Jenaro Villamil
Por primera vez desde su existencia, la compañía telefónica Iusacell, propiedad hasta ahora de Grupo Salinas, financia un spot en los horarios estelares de Televisa para presumir que ellos tienen un servicio de internet más rápido que “la competencia”.
Desde inicios de marzo, se difunde otro spot: Una mujer joven, al borde un ataque de nervios, arroja su bolso en su cocina. Está molesta por el alto cobro de las tarifas que cobran Telmex y “su filial” Telcel. Muestra a la cámara un teléfono celular y uno fijo. La voz en off dice que en México pagamos tarifas de telefonía más caras que en Francia. Y para ilustrar a los ignorantes televidentes, aparece un joven paseando a un perrito, con acento francés que dice lo mismo. También una pareja de oficinistas se quejan por las tarifas de interconexión.
“¡Ya contesten!”, reza la frase final. En ese momento nos enteramos que el spot fue financiado por la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), un organismo que nunca ha pagado anuncios en horarios de alta audiencia en la televisión comercial. Más bien se trata del parapeto corporativo para que Televisa y su socia TV Azteca se lancen a esta guerra de desplegados y de spots en contra de Carlos Slim.
En la tercera semana del mes de marzo, el tema ya no era la interconexión de Telmex sino el mal servicio de Telcel. Un nuevo spot ilustra el descontento social con opiniones de presuntos usuarios que se quejan de la mayor compañía de telefonía celular en México. Al final, en clara parodia del eslogan de Telcel el infomercial afirma: “Todo México es territorio de Todos los Mexicanos”.
Telmex y Telcel no se han quedado mancos. A partir de marzo inundaron las páginas de los periódicos, los sitios online, los blogs, las redes sociales y otros medios no electrónicos con unos cintillos de frases críticas como:
-“Duopolio televisivo ataca para evitar mayor competencia en la TV: Telmex”.
-“Duopolio televisivo confunde libertad de expresión con libertad de presión: Telmex”.
-“México padece la televisión de paga más cara de los países de la OCDE”.
-“Telmex apoya menor interconexión cuando beneficie a los clientes y a la inversión y no sólo a los competidores”.
Y algunos otros de índole publicitaria:
-“Con inversión, cobertura y tecnología de clase mundial, Telmex apoya el desarrollo del país”.
-“Telmex 1991-2010: de 2 años a 6 días para instalar una línea; de 360 a 112,570 kilómetros de fibra óptica; de 31% a 100% de digitalización. Así apoya Telmex el desarrollo del país”.
Claramente se trata de una guerra corporativa traducida en propaganda negra contra el adversario. Las televisoras nunca se preocuparon antes por las tarifas telefónicas, mucho menos una empresa como TV Azteca, vinculada a Iusacell, con uno de los precios más altos. Y Televisa no se muerde la lengua cuando acusa de mal servicio a las empresas telefónicas de Slim, cuando existen decenas de demandas en contra del mal servicio de triple play de sus filiales Cablevisión o Cablemás.
Es evidente que estos spots sustituyen a los anuncios que Telcel-Telmex suspendieron desde febrero en los canales de Televisa y de TV Azteca, en represalia por diferendos corporativos que ninguna autoridad es capaz de resolver.
La primera suspensión fue con Televisa, empresa a la que el dúo Telmex-Telcel destinaban más de 1,800 millones de pesos anuales de publicidad. Después, TV Azteca anunció su ruptura pretextando que Telmex no quería firmar la disminución de las tarifas de interconexión.
Por su parte, Telmex emprendió el contrataque. Nunca antes las compañías de Slim habían acusado de monopólicas a las televisoras y menos había tenido que explicar por qué sus tarifas de interconexión son elevadas. ¿Por qué hasta ahora acusa al duopolio de impedir la competencia en televisión abierta cuando nunca dijo nada públicamente cuando en 2007 hubo un ataque abierto contra los intentos de crear una “tercera cadena”?
La disputa sacó a relucir un pleito más fuerte por licitaciones multimillonarias entre Televisa y Telmex. La empresa Bestel, filial de Televisa en telefonía, pagó un desplegado dirigido “A la Opinión Pública” para defenderse diciendo que gracias al contrato de 2 mil 80 millones de pesos (nunca hacen pública esta cifra, por supuesto) el ISSSTE “recibirá ahora servicios de alta calidad usando equipos con tecnología de última generación”.
