Jenaro Villamil
Ante la pregunta ¿por qué fue despedida Carmen Aristegui de MVS?, el 89.77% opinó que fue “por presión de Felipe Calderón” y sólo 2.84% cree en la versión oficial de la empresa: “por faltas al código de ética” (www.jenarovillamil.wordpress.com). Una proporción similar aparece en la encuesta que realiza la empresa Univisión en su portal de internet. Y en las redes sociales, especialmente en Twitter, una proporción de 9 contra 1 de cada diez comentarios aluden a la censura de Los Pinos contra la conductora.
En otras palabras, la percepción social es contundente: Aristegui fue despedida de MVS por presiones de Los Pinos, a raíz de su incómoda pregunta sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.
La percepción crece en la medida que la empresa que presumió durante todos estos meses que Aristegui ocupaba el primer lugar de rating en los noticiarios matutinos del Distrito Federal, la convirtió en innombrable en menos de un fin de semana. Como si se tratara de una purga estalinista, el nombre de Carmen Aristegui desapareció en el sitio online y hasta en las promociones de Dish, la empresa de televisión restringida de MVS.
Esta vulgar manera de volver innombrable a una periodista que ha recibido reconocimientos internacionales coincide con los mensajes que han lanzado los voceros oficiales y oficiosos del gobierno federal, desesperados por tratar de revertir esta percepción social.
Alejandra Sota, vocera de Los Pinos, quiso ser contundente y le declaró a CNN, empresa que ha defendido a su conductora: “no interferimos en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó”. Pero en su negativa, Sota cometió una pifia que alentó más la especulación: “Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada”. Y narró que “durante el fin de semana ejecutivos de MVS confirmaron su decisión de terminar el contrato laboral con Carmen Aristegui, por haber incumplido el código de ética que había firmado con la empresa”.
¿Desde cuándo una empresa radiofónica mantiene tal nivel de información y comunicación con Los Pinos sobre el futuro de su conductora estelar? ¿Por qué fue necesario que “comunicaran” a la Presidencia de la República el cese de Aristegui? MVS no ha respondido a estas preguntas y en su silencio ha alentado la percepción mayoritaria de que se doblegó ante presiones del gobierno de Calderón.
Este martes, Héctor Villarrreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación siguió el guión de Sota, pero ni siquiera pronunció el nombre de Carmen Aristegui. ¿Será que violaba un código no escrito en el equipo calderonista?
“El gobierno federal no hace presiones… se trata de una decisión de la empresa”, insistió Villarreal. Su mensaje carece de credibilidad porque a lo largo del sexenio se han documentado una y otra presión contra medios críticos o periodistas incómodos para la línea que a Calderón le interesa promover. El expediente es numeroso: desde la suspensión de los contratos de publicidad pública a medios como Proceso, advertencias a periodistas como José Gutiérrez Vivó de que debía “portarse bien” para que Calderón le diera una audiencia, amenazas a la periodista Anabel Hernández o demandas en contra de revistas como Contralínea.
Alégico a la crítica, irascible ante las manifestaciones en contra de su guerra contra el narcotráfico, Calderón ha dado la orden a los embajadores mexicanos en casi todo el mundo de que respondan a todas aquellas críticas que dañan “la imagen del país”. Este tipo de presiones se han dado con varios corresponsales extranjeros, lo mismo en Francia que en Gran Bretaña y hasta en Japón.
Frente a estos antecedentes, no es casual que la percepción social frente al despido de Aristegui se oriente a un acto de censura gubernamental. La organización Reporteros sin Fronteras razonó así el caso:
Ante la falta de explicaciones claras se “acreditaría la hipótesis que sugiere que esto se debe a presiones políticas –incluso censura- contra la periodista”.
Carmen “no es culpable de rumor. ¿De qué debía disculparse?”, se cuestiona Reporteros sin Fronteras. Y en su declaración, divulgada por la agencia AFP, advirtió que “el rumor debe convertirse en información o desaparecer tras un justo examen de los hechos o un debate digno de ese nombre. La censura no hace sino amplificarlo”.
Esto es justo lo que ha sucedido frente al presunto problema de alcoholismo del presidente. En vez de atajarlo de manera clara, explícita y sin mandar a periodistas oficiosos a criticar a quienes planteen esta duda, en el gobierno federal creen que volviendo innombrables a los mensajeros desaparece el mensaje.
El caso de las redes sociales es el mejor ejemplo de cómo el gobierno federal ha logrado el efecto inverso al que pretendía. En lugar de mejorar su percepción social ésta ha empeorado, sobre todo, a raíz del caso de Carmen Aristegui.
El periódico El Universal documentó en su reciente edición que Los Pinos contrató por 3 millones de pesos a la empresa Lunave Multimedios S.A. de C.V., para asesorar a la Presidencia de la República “en análisis de contenido de opinión pública en redes sociales”. ¿Realmente han analizado bien lo que ha ocurrido con el caso MVS-Aristegui? ¿Crearán millones de trolls (cuentas anónimas en Twitter dedicadas a contrarrestar las críticas o a desviar la atención) para demostrar su eficacia?
El episodio de Aristegui demuestra que la intolerancia se convierte en el principal método de censura de un gobierno que olvidó su pasado opositor.
