Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
En política no hay coincidencias. Esta semana arrancó con dos grupos de choque desestabilizando a dos gobiernos. El de Marcelo Ebrard fue víctima de sus propios protegidos, la cúpula del Sindicato Mexicano de Electricista, que tras la careta del vandalismo elevó la calidad de la violencia sobre las calles en la ciudad de México. El de Felipe Calderón, al arreciar la protesta callejera de Antorcha Campesina tomando la sede de la Secretaría de Desarrollo Social y tratando de boicotear la presencia del Presidente en la inauguración del nuevo Senado.
La ofensiva de Antorcha Campesina es consecuente con su presencia en las calles de la capital en las últimas semanas. Afiliada al PRI, es un movimiento que nació al amparo de gobernadores poblanos en los 80s y 90s que la usaron como instrumento de presión contra sus rivales políticos, y que arreció su activismo callejero -que ha afectado la vialidad y dañado a la economía por la pérdida de productividad en horas-hombre- durante las negociaciones del PAN y el PRD para concretar una candidatura común para el gobierno del estado de México.
Hubo acusaciones en la prensa de que el gobierno de Enrique Peña Nieto financia a Antorcha Campesina, pero nunca han pasado de los dichos. Antorcha Campesina asegura que mantiene sus protestas gracias al boteo que realizan en las calles, aunque esas calles cada vez son más hostiles a ese grupo de choque que paga -según cálculos extraoficiales- entre 300 y 400 pesos diarios por persona movilizada, sin contabilizar las medias planas en periódicos de la capital que paga su líder Aquiles Morán -precio estimado para desplegado político: 60-70 mil pesos-, donde inserta sus artículos de opinión.
Antorcha Campesina juega al desgaste político contra el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, con tácticas similares a las empleadas en los 70s cuando Luis Echeverría, en busca de la Presidencia de la República, creó conflictos políticos para descarrilar a Emilio Martínez Manatou, delfín de Gustavo Díaz Ordaz para la candidatura presidencial, y le construyó en Los Pinos la imagen de ser uno de los autores intelectuales de los disturbios estudiantiles de 1968.
Como hipótesis de trabajo se podría plantear la pregunta de a qué intereses responde realmente Antorcha Campesina en el hostigamiento a Félix, probablemente el Plan B del presidente Calderón para la candidatura del PAN en 2012, y si es meramente un distractor -el secretario de Desarrollo Social es uno de los miembros del gabinete mejor evaluados por los gobernadores priístas- que utiliza al gobierno federal como aparente objetivo para debilitar realmente al sector reformista del PRD y fortalecer a la izquierda social, la beligerante y callejera que representa Andrés Manuel López Obrador.
No hay una línea de tiempo suficiente que permita probar la hipótesis, pero se puede argumentar que si bien el adversario público de Antorcha Campesina es el gobierno federal, quien resiente el costo de las cada vez más molestas movilizaciones que siempre tratan de ahorcar a la ciudad -con bastante éxito, por cierto- es el gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard. El efecto de Antorcha Campesina sobre Ebrard es similar al desgaste cotidiano que le está causando Martín Esparza y un grupo de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Las acciones vandálicas que realizaron Esparza y el SME el lunes en la ciudad de México fueron una elevación en la calidad de la violencia. Ya no se trató del sólo intento de toma ilegal de instalaciones de la inexistente Compañía de Luz y Fuerza y enfrentamientos con granaderos, sino del empleo de barricadas de automóviles en llamas -imágenes de violencia que sin contexto generan desconfianza en la autoridad-.
Fue también una operación simultánea con petardos lanzados contra la Suprema Corte de Justicia, que pasaron bastante desapercibidos en los medios, pero que afectaron a 50 personas, con cuatro lesionadas y 21 intoxicadas. Un acto de sabotaje en cuatro mufas en el Centro Histórico la tarde del lunes, concluyó el tormentoso día en el perímetro de supuesto mayor control del gobierno capitalino.
Estas movilizaciones coincidieron con la contraofensiva de López Obrador para consolidar su candidatura presidencial. En forma secuencial utilizó encuestas que suele descalificar para proclamar que es el puntero de la izquierda, y aprovechó espacios de radio para subrayar que él es el candidato único y verdadero de la izquierda en 2012.
Los eventos del lunes y martes no le impactan directamente. A quien le afectan es a Ebrard, con quien contendrá por la candidatura presidencial, siempre y cuando los grupos de choque no lo descarrilen como lo hicieron otros en 1968 con Martínez Manatou, y el camino quede libre para su adversario.
