Gloria Leticia Díaz
El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU recomendó al gobierno de Felipe Calderón el regreso a sus cuarteles de militares y marinos y la eliminación de la figura del arraigo de la legislación penal, dos de los pilares en que el gobierno federal ha sostenido la guerra contra el crimen organizado.
Al concluir su visita por México, los integrantes del GTDFI, Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitztky y Osman El Hajjé, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer un balance preliminar de las reuniones sostenidas con organizaciones civiles, familiares y víctimas de desapariciones forzadas, así como con autoridades federales y estatales en la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Guerrero, durante los 13 días en que permanecieron en el país.
Tras un diagnóstico que no incluyó el número de expedientes recibidos durante la gira ni los tipos de autoridades vinculadas a las despariciones forzadas, el GTDFI formuló 34 recomendaciones preliminares al gobierno de Calderón incluida la relativa al retiro de las tropas de las calles.
Al ser cuestionados por la recomendación, los tres integrantes de GTDFI coincidieron en que fue una conclusión derivada del incremento de quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del crecimiento de la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
Resaltaron en su informe que en 2006 el organismo recibió 182 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y en 2008 fueron mil 230, además que de 2006 a 2009 emitió 40 recomendaciones.
Reconocieron que organizaciones civiles han documentado 3 mil desapariciones forzadas de 2006 a la fecha, mientras que la CNDH ha ido incrementando la recepción de quejas, al pasar de cuatro en 2006 a 77 en 2010.
Los especialistas manifestaron su preocupación por la ausencia de “una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”, y más aún porque “pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel de gobierno”.
En conferencia de prensa, los integrantes del GTDFI destacaron que les fue presentada información sobre las desapariciones forzadas del pasado, durante la llamada guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, así como de las ocurridas durante el presente sexenio, en medio de la guerra contra el narcotráfico, y que “en muchas ocasiones son eufemísticamente y popularmente llamados como ‘levantones’”, apuntan en informe.
Consideraron alarmante el grado de impunidad que rodea a las desapariciones forzadas y lo atribuyeron a los siguientes factores: falta de una tipificación uniforme, desdén de ministerios públicos para iniciar investigaciones por este delito; ineficacia de la figura del amparo para combatirlo --toda vez que los jueces exigen que las víctimas ratifiquen la denuncia--, temor de las víctimas y familiares a denunciar.
Los representantes de la ONU también lamentaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en el sexenio de Vicente Fox, no haya arrojado los resultados esperados.
En el caso de las desapariciones de la guerra sucia, los especialistas hicieron otro pliego de recomendaciones al gobierno calderonista:
“Develar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo con la información que obra en poder de la CNDH”; subir a la página web de la PGR el informe de la FEMOSPP sobre desapariciones forzadas, que reconoce la responsabilidad del Estado en ellas; desclasificar los documentos de la SEDENA y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y ponerlos a disposición del Archivo General de la Nación (AGN); disponer de presupuesto para capacitación de personal para exhumar cuerpos e identificar posibles fosas clandestinas, así como crear una base de datos con información de ADN de las familiares de las víctimas.
Para los casos actuales, el GTDFI recomendó la creación de una Ley General sobre las Desapariciones Forzadas ; el retiro de tropas de labores de seguridad pública; fortalecer el registro de detenciones con información actualizada, “eliminar la detención mediante arraigo de la legislación; estandarizar a niveles internacionales la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por Felipe Calderón, seguridad para los defensores y periodistas, entre otros puntos.
El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU recomendó al gobierno de Felipe Calderón el regreso a sus cuarteles de militares y marinos y la eliminación de la figura del arraigo de la legislación penal, dos de los pilares en que el gobierno federal ha sostenido la guerra contra el crimen organizado.
Al concluir su visita por México, los integrantes del GTDFI, Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitztky y Osman El Hajjé, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer un balance preliminar de las reuniones sostenidas con organizaciones civiles, familiares y víctimas de desapariciones forzadas, así como con autoridades federales y estatales en la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Guerrero, durante los 13 días en que permanecieron en el país.
Tras un diagnóstico que no incluyó el número de expedientes recibidos durante la gira ni los tipos de autoridades vinculadas a las despariciones forzadas, el GTDFI formuló 34 recomendaciones preliminares al gobierno de Calderón incluida la relativa al retiro de las tropas de las calles.
Al ser cuestionados por la recomendación, los tres integrantes de GTDFI coincidieron en que fue una conclusión derivada del incremento de quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del crecimiento de la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
Resaltaron en su informe que en 2006 el organismo recibió 182 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y en 2008 fueron mil 230, además que de 2006 a 2009 emitió 40 recomendaciones.
Reconocieron que organizaciones civiles han documentado 3 mil desapariciones forzadas de 2006 a la fecha, mientras que la CNDH ha ido incrementando la recepción de quejas, al pasar de cuatro en 2006 a 77 en 2010.
Los especialistas manifestaron su preocupación por la ausencia de “una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”, y más aún porque “pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel de gobierno”.
En conferencia de prensa, los integrantes del GTDFI destacaron que les fue presentada información sobre las desapariciones forzadas del pasado, durante la llamada guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, así como de las ocurridas durante el presente sexenio, en medio de la guerra contra el narcotráfico, y que “en muchas ocasiones son eufemísticamente y popularmente llamados como ‘levantones’”, apuntan en informe.
Consideraron alarmante el grado de impunidad que rodea a las desapariciones forzadas y lo atribuyeron a los siguientes factores: falta de una tipificación uniforme, desdén de ministerios públicos para iniciar investigaciones por este delito; ineficacia de la figura del amparo para combatirlo --toda vez que los jueces exigen que las víctimas ratifiquen la denuncia--, temor de las víctimas y familiares a denunciar.
Los representantes de la ONU también lamentaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en el sexenio de Vicente Fox, no haya arrojado los resultados esperados.
En el caso de las desapariciones de la guerra sucia, los especialistas hicieron otro pliego de recomendaciones al gobierno calderonista:
“Develar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo con la información que obra en poder de la CNDH”; subir a la página web de la PGR el informe de la FEMOSPP sobre desapariciones forzadas, que reconoce la responsabilidad del Estado en ellas; desclasificar los documentos de la SEDENA y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y ponerlos a disposición del Archivo General de la Nación (AGN); disponer de presupuesto para capacitación de personal para exhumar cuerpos e identificar posibles fosas clandestinas, así como crear una base de datos con información de ADN de las familiares de las víctimas.
Para los casos actuales, el GTDFI recomendó la creación de una Ley General sobre las Desapariciones Forzadas ; el retiro de tropas de labores de seguridad pública; fortalecer el registro de detenciones con información actualizada, “eliminar la detención mediante arraigo de la legislación; estandarizar a niveles internacionales la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por Felipe Calderón, seguridad para los defensores y periodistas, entre otros puntos.
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