Aprueban diputados minuta de Ley Antisecuestro

La norma autoriza la colocación de dispositivos de localización a los secuestradores que cumplieron su pena

El Financiero


El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley Antisecuestro, que autoriza a las autoridades la colocación de dispositivos de localización a los secuestradores que cumplieron su pena hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

Uno de los cambios que se realizaron los diputados a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dice que si la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

Igualmente, la “colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación”, señala el cuarto párrafo del artículo 12 de la mencionada ley.

Otra modificación que se hizo incluye la palabra “prisión” en el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con el fin de establecer y determinar de forma específica que la pena será de 2 años a 6 años de prisión si los secuestradores liberan a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de su libertad.

“Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”, indica el documento de la minuta.

El presidente de la Comisión de Justicia, el priista Víctor Humberto Benítez Treviño, dijo en tribuna que la minuta aterriza el 19 constitucional, en el sentido de que en todos los casos de secuestro, los imputados deben llevar el proceso con prisión preventiva obligatoria. (Con información de Edgar Amigón/Finsat/TPC)

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