Via Historia sobre historia
Si bien las dictaduras militares fueron una fórmula de dominación política habitual en Latinoamérica durante el siglo XX, la década del 70 fue aquella en que casi unánimemente asolaron la región, y en forma cada vez más violenta y exacerbada. Cada país tuvo su particular historia, pero en el transfondo había una trama que vinculaba estos regimenes dictatoriales más allá de las fronteras. Y unos cuantos hilos de esa trama secreta se movían desde Washington.
Se trataba nada menos que de “una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina”. En este período existió la llamada Operación Cóndor por intermedio de la cual los dictadores de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile cooperaron entre sí en numerosas detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de disidentes políticos.
La cifra de asesinados desaparecidos, sólo en el Cono Sur, superarías las 50 mil víctimas. Como consecuencia de las dictaduras, miles de refugiados y exiliados políticos buscaban asilo político, principalmente en la Argentina, donde quedaron atrapados una vez que comenzó la dictadura del Proceso Militar en 1976.
El general Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de Joao Goulart. En Bolivia, la tradición del golpe tras golpe llevó a la dictadura de Hugo Banzer en 1971. El general Augusto Pinochet, el 11 de Septiembre de 1973, en Chile, terminó con el Gobierno socialista de Salvador Allende.
También en 1973, en Uruguay, el presidente Bordaberry -aliado con los militares- cerró el congreso y puso al país bajo su dictadura. Tres años después, el 24 de Marzo de 1976, el gobierno civil de Isabel Perón, bajo el cuál funcionaba la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en coordinación con la dictadura de Pinochet, fue derrocado por la Junta Militar presidida por Videla.
En todos los casos, detrás aparece la mano de Washington y el esquema de la Teoría de Seguridad Nacional estadounidense, bajo cuyo diseño se produjo el genocidio regional. La Guerra Fría suministró el contexto global de un anticomunismo patológico. Y Estados Unidos proporcionó la instrucción militar e ideológica a sus aliados latinoamericanos, además de financiamiento y asistencia técnica.
Según Estela Calloni, a través fundamentalmente de la CIA, EE.UU. “pudo haber plantado las semillas de la Operación Cóndor”, coordinando los servicios de inteligencia de los gobiernos dictatoriales del momento y posibilitando el intercambio de información y de prisioneros.
En el caso de Chile, está comprobado por documentos desclasificados de Washington que EE.UU. estuvo absolutamente involucrado, tanto a través del gobierno como de grandes empresas. Desde la desestabilización del gobierno de Allende y su derrocamiento, hasta numerosos asesinatos, entre ellos el de Carlos Pratz y su esposa en Buenos Aires.
A fines de los años 80, cuando las dictaduras fueron cayendo, poco se hizo para investigar los crímenes de los gobiernos de facto; los gobiernos democráticos recién instaurados, débiles, no pudieron más que indagar en lo estrictamente local, en lo mejor de los casos.
En diciembre de 1992, en Asunción, un juez allanó oficinas policiales en la cual se encontraron infinidad de archivos de la dictadura de Stroessner: datos de espinaje, cartas dirigidas al dictador, documentos que informaban el destino de miles de desaparecidos y comunicaciones con las fuerzas represivas de las otras dictaduras del Cono Sur.
Aparecía en estos registros por primera vez documentada la Operación Cóndor, como una conspiración asesina entre servicios de seguridad de las dictaduras mencionadas. Lamentablemente, sin embargo, no se le dio a los documentos la relevancia que realmente debían tener, e incluso algunos documentos desaparecieron. Finalmente llegó del otro lado del océano la convicción de la necesidad de profundizar en estos crímenes de lesa humanidad y en 1996 el Juez español Baltasar Garzón se hizo cargo de la investigación.
Si bien las dictaduras militares fueron una fórmula de dominación política habitual en Latinoamérica durante el siglo XX, la década del 70 fue aquella en que casi unánimemente asolaron la región, y en forma cada vez más violenta y exacerbada. Cada país tuvo su particular historia, pero en el transfondo había una trama que vinculaba estos regimenes dictatoriales más allá de las fronteras. Y unos cuantos hilos de esa trama secreta se movían desde Washington.
Se trataba nada menos que de “una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina”. En este período existió la llamada Operación Cóndor por intermedio de la cual los dictadores de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile cooperaron entre sí en numerosas detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de disidentes políticos.
La cifra de asesinados desaparecidos, sólo en el Cono Sur, superarías las 50 mil víctimas. Como consecuencia de las dictaduras, miles de refugiados y exiliados políticos buscaban asilo político, principalmente en la Argentina, donde quedaron atrapados una vez que comenzó la dictadura del Proceso Militar en 1976.
El general Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de Joao Goulart. En Bolivia, la tradición del golpe tras golpe llevó a la dictadura de Hugo Banzer en 1971. El general Augusto Pinochet, el 11 de Septiembre de 1973, en Chile, terminó con el Gobierno socialista de Salvador Allende.
También en 1973, en Uruguay, el presidente Bordaberry -aliado con los militares- cerró el congreso y puso al país bajo su dictadura. Tres años después, el 24 de Marzo de 1976, el gobierno civil de Isabel Perón, bajo el cuál funcionaba la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en coordinación con la dictadura de Pinochet, fue derrocado por la Junta Militar presidida por Videla.
En todos los casos, detrás aparece la mano de Washington y el esquema de la Teoría de Seguridad Nacional estadounidense, bajo cuyo diseño se produjo el genocidio regional. La Guerra Fría suministró el contexto global de un anticomunismo patológico. Y Estados Unidos proporcionó la instrucción militar e ideológica a sus aliados latinoamericanos, además de financiamiento y asistencia técnica.
Según Estela Calloni, a través fundamentalmente de la CIA, EE.UU. “pudo haber plantado las semillas de la Operación Cóndor”, coordinando los servicios de inteligencia de los gobiernos dictatoriales del momento y posibilitando el intercambio de información y de prisioneros.
En el caso de Chile, está comprobado por documentos desclasificados de Washington que EE.UU. estuvo absolutamente involucrado, tanto a través del gobierno como de grandes empresas. Desde la desestabilización del gobierno de Allende y su derrocamiento, hasta numerosos asesinatos, entre ellos el de Carlos Pratz y su esposa en Buenos Aires.
A fines de los años 80, cuando las dictaduras fueron cayendo, poco se hizo para investigar los crímenes de los gobiernos de facto; los gobiernos democráticos recién instaurados, débiles, no pudieron más que indagar en lo estrictamente local, en lo mejor de los casos.
En diciembre de 1992, en Asunción, un juez allanó oficinas policiales en la cual se encontraron infinidad de archivos de la dictadura de Stroessner: datos de espinaje, cartas dirigidas al dictador, documentos que informaban el destino de miles de desaparecidos y comunicaciones con las fuerzas represivas de las otras dictaduras del Cono Sur.
Aparecía en estos registros por primera vez documentada la Operación Cóndor, como una conspiración asesina entre servicios de seguridad de las dictaduras mencionadas. Lamentablemente, sin embargo, no se le dio a los documentos la relevancia que realmente debían tener, e incluso algunos documentos desaparecieron. Finalmente llegó del otro lado del océano la convicción de la necesidad de profundizar en estos crímenes de lesa humanidad y en 1996 el Juez español Baltasar Garzón se hizo cargo de la investigación.
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