Jesusa Cervantes
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
MÉXICO, DF., 29 de marzo (Proceso).- "Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacción de los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos de la urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cinco generales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.
A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta de su llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretario Guillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en el vehículo verde olivo número 0500124.
Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del Palacio Legislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadier Ezequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general José Francisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; y otros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, a la oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.
El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues los diputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que al Legislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las Fuerzas Armadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas, coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares y Ramírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el también priista Rogelio Cerda.
La conversación
Proceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruye fragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, por parte de la milicia, en cada ocasión.
–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició la conversación Ramírez Marín.
–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.
–¿Cómo quieren la ley?
–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Esto es cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimen organizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una ley establecida con claridad.
–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan en dos o tres años?
–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado.
Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómo deben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de las Fuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitir y qué no.
Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre las diferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior y seguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo que las fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos o acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se deben evitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.
Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobación de la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.
Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual la minuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tiene para cuándo discutir la minuta”.
Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida y Claudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con la iniciativa aprobada por el Senado.
Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora de intercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, el viernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparado para la próxima Legislatura.
Otros cabildeos
Esa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.
Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto el lunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que el pasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto en cuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Sedena y la Semar.
El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina las facultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, de las autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momento en que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimen organizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga labores de inteligencia y el tema de la “gradualidad”.
Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de Navarrete Prida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto Pérez Cuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sido convocado”.
Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y la gente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández lo sustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.
Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas están renuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos, garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.
“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es compleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejército y otras”, comentan participantes de las reuniones.
Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones del narcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernador de Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad de Durango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.
Diferencias
A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a la Cámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, la realidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más que han podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminado por una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.
Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar y gradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena y una de Gobernación.
Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia– establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar labores de inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previa autorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por los jefes del Estado Mayor de las mismas”.
Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la milicia propone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar y diseminar información (que llaman ‘generar inteligencia’) con fines de seguridad nacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera a otras y a las entidades federativas”.
Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones, como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en los casos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”; mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistar a personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos los podrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.
Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “se pierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretende dar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutar acciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” del tema.
En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridad interior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente a un acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en grado de amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza el estado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.
La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunos negociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan “pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos”.
En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridad nacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que se divide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.
El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, intereses u objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro o proveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un “obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.
La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estado mismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta de grupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factor adverso son los desastres naturales.
En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser “coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero que en el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y la Marina) las que estén a la cabeza de las operaciones.
Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, según algunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con la Sedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en las acciones de apoyo al Ejército”.
Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy el tema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –gobernadores y alcaldes– participen.
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
MÉXICO, DF., 29 de marzo (Proceso).- "Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacción de los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos de la urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cinco generales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.
A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta de su llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretario Guillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en el vehículo verde olivo número 0500124.
Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del Palacio Legislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadier Ezequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general José Francisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; y otros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, a la oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.
El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues los diputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que al Legislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las Fuerzas Armadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas, coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares y Ramírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el también priista Rogelio Cerda.
La conversación
Proceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruye fragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, por parte de la milicia, en cada ocasión.
–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició la conversación Ramírez Marín.
–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.
–¿Cómo quieren la ley?
–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Esto es cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimen organizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una ley establecida con claridad.
–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan en dos o tres años?
–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado.
Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómo deben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de las Fuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitir y qué no.
Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre las diferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior y seguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo que las fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos o acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se deben evitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.
Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobación de la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.
Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual la minuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tiene para cuándo discutir la minuta”.
Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida y Claudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con la iniciativa aprobada por el Senado.
Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora de intercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, el viernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparado para la próxima Legislatura.
Otros cabildeos
Esa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.
Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto el lunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que el pasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto en cuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Sedena y la Semar.
El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina las facultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, de las autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momento en que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimen organizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga labores de inteligencia y el tema de la “gradualidad”.
Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de Navarrete Prida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto Pérez Cuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sido convocado”.
Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y la gente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández lo sustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.
Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas están renuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos, garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.
“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es compleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejército y otras”, comentan participantes de las reuniones.
Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones del narcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernador de Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad de Durango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.
Diferencias
A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a la Cámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, la realidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más que han podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminado por una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.
Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar y gradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena y una de Gobernación.
Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia– establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar labores de inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previa autorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por los jefes del Estado Mayor de las mismas”.
Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la milicia propone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar y diseminar información (que llaman ‘generar inteligencia’) con fines de seguridad nacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera a otras y a las entidades federativas”.
Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones, como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en los casos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”; mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistar a personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos los podrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.
Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “se pierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretende dar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutar acciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” del tema.
En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridad interior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente a un acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en grado de amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza el estado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.
La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunos negociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan “pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos”.
En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridad nacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que se divide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.
El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, intereses u objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro o proveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un “obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.
La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estado mismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta de grupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factor adverso son los desastres naturales.
En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser “coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero que en el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y la Marina) las que estén a la cabeza de las operaciones.
Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, según algunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con la Sedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en las acciones de apoyo al Ejército”.
Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy el tema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –gobernadores y alcaldes– participen.
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
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