Jorge Carrasco Araizaga
El Poder Judicial federal decidió en definitiva, en una doble resolución, mantener en cartelera la película Presunto Culpable, pero le pidió a la Secretaría de Gobernación que durante su exhibición “resguarde y camuflaje” la identidad de Víctor Daniel Reyes Bravo.
Las titulares de los juzgados Décimo y Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, rechazaron conceder la suspensión del documental que habían solicitado de forma separada los familiares y el testigo de cargo del asesinato de Juan Carlos Reyes Pacheco, cuyo caso judicial es el tema del documental.
La titular del juzgado Décimo Segundo, Blanca Lobo Domínguez, se echó atrás en su decisión inicial de suspender provisionalmente la exhibición de la película, dictada el pasado 1 de marzo, con lo que se desató una fuerte presión contra el Poder Judicial, al que distintos sectores sociales acusaron de censura.
La juez Lobo dijo que el interés general está por encima del individual, por lo que resolvió como improcedente la petición de Reyes Bravo de suspender la exhibición del documental, autorizada por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), de la secretaría de Gobernación.
En su demanda de amparo, Reyes Bravo aseguró que la exhibición le causaba daño e incluso se dijo objeto de humillaciones y amenazas, además de asegurar que no autorizó a los productores y exhibidores de la película la explotación comercial de su imagen.
Después de la audiencia incidental del pasado viernes 11, la juez emitió este lunes un acuerdo en el que dice que de suspenderse definitivamente la autorización otorgada por RTC “se limitaría a la colectividad el derecho a la información que contiene dicho documental” y que como garantía está protegida por el artículo Sexto de la Constitución Política.
Sin embargo, dice que ese mismo precepto establece la protección de la información sobre la vida privada y los datos personales de los gobernados, por lo que le pidió a RTC “girar inmediatamente, y verificar que se cumplan, las órdenes” para que durante la exhibición comercial de la película “se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso”.
Además, le pidió que proteja los datos personales del testigo de cargo del asesinato, “toda vez que esos derechos del quejoso también se encuentran protegidos por la Constitución”.
Esa resolución se suma a la dictada por la titular del Juzgado Décimo en Materia Administrativa, Mónica Alejandra Soto Bueno, quien también rechazó ordenar la suspensión definitiva de la película, solicitada por los familiares de Juan Carlos Reyes Pacheco.
A pesar de la negativa, la juez seguirá instruyendo el juicio de garantías promovido por el testigo y que podría acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de la confrontación de dos derechos constitucionales.
El Poder Judicial federal decidió en definitiva, en una doble resolución, mantener en cartelera la película Presunto Culpable, pero le pidió a la Secretaría de Gobernación que durante su exhibición “resguarde y camuflaje” la identidad de Víctor Daniel Reyes Bravo.
Las titulares de los juzgados Décimo y Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, rechazaron conceder la suspensión del documental que habían solicitado de forma separada los familiares y el testigo de cargo del asesinato de Juan Carlos Reyes Pacheco, cuyo caso judicial es el tema del documental.
La titular del juzgado Décimo Segundo, Blanca Lobo Domínguez, se echó atrás en su decisión inicial de suspender provisionalmente la exhibición de la película, dictada el pasado 1 de marzo, con lo que se desató una fuerte presión contra el Poder Judicial, al que distintos sectores sociales acusaron de censura.
La juez Lobo dijo que el interés general está por encima del individual, por lo que resolvió como improcedente la petición de Reyes Bravo de suspender la exhibición del documental, autorizada por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), de la secretaría de Gobernación.
En su demanda de amparo, Reyes Bravo aseguró que la exhibición le causaba daño e incluso se dijo objeto de humillaciones y amenazas, además de asegurar que no autorizó a los productores y exhibidores de la película la explotación comercial de su imagen.
Después de la audiencia incidental del pasado viernes 11, la juez emitió este lunes un acuerdo en el que dice que de suspenderse definitivamente la autorización otorgada por RTC “se limitaría a la colectividad el derecho a la información que contiene dicho documental” y que como garantía está protegida por el artículo Sexto de la Constitución Política.
Sin embargo, dice que ese mismo precepto establece la protección de la información sobre la vida privada y los datos personales de los gobernados, por lo que le pidió a RTC “girar inmediatamente, y verificar que se cumplan, las órdenes” para que durante la exhibición comercial de la película “se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso”.
Además, le pidió que proteja los datos personales del testigo de cargo del asesinato, “toda vez que esos derechos del quejoso también se encuentran protegidos por la Constitución”.
Esa resolución se suma a la dictada por la titular del Juzgado Décimo en Materia Administrativa, Mónica Alejandra Soto Bueno, quien también rechazó ordenar la suspensión definitiva de la película, solicitada por los familiares de Juan Carlos Reyes Pacheco.
A pesar de la negativa, la juez seguirá instruyendo el juicio de garantías promovido por el testigo y que podría acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de la confrontación de dos derechos constitucionales.
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