Para documentar su dicho, publicó dos fotos que son la joya del cinismo empresarial: una donde dice “antes ISSSTE con Telmex”, donde se ve un enredo de cables en torno a un transformador y otra donde dice “ahora ISSSTE con Bestel”. Recordaban a anuncios de productos milagros o de un “antes” y “después”, típico de los comerciales para publicitar productos de baja de peso.
A todas luces se trata de una guerra sucia, una guerra de odio corporativa que ha rebasado por completo a las autoridades y que se empalma ahora con la alianza corporativa que establecieron más de 50 dueños de medios de comunicación con Televisa y TV Azteca para promocionar un demagógico Acuerdo de Cobertura contra la Violencia del Crimen Organizado, divulgado el 24 de marzo en la emisión 2011 de Iniciativa México.
Las Demandas Cruzadas
Sin embargo, la guerra sucia no se reduce a los espacios mediáticos. Tanto Telmex como Telcel han acudido a la Comisión Federal de Competencia para denunciar a Televisa, a Grupo Salinas y a la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) por prácticas monopólicas en los contenidos de televisión restringida y colusión en el mercado de publicidad en televisión abierta.
“Las denuncias se basan principalmente en la existencia de arreglos entre competidores para fijar, elevar y manipular el precio de venta de publicidad y el intercambio de información con el mismo fin, y la existencia de arreglos para la segmentación entre competidores de diversos mercados, incluyendo la publicidad y la televisión abierta”, afirmó Telcel en un comunicado corporativo del 23 de marzo.
Telcel se sumó así a las cuatro demandas simultáneas que presentó Telmex el 10 de marzo también ante el mismo organismo antimonopólico, denunciando las concentraciones que ha realizado Televisa para quedarse con más del 50 por ciento del mercado de televisión por cable, al adquirir TVI, Cablemás y tener una posición dominante en la empresa PCTV.
Telmex demandó específicamente a Televisa, Cablevisión, Megacable, Cablemás, TVI y a TV Azteca por prácticas monopólicas absolutas y relativas en televisión y telefonía.
El mismo 10 de marzo, Televisa, TV Azteca, Iusacell y otras compañías como Axtel, Avantel, Nextel y Megacable presentaron otra serie de demandas y quejas ante la CFC por el cobro de interconexión de Telmex y Telcel.
El fuego cruzado de las demandas inició a finales de enero de 2011, cuando Televisa demandó la nulidad de la sociedad formada por MVS, EchoStar y Telmex en la compañía Grupo Dish, argumentando ante la Comisión Federal de Competencia que el consorcio de Slim violaba la prohibición existente en su título de concesión para dar servicios de televisión restringida.
Los abogados de Televisa argumentaron que la participación de Telmex en Grupo Dish no era sólo para servicios de facturación sino que pretendía apropiarse de MVS y a través de esta empresa darle la vuelta a la prohibición existente. Señalaron que así lo señala Telmex en su informe F-21 ante la SEC, el organismo regulador bursátil de Estados Unidos.
Telmex no negó que su intención fuera ofrecer servicios de televisión restringida. Por el contrario, contrargumentó que ellos han cumplido con las condiciones que se establecieron en el Acuerdo de Convergencia de 2006.
Sin embargo, Televisa y TV Azteca arreciaron los ataques y las demandas por el tema de la interconexión. Si algo lograron las televisoras fue incorporar en la agenda de la discusión pública los costos de interconexión –el servicio que se cobran entre empresas de telefonía móvil y telefonía fija, y viceversa, para enlazar los números telefónicos-, pero nunca han dicho que a pesar de que existe una tarifa generalizada aún muy elevada –de 0.92 centavos-, la disminución que se ha registrado de 2000 a la fecha no se ha traducido en mejores precios para los clientes.
Sorprendentemente, Telefónica-Movistar, la segunda compañía telefónica más grande en México, archirrival de Telmex-Telcel desde hace una década, no se incorporó a estas demandas cruzadas. Desde diciembre de 2010, Telefónica y Telmex firmaron un acuerdo de interconexión.
Autoridades Ausentes
Lo más grave de este periodo de tensión creciente es que las autoridades han renunciado a su papel de árbitros o quienes han intentado mediar se vuelven objetivo de este fuego cruzado de acusaciones.
