Jesusa Cervantes
A inicios de su gobierno, Felipe Calderón reunió al gabinete de seguridad y, junto con ellos, tomó la determinación de iniciar su ya famosa “guerra contra el narco”.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le mandó por delante; al lado tendría a las policías y, atrás de todos ellos, a los ministerios públicos federales, los programas sociales, los educativos, los de deporte y los del agro.
Se planteó, pues, una “estrategia redonda”.
Así la llama uno de los generales que participaría en este plan. Los programas sociales que acompañarían la guerra de Calderón entrarían en acción para de esta forma contar un “control de daños”.
En el documento confidencial de la Sedena --que Proceso dio a conocer la semana pasada con el título “Solución viable: ‘unificación pactada’”, se define con claridad el rol que jugaría el sector militar en la “Estrategia integral del combate al narcotráfico” y conocida como la guerra de Calderón.
Según el reporte, las Fuerzas Armadas sólo serían una parte de la estrategia.
Su función consistiría en “constituir la principal barrera de contención del fenómeno delictivo”.
Y mientras los militares ubicarían y perseguirían a los integrantes del crimen organizado “para proporcionar tiempo y espacio necesarios al Estado mexicano”, del otro lado otros integrantes del Ejecutivo trabajarían en los aspectos sociales, policíacos y judiciales.
Así, mientras los militares se enfrentaban a los diversos cárteles, se suponía que el gobierno federal se “pertrecharía en otras áreas sensibles”. El resultado que se esperaba es que de un lado las armas harían su trabajo y del otro se irían creando las condiciones necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos.
Se trataba, pues, de un “enfoque integral”.
Pero ¿qué ocurrió entonces? Uno de los generales de Sedena lo resume así: “La estrategia redonda que se tenía no se aplicó porque ni a los jueces ni a los ministerios públicos se les preparó, la corrupción no se atacó, los programas sociales nunca arrancaron y, algo muy importante, se dijo que ante la falta de policías preparados y limpios, mientras el Ejército se enfrentaba con los cárteles durante los tres primeros años, del otro lado se estarían formando jóvenes policías. Pero nada de esto ocurrió, sólo se pateó al avispero”.
En lugar de erigirse en la principal barrera de contención, el Ejército se convirtió en “el único” adversario de los cárteles. El resto de los contendientes, las secretarías sociales, las nuevas policías y los nuevos ministerios públicos federales, simplemente se hicieron a un lado.
Ese escenario tuvo dos efectos diametralmente opuestos entre la población: para unos, el Ejército se convirtió en el gran violador de los derechos humanos, en el nuevo gran corrupto y, por supuesto, en un ineficiente actor; ya para otros fue todo lo opuesto: se vio a las Fuerzas Armadas como el gran defensor de la ciudadanía y el sector más prestigiado e incorruptible que podía hacer frente al narcotráfico.
En medio de estas ópticas quedó el Ejército el que, cargando el desprestigio sobre sus hombros, se fue desmoralizando poco a poco a tal grado de que pocos quieren participar en él, razón por la que Calderón ha planteado que se modifique la Ley Orgánica del Ejército, con el fin de que sus miembros administrativos puedan ser movilizados al campo de batalla.
En medio de todo ello, escaló la rivalidad entre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas. Estas no sólo no se renovaron, además Genaro García Luna, el titular de la SSP federal, tampoco cumplió con su parte y además pasó la estafeta a los militares en su trabajo de seguridad pública.
Así es que viendo todo esto y siendo Felipe Calderón el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de García Luna y el que no ha podido mantener la estabilidad en las “áreas sensibles” que participarían en esta lucha, es decir, los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social y Educación, pues sólo se puede llegar a la conclusión de que es él el principal responsable de que “su” guerra esté llena de bajas y que todo siga igual dentro del crimen organizado.
A lo más que ha llegado Calderón es a detener o abatir algunos cabecillas, mismos que han sido sustituidos por otros que están actuando con más rabia y violencia que antes.
El gran incumplimiento en que cayó García Luna es, por ejemplo, el no haber evitado la proliferación de pandillas, las que a lo largo del sexenio calderonista se han incrementado exponencialmente, pero lo peor, es que se han unido a los cárteles de la droga, convirtiéndose en sus principales sicarios. Tan sólo un dato, en Cancún existen ¡¡796 pandillas!! Un número muy elevado para un lugar tan pequeño pero crucial para el trasiego de droga.
García Luna, en lugar de ayudar al Ejército, dejó el campo libre para fortalecer a quienes los militares combaten, o por lo menos aseguran que sí combaten.
Del otro lado: Sedesol, SEP o Sagarpa tampoco pudieron operar en beneficio de la “estrategia integral”, y una muestra clara de que no saben cómo hacerlo es el llamado programa “Todos somos Juárez”.
En esta ciudad fronteriza intentaron hacer lo que debieron emprender desde el inicio del sexenio, sin embargo, no lo implementaron hasta que sucedió la masacre de jóvenes de Salválcar.
