Jorge Carrasco Araizaga
Hace 26 años, cuando se le achacó al cártel de Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, la ofensiva de Estados Unidos contra México fue implacable: utilizó a la prensa, presionó política y diplomáticamente y, en franca violación del territorio, secuestró a algunos supuestos culpables y se los llevó para presentarlos ante sus tribunales.
Desinformada y prejuiciada, la prensa de ese país arremetió contra el gobierno de Miguel de la Madrid y de paso se mofó de la identidad y símbolos nacionales. Para el gobierno de Ronald Reagan no era suficiente moldear de esa manera a su opinión pública por la muerte de Camarena. Quería cabezas, no sólo de narcotraficantes mexicanos, sino de sus protectores, en una estrategia “de seguridad” para Estados Unidos.
Miguel de la Madrid detuvo entonces a los dos capos del narcotráfico y la emprendió contra el jefe de la policía política del régimen, José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El asesinato del periodista Manuel Buendía, en mayo de 1985, tres meses después de la ejecución de Camarena, terminó por darle la puntilla no sólo al jefe policial sino a la propia corporación, que ese mismo año desapareció, desmoronada por la corrupción, la impunidad y el narcotráfico.
Camarena hacía lo mismo que Jaime Zapata, el agente del servicio de Control Migratorio y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinado el martes 15 de febrero en San Luis Potosí –según la información oficial– por Los Zetas.
Ambos se movían por el país como si estuvieran en el suyo, con la complacencia de las autoridades, para investigar y surtir de información a sus agencias para “combatir” el narcotráfico en México.
Dos agentes muertos en un cuarto de siglo resulta un saldo impecable para un país que decidió dar una “guerra” en un territorio que no es el suyo, contra las decenas de miles de muertos que en ese periodo se han registrado en México, marcadamente en el actual gobierno con casi 35 mil en cuatro años.
Más allá de la retórica de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, esta vez ya no fue necesaria una andanada desde Washington. Hay un cambio sustancial entre Camarena y Zapata: en un cuarto de siglo, México se plegó a la estrategia de Washington contra las drogas, concebida como una amenaza a su seguridad nacional.
Después de la luna de miel de Washington con el gobierno Carlos Salinas por el desmantelamiento de la economía cerrada de México, Ernesto Zedillo se sumó poco a poco a la “guerra” estadunidense contra el narcotráfico y amplió, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de los militares mexicanos más allá de su tradicional función de erradicación de cultivos de drogas.
Después de los ataques del 2001 en Estados Unidos, Vicente Fox trocó el tema migratorio por el de seguridad de las fronteras e hizo del narcotráfico un asunto de seguridad nacional, en grado tal que se deshizo de sus colaboradores que consideraban el problema como de seguridad pública.
Respaldado por Estados Unidos ante su orfandad política, Felipe Calderón hizo suya la Iniciativa Mérida y a cambio de mil 400 millones de dólares en especie –aún no entregados en su totalidad– cedió a las peticiones de Washington: asumir como propia la “guerra al narcotráfico”, involucrar de lleno a las Fuerzas Armadas –que ahora deben informar a Washington sobre el uso de la “ayuda”– y permitir la operación de más servicios de inteligencia estadunidenses en México, sobre todo del Pentágono, que vio así satisfecha su ambición por mucho tiempo esperada: operar desde la Ciudad de México con autorización oficial; es decir, sin ningún tipo de simulación política o diplomática.
Jaime Zapata actuaba con plena autorización del gobierno de Calderón. Por eso se movía libremente hasta que –según la Secretaría de la Defensa Nacional– Los Zetas “lo confundieron” y asesinaron.
En una inusitada pero lógica acción rápida –el FBI estaba a cargo de la investigación “en Estados Unidos” –, el Ejército detuvo el miércoles 23 a Julián Zapata Espinosa, El Piolín, como presunto responsable del ataque al agente del ICE, que iba en compañía de otro, Víctor Ávila, que logró huir herido.
El objetivo de Obama son Los Zetas, al menos en este caso, y Calderón –a diferencia de Miguel de la Madrid– estará dispuesto a extraditar a los señalados si Estados Unidos los quiere juzgar en su territorio.
Pero Calderón tiene un problema: ir contra Los Zetas necesariamente pasa por meter la mano en el Ejército, uno de sus principales aliados. El cártel tiene origen militar y se sigue alimentando de tropa capacitada por la principal Fuerza Armada de México.
Para el gobierno de Barak Obama, Los Zetas son una amenaza potencial. Según Napolitano, están en posibilidad de actuar con Al Qaeda en la eventualidad de un nuevo ataque terrorista a Estados Unidos.
Real o inventado, el escenario ya está puesto, y sobre eso Calderón tendrá que hablar en Washington, el próximo jueves, ante el llamado de Obama.
Hace 26 años, cuando se le achacó al cártel de Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, la ofensiva de Estados Unidos contra México fue implacable: utilizó a la prensa, presionó política y diplomáticamente y, en franca violación del territorio, secuestró a algunos supuestos culpables y se los llevó para presentarlos ante sus tribunales.
Desinformada y prejuiciada, la prensa de ese país arremetió contra el gobierno de Miguel de la Madrid y de paso se mofó de la identidad y símbolos nacionales. Para el gobierno de Ronald Reagan no era suficiente moldear de esa manera a su opinión pública por la muerte de Camarena. Quería cabezas, no sólo de narcotraficantes mexicanos, sino de sus protectores, en una estrategia “de seguridad” para Estados Unidos.
Miguel de la Madrid detuvo entonces a los dos capos del narcotráfico y la emprendió contra el jefe de la policía política del régimen, José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El asesinato del periodista Manuel Buendía, en mayo de 1985, tres meses después de la ejecución de Camarena, terminó por darle la puntilla no sólo al jefe policial sino a la propia corporación, que ese mismo año desapareció, desmoronada por la corrupción, la impunidad y el narcotráfico.