Ante la pregunta ¿por qué fue despedida Carmen Aristegui de MVS?, el 89.77% opinó que fue “por presión de Felipe Calderón” y sólo 2.84% cree en la versión oficial de la empresa: “por faltas al código de ética” (www.jenarovillamil.wordpress.com). Una proporción similar aparece en la encuesta que realiza la empresa Univisión en su portal de internet. Y en las redes sociales, especialmente en Twitter, una proporción de 9 contra 1 de cada diez comentarios aluden a la censura de Los Pinos contra la conductora.
En otras palabras, la percepción social es contundente: Aristegui fue despedida de MVS por presiones de Los Pinos, a raíz de su incómoda pregunta sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.
La percepción crece en la medida que la empresa que presumió durante todos estos meses que Aristegui ocupaba el primer lugar de rating en los noticiarios matutinos del Distrito Federal, la convirtió en innombrable en menos de un fin de semana. Como si se tratara de una purga estalinista, el nombre de Carmen Aristegui desapareció en el sitio online y hasta en las promociones de Dish, la empresa de televisión restringida de MVS.
Esta vulgar manera de volver innombrable a una periodista que ha recibido reconocimientos internacionales coincide con los mensajes que han lanzado los voceros oficiales y oficiosos del gobierno federal, desesperados por tratar de revertir esta percepción social.
Alejandra Sota, vocera de Los Pinos, quiso ser contundente y le declaró a CNN, empresa que ha defendido a su conductora: “no interferimos en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó”. Pero en su negativa, Sota cometió una pifia que alentó más la especulación: “Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada”. Y narró que “durante el fin de semana ejecutivos de MVS confirmaron su decisión de terminar el contrato laboral con Carmen Aristegui, por haber incumplido el código de ética que había firmado con la empresa”.
¿Desde cuándo una empresa radiofónica mantiene tal nivel de información y comunicación con Los Pinos sobre el futuro de su conductora estelar? ¿Por qué fue necesario que “comunicaran” a la Presidencia de la República el cese de Aristegui? MVS no ha respondido a estas preguntas y en su silencio ha alentado la percepción mayoritaria de que se doblegó ante presiones del gobierno de Calderón.
Este martes, Héctor Villarrreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación siguió el guión de Sota, pero ni siquiera pronunció el nombre de Carmen Aristegui. ¿Será que violaba un código no escrito en el equipo calderonista?
“El gobierno federal no hace presiones… se trata de una decisión de la empresa”, insistió Villarreal. Su mensaje carece de credibilidad porque a lo largo del sexenio se han documentado una y otra presión contra medios críticos o periodistas incómodos para la línea que a Calderón le interesa promover. El expediente es numeroso: desde la suspensión de los contratos de publicidad pública a medios como Proceso, advertencias a periodistas como José Gutiérrez Vivó de que debía “portarse bien” para que Calderón le diera una audiencia, amenazas a la periodista Anabel Hernández o demandas en contra de revistas como Contralínea.
Alégico a la crítica, irascible ante las manifestaciones en contra de su guerra contra el narcotráfico, Calderón ha dado la orden a los embajadores mexicanos en casi todo el mundo de que respondan a todas aquellas críticas que dañan “la imagen del país”. Este tipo de presiones se han dado con varios corresponsales extranjeros, lo mismo en Francia que en Gran Bretaña y hasta en Japón.
Frente a estos antecedentes, no es casual que la percepción social frente al despido de Aristegui se oriente a un acto de censura gubernamental. La organización Reporteros sin Fronteras razonó así el caso:
Ante la falta de explicaciones claras se “acreditaría la hipótesis que sugiere que esto se debe a presiones políticas –incluso censura- contra la periodista”.
Carmen “no es culpable de rumor. ¿De qué debía disculparse?”, se cuestiona Reporteros sin Fronteras. Y en su declaración, divulgada por la agencia AFP, advirtió que “el rumor debe convertirse en información o desaparecer tras un justo examen de los hechos o un debate digno de ese nombre. La censura no hace sino amplificarlo”.
Esto es justo lo que ha sucedido frente al presunto problema de alcoholismo del presidente. En vez de atajarlo de manera clara, explícita y sin mandar a periodistas oficiosos a criticar a quienes planteen esta duda, en el gobierno federal creen que volviendo innombrables a los mensajeros desaparece el mensaje.
El caso de las redes sociales es el mejor ejemplo de cómo el gobierno federal ha logrado el efecto inverso al que pretendía. En lugar de mejorar su percepción social ésta ha empeorado, sobre todo, a raíz del caso de Carmen Aristegui.
El periódico El Universal documentó en su reciente edición que Los Pinos contrató por 3 millones de pesos a la empresa Lunave Multimedios S.A. de C.V., para asesorar a la Presidencia de la República “en análisis de contenido de opinión pública en redes sociales”. ¿Realmente han analizado bien lo que ha ocurrido con el caso MVS-Aristegui? ¿Crearán millones de trolls (cuentas anónimas en Twitter dedicadas a contrarrestar las críticas o a desviar la atención) para demostrar su eficacia?
El episodio de Aristegui demuestra que la intolerancia se convierte en el principal método de censura de un gobierno que olvidó su pasado opositor.
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