Javier Hernández Valencia*
Se cumple el ciclo infalible del calendario y acudimos a la cita ritual de cada 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Afinamos cada vez el pulso para plantear un tema global, y en este 2011 enarbolamos la bandera de “igual acceso a la educación, formación, ciencia y tecnología: sendero para un trabajo digno para las mujeres”.
La envergadura de esta fecha crece en cada oportunidad y, sin embargo, es preciso seguir elevando nuestras voces para asegurarnos de que el mensaje alcance a la mayoría de las mujeres mexicanas, cuando su número llega ya a 57.5 millones. Cabe por supuesto insistir en reconocer lo avanzado para valorarlo y protegerlo, pero al mismo tiempo y con la misma entereza advertir y alertar respecto a todo aquello que perpetúa la situación de exclusión y vulnerabilidad de una importante cantidad de ellas, mujeres y niñas, para quienes los datos que ilustran las estadísticas no son definitivamente un tema de asepsia académica, sino una condición de vida en la cual la discriminación y la violencia lamentablemente predominan.
Es mérito internacionalmente reconocido de las valerosas e infatigables mujeres de México –madres e hijas de víctimas y víctimas ellas mismas– haber acuñado y forjado el debate sobre el feminicidio y evidenciado que la constante violación a los derechos de mujeres y niñas, por la cual incluso terminan muriendo, se nutre de la impunidad y de la existencia y reproducción de patrones culturales de discriminación que no han sido abatidos.
El año pasado, cuando Kyung-wha Kang, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudió en México al XXX Congreso Trienal de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias –la más antigua y prestigiosa de las instituciones de su tipo, de la cual ella misma es miembro del capítulo coreano–, enfatizó en los siguientes términos el imperativo del acceso a la educación:
“…Cuando una niña proveniente de un país en desarrollo recibe siete o más años de educación, se casa en promedio cuatro años después que una niña que no tuvo tal acceso. Está más protegida de un matrimonio temprano o forzado, y su educación contribuye a reducir la incidencia de VIH/Sida en su país. Es más posible que esta niña tenga por lo menos dos hijos o hijas menos en su vida, y más posible también que evite complicaciones y muerte en su embarazo y parto (…) La educación de las mujeres está sólidamente asociada con una mayor probabilidad de que sus hijos serán enviados y mantenidos en las escuelas…”
Conmemorar esta fecha significa entonces mucho más que sólo invocar excelsos ideales. Exige un compromiso firme con metas ya trazadas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e impulsar los programas concretos dedicados a buscar verdaderos cambios en las vidas de las niñas y mujeres de México. De igual manera, supone poner manos a la obra en el cumplimiento de recomendaciones internacionales que ha recibido el país.
Así pues, traemos a colación las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos publicadas hace un año, que instan al Estado mexicano a generar una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres; la creación de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; la tipificación de la figura del feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; la realización de investigaciones rápidas y eficaces, y el castigo a los autores de actos de violencia contra las mujeres; tomar medidas preventivas y de sensibilización, y poner en marcha campañas educativas para cambiar la percepción del papel de las mujeres en la sociedad.
También se recomendó entonces armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados, en consonancia con el Pacto, y asegurar la aplicación de la Norma Federal 046 (NOM-046) en todo el territorio; asimismo, tomar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados con el fin de que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner en riesgo su vida.
Es una agenda que no debiera pasar desapercibida si queremos hacer de la atención hacia y para las mujeres uno de los pilares de la política pública del Estado mexicano.
Conmemorar esta fecha en el contexto mexicano nos obliga por último a reflexionar y honrar a las mujeres que asumieron el riesgo de ponerse a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad ofrendando dolorosamente sus vidas en fechas recientes: Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez y Beatriz Cariño, asesinadas en Oaxaca; Josefina Reyes Salazar, su hermana Magdalena, su cuñada Luisa Ornelas Soto, Marisela Escobedo y Susana Chávez, asesinadas en Chihuahua, al igual que Alicia Salaiz Orrantia, desaparecida en el mismo estado.
Cerremos filas para que las más valientes entre las mujeres mexicanas no sigan siendo diezmadas. Mantengamos viva nuestra capacidad de indignación y abordemos sin fatiga ni pausa las tareas que siguen pendientes e inconclusas en la agenda.
*Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Se cumple el ciclo infalible del calendario y acudimos a la cita ritual de cada 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Afinamos cada vez el pulso para plantear un tema global, y en este 2011 enarbolamos la bandera de “igual acceso a la educación, formación, ciencia y tecnología: sendero para un trabajo digno para las mujeres”.
La envergadura de esta fecha crece en cada oportunidad y, sin embargo, es preciso seguir elevando nuestras voces para asegurarnos de que el mensaje alcance a la mayoría de las mujeres mexicanas, cuando su número llega ya a 57.5 millones. Cabe por supuesto insistir en reconocer lo avanzado para valorarlo y protegerlo, pero al mismo tiempo y con la misma entereza advertir y alertar respecto a todo aquello que perpetúa la situación de exclusión y vulnerabilidad de una importante cantidad de ellas, mujeres y niñas, para quienes los datos que ilustran las estadísticas no son definitivamente un tema de asepsia académica, sino una condición de vida en la cual la discriminación y la violencia lamentablemente predominan.
Es mérito internacionalmente reconocido de las valerosas e infatigables mujeres de México –madres e hijas de víctimas y víctimas ellas mismas– haber acuñado y forjado el debate sobre el feminicidio y evidenciado que la constante violación a los derechos de mujeres y niñas, por la cual incluso terminan muriendo, se nutre de la impunidad y de la existencia y reproducción de patrones culturales de discriminación que no han sido abatidos.
El año pasado, cuando Kyung-wha Kang, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudió en México al XXX Congreso Trienal de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias –la más antigua y prestigiosa de las instituciones de su tipo, de la cual ella misma es miembro del capítulo coreano–, enfatizó en los siguientes términos el imperativo del acceso a la educación:
“…Cuando una niña proveniente de un país en desarrollo recibe siete o más años de educación, se casa en promedio cuatro años después que una niña que no tuvo tal acceso. Está más protegida de un matrimonio temprano o forzado, y su educación contribuye a reducir la incidencia de VIH/Sida en su país. Es más posible que esta niña tenga por lo menos dos hijos o hijas menos en su vida, y más posible también que evite complicaciones y muerte en su embarazo y parto (…) La educación de las mujeres está sólidamente asociada con una mayor probabilidad de que sus hijos serán enviados y mantenidos en las escuelas…”
Conmemorar esta fecha significa entonces mucho más que sólo invocar excelsos ideales. Exige un compromiso firme con metas ya trazadas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e impulsar los programas concretos dedicados a buscar verdaderos cambios en las vidas de las niñas y mujeres de México. De igual manera, supone poner manos a la obra en el cumplimiento de recomendaciones internacionales que ha recibido el país.
Así pues, traemos a colación las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos publicadas hace un año, que instan al Estado mexicano a generar una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres; la creación de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; la tipificación de la figura del feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; la realización de investigaciones rápidas y eficaces, y el castigo a los autores de actos de violencia contra las mujeres; tomar medidas preventivas y de sensibilización, y poner en marcha campañas educativas para cambiar la percepción del papel de las mujeres en la sociedad.
También se recomendó entonces armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados, en consonancia con el Pacto, y asegurar la aplicación de la Norma Federal 046 (NOM-046) en todo el territorio; asimismo, tomar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados con el fin de que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner en riesgo su vida.
Es una agenda que no debiera pasar desapercibida si queremos hacer de la atención hacia y para las mujeres uno de los pilares de la política pública del Estado mexicano.
Conmemorar esta fecha en el contexto mexicano nos obliga por último a reflexionar y honrar a las mujeres que asumieron el riesgo de ponerse a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad ofrendando dolorosamente sus vidas en fechas recientes: Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez y Beatriz Cariño, asesinadas en Oaxaca; Josefina Reyes Salazar, su hermana Magdalena, su cuñada Luisa Ornelas Soto, Marisela Escobedo y Susana Chávez, asesinadas en Chihuahua, al igual que Alicia Salaiz Orrantia, desaparecida en el mismo estado.
Cerremos filas para que las más valientes entre las mujeres mexicanas no sigan siendo diezmadas. Mantengamos viva nuestra capacidad de indignación y abordemos sin fatiga ni pausa las tareas que siguen pendientes e inconclusas en la agenda.
*Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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