Una vez muertos los jóvenes, se construyeron canchas deportivas y se trató de ofrecer nuevos trabajos. Sin embargo, el accionar del resto de las secretarías fue demasiado tarde y ahora de nada sirven las nuevas canchas ni los nuevos empleos que se otorgan en estas zonas de verdadero conflicto.
Otro de los lineamientos que irían de la mano de la “estrategia integral” sería el trabajo de cabildeo que haría el gobierno federal para que lo más pronto posible se aprobaran cambios a la Ley de Seguridad Nacional y, a través de ella, se le dieran las herramientas a los militares para que pudieran hacer trabajos de seguridad pública sin seguir violentando la Constitución. Pero esto tampoco ocurrió.
Expuestos los militares, ahora tienen que sumar al reclamo de la población por “los daños colaterales” (muerte de civiles), el desprestigio por la participación de miembros del Ejército en el propio narcotráfico.
Para algunos integrantes de la Sedena, el propio gobierno los dejó solos y muchos de los militares ya anticipan que esta “es una guerra que no vamos a ganar”.
Y algo está ocurriendo en la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados donde al parecer la Sedena no dio el visto bueno al nuevo presidente, Rogelio Cerda; es más, ni siquiera lo ha recibido el secretario general Guillermo Galván Galván.
El 22 de febrero, el priista Rogelio Cerda asumió la presidencia de la Comisión en sustitución de Ardelio Vargas Fosado, quien se fue de secretario de Seguridad Pública al estado de Puebla.
Dicen que Sedena traía otro candidato pero que Francisco Rojas prefirió no consultarla y entonces decidir él y solo él quién sería el nuevo presidente de esa comisión clave. Al general Galván “sólo se le comunicó”, pero nunca se le pidió su parecer sobre el nombramiento.
Y todo parece indicar que Sedena no supo operar políticamente y, sin cuidar las formas, le impuso a Rogelio Cerda a uno de los hombres de la milicia. Sí, porque si no, ¿cómo se explica uno que un mayor en activo, Ramón Avalos, lo hayan nombrado secretario técnico de la Comisión de la Defensa en la Cámara de Diputados? Hasta lo que se tiene entendido, quien dispone de los militares en activo es la Sedena y sólo la Sedena.
La maniobra no fue la mejor, pues si el general Galván quería mantener influencia en dicha comisión lo mejor hubiera sido poner a un civil en tal cargo y no a un militar en activo.
Por lo pronto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados investigará cómo es que llegó al puesto de secretario técnico de un órgano civil un militar en activo.
A inicios de su gobierno, Felipe Calderón reunió al gabinete de seguridad y, junto con ellos, tomó la determinación de iniciar su ya famosa “guerra contra el narco”.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le mandó por delante; al lado tendría a las policías y, atrás de todos ellos, a los ministerios públicos federales, los programas sociales, los educativos, los de deporte y los del agro.
Se planteó, pues, una “estrategia redonda”.
Así la llama uno de los generales que participaría en este plan. Los programas sociales que acompañarían la guerra de Calderón entrarían en acción para de esta forma contar un “control de daños”.
En el documento confidencial de la Sedena --que Proceso dio a conocer la semana pasada con el título “Solución viable: ‘unificación pactada’”, se define con claridad el rol que jugaría el sector militar en la “Estrategia integral del combate al narcotráfico” y conocida como la guerra de Calderón.
Según el reporte, las Fuerzas Armadas sólo serían una parte de la estrategia.
Su función consistiría en “constituir la principal barrera de contención del fenómeno delictivo”.
Y mientras los militares ubicarían y perseguirían a los integrantes del crimen organizado “para proporcionar tiempo y espacio necesarios al Estado mexicano”, del otro lado otros integrantes del Ejecutivo trabajarían en los aspectos sociales, policíacos y judiciales.
Así, mientras los militares se enfrentaban a los diversos cárteles, se suponía que el gobierno federal se “pertrecharía en otras áreas sensibles”. El resultado que se esperaba es que de un lado las armas harían su trabajo y del otro se irían creando las condiciones necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos.
Se trataba, pues, de un “enfoque integral”.
Pero ¿qué ocurrió entonces? Uno de los generales de Sedena lo resume así: “La estrategia redonda que se tenía no se aplicó porque ni a los jueces ni a los ministerios públicos se les preparó, la corrupción no se atacó, los programas sociales nunca arrancaron y, algo muy importante, se dijo que ante la falta de policías preparados y limpios, mientras el Ejército se enfrentaba con los cárteles durante los tres primeros años, del otro lado se estarían formando jóvenes policías. Pero nada de esto ocurrió, sólo se pateó al avispero”.
En lugar de erigirse en la principal barrera de contención, el Ejército se convirtió en “el único” adversario de los cárteles. El resto de los contendientes, las secretarías sociales, las nuevas policías y los nuevos ministerios públicos federales, simplemente se hicieron a un lado.
