Francisco Rodríguez / Índice Político
El caso Chihuahua es emblemático en el intento colonizador de los Estados Unidos para implantar su sistema de justicia penal en todo el continente americano. La Doctrina Monroe aplicada en nuestros juzgados y, en breve, hasta en la Suprema Corte.
Se logró, mediante la asesoría de Proderecho, la reforma al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua para implementar el sistema de juicios orales y, al hacerse, se introdujeron costumbres, planteamientos y procedimientos ajenos a la ideología, cultura, historia y realidad mexicana, como por ejemplo, la declaración bajo juramento –en un país dónde todos preguntamos a los abogados qué decir–, la negociación de la acusación, la policía profesional investigadora y los juicios orales. En la misma situación se encuentra Nuevo León.
En ambos estados, Proderecho logró la reforma legal antes de la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, misma que se aprobó sin considerar algunos de los aspectos promovidos por Proderecho. Los resultados están a la vista: el sistema judicial en Chihuahua ha colapsado y en otros lugares, como Nuevo León y Oaxaca, el sistema de justicia penal no ha logrado implementarse adecuadamente.
Proderecho es un organismo que dependía directamente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), institución del gobierno de EE UU que se encarga de administrar programas de cooperación y asistencia en 80 países. USAID apoya, por ejemplo, el crecimiento económico, la salud, la educación, la democracia, la agricultura, la prevención de conflictos y provee asistencia humanitaria en caso de desastres. Fue creada en 1961 por el Presidente John F. Kennedy quien transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior (Plan Marshall) en ley que dio origen a la agencia. Desde entonces, USAID ha sido el principal órgano de Washington en brindar asistencia a los países que se recuperan de un desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas democráticas. USAID participó activamente en la transición del 2000 en México, apoyando obviamente al PAN. Cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C. y tiene representaciones en muchos de los países en los que cuenta con programas. Aquí funciona desde el edificio del Paseo de la Reforma que ocupa la legación de Barack Obama.
El programa USAID-México fue establecido a finales de la década de los 50’s. (Junto con en el Plan Marshall). Los proyectos que se han desarrollado en nuestro país son Medio Ambiente, Conservación de Energía, Salud en áreas prioritarias para la prevención de la Tuberculosis y el SIDA, y Democracia en colaboración con la administración federal y la sociedad civil; en los últimos años (2003 a la fecha) ha sido prioritarios las “Iniciativas del gobierno mexicano sobre gobernabilidad, innovación gubernamental y gobierno transparente, lo mismo que el de procuración de justicia”. Para todos los programas de México USAID ha dedicado un presupuesto anual de $28 millones de dólares, aproximadamente.
USAID desempeñó un papel destacado como promotora de los cambios de 10 artículos de la Constitución. Desde el año 2004 empezó a cabildear la reforma como parte de su programa “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia” Para ello contrató a dos empresas consultoras: Management Systems International (MSI) (http://www.msiworldwide.com), y Management Sciences for Development (MSD), para promover la reforma entre académicos (CIDE- UNAM- INACIPE- ITESM); legisladores (César Camacho) y otras instituciones (rupo Reforma, SOS, México Unido contra la Delincuencia, etc), todo ello a través de Proderecho (Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México), que se convirtió en el principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial.
Pagó viajes, dio becas, otorgó contratos… en fin, USAID “maiceó” a no pocos actores políticos, académicos y de los medios mexicanos.
En resumen: para lograr su cometido, USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una “iniciativa financiada” por esa agencia “y operada por MSD”. Empero, Proderecho siempre se ha presentado como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en “dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas”.
Directores de Proderecho fueron en su momento, Fabio Valdés y Lucy Mery Tacher Epelstein (ésta última realmente fue de MSI y se le conoce como una profesional en esos menesteres: antes –de 1999 a 2001– se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller (…) y en el gobierno de Vicente Fox, estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo).
Ha habido críticas serias a todo esto. Como la de Sergio García Ramírez –no tanto por lo que contiene–, sino porque esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”, debido a que USAID la financió.
Paul White, exdirector de USAID en México, precisó muy bien lo que hace la agencia en una entrevista:
– ¿Bajo qué lineamientos y reglamentación trabaja la USAID con México? –le preguntaron.
