Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
En una excelente investigación periodística realizada para conmemorar el vigésimo aniversario de la ejecución de Luis Carlos Galán, los entrevistados que entonces fueron responsables del combate al narcotráfico, así como quienes hoy lo son, coincidieron en afirmar que los barones de la droga de ese país no desaparecieron, sólo se mimetizaron con las clases pudientes de Colombia y del mundo, para operar desde el anonimato.
Puede ser cierto, pues la exportación de coca colombiana a Estados Unidos no ha descendido, e incluso se incrementa, porque mucha se queda en el camino para pagar a los narcos mexicanos y corromper a las autoridades de los países por los cuales transita la mercancía.
Los narcos mexicanos aprendieron pronto. ¿Quién viste hoy con cinturón piteado, botas de pieles de animales en peligro de extinción, o usa joyas que deslumbran, además de adornar sus armas como si fuesen diseños nacos de Cartier? Todos quieren ser como “El Vicentillo”, haber estudiado para adquirir la capacidad de mimetizarse entre quienes se dicen sus enemigos, pero que a la primera oportunidad se muestran ávidos de compartir parte de su poder económico.
Hoy todos quieren ser como Thomas Hagen; dejan a los sicarios, a los operadores recién iniciados en el negocio, las manifestaciones externas de un poder que, por fuerza, debe ser compartido con las autoridades, como bien lo saben, pues de otra manera no podrían transitar de una a otra frontera sin ser detenidos. Saben a ciencia y consciencia que el narcotráfico, su negocio, como cualquier otro que opere al margen de la ley, de lo permitido, de lo aceptado, requiere de complicidades.
Son esas complicidades las que los llevan a proteger sus familias, a vivir en ciudades como Monterrey y sus municipios conurbados; a buscar refugio en el Distrito Federal en colonias como Bosques del Pedregal, Bosques de las Lomas, San Ángel. De allí la importancia que han adquirido las mujeres, sobre todo las mujeres bellas, y la manera de blanquear sus fortunas, algo que nunca pudo hacer Michael Corleone, incluso en connivencia con los prelados que mangoneaban en El Vaticano.
Para desaparecer en el anonimato y cuidar de los suyos -como se desprende del análisis de Blanche Petrich a los textos de Wikileaks- es que deciden instalarse en Nuevo León, como lo advierte “Bruce Williamson, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, observador acucioso de los movimientos de los cárteles en esa entidad, y de cómo se conforman las tendencias de la narcoviolencia en el norte de México; empieza a dudar a mediados de 2009 sobre la eficacia del papel de las fuerzas armadas en el combate a esos grupos delictivos. 'La presencia militar no es una panacea para Nuevo León' es la frase con la que titula su despacho confidencial del 29 de julio de 2009 (cable 218302).
“Es un reporte de las conversaciones sostenidas por separado con el comandante de la Cuarta Zona Militar, general Guillermo Moreno Serrano (relevado del cargo en 2010), y con los dueños del periódico Reforma, los Junco.
“Alejandro Junco expone que 'la ventaja principal del Ejército frente a los cárteles no es que sea más transparente o que tenga más capacidad táctica” sino que cuentan en sus operativos con el factor sorpresa porque “al estar acuartelados no pueden ser presionados por los traficantes para que revelen sus planes'. Moreno, por su parte, explica al estadunidense que si bien el Ejército tiene capacidad para 'desarrollar inteligencia y montar operativos basados en esta información, no tiene los recursos para sustituir a las instituciones policiacas, no importa qué tan corruptas estén'.
“Williamson reflexiona que, a partir de estas dos visiones, se pone de manifiesto 'el dilema de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?'. En un párrafo aparte el cónsul también cuenta que llamó la atención del militar por las torturas a las que fue sometido un ciudadano estadunidense detenido por soldados. El general se mostró muy apenado”.