Desde que inició la disputa, el titular de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que se trataba de una disputa entre “privados” –recordando al lavado de manos de Vicente Fox durante el famoso Chiquihuitazo-, mientras que la Comisión Federal de Competencia se ofreció para fijar una tarifa de interconexión, a través de la consulta con expertos, pero ninguno de los grupos más importantes en disputa le hizo eco a su presidente Eduardo Pérez Motta. Ahora, la CFC tendrá que desahogar más de 20 denuncias que ellos consideran parte de un “pleito mediático”.
Por su parte, la Cofetel se ha quedado cruzada de brazos. En su comparecencia ante las comisiones del Senado, Mony de Swaan, admitió, entre muchas otras cosas, que el organismo pudo fijar una tarifa de interconexión en 0.39 centavos en la disputa entre Alestra y Telcel, pero que el organismo no tiene las atribuciones necesarias.
De Swaan admitió que existe un proyecto para licitar dos cadenas de televisión abierta en tecnología digital y que, si se resuelve el diferendo en interconexión, en mayo puede cambiarse el título de concesión de Telmex para dar servicio de televisión restringida. Sin embargo, aclaró que ésta es una potestad de la SCT.
El presidente de la Cofetel, duramente cuestionado durante esa comparecencia, admitió que las empresas de televisión abierta –léase Televisa, especialmente- viola las reglas de must offer y de must carrier, lo cual le ha permitido generar barreras de entrada en la televisión por cable.
Para todos ha quedado claro que el único que puede llamar a suspender esta guerra sucia es el titular de la presidencia de la República. Sin embargo, Felipe Calderón se ha hecho al autista ante la disputa más grave en el sector de mayor porcentaje de crecimiento en la economía mexicana.
Su firma es la que puede resolver el cambio de título de concesión de Telmex, la licitación de nuevas cadenas de televisión y regular el desorden existente por las tarifas de interconexión.
Pero todo parece indicar que Calderón ya optó por las televisoras. Y antes de que dude, Televisa y TV Azteca unieron su fuerza corporativa para promover un acuerdo de manejo informativo con radiodifusoras, periódicos afines, intelectuales y organismos ciudadanos, al gusto del primer mandatario, bajo el pretexto de Iniciativa México.
De esta manera, la guerra sucia en las telecomunicaciones acabará supeditada a la fallida guerra contra el narcotráfico, ahora rebautizada como “combate a la delincuencia organizada”. Por supuesto, esta definición no incluye a los grandes corporativos.
Por primera vez desde su existencia, la compañía telefónica Iusacell, propiedad hasta ahora de Grupo Salinas, financia un spot en los horarios estelares de Televisa para presumir que ellos tienen un servicio de internet más rápido que “la competencia”.
Desde inicios de marzo, se difunde otro spot: Una mujer joven, al borde un ataque de nervios, arroja su bolso en su cocina. Está molesta por el alto cobro de las tarifas que cobran Telmex y “su filial” Telcel. Muestra a la cámara un teléfono celular y uno fijo. La voz en off dice que en México pagamos tarifas de telefonía más caras que en Francia. Y para ilustrar a los ignorantes televidentes, aparece un joven paseando a un perrito, con acento francés que dice lo mismo. También una pareja de oficinistas se quejan por las tarifas de interconexión.
“¡Ya contesten!”, reza la frase final. En ese momento nos enteramos que el spot fue financiado por la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), un organismo que nunca ha pagado anuncios en horarios de alta audiencia en la televisión comercial. Más bien se trata del parapeto corporativo para que Televisa y su socia TV Azteca se lancen a esta guerra de desplegados y de spots en contra de Carlos Slim.
En la tercera semana del mes de marzo, el tema ya no era la interconexión de Telmex sino el mal servicio de Telcel. Un nuevo spot ilustra el descontento social con opiniones de presuntos usuarios que se quejan de la mayor compañía de telefonía celular en México. Al final, en clara parodia del eslogan de Telcel el infomercial afirma: “Todo México es territorio de Todos los Mexicanos”.
Telmex y Telcel no se han quedado mancos. A partir de marzo inundaron las páginas de los periódicos, los sitios online, los blogs, las redes sociales y otros medios no electrónicos con unos cintillos de frases críticas como:
-“Duopolio televisivo ataca para evitar mayor competencia en la TV: Telmex”.
-“Duopolio televisivo confunde libertad de expresión con libertad de presión: Telmex”.
-“México padece la televisión de paga más cara de los países de la OCDE”.
-“Telmex apoya menor interconexión cuando beneficie a los clientes y a la inversión y no sólo a los competidores”.
Y algunos otros de índole publicitaria:
-“Con inversión, cobertura y tecnología de clase mundial, Telmex apoya el desarrollo del país”.