En política no hay coincidencias. Esta semana arrancó con dos grupos de choque desestabilizando a dos gobiernos. El de Marcelo Ebrard fue víctima de sus propios protegidos, la cúpula del Sindicato Mexicano de Electricista, que tras la careta del vandalismo elevó la calidad de la violencia sobre las calles en la ciudad de México. El de Felipe Calderón, al arreciar la protesta callejera de Antorcha Campesina tomando la sede de la Secretaría de Desarrollo Social y tratando de boicotear la presencia del Presidente en la inauguración del nuevo Senado.
La ofensiva de Antorcha Campesina es consecuente con su presencia en las calles de la capital en las últimas semanas. Afiliada al PRI, es un movimiento que nació al amparo de gobernadores poblanos en los 80s y 90s que la usaron como instrumento de presión contra sus rivales políticos, y que arreció su activismo callejero -que ha afectado la vialidad y dañado a la economía por la pérdida de productividad en horas-hombre- durante las negociaciones del PAN y el PRD para concretar una candidatura común para el gobierno del estado de México.
Hubo acusaciones en la prensa de que el gobierno de Enrique Peña Nieto financia a Antorcha Campesina, pero nunca han pasado de los dichos. Antorcha Campesina asegura que mantiene sus protestas gracias al boteo que realizan en las calles, aunque esas calles cada vez son más hostiles a ese grupo de choque que paga -según cálculos extraoficiales- entre 300 y 400 pesos diarios por persona movilizada, sin contabilizar las medias planas en periódicos de la capital que paga su líder Aquiles Morán -precio estimado para desplegado político: 60-70 mil pesos-, donde inserta sus artículos de opinión.
Antorcha Campesina juega al desgaste político contra el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, con tácticas similares a las empleadas en los 70s cuando Luis Echeverría, en busca de la Presidencia de la República, creó conflictos políticos para descarrilar a Emilio Martínez Manatou, delfín de Gustavo Díaz Ordaz para la candidatura presidencial, y le construyó en Los Pinos la imagen de ser uno de los autores intelectuales de los disturbios estudiantiles de 1968.
Como hipótesis de trabajo se podría plantear la pregunta de a qué intereses responde realmente Antorcha Campesina en el hostigamiento a Félix, probablemente el Plan B del presidente Calderón para la candidatura del PAN en 2012, y si es meramente un distractor -el secretario de Desarrollo Social es uno de los miembros del gabinete mejor evaluados por los gobernadores priístas- que utiliza al gobierno federal como aparente objetivo para debilitar realmente al sector reformista del PRD y fortalecer a la izquierda social, la beligerante y callejera que representa Andrés Manuel López Obrador.
No hay una línea de tiempo suficiente que permita probar la hipótesis, pero se puede argumentar que si bien el adversario público de Antorcha Campesina es el gobierno federal, quien resiente el costo de las cada vez más molestas movilizaciones que siempre tratan de ahorcar a la ciudad -con bastante éxito, por cierto- es el gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard. El efecto de Antorcha Campesina sobre Ebrard es similar al desgaste cotidiano que le está causando Martín Esparza y un grupo de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Las acciones vandálicas que realizaron Esparza y el SME el lunes en la ciudad de México fueron una elevación en la calidad de la violencia. Ya no se trató del sólo intento de toma ilegal de instalaciones de la inexistente Compañía de Luz y Fuerza y enfrentamientos con granaderos, sino del empleo de barricadas de automóviles en llamas -imágenes de violencia que sin contexto generan desconfianza en la autoridad-.
Fue también una operación simultánea con petardos lanzados contra la Suprema Corte de Justicia, que pasaron bastante desapercibidos en los medios, pero que afectaron a 50 personas, con cuatro lesionadas y 21 intoxicadas. Un acto de sabotaje en cuatro mufas en el Centro Histórico la tarde del lunes, concluyó el tormentoso día en el perímetro de supuesto mayor control del gobierno capitalino.
Estas movilizaciones coincidieron con la contraofensiva de López Obrador para consolidar su candidatura presidencial. En forma secuencial utilizó encuestas que suele descalificar para proclamar que es el puntero de la izquierda, y aprovechó espacios de radio para subrayar que él es el candidato único y verdadero de la izquierda en 2012.
Los eventos del lunes y martes no le impactan directamente. A quien le afectan es a Ebrard, con quien contendrá por la candidatura presidencial, siempre y cuando los grupos de choque no lo descarrilen como lo hicieron otros en 1968 con Martínez Manatou, y el camino quede libre para su adversario.
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