Rubén Cortés
Después de que en noviembre el Senado rechazara su terna integrada por mujeres para reemplazar en la Corte al fallecido Ministro Gudiño, el Presidente envió ayer una compuesta por hombres: Jorge Higuera, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez.
Una lógica rara, pues en noviembre su idea era equilibrar un poco la composición de género del Máximo Tribunal, donde hay ocho hombres y sólo dos mujeres: Olga Sánchez y Margarita Luna.
Es casi seguro que ahora el Senado sí acepte. De lo contrario, la ley establece que el mandatario podrá designar a quien desee.
Quien sea escogido alcanza una responsabilidad trascendental para nuestra impartición de justicia: definir 17 casos cuyas votaciones terminaron empatadas 5-5.
Uno de ellos se refiere al impedimento para que los ciudadanos puedan, solos o en grupo, emitir opiniones en radio y televisión sobre un partido político o un candidato, decisión aprobada por el Congreso en 1997.
El martes, la Corte discutió un juicio de amparo interpuesto por 15 intelectuales en 2007 contra esa decisión de los senadores, pero la votación acabó igualada y deberá volver a ser discutida en un lapso de, aproximadamente, dos meses.
En contra, votaron Salvador Aguirre, Luis María Aguilar, Margarita Luna, Fernando Franco y Sergio Valls. A favor, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez, Juan Silva, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar.
Ninguno de ellos cambiará de opinión. Así que en Higuera, Pardo o Pérez recaerá la solvencia de decidir si los ciudadanos podemos plantear el juicio de amparo en contra de la autoridad que reforma la Constitución, o sea el Congreso como órgano reformador.
Sin embargo, es notable que cinco ministros acepten que desde 1997 están siendo violados los artículos sexto y 41 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión, en este caso para que los particulares puedan opinar sobre partidos y candidatos en medios electrónicos.
Quiere decir que hay realmente un cambio de rumbo en el Poder Judicial para evitar que nuestros derechos de libertad de expresión como ciudadanos sean trasladados a los partidos políticos: que fue eso, en rigor, lo que sucedió con la reforma constitucional del Senado en 1997.
Aún así, la decisión de quienes promovieron el amparo está tomada. Si la Corte vota en contra, llevarán el caso a los tribunales internacionales, en los cuales probablemente ganen, igual que Jorge Castañeda en su demanda por ser candidato independiente a las elecciones.
En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de Castañeda, después de un largo proceso iniciado en marzo del 2004.
Pero ¿es saludable para nuestra democracia que su legalidad sea decidida en el extranjero?
Ahí está el detalle de la importancia que adquiere el próximo Ministro: que nuestra libertad de expresión quede en casa.
Después de que en noviembre el Senado rechazara su terna integrada por mujeres para reemplazar en la Corte al fallecido Ministro Gudiño, el Presidente envió ayer una compuesta por hombres: Jorge Higuera, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez.
Una lógica rara, pues en noviembre su idea era equilibrar un poco la composición de género del Máximo Tribunal, donde hay ocho hombres y sólo dos mujeres: Olga Sánchez y Margarita Luna.
Es casi seguro que ahora el Senado sí acepte. De lo contrario, la ley establece que el mandatario podrá designar a quien desee.
Quien sea escogido alcanza una responsabilidad trascendental para nuestra impartición de justicia: definir 17 casos cuyas votaciones terminaron empatadas 5-5.
Uno de ellos se refiere al impedimento para que los ciudadanos puedan, solos o en grupo, emitir opiniones en radio y televisión sobre un partido político o un candidato, decisión aprobada por el Congreso en 1997.
El martes, la Corte discutió un juicio de amparo interpuesto por 15 intelectuales en 2007 contra esa decisión de los senadores, pero la votación acabó igualada y deberá volver a ser discutida en un lapso de, aproximadamente, dos meses.
En contra, votaron Salvador Aguirre, Luis María Aguilar, Margarita Luna, Fernando Franco y Sergio Valls. A favor, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez, Juan Silva, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar.
Ninguno de ellos cambiará de opinión. Así que en Higuera, Pardo o Pérez recaerá la solvencia de decidir si los ciudadanos podemos plantear el juicio de amparo en contra de la autoridad que reforma la Constitución, o sea el Congreso como órgano reformador.
Sin embargo, es notable que cinco ministros acepten que desde 1997 están siendo violados los artículos sexto y 41 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión, en este caso para que los particulares puedan opinar sobre partidos y candidatos en medios electrónicos.
Quiere decir que hay realmente un cambio de rumbo en el Poder Judicial para evitar que nuestros derechos de libertad de expresión como ciudadanos sean trasladados a los partidos políticos: que fue eso, en rigor, lo que sucedió con la reforma constitucional del Senado en 1997.
Aún así, la decisión de quienes promovieron el amparo está tomada. Si la Corte vota en contra, llevarán el caso a los tribunales internacionales, en los cuales probablemente ganen, igual que Jorge Castañeda en su demanda por ser candidato independiente a las elecciones.
En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de Castañeda, después de un largo proceso iniciado en marzo del 2004.
Pero ¿es saludable para nuestra democracia que su legalidad sea decidida en el extranjero?
Ahí está el detalle de la importancia que adquiere el próximo Ministro: que nuestra libertad de expresión quede en casa.
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