social el aspecto económico, y consideraron que la critica a las acciones de gobierno pondrían en riesgo los donativos económicos entregados por el gobierno federal'.
Denunció también que al serle entregada la presidencia del organismo, no se hizo con un acta de entrega recepción, y que a lo largo de su gestión pidió que se hiciera una revisión de los estados financieros, pero nunca le entregaron cuentas; solamente le informaron que disponía de 600 mil pesos en la caja de la organización, y debía considerar una deuda por 400 mil.
Consideró inexplicable el hecho de recibir donativos por 40 mil pesos mensuales para salarios, mientras la nómina era de 300 mil, por lo que tuvo que despedir a varias personas cuando llegó a presidir México Unido. Dijo también que durante la administración de Ana Franco se hicieron contratos y proyectos por los que se recibieron cantidades millonarias, pero no hay un reporte de los ingresos y egresos de la organización para consultar la forma en que se aplicaron los recursos.
Puntualizó Eduardo Gallo que se consideró muy crítica su posición de rechazo a la estrategia del gobierno federal en la declarada guerra a la delincuencia organizada, como la dio a conocer ante el presidente Felipe Calderón al desarrollarse los Diálogos por la Seguridad, en donde también planteó una serie de alternativas. Hasta aquí la información oficial.
La otra, la que se mueve de boca a oído, en correos electrónicos encriptados o se entrega con la confianza con la que los actores sociales buscan hacer llegar su opinión a la sociedad sin que haya deformaciones en el camino, indica que Eduardo Gallo nunca quiso actuar o proceder como se le sugirió o indicó a través de alguno de los miembros del Consejo Directivo de México Unido, o por conducto de los administradores que esperaron inútilmente los donativos del gobierno federal, a los que debería corresponder un alineamiento a las políticas de seguridad pública federal determinadas por Genaro García Luna.
Lo cierto es que México se ha convertido en una nación dura y violenta en casi todos sus ámbitos, incluso en aquellos en los que las ONG debieran servir a la sociedad y no al gobierno -sería diferente si se tratara de una política de Estado-, lo que nos obliga a releer ¿Podremos vivir juntos?, de Alain Touraine, donde en lo referente al Fundamento moral de la vida social encontramos:
“La definición de las sociedades de la baja modernidad como sociedades de intervención nos retrotrae al interrogante primordial de la sociología: ¿cómo es posible la vida social?
“La respuesta más general es que el paso del caos y la violencia al orden y la paz supone la regla, el derecho y el poder de formularlos y hacerlos aplicar. Pero esta respuesta asumió formas muy diferentes, las tres principales de las cuales pueden presentarse de la siguiente manera. La más exigente, muy presente en la alta modernidad, es que el orden social descansa sobre la adhesión a valores comunes; algunos llegaron a hablar de una comunidad de destino. Una segunda respuesta alude al principio más abstracto de la utilidad colectiva, que proporciona un criterio de evaluación de las conductas y de la conciliación de intereses opuestos. La tercera es la más limitada y formal: reduce las leyes a reglas del juego, principios constitucionales, procedimientos”.
Lo que hoy proponen a la sociedad a través de políticas públicas y reformas constitucionales no cabe dentro de ninguna de las tres respuestas, pues con el proceder político de Acción Nacional -que es excluyente- y el abandono de sus principios ideológicos, se perdieron los valores comunes y la comunidad de destino. La guerra al narco, tal como se desarrolla, no presenta ninguna utilidad colectiva ni facilita la conciliación de intereses opuestos, ya que el presidente Calderón asume que pedirle, solicitarle un cambio de estrategia equivale a repliegue, a doblar las manos, cuando es precisamente lo contrario, pero esa violencia le facilita el diseño de su estrategia electoral-judicial. En cuanto a las reglas del juego, se encargaron de romperlas todas.
Por eso era necesario recordar la renuncia de Eduardo Gallo, como lo fue la de Arturo Chávez Chávez. Se presagia mayor violencia, crueldad, mayor afinidad al proceder de las camisas pardas. Ojalá no tengamos nuestra noche de los cristales rotos.
Debe quedarnos claro que padecemos las consecuencias de once años de despropósitos y desorientación crecientes. Las ejecuciones, los secuestros, la violencia cada día más cruel en nada se parecen a lo ocurrido en el país hasta la fecha. De haber consignado así lo sucedido en Topilejo y Hiutzilac, de haber sido tan cruel la muerte de los orozquistas a manos de Rodolfo Fierro, el destierro de yaquis al sureste del país o la ferocidad de los Cristeros con “Pepe” Dinamita (mejor conocido como monseñor José Garibi Rivera) al frente, hubiesen quedado escritos en la historia como lo quedará esta guerra presidencial contra los barones de la droga.
Sólo hay una explicación: las políticas públicas se determinaron por las debilidades ideológicas de Acción Nacional, por su insaciable voracidad de poder y el deseo irrefrenable de permanencia, cueste lo que cueste, como se vuelve a mostrar en la renovada incursión presidencial en el Congreso, para que le aprueben modificaciones legales a la todavía atorada Ley de Seguridad Nacional, que se presenta con nuevos bríos ideológicos, impulsados desde el pasado, cuando las Camisas Pardas hicieron de las suyas en las calles de Múnich, para después, a “güevo”, hacerse con el poder.
