Por Perla Cristal Gómez vía Vivir México
Llega de nuevo el 18 de marzo, fecha que hasta hace pocos años incluso estaba contemplada entre los días festivos obligatorios en el calendario escolar de nuestro país, y en la que, cuenta la leyenda, un día como hoy pero del año de 1938 el en aquel entonces presidente, General Lázaro Cárdenas, ejerció el derecho constitucional de expropiar a las compañías extranjeras -hasta entonces titulares de esos bienes- los derechos de explotación del petróleo del subsuelo nacional.
Lo anterior si bien pareciera un Decretazo no fue tal, sino la aplicación de la Ley Expropiación de 1936 y como mencionamos- del Artículo 27 de la Constitución. Gracias a la digitalización de documentos oficiales podemos desde la comodidad de nuestra computadora tener acceso a la mencionada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 en las que se establecen las causas de utilidad pública válidas para la ejecución de las expropiaciones.
Es menester mencionar que desde 1887 había iniciado México sus pininos en el desarrollo de la industria petrolera, con la concesión del gobierno de Porfirio Díaz a la Waters Pierce Oil de los permisos necesarios para la explotación del subsuelo mexicano. Es con la Ley de petróleo de 1901 con las que se otorgan plenas facultades a las empresas extranjeras para dicha actividad, que le permite ingresar recurso al país mediante los impuestos cobrados. Posteriormente la Ley Minera de 1909 concede la propiedad exclusiva al dueño del terreno sobre los criaderos o depósitos de materia bituminosas del subsuelo, deslindando al gobierno del dominio de los yacimientos petrolíferos.
Vienen las luchas revolucionarias que tras casi 20 años de ellas dejaron al frente del país un gobierno “legítimamente” constituido “democráticamente” mediante el entonces recién nacido Partido Nacional Revolucionario -actual PRI-, que años después llevaría al frente del gobierno de México a Lázaro Cardenas (partido del cual también fue presidente, por cierto). Apegado a su ideología nacionalista y habiendo ya concretado la nacionalización de la red ferroviaria volteó sus ojos a la industria petrolera con las mismas intenciones. Apoyándose en las exigencias del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hacia las empresas de la restitución de 26 millones de pesos en salarios caídos y el fallo a favor de las autoridades para recibir tal pago, a principios de marzo de 1938 fungió como intermediario de los trabajadores con nula respuesta, reaccionando con el decreto de expropiación, siendo 17 las compañías extranjeras afectadas, y teniendo como consecuencias directas el rompimiento rompió de las relaciones diplomáticas con Reino Unido, y un temporal embargo comercial de los Estados Unidos y Países Bajos.
Menciona parte de su memorable discurso:
Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
74 años después tenemos una Paraestatal quebrada, improductiva (evidencia de ello el alto costo que pagamos por el combustible), y que sufre cada año la “expropiación” de su producto por hasta tres mil millones de pesos por parte de la delincuencia. Simplemente lamentable.
Llega de nuevo el 18 de marzo, fecha que hasta hace pocos años incluso estaba contemplada entre los días festivos obligatorios en el calendario escolar de nuestro país, y en la que, cuenta la leyenda, un día como hoy pero del año de 1938 el en aquel entonces presidente, General Lázaro Cárdenas, ejerció el derecho constitucional de expropiar a las compañías extranjeras -hasta entonces titulares de esos bienes- los derechos de explotación del petróleo del subsuelo nacional.
Lo anterior si bien pareciera un Decretazo no fue tal, sino la aplicación de la Ley Expropiación de 1936 y como mencionamos- del Artículo 27 de la Constitución. Gracias a la digitalización de documentos oficiales podemos desde la comodidad de nuestra computadora tener acceso a la mencionada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 en las que se establecen las causas de utilidad pública válidas para la ejecución de las expropiaciones.
Es menester mencionar que desde 1887 había iniciado México sus pininos en el desarrollo de la industria petrolera, con la concesión del gobierno de Porfirio Díaz a la Waters Pierce Oil de los permisos necesarios para la explotación del subsuelo mexicano. Es con la Ley de petróleo de 1901 con las que se otorgan plenas facultades a las empresas extranjeras para dicha actividad, que le permite ingresar recurso al país mediante los impuestos cobrados. Posteriormente la Ley Minera de 1909 concede la propiedad exclusiva al dueño del terreno sobre los criaderos o depósitos de materia bituminosas del subsuelo, deslindando al gobierno del dominio de los yacimientos petrolíferos.
Vienen las luchas revolucionarias que tras casi 20 años de ellas dejaron al frente del país un gobierno “legítimamente” constituido “democráticamente” mediante el entonces recién nacido Partido Nacional Revolucionario -actual PRI-, que años después llevaría al frente del gobierno de México a Lázaro Cardenas (partido del cual también fue presidente, por cierto). Apegado a su ideología nacionalista y habiendo ya concretado la nacionalización de la red ferroviaria volteó sus ojos a la industria petrolera con las mismas intenciones. Apoyándose en las exigencias del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hacia las empresas de la restitución de 26 millones de pesos en salarios caídos y el fallo a favor de las autoridades para recibir tal pago, a principios de marzo de 1938 fungió como intermediario de los trabajadores con nula respuesta, reaccionando con el decreto de expropiación, siendo 17 las compañías extranjeras afectadas, y teniendo como consecuencias directas el rompimiento rompió de las relaciones diplomáticas con Reino Unido, y un temporal embargo comercial de los Estados Unidos y Países Bajos.
Menciona parte de su memorable discurso:
Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
74 años después tenemos una Paraestatal quebrada, improductiva (evidencia de ello el alto costo que pagamos por el combustible), y que sufre cada año la “expropiación” de su producto por hasta tres mil millones de pesos por parte de la delincuencia. Simplemente lamentable.
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