Ese escenario tuvo dos efectos diametralmente opuestos entre la población: para unos, el Ejército se convirtió en el gran violador de los derechos humanos, en el nuevo gran corrupto y, por supuesto, en un ineficiente actor; ya para otros fue todo lo opuesto: se vio a las Fuerzas Armadas como el gran defensor de la ciudadanía y el sector más prestigiado e incorruptible que podía hacer frente al narcotráfico.
En medio de estas ópticas quedó el Ejército el que, cargando el desprestigio sobre sus hombros, se fue desmoralizando poco a poco a tal grado de que pocos quieren participar en él, razón por la que Calderón ha planteado que se modifique la Ley Orgánica del Ejército, con el fin de que sus miembros administrativos puedan ser movilizados al campo de batalla.
En medio de todo ello, escaló la rivalidad entre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas. Estas no sólo no se renovaron, además Genaro García Luna, el titular de la SSP federal, tampoco cumplió con su parte y además pasó la estafeta a los militares en su trabajo de seguridad pública.
Así es que viendo todo esto y siendo Felipe Calderón el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de García Luna y el que no ha podido mantener la estabilidad en las “áreas sensibles” que participarían en esta lucha, es decir, los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social y Educación, pues sólo se puede llegar a la conclusión de que es él el principal responsable de que “su” guerra esté llena de bajas y que todo siga igual dentro del crimen organizado.
A lo más que ha llegado Calderón es a detener o abatir algunos cabecillas, mismos que han sido sustituidos por otros que están actuando con más rabia y violencia que antes.
El gran incumplimiento en que cayó García Luna es, por ejemplo, el no haber evitado la proliferación de pandillas, las que a lo largo del sexenio calderonista se han incrementado exponencialmente, pero lo peor, es que se han unido a los cárteles de la droga, convirtiéndose en sus principales sicarios. Tan sólo un dato, en Cancún existen ¡¡796 pandillas!! Un número muy elevado para un lugar tan pequeño pero crucial para el trasiego de droga.
García Luna, en lugar de ayudar al Ejército, dejó el campo libre para fortalecer a quienes los militares combaten, o por lo menos aseguran que sí combaten.
Del otro lado: Sedesol, SEP o Sagarpa tampoco pudieron operar en beneficio de la “estrategia integral”, y una muestra clara de que no saben cómo hacerlo es el llamado programa “Todos somos Juárez”.
En esta ciudad fronteriza intentaron hacer lo que debieron emprender desde el inicio del sexenio, sin embargo, no lo implementaron hasta que sucedió la masacre de jóvenes de Salválcar.
Una vez muertos los jóvenes, se construyeron canchas deportivas y se trató de ofrecer nuevos trabajos. Sin embargo, el accionar del resto de las secretarías fue demasiado tarde y ahora de nada sirven las nuevas canchas ni los nuevos empleos que se otorgan en estas zonas de verdadero conflicto.
Otro de los lineamientos que irían de la mano de la “estrategia integral” sería el trabajo de cabildeo que haría el gobierno federal para que lo más pronto posible se aprobaran cambios a la Ley de Seguridad Nacional y, a través de ella, se le dieran las herramientas a los militares para que pudieran hacer trabajos de seguridad pública sin seguir violentando la Constitución. Pero esto tampoco ocurrió.
Expuestos los militares, ahora tienen que sumar al reclamo de la población por “los daños colaterales” (muerte de civiles), el desprestigio por la participación de miembros del Ejército en el propio narcotráfico.
Para algunos integrantes de la Sedena, el propio gobierno los dejó solos y muchos de los militares ya anticipan que esta “es una guerra que no vamos a ganar”.
Y algo está ocurriendo en la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados donde al parecer la Sedena no dio el visto bueno al nuevo presidente, Rogelio Cerda; es más, ni siquiera lo ha recibido el secretario general Guillermo Galván Galván.
El 22 de febrero, el priista Rogelio Cerda asumió la presidencia de la Comisión en sustitución de Ardelio Vargas Fosado, quien se fue de secretario de Seguridad Pública al estado de Puebla.
Dicen que Sedena traía otro candidato pero que Francisco Rojas prefirió no consultarla y entonces decidir él y solo él quién sería el nuevo presidente de esa comisión clave. Al general Galván “sólo se le comunicó”, pero nunca se le pidió su parecer sobre el nombramiento.
Y todo parece indicar que Sedena no supo operar políticamente y, sin cuidar las formas, le impuso a Rogelio Cerda a uno de los hombres de la milicia. Sí, porque si no, ¿cómo se explica uno que un mayor en activo, Ramón Avalos, lo hayan nombrado secretario técnico de la Comisión de la Defensa en la Cámara de Diputados? Hasta lo que se tiene entendido, quien dispone de los militares en activo es la Sedena y sólo la Sedena.
La maniobra no fue la mejor, pues si el general Galván quería mantener influencia en dicha comisión lo mejor hubiera sido poner a un civil en tal cargo y no a un militar en activo.
Por lo pronto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados investigará cómo es que llegó al puesto de secretario técnico de un órgano civil un militar en activo.
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