Este es el contexto en el que hay que analizar la renuncia de Eduardo Gallo a la presidencia de México Unido Contra la Delincuencia, pues como hoy se sabe, es una ONG que se puso a modo para servir a los intereses de Genaro García Luna -así lo informan a este columnista quienes dicen saberlo-, con objeto de permitir que la violencia vaya en aumento, sea cada vez más cruel, para que en México todos los días se cierren más puertas a piedra y lodo en los hogares, como sucedáneo de la seguridad que es mandato constitucional que debe asumir el presidente de la República e instrumentar con sus empleados.
Eduardo Gallo denuncia que hay opacidad en la organización que lo invitaron a presidir, donde le antecedieron María Elena Morera y Ana Franco, ya que en su interior se crearon grupos de poder que 'pusieron por encima del interés ciudadano y social el aspecto económico, y consideraron que la critica a las acciones de gobierno pondrían en riesgo los donativos económicos entregados por el gobierno federal'.
Denunció también que al serle entregada la presidencia del organismo, no se hizo con un acta de entrega recepción, y que a lo largo de su gestión pidió que se hiciera una revisión de los estados financieros, pero nunca le entregaron cuentas; solamente le informaron que disponía de 600 mil pesos en la caja de la organización, y debía considerar una deuda por 400 mil.
Consideró inexplicable el hecho de recibir donativos por 40 mil pesos mensuales para salarios, mientras la nómina era de 300 mil, por lo que tuvo que despedir a varias personas cuando llegó a presidir México Unido. Dijo también que durante la administración de Ana Franco se hicieron contratos y proyectos por los que se recibieron cantidades millonarias, pero no hay un reporte de los ingresos y egresos de la organización para consultar la forma en que se aplicaron los recursos.
Puntualizó Eduardo Gallo que se consideró muy crítica su posición de rechazo a la estrategia del gobierno federal en la declarada guerra a la delincuencia organizada, como la dio a conocer ante el presidente Felipe Calderón al desarrollarse los Diálogos por la Seguridad, en donde también planteó una serie de alternativas. Hasta aquí la información oficial.
La otra, la que se mueve de boca a oído, en correos electrónicos encriptados o se entrega con la confianza con la que los actores sociales buscan hacer llegar su opinión a la sociedad sin que haya deformaciones en el camino, indica que Eduardo Gallo nunca quiso actuar o proceder como se le sugirió o indicó a través de alguno de los miembros del Consejo Directivo de México Unido, o por conducto de los administradores que esperaron inútilmente los donativos del gobierno federal, a los que debería corresponder un alineamiento a las políticas de seguridad pública federal determinadas por Genaro García Luna.
Lo cierto es que México se ha convertido en una nación dura y violenta en casi todos sus ámbitos, incluso en aquellos en los que las ONG debieran servir a la sociedad y no al gobierno -sería diferente si se tratara de una política de Estado-, lo que nos obliga a releer ¿Podremos vivir juntos?, de Alain Touraine, donde en lo referente al Fundamento moral de la vida social encontramos:
“La definición de las sociedades de la baja modernidad como sociedades de intervención nos retrotrae al interrogante primordial de la sociología: ¿cómo es posible la vida social?
“La respuesta más general es que el paso del caos y la violencia al orden y la paz supone la regla, el derecho y el poder de formularlos y hacerlos aplicar. Pero esta respuesta asumió formas muy diferentes, las tres principales de las cuales pueden presentarse de la siguiente manera. La más exigente, muy presente en la alta modernidad, es que el orden social descansa sobre la adhesión a valores comunes; algunos llegaron a hablar de una comunidad de destino. Una segunda respuesta alude al principio más abstracto de la utilidad colectiva, que proporciona un criterio de evaluación de las conductas y de la conciliación de intereses opuestos. La tercera es la más limitada y formal: reduce las leyes a reglas del juego, principios constitucionales, procedimientos”.
Lo que hoy proponen a la sociedad a través de políticas públicas y reformas constitucionales no cabe dentro de ninguna de las tres respuestas, pues con el proceder político de Acción Nacional -que es excluyente- y el abandono de sus principios ideológicos, se perdieron los valores comunes y la comunidad de destino. La guerra al narco, tal como se desarrolla, no presenta ninguna utilidad colectiva ni facilita la conciliación de intereses opuestos, ya que el presidente Calderón asume que pedirle, solicitarle un cambio de estrategia equivale a repliegue, a doblar las manos, cuando es precisamente lo contrario, pero esa violencia le facilita el diseño de su estrategia electoral-judicial. En cuanto a las reglas del juego, se encargaron de romperlas todas.
Por eso era necesario recordar la renuncia de Eduardo Gallo, como lo fue la de Arturo Chávez Chávez. Se presagia mayor violencia, crueldad, mayor afinidad al proceder de las camisas pardas. Ojalá no tengamos nuestra noche de los cristales rotos.
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