– Toda acción que la Agencia para el Desarrollo Internacional realiza, está convenida con el gobierno mexicano y/o con la sociedad civil mexicana –respondió White–. Es un trabajo en conjunto. Tratamos de ser socios de México en un gran sector de la cooperación. La labor a desarrollar se va determinando de acuerdo con las necesidades de la población, las cuales son identificadas por instituciones Mexicanas. Al hablar de una sociedad con México, se entiende que ambos países invierten recursos en el desarrollo, pues la experiencia nos ha indicado que hay una mayor efectividad cuando la USAID coinvierte con instituciones locales en programas dirigidos por los socios Mexicanos…
Otra destacada representante, en su momento, de Proderecho es Rafaela Herrera a quien se le describía como “menudita, sencilla y expresiva”. Es originaria de Nicaragua y doctora en derecho penal; tuvo el cargo de asesora del Programa para el Estado de Derecho de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México. También se presenta como asesora en asuntos de Gobernabilidad y Estado de Derecho. Ya no está en México, pero fue clave en las reformas de Chihuahua, antes de las reformas a la Constitución. Estuvo en varias entidades federativas impulsando al programa de Justicia Penal y muchas veces fue acompañada del mexicano Carlos Ríos y del exministro de la Corte Suprema de Costa Rica, Daniel González, coordinador del Proceso de Reforma Proderecho. Para Rafaela Herrera era un orgullo decir que Chihuahua se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en aplicar el sistema de juicios orales en una reforma que contó con el apoyo y asesoría de ellos.
Proderecho despareció por problemas muy particulares y se dio Management Systems International México; su director, hasta hace poco, fue el senador panista Luis David Ortiz Salinas.
A USAID se debe el colapso del sistema judicial en Chihuahua.
Y, pronto, el de Nuevo León.
Índice Flamígero: “Como hombre de palabra que soy, sostengo lo que dije hace un par de semanas: jamás cruzó por la mente de Efrén Parra declinar a favor de alguno de los otros dos candidatos. La decisión de declinar a favor de Ángel Aguirre fue tomada por la dirigencia nacional del PAN sin que haya mediado consulta alguna a los panistas de Guerrero. A pesar de no compartir las razones que motivaron a la dirigencia nacional del PAN a tomar una decisión de tan bajo y ruin utilitarismo político, decidí aceptar por disciplina partidista su decisión, no sin antes hacerles sentir mi molestia por no haber consultado ni a la dirigencia, ni a la militancia panista en Guerrero. Me desilusiona la decisión que se tomó, porque declinar a favor del Candidato del PRD es tanto como aceptar las condiciones de miseria y de pobreza en las que sus gobiernos han sumido a los guerrerenses, mismas que como delegado del IMSS combatí sin descanso con todos los instrumentos legales a mi alcance.” Tomado de la página del ex candidato panista a la gubernatura de Guerrero, que así se deslinda de la decisión de Felipe Calderón de sacarlo de la contienda.
El caso Chihuahua es emblemático en el intento colonizador de los Estados Unidos para implantar su sistema de justicia penal en todo el continente americano. La Doctrina Monroe aplicada en nuestros juzgados y, en breve, hasta en la Suprema Corte.
Se logró, mediante la asesoría de Proderecho, la reforma al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua para implementar el sistema de juicios orales y, al hacerse, se introdujeron costumbres, planteamientos y procedimientos ajenos a la ideología, cultura, historia y realidad mexicana, como por ejemplo, la declaración bajo juramento –en un país dónde todos preguntamos a los abogados qué decir–, la negociación de la acusación, la policía profesional investigadora y los juicios orales. En la misma situación se encuentra Nuevo León.
En ambos estados, Proderecho logró la reforma legal antes de la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, misma que se aprobó sin considerar algunos de los aspectos promovidos por Proderecho. Los resultados están a la vista: el sistema judicial en Chihuahua ha colapsado y en otros lugares, como Nuevo León y Oaxaca, el sistema de justicia penal no ha logrado implementarse adecuadamente.
Proderecho es un organismo que dependía directamente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), institución del gobierno de EE UU que se encarga de administrar programas de cooperación y asistencia en 80 países. USAID apoya, por ejemplo, el crecimiento económico, la salud, la educación, la democracia, la agricultura, la prevención de conflictos y provee asistencia humanitaria en caso de desastres. Fue creada en 1961 por el Presidente John F. Kennedy quien transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior (Plan Marshall) en ley que dio origen a la agencia. Desde entonces, USAID ha sido el principal órgano de Washington en brindar asistencia a los países que se recuperan de un desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas democráticas. USAID participó activamente en la transición del 2000 en México, apoyando obviamente al PAN. Cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C. y tiene representaciones en muchos de los países en los que cuenta con programas. Aquí funciona desde el edificio del Paseo de la Reforma que ocupa la legación de Barack Obama.
El programa USAID-México fue establecido a finales de la década de los 50’s. (Junto con en el Plan Marshall). Los proyectos que se han desarrollado en nuestro país son Medio Ambiente, Conservación de Energía, Salud en áreas prioritarias para la prevención de la Tuberculosis y el SIDA, y Democracia en colaboración con la administración federal y la sociedad civil; en los últimos años (2003 a la fecha) ha sido prioritarios las “Iniciativas del gobierno mexicano sobre gobernabilidad, innovación gubernamental y gobierno transparente, lo mismo que el de procuración de justicia”. Para todos los programas de México USAID ha dedicado un presupuesto anual de $28 millones de dólares, aproximadamente.