-“Telmex 1991-2010: de 2 años a 6 días para instalar una línea; de 360 a 112,570 kilómetros de fibra óptica; de 31% a 100% de digitalización. Así apoya Telmex el desarrollo del país”.
Claramente se trata de una guerra corporativa traducida en propaganda negra contra el adversario. Las televisoras nunca se preocuparon antes por las tarifas telefónicas, mucho menos una empresa como TV Azteca, vinculada a Iusacell, con uno de los precios más altos. Y Televisa no se muerde la lengua cuando acusa de mal servicio a las empresas telefónicas de Slim, cuando existen decenas de demandas en contra del mal servicio de triple play de sus filiales Cablevisión o Cablemás.
Es evidente que estos spots sustituyen a los anuncios que Telcel-Telmex suspendieron desde febrero en los canales de Televisa y de TV Azteca, en represalia por diferendos corporativos que ninguna autoridad es capaz de resolver.
La primera suspensión fue con Televisa, empresa a la que el dúo Telmex-Telcel destinaban más de 1,800 millones de pesos anuales de publicidad. Después, TV Azteca anunció su ruptura pretextando que Telmex no quería firmar la disminución de las tarifas de interconexión.
Por su parte, Telmex emprendió el contrataque. Nunca antes las compañías de Slim habían acusado de monopólicas a las televisoras y menos había tenido que explicar por qué sus tarifas de interconexión son elevadas. ¿Por qué hasta ahora acusa al duopolio de impedir la competencia en televisión abierta cuando nunca dijo nada públicamente cuando en 2007 hubo un ataque abierto contra los intentos de crear una “tercera cadena”?
La disputa sacó a relucir un pleito más fuerte por licitaciones multimillonarias entre Televisa y Telmex. La empresa Bestel, filial de Televisa en telefonía, pagó un desplegado dirigido “A la Opinión Pública” para defenderse diciendo que gracias al contrato de 2 mil 80 millones de pesos (nunca hacen pública esta cifra, por supuesto) el ISSSTE “recibirá ahora servicios de alta calidad usando equipos con tecnología de última generación”.
Para documentar su dicho, publicó dos fotos que son la joya del cinismo empresarial: una donde dice “antes ISSSTE con Telmex”, donde se ve un enredo de cables en torno a un transformador y otra donde dice “ahora ISSSTE con Bestel”. Recordaban a anuncios de productos milagros o de un “antes” y “después”, típico de los comerciales para publicitar productos de baja de peso.
A todas luces se trata de una guerra sucia, una guerra de odio corporativa que ha rebasado por completo a las autoridades y que se empalma ahora con la alianza corporativa que establecieron más de 50 dueños de medios de comunicación con Televisa y TV Azteca para promocionar un demagógico Acuerdo de Cobertura contra la Violencia del Crimen Organizado, divulgado el 24 de marzo en la emisión 2011 de Iniciativa México.
Las Demandas Cruzadas
Sin embargo, la guerra sucia no se reduce a los espacios mediáticos. Tanto Telmex como Telcel han acudido a la Comisión Federal de Competencia para denunciar a Televisa, a Grupo Salinas y a la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) por prácticas monopólicas en los contenidos de televisión restringida y colusión en el mercado de publicidad en televisión abierta.
“Las denuncias se basan principalmente en la existencia de arreglos entre competidores para fijar, elevar y manipular el precio de venta de publicidad y el intercambio de información con el mismo fin, y la existencia de arreglos para la segmentación entre competidores de diversos mercados, incluyendo la publicidad y la televisión abierta”, afirmó Telcel en un comunicado corporativo del 23 de marzo.
Telcel se sumó así a las cuatro demandas simultáneas que presentó Telmex el 10 de marzo también ante el mismo organismo antimonopólico, denunciando las concentraciones que ha realizado Televisa para quedarse con más del 50 por ciento del mercado de televisión por cable, al adquirir TVI, Cablemás y tener una posición dominante en la empresa PCTV.
Telmex demandó específicamente a Televisa, Cablevisión, Megacable, Cablemás, TVI y a TV Azteca por prácticas monopólicas absolutas y relativas en televisión y telefonía.
El mismo 10 de marzo, Televisa, TV Azteca, Iusacell y otras compañías como Axtel, Avantel, Nextel y Megacable presentaron otra serie de demandas y quejas ante la CFC por el cobro de interconexión de Telmex y Telcel.
