Iniciativa para privatizar el agua confronta a Ebrard con el PRD-DF

Apro

La iniciativa del gobierno del Distrito Federal (GDF) para poner en manos privadas el cobro del agua en esta ciudad vuelve a confrontar a la dirigencia del PRD-DF con el titular el GDF, Marcelo Ebrard.

No es la primera vez que ambas partes tienen un desencuentro: la primera vez se dio el año pasado, cuando partido y asambleístas se pronunciaron contra la construcción de la Supervía Poniente, misma que continúa a pesar de la negativa de un sector del PRD y de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recomendó en enero pasado cancelar la obra y hacer una consulta pública que recogiera la opinión y propuestas de los afectados.

Esta vez, el líder del PRD en el DF, Manuel Oropeza –integrante de la corriente bejaranista Izquierda Democrática Nacional (IDN)— desacreditó la propuesta del jefe de gobierno, enviada a la Asamblea Legislativa (ALDF) el pasado 22 de febrero para descentralizar al SACM.

En conferencia de prensa, el líder perredista se manifestó contra cualquier intento por privatizar el servicio de agua potable y por quitarle a la (ALDF) la facultad de establecer las tarifas pues, dijo, es obligación de ésta garantizar la disponibilidad del líquido a la ciudad.

Indicó que la iniciativa deberá ser revisada por los diputados locales del PRD y que, como se acordó en su reunión plenaria de Valle de Bravo, se deberán llevar a cabo debates y foros sobre la propuesta del jefe de Gobierno para descentralizar el Sistema de aguas.

No obstante, adelantó que cualquier decisión de los legisladores debe garantizar que el agua no se mercantilice, “que su prestación no se sujete a leyes de la oferta y la demanda, porque el agua no puede recibir el trato de un bien más, ya que es un derecho humano”.

En este último punto estuvo de acuerdo, Ebrard, quien dijo que mantendrá su propuesta y rechazó que con ella busque privatizar al SACM, sino que sería un órgano desconcentrado como el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Entrevistado al término de una visita a la Lumbrera número 13 del interceptor central del Sistema de Drenaje Profundo, donde se realizan trabajos de prevención de inundaciones para la temporada de lluvias, el funcionario capitalino explicó que la idea de descentralizar al SACM es tener un organismo con mayor autonomía y más eficiente.

Y para ello, dijo, tendría una junta de gobierno donde participaría la sociedad civil. “Por supuesto que nosotros lo vamos a discutir con ellos (los diputados), presentaremos nuestras razones. Alguien decía 'quieren privatizar', no, es un organismo público, el agua no es una mercancía, es un derecho” y hay que garantizar su abasto, sostuvo.

No obstante, refirió que para garantizar el suministro, hay que hacer inversiones. “En la junta de gobierno se prevé representación de la sociedad, pero la mayoría la tiene el gobierno".

Descartó que los diputados hayan rechazado de antemano su propuesta, sino que están haciendo propuestas para mejorarla.

"Nosotros lo que no queremos es dejar de debatir este tema, porque yo tengo que garantizar como Jefe de Gobierno responsable el futuro del abastecimiento de agua y del sistema de drenaje de la Ciudad de México, y por esa razón la estoy presentando", sostuvo.

La propuesta

La iniciativa enviada el pasado 22 de febrero a la ALDF elimina las facultades de ésta para fijar las tarifas por cobro del líquido y las transfiere a una junta de Gobierno que sería la máxima autoridad y estaría integrada por seis funcionarios de la administración local y cuatro representantes de organizaciones gremiales del sector privado y profesionistas.

Actualmente, el SACM es un organismo desconcentrado cuyas disposiciones fiscales y administrativas son determinadas por la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con la iniciativa, el nuevo SACM podrá “suministrar agua en bloque a personas físicas y morales, públicas y privadas, para consumo propio o para su venta, previa firma del contrato respectivo; para el caso de la venta, la tarifa será fijada por el Sistema de Aguas".

Asimismo, se eliminan los subsidios por el servicio que establece la actual Ley de aguas y en la nueva propuesta se hace referencia a “estímulos” a diversos sectores que serían determinados por el Jefe de Gobierno.

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