USAID desempeñó un papel destacado como promotora de los cambios de 10 artículos de la Constitución. Desde el año 2004 empezó a cabildear la reforma como parte de su programa “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia” Para ello contrató a dos empresas consultoras: Management Systems International (MSI) (http://www.msiworldwide.com), y Management Sciences for Development (MSD), para promover la reforma entre académicos (CIDE- UNAM- INACIPE- ITESM); legisladores (César Camacho) y otras instituciones (rupo Reforma, SOS, México Unido contra la Delincuencia, etc), todo ello a través de Proderecho (Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México), que se convirtió en el principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial.
Pagó viajes, dio becas, otorgó contratos… en fin, USAID “maiceó” a no pocos actores políticos, académicos y de los medios mexicanos.
En resumen: para lograr su cometido, USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una “iniciativa financiada” por esa agencia “y operada por MSD”. Empero, Proderecho siempre se ha presentado como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en “dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas”.
Directores de Proderecho fueron en su momento, Fabio Valdés y Lucy Mery Tacher Epelstein (ésta última realmente fue de MSI y se le conoce como una profesional en esos menesteres: antes –de 1999 a 2001– se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller (…) y en el gobierno de Vicente Fox, estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo).
Ha habido críticas serias a todo esto. Como la de Sergio García Ramírez –no tanto por lo que contiene–, sino porque esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”, debido a que USAID la financió.
Paul White, exdirector de USAID en México, precisó muy bien lo que hace la agencia en una entrevista:
– ¿Bajo qué lineamientos y reglamentación trabaja la USAID con México? –le preguntaron.
– Toda acción que la Agencia para el Desarrollo Internacional realiza, está convenida con el gobierno mexicano y/o con la sociedad civil mexicana –respondió White–. Es un trabajo en conjunto. Tratamos de ser socios de México en un gran sector de la cooperación. La labor a desarrollar se va determinando de acuerdo con las necesidades de la población, las cuales son identificadas por instituciones Mexicanas. Al hablar de una sociedad con México, se entiende que ambos países invierten recursos en el desarrollo, pues la experiencia nos ha indicado que hay una mayor efectividad cuando la USAID coinvierte con instituciones locales en programas dirigidos por los socios Mexicanos…
Otra destacada representante, en su momento, de Proderecho es Rafaela Herrera a quien se le describía como “menudita, sencilla y expresiva”. Es originaria de Nicaragua y doctora en derecho penal; tuvo el cargo de asesora del Programa para el Estado de Derecho de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México. También se presenta como asesora en asuntos de Gobernabilidad y Estado de Derecho. Ya no está en México, pero fue clave en las reformas de Chihuahua, antes de las reformas a la Constitución. Estuvo en varias entidades federativas impulsando al programa de Justicia Penal y muchas veces fue acompañada del mexicano Carlos Ríos y del exministro de la Corte Suprema de Costa Rica, Daniel González, coordinador del Proceso de Reforma Proderecho. Para Rafaela Herrera era un orgullo decir que Chihuahua se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en aplicar el sistema de juicios orales en una reforma que contó con el apoyo y asesoría de ellos.
Proderecho despareció por problemas muy particulares y se dio Management Systems International México; su director, hasta hace poco, fue el senador panista Luis David Ortiz Salinas.
A USAID se debe el colapso del sistema judicial en Chihuahua.
Y, pronto, el de Nuevo León.
Índice Flamígero: “Como hombre de palabra que soy, sostengo lo que dije hace un par de semanas: jamás cruzó por la mente de Efrén Parra declinar a favor de alguno de los otros dos candidatos. La decisión de declinar a favor de Ángel Aguirre fue tomada por la dirigencia nacional del PAN sin que haya mediado consulta alguna a los panistas de Guerrero. A pesar de no compartir las razones que motivaron a la dirigencia nacional del PAN a tomar una decisión de tan bajo y ruin utilitarismo político, decidí aceptar por disciplina partidista su decisión, no sin antes hacerles sentir mi molestia por no haber consultado ni a la dirigencia, ni a la militancia panista en Guerrero. Me desilusiona la decisión que se tomó, porque declinar a favor del Candidato del PRD es tanto como aceptar las condiciones de miseria y de pobreza en las que sus gobiernos han sumido a los guerrerenses, mismas que como delegado del IMSS combatí sin descanso con todos los instrumentos legales a mi alcance.” Tomado de la página del ex candidato panista a la gubernatura de Guerrero, que así se deslinda de la decisión de Felipe Calderón de sacarlo de la contienda.
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