El Consejo de la Judicatura Federal anunció que, hasta ayer en la noche, se habían presentado tres recursos de queja en contra de la decisión judicial de retirar de las pantallas de cine el documental Presunto Culpable.
Las querellas fueron presentadas en tiempo y forma, pues de acuerdo con la Ley de Amparo los involucrados en el juicio tienen 24 horas después de la notificación para inconformarse.
Uno de los quejosos es la empresa Cinépolis, cuyo director general, Alejandro Ramírez, ha defendido la exhibición de la cinta y ha informado que se ha convertido ya en el material documental más visto de la historia.
Otro es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), patrocinador de la obra y donde trabajan los investigadores y abogados que filmaron parte del juicio y que asesoraron a Antonio Zúñiga, protagonista de la historia.
Y el tercer agraviado es Layda Negrete, la abogada involucrada en el caso y productora del filme, junto con el abogado Roberto Hernández.
Los tres se opusieron a la resolución de la juez, Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado 12 de Distrito en Materia Administrativa en el DF, quien ordenó la noche del martes, el retiro provisional de la cinta de las salas cinematográficas, con el argumento de que sólo así podían protegerse los derechos a la intimidad y a la vida privada de Víctor Manuel Reyes, primo de la persona asesinada a la que la película hace referencia y el único acusador de Zúñiga.
Cinépolis, el CIDE y Negrete presentaron las quejas en su calidad de “terceros perjudicados”.
Las impugnaciones fueron turnadas a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, órgano que decidirá si ratifica o revoca la resolución de la juez Lobo.
El Tribunal, integrado por tres magistrados, tiene 48 horas hábiles para emitir su dictamen.
Las querellas fueron presentadas en tiempo y forma, pues de acuerdo con la Ley de Amparo los involucrados en el juicio tienen 24 horas después de la notificación para inconformarse.
Uno de los quejosos es la empresa Cinépolis, cuyo director general, Alejandro Ramírez, ha defendido la exhibición de la cinta y ha informado que se ha convertido ya en el material documental más visto de la historia.
Otro es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), patrocinador de la obra y donde trabajan los investigadores y abogados que filmaron parte del juicio y que asesoraron a Antonio Zúñiga, protagonista de la historia.
Y el tercer agraviado es Layda Negrete, la abogada involucrada en el caso y productora del filme, junto con el abogado Roberto Hernández.
Los tres se opusieron a la resolución de la juez, Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado 12 de Distrito en Materia Administrativa en el DF, quien ordenó la noche del martes, el retiro provisional de la cinta de las salas cinematográficas, con el argumento de que sólo así podían protegerse los derechos a la intimidad y a la vida privada de Víctor Manuel Reyes, primo de la persona asesinada a la que la película hace referencia y el único acusador de Zúñiga.
Cinépolis, el CIDE y Negrete presentaron las quejas en su calidad de “terceros perjudicados”.
Las impugnaciones fueron turnadas a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, órgano que decidirá si ratifica o revoca la resolución de la juez Lobo.
El Tribunal, integrado por tres magistrados, tiene 48 horas hábiles para emitir su dictamen.
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