Arnaldo Córdova
Todo mundo ha podido saber del modo tortuoso en que transitó la reforma laboral del PRI. Su bancada en la Cámara de Diputados presentó, en diciembre de 2010, un proyecto que, en su momento, fue ampliamente discutido, sobre todo por los profesionales del derecho del trabajo. No era perfecto (nada lo es), pero al menos todavía se compadecía de la esencia del derecho laboral. Se sabe que el mediocre que coordina la fracción, en lugar de discutir la iniciativa con los representantes de los demás partidos, fue sumisamente a someter el proyecto a los abogados de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial.
Los abogados patronales deshicieron la iniciativa y la corrigieron en todo su texto. Rojas, como un beodo, aceptó todas las observaciones patronales e impuso a su bancada el proyecto corregido y aumentado por los representantes patronales. No le importó que su famélico sector obrero protestara por la imposición ni, tampoco, que la opinión pública se le echara encima por su villanía. Se dice que no es más que un gato de Salinas. Sí es cierto, pues Salinas es el verdadero promotor de esta infame reforma laboral que trastoca todos los principios de justicia social que informan al derecho del trabajo. Eso, en realidad, ya no puede extrañar a nadie.
También es ya harto sabido que la iniciativa reaccionaria del PRI es casi una copia de la que presentó en su momento el gorila que despacha en la Secretaría del Trabajo. No hay, luego entonces, misterio alguno en la intención de los priístas de obsequiar las exigencias de los patrones en materia laboral. Se les está haciendo la faena y preparando la mortaja de los trabajadores de México que, de aprobarse esta reforma, quedarán, sin medios términos, en la más completa indefensión. El PRI ha echado marcha atrás del modo más ignominioso y desvergonzado que pueda imaginarse respecto de su propuesta de diciembre pasado.
Tres son los pilares de la propuesta priísta: uno, la legalización para todos los efectos de la terciarización, subcontratación, intermediación o outsourcing, como se le prefiera llamar, que consiste en contratar mano de obra que se vende a un tercero, llamado beneficiario. Eso es una vieja práctica laboral en Estados Unidos, pero en México nunca existió hasta que, por la vía de los hechos, empezó a darse, precisamente, desde la época de Salinas. El nuevo artículo 15 bis que propone el PRI define y legitima legalmente esa forma de obtención de mano de obra. Establece, desde luego, que deberá formalizarse por escrito, estableciendo la manera en que se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados.
El problema es que, en la práctica, no hay modo de constatar que esos derechos quedarán garantizados, porque la relación se reduce a un vínculo puramente personal del trabajador con su intermediario y no puede constar en un contrato formal de trabajo. Además, existe ya una práctica muy amplia en la que la informalidad de las relaciones de trabajo intermediado domina en todos los aspectos. Es ahí donde podemos ver la importancia que reviste la contratación colectiva, vale decir, el acuerdo que se establece entre un patrón y un representante legal y reconocido de los trabajadores, o sea, el sindicato. En la intermediación el trabajador queda totalmente desamparado, no sólo porque carece de instrumentos eficaces para su defensa, sino porque no puede contratar sobre sus derechos, puestos en la inopia total.
Mediante la intermediación, el trabajador es convertido en una miserable carne de cañón que es vendida no por el trabajador poseedor de su fuerza de trabajo, sino por uno que se sustituye a su voluntad y que es el intermediario. El que contrata es éste y no el trabajador. El que decide del destino de la relación laboral es el intermediario, no el trabajador. Mediante ese modo de contratación, el trabajador es despojado de todos sus derechos y sólo puede reclamarlos ante uno que no puede darle ninguna satisfacción, vale decir, de nuevo, el intermediario. Que el PRI, partido al que todavía pertenece la mayoría de los sindicatos del viejo movimiento obrero presente esa iniciativa, está aceptando que los sindicatos, incluidos los suyos, ya no sirven absolutamente para nada.
El segundo pilar de la iniciativa priísta radica en la anulación de los derechos de defensa de los trabajadores en los conflictos laborales y en la limitación de la representatividad de las organizaciones de los trabajadores. Sin presentar propuestas que fijen la obligatoriedad de acortar el tiempo en que los juicios laborales deben ser resueltos, la iniciativa priísta acorta a un año (la propuesta panista fijaba el término en seis meses) el pago de salarios caídos. Como se ha comentado, sobre todo por parte de abogados laboralistas, el término de duración de un juicio va siempre en torno de los cinco años. Ello significa despojar a los trabajadores de todo medio de resistencia.
