Miriam Jordan / WSJ
El gobierno de Estados Unidos está exigiendo a unas 1.000 compañías que presenten sus registros de empleo para inspeccionarlos, ampliando una campaña sobre las empresas que cree que contratan inmigrantes indocumentados, según fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Las auditorías, que el gobierno haría públicas en los próximos días, representan la operación más importante desde 2009, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una división del DHS, llevó a cabo una amplia inspección de empresas que trabajan en la seguridad pública.
El mes pasado, el ICE estableció un centro para verificar el cumplimiento de las normas laborales para mejorar la coordinación entre los estados, en lugar de hacer que los agentes investiguen sólo casos aislados. La más reciente ronda de auditorías apunta a al menos varias cadenas regionales de restaurantes de comida rápida, según personas al tanto de la operación.
Los agentes del ICE visitarían las compañías en los próximos días para informarles sobre el requisito. Los documentos que exigen incluyen los formularios I-9, usados para verificar la identidad de un empleado y si está habilitado para trabajar en EEUU.
El ICE no quiso hacer comentarios. La Cámara de Comercio de EE.UU. no respondió a un pedido de comentarios.
La nueva ofensiva llega en un momento en que legisladores estatales y nacionales que abogan por endurecer la aplicación de las leyes de inmigración están presionando para obligar a todas las empresas estadounidenses a utilizar una base de datos electrónica del gobierno para verificar si sus nuevos contratados son legales. De momento, sólo los contratistas del gobierno estaban obligados por ley a utilizar el programa llamado E-Verify.
Este enfoque permite a republicanos y demócratas sostener que están tratando de resolver el tema de los indocumentados a pesar de la ausencia de nueva legislación, y ambas partes pueden promocionarlo como un intento para proteger a los trabajadores estadounidenses de los inmigrantes ilegales a quienes se percibe como competencia desleal por empleos escasos.
Eso ayuda a explicar la campaña para expandir el sistema de base de datos, que puede identificar a los trabajadores indocumentados, y la reciente ofensiva inmigratoria del gobierno de Barack Obama, que está intensificando el uso de "redadas silenciosas", o auditorías de registros de empleados que pueden llevar a que las empresas despidan a cientos de personas.
Se espera que ICE no nombre a las empresas auditadas aunque puede identificar los sectores en los que operan. Históricamente, la industria agrícola, la de procesamiento de alimentos y la de servicios son las más vulnerables a la aplicación de estas medidas porque dependen mucho de la mano de obra poco cualificada.
"Acabo de recibir notificaciones I-9 para varios clientes", dijo Victor Cerda, un abogado de Jackson Lewis LLP y ex asesor legal de ICE. Cerda, que trabaja con compañías sobre el cumplimiento de las normas de inmigración, dice que está reuniendo la documentación de sus clientes para iniciar las conversaciones con las autoridades.
El año pasado, las auditorías sorpendieron a la cadena de comida mexicana, Chipotle Mexican Grill Inc., que hace pocos meses fue obligada a despedir a cientos de empleados indocumentados en Minnesota. Una investigación en curso de 60 locales de Chipotle en Virginia y Washington, D.C, probablemente la forzará a realizar nuevos despidos, de acuerdo a las autoridades de inmigración.
Decenas de miles de trabajadores han sido atrapados en la red. Entre otras empresas golpeadas por el programa están Abercrombie & Fitch Co., el fabricante de ropa de moda American Apparel Inc. y Gebbers Farms, un gran cultivador de manzanas en el estado de Washington.
Aunque el uso del sistema E-Verify ha aumentado en los últimos años, solamente 11% de los 7,7 millones de empleadores del país lo utilizan, ya sea voluntariamente o como requisito para hacer negocios con el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos está exigiendo a unas 1.000 compañías que presenten sus registros de empleo para inspeccionarlos, ampliando una campaña sobre las empresas que cree que contratan inmigrantes indocumentados, según fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Las auditorías, que el gobierno haría públicas en los próximos días, representan la operación más importante desde 2009, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una división del DHS, llevó a cabo una amplia inspección de empresas que trabajan en la seguridad pública.
El mes pasado, el ICE estableció un centro para verificar el cumplimiento de las normas laborales para mejorar la coordinación entre los estados, en lugar de hacer que los agentes investiguen sólo casos aislados. La más reciente ronda de auditorías apunta a al menos varias cadenas regionales de restaurantes de comida rápida, según personas al tanto de la operación.
Los agentes del ICE visitarían las compañías en los próximos días para informarles sobre el requisito. Los documentos que exigen incluyen los formularios I-9, usados para verificar la identidad de un empleado y si está habilitado para trabajar en EEUU.
El ICE no quiso hacer comentarios. La Cámara de Comercio de EE.UU. no respondió a un pedido de comentarios.
La nueva ofensiva llega en un momento en que legisladores estatales y nacionales que abogan por endurecer la aplicación de las leyes de inmigración están presionando para obligar a todas las empresas estadounidenses a utilizar una base de datos electrónica del gobierno para verificar si sus nuevos contratados son legales. De momento, sólo los contratistas del gobierno estaban obligados por ley a utilizar el programa llamado E-Verify.
Este enfoque permite a republicanos y demócratas sostener que están tratando de resolver el tema de los indocumentados a pesar de la ausencia de nueva legislación, y ambas partes pueden promocionarlo como un intento para proteger a los trabajadores estadounidenses de los inmigrantes ilegales a quienes se percibe como competencia desleal por empleos escasos.
Eso ayuda a explicar la campaña para expandir el sistema de base de datos, que puede identificar a los trabajadores indocumentados, y la reciente ofensiva inmigratoria del gobierno de Barack Obama, que está intensificando el uso de "redadas silenciosas", o auditorías de registros de empleados que pueden llevar a que las empresas despidan a cientos de personas.
Se espera que ICE no nombre a las empresas auditadas aunque puede identificar los sectores en los que operan. Históricamente, la industria agrícola, la de procesamiento de alimentos y la de servicios son las más vulnerables a la aplicación de estas medidas porque dependen mucho de la mano de obra poco cualificada.
"Acabo de recibir notificaciones I-9 para varios clientes", dijo Victor Cerda, un abogado de Jackson Lewis LLP y ex asesor legal de ICE. Cerda, que trabaja con compañías sobre el cumplimiento de las normas de inmigración, dice que está reuniendo la documentación de sus clientes para iniciar las conversaciones con las autoridades.
El año pasado, las auditorías sorpendieron a la cadena de comida mexicana, Chipotle Mexican Grill Inc., que hace pocos meses fue obligada a despedir a cientos de empleados indocumentados en Minnesota. Una investigación en curso de 60 locales de Chipotle en Virginia y Washington, D.C, probablemente la forzará a realizar nuevos despidos, de acuerdo a las autoridades de inmigración.
Decenas de miles de trabajadores han sido atrapados en la red. Entre otras empresas golpeadas por el programa están Abercrombie & Fitch Co., el fabricante de ropa de moda American Apparel Inc. y Gebbers Farms, un gran cultivador de manzanas en el estado de Washington.
Aunque el uso del sistema E-Verify ha aumentado en los últimos años, solamente 11% de los 7,7 millones de empleadores del país lo utilizan, ya sea voluntariamente o como requisito para hacer negocios con el gobierno.
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