El fuego cruzado de las demandas inició a finales de enero de 2011, cuando Televisa demandó la nulidad de la sociedad formada por MVS, EchoStar y Telmex en la compañía Grupo Dish, argumentando ante la Comisión Federal de Competencia que el consorcio de Slim violaba la prohibición existente en su título de concesión para dar servicios de televisión restringida.
Los abogados de Televisa argumentaron que la participación de Telmex en Grupo Dish no era sólo para servicios de facturación sino que pretendía apropiarse de MVS y a través de esta empresa darle la vuelta a la prohibición existente. Señalaron que así lo señala Telmex en su informe F-21 ante la SEC, el organismo regulador bursátil de Estados Unidos.
Telmex no negó que su intención fuera ofrecer servicios de televisión restringida. Por el contrario, contrargumentó que ellos han cumplido con las condiciones que se establecieron en el Acuerdo de Convergencia de 2006.
Sin embargo, Televisa y TV Azteca arreciaron los ataques y las demandas por el tema de la interconexión. Si algo lograron las televisoras fue incorporar en la agenda de la discusión pública los costos de interconexión –el servicio que se cobran entre empresas de telefonía móvil y telefonía fija, y viceversa, para enlazar los números telefónicos-, pero nunca han dicho que a pesar de que existe una tarifa generalizada aún muy elevada –de 0.92 centavos-, la disminución que se ha registrado de 2000 a la fecha no se ha traducido en mejores precios para los clientes.
Sorprendentemente, Telefónica-Movistar, la segunda compañía telefónica más grande en México, archirrival de Telmex-Telcel desde hace una década, no se incorporó a estas demandas cruzadas. Desde diciembre de 2010, Telefónica y Telmex firmaron un acuerdo de interconexión.
Autoridades Ausentes
Lo más grave de este periodo de tensión creciente es que las autoridades han renunciado a su papel de árbitros o quienes han intentado mediar se vuelven objetivo de este fuego cruzado de acusaciones.
Desde que inició la disputa, el titular de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que se trataba de una disputa entre “privados” –recordando al lavado de manos de Vicente Fox durante el famoso Chiquihuitazo-, mientras que la Comisión Federal de Competencia se ofreció para fijar una tarifa de interconexión, a través de la consulta con expertos, pero ninguno de los grupos más importantes en disputa le hizo eco a su presidente Eduardo Pérez Motta. Ahora, la CFC tendrá que desahogar más de 20 denuncias que ellos consideran parte de un “pleito mediático”.
Por su parte, la Cofetel se ha quedado cruzada de brazos. En su comparecencia ante las comisiones del Senado, Mony de Swaan, admitió, entre muchas otras cosas, que el organismo pudo fijar una tarifa de interconexión en 0.39 centavos en la disputa entre Alestra y Telcel, pero que el organismo no tiene las atribuciones necesarias.
De Swaan admitió que existe un proyecto para licitar dos cadenas de televisión abierta en tecnología digital y que, si se resuelve el diferendo en interconexión, en mayo puede cambiarse el título de concesión de Telmex para dar servicio de televisión restringida. Sin embargo, aclaró que ésta es una potestad de la SCT.
El presidente de la Cofetel, duramente cuestionado durante esa comparecencia, admitió que las empresas de televisión abierta –léase Televisa, especialmente- viola las reglas de must offer y de must carrier, lo cual le ha permitido generar barreras de entrada en la televisión por cable.
Para todos ha quedado claro que el único que puede llamar a suspender esta guerra sucia es el titular de la presidencia de la República. Sin embargo, Felipe Calderón se ha hecho al autista ante la disputa más grave en el sector de mayor porcentaje de crecimiento en la economía mexicana.
Su firma es la que puede resolver el cambio de título de concesión de Telmex, la licitación de nuevas cadenas de televisión y regular el desorden existente por las tarifas de interconexión.
Pero todo parece indicar que Calderón ya optó por las televisoras. Y antes de que dude, Televisa y TV Azteca unieron su fuerza corporativa para promover un acuerdo de manejo informativo con radiodifusoras, periódicos afines, intelectuales y organismos ciudadanos, al gusto del primer mandatario, bajo el pretexto de Iniciativa México.
De esta manera, la guerra sucia en las telecomunicaciones acabará supeditada a la fallida guerra contra el narcotráfico, ahora rebautizada como “combate a la delincuencia organizada”. Por supuesto, esta definición no incluye a los grandes corporativos.
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