La presencia militar para contener y pacificar, pues es su tarea en el combate a los sicarios de los cárteles, conlleva violación a los derechos humanos, por error o por omisión, ya que los efectivos en el transcurso de un operativo, no pueden darse el lujo de una equivocación, porque la vida les va en ello. Por eso se magnifica el error y el horror de sacar a las fuerzas armadas a la calle para realizar tareas policiacas.
Advierte Williamson, de acuerdo al análisis de la Petrich, “meses después, a finales de febrero de 2010, cuando ya transcurrió la mitad del sexenio de Felipe Calderón, se rinde ante la evidencia y describe a la estratégica ciudad del norte como territorio zeta; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –desertores– que años antes se había desprendido del cártel del Golfo (cable 251151).
“Más adelante alerta a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles están “profundamente infiltradas” por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente ha llegado a esta entidad ( 251281) a la que apenas tres años antes el Departamento de Estado consideraba diferente a otras regiones del norte.
“El personal del consulado, que incluye comisionados de la DEA, de control de armas, de seguridad, de la unidad antiterrorista y del área judicial, reforzó en 2010 su equipo con una nueva dotación de cascos blindados y chalecos antibalas. Como cualquier personal diplomático en una zona de guerra.
“Los cables revelan que agentes del consulado actúan sin restricciones en áreas que no son de competencia de una representación diplomática: se presentan en las escenas de determinados crímenes para recoger evidencias, colaboran en arrestos, sus agentes recaban información de inteligencia que las autoridades neoleonesas suelen no tener mediante una red de informantes. Las autoridades locales les llaman para pedir información y orientación. Son, en suma, juez y parte del proceso”.
Lo anterior hace público lo que es un secreto a voces y no puede ocultarse. Oficiales de diferentes organismos estadounidenses operan en México, encubiertos con cargos diplomáticos, para informar y colaborar en la redefinición de su estrategia de seguridad nacional y geopolítica, y con la orden de operar para incentivar a las autoridades mexicanas para que continúen adelante con lo que se ve ya como un enfrentamiento abierto contra los delincuentes, y no como nos lo han vendido, confrontaciones armadas entre los sicarios de los distintos cárteles.
En una excelente investigación periodística realizada para conmemorar el vigésimo aniversario de la ejecución de Luis Carlos Galán, los entrevistados que entonces fueron responsables del combate al narcotráfico, así como quienes hoy lo son, coincidieron en afirmar que los barones de la droga de ese país no desaparecieron, sólo se mimetizaron con las clases pudientes de Colombia y del mundo, para operar desde el anonimato.
Puede ser cierto, pues la exportación de coca colombiana a Estados Unidos no ha descendido, e incluso se incrementa, porque mucha se queda en el camino para pagar a los narcos mexicanos y corromper a las autoridades de los países por los cuales transita la mercancía.
Los narcos mexicanos aprendieron pronto. ¿Quién viste hoy con cinturón piteado, botas de pieles de animales en peligro de extinción, o usa joyas que deslumbran, además de adornar sus armas como si fuesen diseños nacos de Cartier? Todos quieren ser como “El Vicentillo”, haber estudiado para adquirir la capacidad de mimetizarse entre quienes se dicen sus enemigos, pero que a la primera oportunidad se muestran ávidos de compartir parte de su poder económico.
Hoy todos quieren ser como Thomas Hagen; dejan a los sicarios, a los operadores recién iniciados en el negocio, las manifestaciones externas de un poder que, por fuerza, debe ser compartido con las autoridades, como bien lo saben, pues de otra manera no podrían transitar de una a otra frontera sin ser detenidos. Saben a ciencia y consciencia que el narcotráfico, su negocio, como cualquier otro que opere al margen de la ley, de lo permitido, de lo aceptado, requiere de complicidades.
Son esas complicidades las que los llevan a proteger sus familias, a vivir en ciudades como Monterrey y sus municipios conurbados; a buscar refugio en el Distrito Federal en colonias como Bosques del Pedregal, Bosques de las Lomas, San Ángel. De allí la importancia que han adquirido las mujeres, sobre todo las mujeres bellas, y la manera de blanquear sus fortunas, algo que nunca pudo hacer Michael Corleone, incluso en connivencia con los prelados que mangoneaban en El Vaticano.
