La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 80 votos, el dictamen que expide la Ley para crear el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Con ello se establece una base de datos que podrá ser consultada por las autoridades, facilitará la búsqueda de personas desaparecidas y dará seguimiento a los casos denunciados.
El registro será un instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública que organizará y concentrará la información sobre personas desaparecidas en todo el país, así como de aquellos que se encuentren en algún establecimiento de atención, resguardo, detención o internación.
Con la creación de esta instancia, toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o reciba alguna denuncia por su desaparición deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional con el nombre completo, edad, domicilio, procedencia y señas particulares de la persona.
Además de su fotografía, fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado, los datos de la autoridad administrativa o judicial que comunique la denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso.
Se advierte que hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación relacionados con el registro será sancionado con una multa de dos mil a cuatro mil salarios mínimos.
También se castigará con una multa de 10 mil a 15 mil salarios mínimos a quien alterare, omita, simule o permita registros o avisos en forma ilícita, reporte datos falsos o facilite información a usuarios o terceros que no tengan derecho.
En la discusión del tema, el senador priista Adolfo Toledo Infanzón manifestó que estos delitos son problemas de seguridad pública que afectan gravemente la unidad familiar, y “por desgracia se han incrementado en los últimos años”.
En tanto el senador perredista René Arce afirmó que en el último lustro la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes.
Indicó que según datos de las procuradurías estatales los estados donde más desapariciones ocurren son Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, todos ellos con altos índices de violencia generada por el narcotráfico.
El legislador destacó que la CNDH también informó que 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados por organizaciones criminales y 12 periodistas han desaparecido desde el año 2000, en tanto que la ONU reveló que desde 2006 no se ha sabido del paradero de unas tres mil personas en México.
Con ello se establece una base de datos que podrá ser consultada por las autoridades, facilitará la búsqueda de personas desaparecidas y dará seguimiento a los casos denunciados.
El registro será un instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública que organizará y concentrará la información sobre personas desaparecidas en todo el país, así como de aquellos que se encuentren en algún establecimiento de atención, resguardo, detención o internación.
Con la creación de esta instancia, toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o reciba alguna denuncia por su desaparición deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional con el nombre completo, edad, domicilio, procedencia y señas particulares de la persona.
Además de su fotografía, fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado, los datos de la autoridad administrativa o judicial que comunique la denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso.
Se advierte que hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación relacionados con el registro será sancionado con una multa de dos mil a cuatro mil salarios mínimos.
También se castigará con una multa de 10 mil a 15 mil salarios mínimos a quien alterare, omita, simule o permita registros o avisos en forma ilícita, reporte datos falsos o facilite información a usuarios o terceros que no tengan derecho.
En la discusión del tema, el senador priista Adolfo Toledo Infanzón manifestó que estos delitos son problemas de seguridad pública que afectan gravemente la unidad familiar, y “por desgracia se han incrementado en los últimos años”.
En tanto el senador perredista René Arce afirmó que en el último lustro la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes.
Indicó que según datos de las procuradurías estatales los estados donde más desapariciones ocurren son Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, todos ellos con altos índices de violencia generada por el narcotráfico.
El legislador destacó que la CNDH también informó que 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados por organizaciones criminales y 12 periodistas han desaparecido desde el año 2000, en tanto que la ONU reveló que desde 2006 no se ha sabido del paradero de unas tres mil personas en México.
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