Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Las coincidencias en crímenes políticos no existen. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo debió ser ejecutado porque le entró una crisis de conciencia. Estaba decidido a denunciar el origen de las narcolimosnas que le permitieron cumplir con su tarea pastoral y social, como lo hizo El Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial al establecerse los acuerdos con la mafia a través de Salvatore Lucania, mejor conocido como Lucky Luciano, para garantizar el desembarco de los Aliados en Sicilia. La historia lo ha documentado.
La solución dada por la Procuraduría General de la República (PGR) a nadie dejó contento, por lo que debió crearse un grupo interinstitucional integrado por representantes de la propia procuraduría, el gobierno de Jalisco y la Iglesia católica, que concluyó sus trabajo en junio del año 2000.
Un año antes habían filtrado sus cuatro conclusiones: El cardenal Posadas no murió como fruto de una 'confusión', según la tesis político-ideológica de la PGR durante cinco años, concebida al caérseles la del 'fuego cruzado'; fue ejecutado al momento de descender de su automóvil, por lo que pudo ser fácilmente identificado; había agentes judiciales presentes, y se abría la posibilidad de que el asesinato fuese concebido como parte de un complot más amplio y ambicioso.
A fin de cuentas la Comisión Especial de Seguimiento del Caso Posadas del Congreso del Estado de Jalisco dio a conocer su posición: el Cardenal fue asesinado de forma directa e intencional por un tercer grupo, mientras se hizo coincidir a dos bandas de narcotraficantes que nunca se enfrentaron entre sí.
Nadie se ha puesto de acuerdo, nadie quedó contento y la procuración de justicia, en ese caso, está en entredicho. La pregunta permanece sin respuesta: ¿por qué ejecutaron a Juan Jesús Posadas Ocampo?
Todo pareciera indicar que puede ocurrir lo mismo con la ejecución de J. J. Zapata, el agente estadounidense que, al margen de la ley, estaba en un operativo en territorio mexicano -lo que no ha quedado del todo claro: ¿quién lo autorizó y en qué consistía?- y al cual mataron, según declaración de su supuesto asesino, por una 'confusión', precisamente como lo sostuvo la PGR en el caso del prelado católico.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura de Julián Zapata Espinoza, “El Piolín”, quien aseguró que la agresión a los agentes estadunidenses en la carretera 57 de San Luis Potosí se trató de una 'confusión', pues al ver el tipo de vehículo en que viajaban los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consideraron que era empleado por delincuentes de un grupo rival.
No es una versión creíble, simplemente por las placas diplomáticas, porque estacionaron el vehículo, porque abrieron las ventanillas, y porque todo parece indicar que establecerían contacto unos y otros.
Ricardo Trevilla, vocero de la Sedena, informó que fue a través de actividades de inteligencia que realiza el Ejército como se pudo determinar que Zapata Espinoza es el presunto responsable de la agresión a los dos agentes estadunidenses.
Sedena también informó que Julián Zapata Espinoza fue apresado anteriormente, el 12 de diciembre de 2009 en San Luis Potosí, junto con seis personas más. En aquella ocasión elementos de la comandancia de la Décima Segunda Zona Militar, a través del 45º Batallón de Infantería de Ciudad Valles, lo detuvieron durante un operativo en el fraccionamiento Los Olivos, en el municipio de Río Verde. Le incautaron cuatro rifles R-15, tres pistolas, 38 cargadores, 692 cartuchos, un rifle de diábolos, un rifle de postas y mil 400 pesos en moneda nacional y 900 dólares.
La Sedena indicó en ese momento que el operativo se dio por 'denuncia anónima', no como ahora, después de un rápido e intenso trabajo de inteligencia que duró unos cuantos días.
La versión de “El Piolín” coincide con la dada por la PGR en 1993, cuando a Posadas Ocampo también lo 'confundieron' y por eso debió morir. Esperamos que la vertiente de la investigación sea distinta, porque de todas maneras la teoría del complot pudiera prevalecer sobre la realidad pericial y la sentencia judicial.
Sobre ambas está la realidad histórica, la investigada y transmitida por Antonio Muñoz Molina, quien hace reflexionar a su personaje: “Hubiera querido saber en qué momento fue inevitable el desastre; cuándo lo monstruoso empezó a parecer normal y gradualmente se volvió tan invisible como los actos más comunes de la vida; cuándo las palabras que alentaban al crimen y a las que nadie daba crédito porque se repetían monótonamente y no eran más que palabras se convirtieron en crímenes; cuándo los crímenes se fueron volviendo tan habituales que ya formaban parte de la normalidad pública. Hoy el ejército es la base de la sustentación y la columna vertebral de la patria… Hay un momento y no otro; un punto más allá del cual no existe regreso; una mano se alza sosteniendo una pistola y se acerca a la nuca de alguien y aún hay unos segundos en los que el disparo puede no producirse…”
Se respira la sensación de que los gobernantes mexicanos colocaron al país en el umbral del punto más allá del cual el regreso es imposible sin violencia. Así lo constata el destino de los familiares de Josefina Reyes, ejecutados por ser activistas o ser parientes de la activista; ejecutados por denunciar, o simplemente por no dejarse humillar; ejecutados porque el Estado -no olvidemos que la delincuencia organizada es delito federal- fue incapaz de protegerlos. Desconozco si el balazo dado a cada uno de ellos fue en la nuca, lo único cierto es que murieron violentamente.