La iniciativa priísta va contra la representación sindical efectiva en más de un sentido, pero, en particular, contra los sindicatos gremiales que, como todo mundo sabe, son la inmensa mayoría de los sindicatos, sobre todo del PRI. El artículo 388 establece que un contrato colectivo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores de las empresas o establecimientos no podrá dividirse para cada gremio. Basta que los empresarios decidan con quienes quieren contratar para que su voluntad se haga ley. En Monterrey, el reino de los sindicatos blancos, eso es el verdadero orden del trabajo. Y hoy los priístas nos lo proponen como la regla general de la contratación colectiva del trabajo.
El tercer pilar de la iniciativa priísta de reforma laboral es la preservación del régimen sindical que es propio del PRI y que, en otras épocas, hizo la clave de su sistema de dominación de masas. La propuesta panista, por lo menos, esbozaba unos cuantos lineamientos de democratización de la vida sindical. Desaparecían, por ejemplo, las votaciones abiertas que se prestaban a la manipulación de la voluntad de los trabajadores y se establecían diversos mecanismos de control de la vida sindical que, en apariencia, tendían a democratizar y transparentar la vida sindical. A los priístas, muy naturalmente, les parece que debe preservarse el viejo aparato sindical con todos sus vicios y su modo arbitrario y autoritario de funcionamiento.
Se podrían citar muchos otros detalles de la propuesta priísta de reforma laboral que provocarían náuseas. Cuando se denuncia la derechización del PRI, sobre todo, desde la época de Salinas, nada viene a reforzar esa idea como esta iniciativa que a los mismos priístas pone los pelos de punta. Aunque a ellos no les debe importar mayormente, acciones como la que da lugar a esta iniciativa y, en particular, los entretelones en medio de los que se cocinó, demuestra palmariamente que los priístas son tan reaccionarios y derechistas como los mismos panistas y, muchas veces, como en su línea sindical, peores que ellos. Cuando decimos que el PRI y el PAN son lo mismo, estamos en lo cierto. El único problema es saber, en cada caso, cuál de ellos es el peor.
Todo mundo ha podido saber del modo tortuoso en que transitó la reforma laboral del PRI. Su bancada en la Cámara de Diputados presentó, en diciembre de 2010, un proyecto que, en su momento, fue ampliamente discutido, sobre todo por los profesionales del derecho del trabajo. No era perfecto (nada lo es), pero al menos todavía se compadecía de la esencia del derecho laboral. Se sabe que el mediocre que coordina la fracción, en lugar de discutir la iniciativa con los representantes de los demás partidos, fue sumisamente a someter el proyecto a los abogados de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial.
Los abogados patronales deshicieron la iniciativa y la corrigieron en todo su texto. Rojas, como un beodo, aceptó todas las observaciones patronales e impuso a su bancada el proyecto corregido y aumentado por los representantes patronales. No le importó que su famélico sector obrero protestara por la imposición ni, tampoco, que la opinión pública se le echara encima por su villanía. Se dice que no es más que un gato de Salinas. Sí es cierto, pues Salinas es el verdadero promotor de esta infame reforma laboral que trastoca todos los principios de justicia social que informan al derecho del trabajo. Eso, en realidad, ya no puede extrañar a nadie.
También es ya harto sabido que la iniciativa reaccionaria del PRI es casi una copia de la que presentó en su momento el gorila que despacha en la Secretaría del Trabajo. No hay, luego entonces, misterio alguno en la intención de los priístas de obsequiar las exigencias de los patrones en materia laboral. Se les está haciendo la faena y preparando la mortaja de los trabajadores de México que, de aprobarse esta reforma, quedarán, sin medios términos, en la más completa indefensión. El PRI ha echado marcha atrás del modo más ignominioso y desvergonzado que pueda imaginarse respecto de su propuesta de diciembre pasado.
Tres son los pilares de la propuesta priísta: uno, la legalización para todos los efectos de la terciarización, subcontratación, intermediación o outsourcing, como se le prefiera llamar, que consiste en contratar mano de obra que se vende a un tercero, llamado beneficiario. Eso es una vieja práctica laboral en Estados Unidos, pero en México nunca existió hasta que, por la vía de los hechos, empezó a darse, precisamente, desde la época de Salinas. El nuevo artículo 15 bis que propone el PRI define y legitima legalmente esa forma de obtención de mano de obra. Establece, desde luego, que deberá formalizarse por escrito, estableciendo la manera en que se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados.