Camarena hacía lo mismo que Jaime Zapata, el agente del servicio de Control Migratorio y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asesinado el martes 15 de febrero en San Luis Potosí –según la información oficial– por Los Zetas.
Ambos se movían por el país como si estuvieran en el suyo, con la complacencia de las autoridades, para investigar y surtir de información a sus agencias para “combatir” el narcotráfico en México.
Dos agentes muertos en un cuarto de siglo resulta un saldo impecable para un país que decidió dar una “guerra” en un territorio que no es el suyo, contra las decenas de miles de muertos que en ese periodo se han registrado en México, marcadamente en el actual gobierno con casi 35 mil en cuatro años.
Más allá de la retórica de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, esta vez ya no fue necesaria una andanada desde Washington. Hay un cambio sustancial entre Camarena y Zapata: en un cuarto de siglo, México se plegó a la estrategia de Washington contra las drogas, concebida como una amenaza a su seguridad nacional.
Después de la luna de miel de Washington con el gobierno Carlos Salinas por el desmantelamiento de la economía cerrada de México, Ernesto Zedillo se sumó poco a poco a la “guerra” estadunidense contra el narcotráfico y amplió, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de los militares mexicanos más allá de su tradicional función de erradicación de cultivos de drogas.
Después de los ataques del 2001 en Estados Unidos, Vicente Fox trocó el tema migratorio por el de seguridad de las fronteras e hizo del narcotráfico un asunto de seguridad nacional, en grado tal que se deshizo de sus colaboradores que consideraban el problema como de seguridad pública.
Respaldado por Estados Unidos ante su orfandad política, Felipe Calderón hizo suya la Iniciativa Mérida y a cambio de mil 400 millones de dólares en especie –aún no entregados en su totalidad– cedió a las peticiones de Washington: asumir como propia la “guerra al narcotráfico”, involucrar de lleno a las Fuerzas Armadas –que ahora deben informar a Washington sobre el uso de la “ayuda”– y permitir la operación de más servicios de inteligencia estadunidenses en México, sobre todo del Pentágono, que vio así satisfecha su ambición por mucho tiempo esperada: operar desde la Ciudad de México con autorización oficial; es decir, sin ningún tipo de simulación política o diplomática.
Jaime Zapata actuaba con plena autorización del gobierno de Calderón. Por eso se movía libremente hasta que –según la Secretaría de la Defensa Nacional– Los Zetas “lo confundieron” y asesinaron.
En una inusitada pero lógica acción rápida –el FBI estaba a cargo de la investigación “en Estados Unidos” –, el Ejército detuvo el miércoles 23 a Julián Zapata Espinosa, El Piolín, como presunto responsable del ataque al agente del ICE, que iba en compañía de otro, Víctor Ávila, que logró huir herido.
El objetivo de Obama son Los Zetas, al menos en este caso, y Calderón –a diferencia de Miguel de la Madrid– estará dispuesto a extraditar a los señalados si Estados Unidos los quiere juzgar en su territorio.
Pero Calderón tiene un problema: ir contra Los Zetas necesariamente pasa por meter la mano en el Ejército, uno de sus principales aliados. El cártel tiene origen militar y se sigue alimentando de tropa capacitada por la principal Fuerza Armada de México.
Para el gobierno de Barak Obama, Los Zetas son una amenaza potencial. Según Napolitano, están en posibilidad de actuar con Al Qaeda en la eventualidad de un nuevo ataque terrorista a Estados Unidos.
Real o inventado, el escenario ya está puesto, y sobre eso Calderón tendrá que hablar en Washington, el próximo jueves, ante el llamado de Obama.
Comentarios
El cantautor veracruzano Fernando Miranda y el extraordinario arreglista duranguense Juan Gabriel Burciaga unen sus talentos y nos entregan este tema que surge dentro del contexto de la degradación política y social que ha sufrido nuestro país durante los últimos años.
Roto el Estado de Derecho por la corrupción extrema e ineficacia de las altas esferas jerárquicas de la nación (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los ciudadanos vulnerables (80% de la población) tienen poco o nulo acceso a la justicia y bienestar social.
En este esquema ya desolador, el gobierno del presidente Felipe Calderón emprendió una batalla fraticida en contra de algunos carteles de la droga, dejando, hasta la fecha, un saldo de más de 35 mil muertes,inseguridad e inestabilidad social y grave caída en inversiones y turismo que han agudizado el desempleo y la proliferación de organizaciones delictivas alternas al narcotráfico, como bandas de secuestradores, extorsionadores y asaltantes que operan en la más absoluta impunidad, unas veces protegidos por la escasa respuesta de los aparatos de seguridad nacional y otras veces al amparo de altos jefes policíacos.
Por si esto fuera poco, los mexicanos tenemos que atestiguar la ya abierta y descarada injerencia del gobierno de los Estados Unidos Americanos en los asuntos internos del país, como quedó más que demostrado con la exhibición que hiciera el portal Wikileaks de cientos de cables "diplomáticos" provenientes del Departamento de Estado de este país bélico. Hoy, agentes de la DEA y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) actúan, realizan investigaciones y hasta ejecutan aprehensiones dentro de nuestro territorio con la complacencia total de un presidente de la República que, lejos de ser un verdadero estadista, ha antepuesto sus intereses de grupo y personales a los intereses del pueblo de México.
Fernando Miranda y Juan Gabriel Burciaga nos describen aquí una parte del panorama político y social que vivimos los mexicanos.
"QUE NO DEJE DE DOLERNOS"
http://www.youtube.com/watch?v=Ho48bqZsJe8