Las coincidencias en crímenes políticos no existen. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo debió ser ejecutado porque le entró una crisis de conciencia. Estaba decidido a denunciar el origen de las narcolimosnas que le permitieron cumplir con su tarea pastoral y social, como lo hizo El Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial al establecerse los acuerdos con la mafia a través de Salvatore Lucania, mejor conocido como Lucky Luciano, para garantizar el desembarco de los Aliados en Sicilia. La historia lo ha documentado.
La solución dada por la Procuraduría General de la República (PGR) a nadie dejó contento, por lo que debió crearse un grupo interinstitucional integrado por representantes de la propia procuraduría, el gobierno de Jalisco y la Iglesia católica, que concluyó sus trabajo en junio del año 2000.
Un año antes habían filtrado sus cuatro conclusiones: El cardenal Posadas no murió como fruto de una 'confusión', según la tesis político-ideológica de la PGR durante cinco años, concebida al caérseles la del 'fuego cruzado'; fue ejecutado al momento de descender de su automóvil, por lo que pudo ser fácilmente identificado; había agentes judiciales presentes, y se abría la posibilidad de que el asesinato fuese concebido como parte de un complot más amplio y ambicioso.
A fin de cuentas la Comisión Especial de Seguimiento del Caso Posadas del Congreso del Estado de Jalisco dio a conocer su posición: el Cardenal fue asesinado de forma directa e intencional por un tercer grupo, mientras se hizo coincidir a dos bandas de narcotraficantes que nunca se enfrentaron entre sí.
Nadie se ha puesto de acuerdo, nadie quedó contento y la procuración de justicia, en ese caso, está en entredicho. La pregunta permanece sin respuesta: ¿por qué ejecutaron a Juan Jesús Posadas Ocampo?
Todo pareciera indicar que puede ocurrir lo mismo con la ejecución de J. J. Zapata, el agente estadounidense que, al margen de la ley, estaba en un operativo en territorio mexicano -lo que no ha quedado del todo claro: ¿quién lo autorizó y en qué consistía?- y al cual mataron, según declaración de su supuesto asesino, por una 'confusión', precisamente como lo sostuvo la PGR en el caso del prelado católico.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura de Julián Zapata Espinoza, “El Piolín”, quien aseguró que la agresión a los agentes estadunidenses en la carretera 57 de San Luis Potosí se trató de una 'confusión', pues al ver el tipo de vehículo en que viajaban los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consideraron que era empleado por delincuentes de un grupo rival.
No es una versión creíble, simplemente por las placas diplomáticas, porque estacionaron el vehículo, porque abrieron las ventanillas, y porque todo parece indicar que establecerían contacto unos y otros.
Ricardo Trevilla, vocero de la Sedena, informó que fue a través de actividades de inteligencia que realiza el Ejército como se pudo determinar que Zapata Espinoza es el presunto responsable de la agresión a los dos agentes estadunidenses.
Sedena también informó que Julián Zapata Espinoza fue apresado anteriormente, el 12 de diciembre de 2009 en San Luis Potosí, junto con seis personas más. En aquella ocasión elementos de la comandancia de la Décima Segunda Zona Militar, a través del 45º Batallón de Infantería de Ciudad Valles, lo detuvieron durante un operativo en el fraccionamiento Los Olivos, en el municipio de Río Verde. Le incautaron cuatro rifles R-15, tres pistolas, 38 cargadores, 692 cartuchos, un rifle de diábolos, un rifle de postas y mil 400 pesos en moneda nacional y 900 dólares.
La Sedena indicó en ese momento que el operativo se dio por 'denuncia anónima', no como ahora, después de un rápido e intenso trabajo de inteligencia que duró unos cuantos días.
La versión de “El Piolín” coincide con la dada por la PGR en 1993, cuando a Posadas Ocampo también lo 'confundieron' y por eso debió morir. Esperamos que la vertiente de la investigación sea distinta, porque de todas maneras la teoría del complot pudiera prevalecer sobre la realidad pericial y la sentencia judicial.
Sobre ambas está la realidad histórica, la investigada y transmitida por Antonio Muñoz Molina, quien hace reflexionar a su personaje: “Hubiera querido saber en qué momento fue inevitable el desastre; cuándo lo monstruoso empezó a parecer normal y gradualmente se volvió tan invisible como los actos más comunes de la vida; cuándo las palabras que alentaban al crimen y a las que nadie daba crédito porque se repetían monótonamente y no eran más que palabras se convirtieron en crímenes; cuándo los crímenes se fueron volviendo tan habituales que ya formaban parte de la normalidad pública. Hoy el ejército es la base de la sustentación y la columna vertebral de la patria… Hay un momento y no otro; un punto más allá del cual no existe regreso; una mano se alza sosteniendo una pistola y se acerca a la nuca de alguien y aún hay unos segundos en los que el disparo puede no producirse…”
Se respira la sensación de que los gobernantes mexicanos colocaron al país en el umbral del punto más allá del cual el regreso es imposible sin violencia. Así lo constata el destino de los familiares de Josefina Reyes, ejecutados por ser activistas o ser parientes de la activista; ejecutados por denunciar, o simplemente por no dejarse humillar; ejecutados porque el Estado -no olvidemos que la delincuencia organizada es delito federal- fue incapaz de protegerlos. Desconozco si el balazo dado a cada uno de ellos fue en la nuca, lo único cierto es que murieron violentamente.
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