El problema es que, en la práctica, no hay modo de constatar que esos derechos quedarán garantizados, porque la relación se reduce a un vínculo puramente personal del trabajador con su intermediario y no puede constar en un contrato formal de trabajo. Además, existe ya una práctica muy amplia en la que la informalidad de las relaciones de trabajo intermediado domina en todos los aspectos. Es ahí donde podemos ver la importancia que reviste la contratación colectiva, vale decir, el acuerdo que se establece entre un patrón y un representante legal y reconocido de los trabajadores, o sea, el sindicato. En la intermediación el trabajador queda totalmente desamparado, no sólo porque carece de instrumentos eficaces para su defensa, sino porque no puede contratar sobre sus derechos, puestos en la inopia total.
Mediante la intermediación, el trabajador es convertido en una miserable carne de cañón que es vendida no por el trabajador poseedor de su fuerza de trabajo, sino por uno que se sustituye a su voluntad y que es el intermediario. El que contrata es éste y no el trabajador. El que decide del destino de la relación laboral es el intermediario, no el trabajador. Mediante ese modo de contratación, el trabajador es despojado de todos sus derechos y sólo puede reclamarlos ante uno que no puede darle ninguna satisfacción, vale decir, de nuevo, el intermediario. Que el PRI, partido al que todavía pertenece la mayoría de los sindicatos del viejo movimiento obrero presente esa iniciativa, está aceptando que los sindicatos, incluidos los suyos, ya no sirven absolutamente para nada.
El segundo pilar de la iniciativa priísta radica en la anulación de los derechos de defensa de los trabajadores en los conflictos laborales y en la limitación de la representatividad de las organizaciones de los trabajadores. Sin presentar propuestas que fijen la obligatoriedad de acortar el tiempo en que los juicios laborales deben ser resueltos, la iniciativa priísta acorta a un año (la propuesta panista fijaba el término en seis meses) el pago de salarios caídos. Como se ha comentado, sobre todo por parte de abogados laboralistas, el término de duración de un juicio va siempre en torno de los cinco años. Ello significa despojar a los trabajadores de todo medio de resistencia.
La iniciativa priísta va contra la representación sindical efectiva en más de un sentido, pero, en particular, contra los sindicatos gremiales que, como todo mundo sabe, son la inmensa mayoría de los sindicatos, sobre todo del PRI. El artículo 388 establece que un contrato colectivo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores de las empresas o establecimientos no podrá dividirse para cada gremio. Basta que los empresarios decidan con quienes quieren contratar para que su voluntad se haga ley. En Monterrey, el reino de los sindicatos blancos, eso es el verdadero orden del trabajo. Y hoy los priístas nos lo proponen como la regla general de la contratación colectiva del trabajo.
El tercer pilar de la iniciativa priísta de reforma laboral es la preservación del régimen sindical que es propio del PRI y que, en otras épocas, hizo la clave de su sistema de dominación de masas. La propuesta panista, por lo menos, esbozaba unos cuantos lineamientos de democratización de la vida sindical. Desaparecían, por ejemplo, las votaciones abiertas que se prestaban a la manipulación de la voluntad de los trabajadores y se establecían diversos mecanismos de control de la vida sindical que, en apariencia, tendían a democratizar y transparentar la vida sindical. A los priístas, muy naturalmente, les parece que debe preservarse el viejo aparato sindical con todos sus vicios y su modo arbitrario y autoritario de funcionamiento.
Se podrían citar muchos otros detalles de la propuesta priísta de reforma laboral que provocarían náuseas. Cuando se denuncia la derechización del PRI, sobre todo, desde la época de Salinas, nada viene a reforzar esa idea como esta iniciativa que a los mismos priístas pone los pelos de punta. Aunque a ellos no les debe importar mayormente, acciones como la que da lugar a esta iniciativa y, en particular, los entretelones en medio de los que se cocinó, demuestra palmariamente que los priístas son tan reaccionarios y derechistas como los mismos panistas y, muchas veces, como en su línea sindical, peores que ellos. Cuando decimos que el PRI y el PAN son lo mismo, estamos en lo cierto. El único problema es saber, en cada caso, cuál de ellos es el peor.
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