Para desaparecer en el anonimato y cuidar de los suyos -como se desprende del análisis de Blanche Petrich a los textos de Wikileaks- es que deciden instalarse en Nuevo León, como lo advierte “Bruce Williamson, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, observador acucioso de los movimientos de los cárteles en esa entidad, y de cómo se conforman las tendencias de la narcoviolencia en el norte de México; empieza a dudar a mediados de 2009 sobre la eficacia del papel de las fuerzas armadas en el combate a esos grupos delictivos. 'La presencia militar no es una panacea para Nuevo León' es la frase con la que titula su despacho confidencial del 29 de julio de 2009 (cable 218302).
“Es un reporte de las conversaciones sostenidas por separado con el comandante de la Cuarta Zona Militar, general Guillermo Moreno Serrano (relevado del cargo en 2010), y con los dueños del periódico Reforma, los Junco.
“Alejandro Junco expone que 'la ventaja principal del Ejército frente a los cárteles no es que sea más transparente o que tenga más capacidad táctica” sino que cuentan en sus operativos con el factor sorpresa porque “al estar acuartelados no pueden ser presionados por los traficantes para que revelen sus planes'. Moreno, por su parte, explica al estadunidense que si bien el Ejército tiene capacidad para 'desarrollar inteligencia y montar operativos basados en esta información, no tiene los recursos para sustituir a las instituciones policiacas, no importa qué tan corruptas estén'.
“Williamson reflexiona que, a partir de estas dos visiones, se pone de manifiesto 'el dilema de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?'. En un párrafo aparte el cónsul también cuenta que llamó la atención del militar por las torturas a las que fue sometido un ciudadano estadunidense detenido por soldados. El general se mostró muy apenado”.
La presencia militar para contener y pacificar, pues es su tarea en el combate a los sicarios de los cárteles, conlleva violación a los derechos humanos, por error o por omisión, ya que los efectivos en el transcurso de un operativo, no pueden darse el lujo de una equivocación, porque la vida les va en ello. Por eso se magnifica el error y el horror de sacar a las fuerzas armadas a la calle para realizar tareas policiacas.
Advierte Williamson, de acuerdo al análisis de la Petrich, “meses después, a finales de febrero de 2010, cuando ya transcurrió la mitad del sexenio de Felipe Calderón, se rinde ante la evidencia y describe a la estratégica ciudad del norte como territorio zeta; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –desertores– que años antes se había desprendido del cártel del Golfo (cable 251151).
“Más adelante alerta a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles están “profundamente infiltradas” por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente ha llegado a esta entidad ( 251281) a la que apenas tres años antes el Departamento de Estado consideraba diferente a otras regiones del norte.
“El personal del consulado, que incluye comisionados de la DEA, de control de armas, de seguridad, de la unidad antiterrorista y del área judicial, reforzó en 2010 su equipo con una nueva dotación de cascos blindados y chalecos antibalas. Como cualquier personal diplomático en una zona de guerra.
“Los cables revelan que agentes del consulado actúan sin restricciones en áreas que no son de competencia de una representación diplomática: se presentan en las escenas de determinados crímenes para recoger evidencias, colaboran en arrestos, sus agentes recaban información de inteligencia que las autoridades neoleonesas suelen no tener mediante una red de informantes. Las autoridades locales les llaman para pedir información y orientación. Son, en suma, juez y parte del proceso”.
Lo anterior hace público lo que es un secreto a voces y no puede ocultarse. Oficiales de diferentes organismos estadounidenses operan en México, encubiertos con cargos diplomáticos, para informar y colaborar en la redefinición de su estrategia de seguridad nacional y geopolítica, y con la orden de operar para incentivar a las autoridades mexicanas para que continúen adelante con lo que se ve ya como un enfrentamiento abierto contra los delincuentes, y no como nos lo han vendido, confrontaciones armadas entre los sicarios de los distintos cárteles.
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