Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Los políticos están cosechando en Guerrero su siembra de odio, pero la sociedad es la que está pagando las consecuencias de sus irresponsabilidades. Que ninguno de los partidos se diga sorprendido por la violencia de sus adversarios en la elección para gobernador el 30 de enero, pues todos contribuyeron a la degradación de la vida pública. Los fontaneros del viejo sistema político renovaron su energía en el estado, al que vienen incendiando en cámara lenta con la difusión de documentos para atacar la credibilidad de los candidatos al gobierno y con acciones de fuerza.
La violencia electoral en Guerrero entró a la escena nacional la semana pasada tras la golpiza al representante del PRD en el instituto electoral Guillermo Sánchez Nava, que el PRI cuestiona que existiera y, en dado caso, que sus atacantes fueran priístas, y la revelación de un supuesto manual de operación política y electoral que recomienda crear un clima de inestabilidad y responsabilizar a la delincuencia organizada de la violencia, con el propósito de inhibir el voto.
La amenaza implícita de este escenario es que si esta va a ser la constante en los procesos electorales, lo único que se puede esperar en contiendas tan esperadas y complejas como el estado de México y Michoacán, que ponen en juego sus gubernaturas este año, o las presidenciales del próximo, es que se celebrarán dentro de un cráter en erupción, donde los que apuestan por la polarización encontrarán terreno fértil para la violencia y pocas herramientas para poder frenarla y controlarla.
Los contendientes, las coaliciones Guerrero Nos Une –de izquierda-, y Tiempos Mejores para Guerrero –PRI, Verde y Nueva Alianza-, sólo reconocen culpas de la violencia en sus adversarios. La realidad, por la suma de evidencias, es que ninguno está libre de responsabilidad. Si es una decisión de sus dirigencias o no, es algo desconocido. De lo que existen datos es que las dos han buscado desacreditar al adversario a través de campañas de propaganda negra desde hace tiempo.
El manual de marras es el producto más refinado de ella. Su origen se ha vinculado al PRI porque el incendiario contenido está impreso en páginas membreteadas de la consultoría Primer Círculo, presidida por el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y cuyo principal director es Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero del presidente Ernesto Zedillo. Primer Círculo negó la autoría y existe la posibilidad real de que sea parte de una campaña de la contrainformación que hay en Guerrero.
Ese tipo de documentos han existido en el pasado pero no suelen llevar marcas ni es fácil rastrear su origen. La fecha de emisión del documento es de noviembre, pero no hay nada que permita corroborar si en efecto fue elaborado en ese mes. La fecha es importante porque hay recomendaciones como la de vincular acciones violentas al crimen organizado que ya sucedieron, que podrían haber sido redactadas después de haber ocurrido. Pero hay otras como “atentados”, que se produjeron después de su divulgación.
Es decir, el catálogo de acciones incendiarias es verosímil. Quiénes hacen que lo verosímil transite hacia lo cierto es lo que se tiene que descubrir y denunciar. En una entrevista este domingo en el programa Día Uno de Proyecto 40, el senador Graco Ramírez, delegado especial del PRD en Guerrero, dijo que su partido no hacía este tipo de campaña. Sin embargo, hay hechos que lo contradicen.
En octubre pasado circuló un expediente del candidato de priísta Manuel Añorve, donde se hacía una crítica de su gestión como presidente municipal de Acapulco, y se cuestionaba fuertemente su capacidad de gestión por el mero hecho de sus creencias religiosas -es evangélico-. Sin mucho pudor, el expediente tenía una tabla comparativa entre él y Ángel Heladio Rivera, que encabeza la coalición de izquierda, donde lo hacían ver como un político mediocre.
Ese expediente venía en hojas blancas y la familia tipográfica para sus letras es Arial, que es muy común. En ese mismo formato y tipo de letra, desde diciembre empezaron a llegar a periodistas varios expedientes de Rivera sobre dos matanzas de campesinos, una de Aguas Blancas –por lo cual cayó el gobernador Rubén Figueroa y él asumió el interinato- y otra en El Charco, que sí ocurrió durante su gobierno. El senador Ramírez, quien mostró en Día Uno parte de esos informes, dijo que varios periodistas les habían comentado que fueron priístas quienes les proporcionaron la documentación.
La utilización de las redes sociales también ha sido empleada por ambas coaliciones. Desde hace varios días circula por Internet un correo electrónico donde vinculan a Añorve con la delincuencia organizada, a quien acusan de haber abierto las puertas de Acapulco al narcotráfico. A Aguirre lo señalan desde el PRI como un gran conocedor del bajo mundo en Guerrero, por lo cual sugieren que es él quien mejor podría manipularlo a su gusto.
Son muchas palabras las que se cruzan los adversarios sin aportar sustento documental a sus acusaciones. A partir de los hechos, nadie puede dudar que hay campañas de propaganda de ambas coaliciones que difaman e incitan a la violencia. Si las dos afirman tener documentación que prueban las fechorías de sus rivales, simple: que denuncien pública y judicialmente a los responsablemente con las pruebas en las manos. Menos palabrería y más acción sustentada. Que se alejen de la retórica y recurran a los instrumentos legales. ¿Es mucho pedirles? Sí. Es mucho para esta clase política, donde la mayoría va en involución permanente.
Los políticos están cosechando en Guerrero su siembra de odio, pero la sociedad es la que está pagando las consecuencias de sus irresponsabilidades. Que ninguno de los partidos se diga sorprendido por la violencia de sus adversarios en la elección para gobernador el 30 de enero, pues todos contribuyeron a la degradación de la vida pública. Los fontaneros del viejo sistema político renovaron su energía en el estado, al que vienen incendiando en cámara lenta con la difusión de documentos para atacar la credibilidad de los candidatos al gobierno y con acciones de fuerza.
La violencia electoral en Guerrero entró a la escena nacional la semana pasada tras la golpiza al representante del PRD en el instituto electoral Guillermo Sánchez Nava, que el PRI cuestiona que existiera y, en dado caso, que sus atacantes fueran priístas, y la revelación de un supuesto manual de operación política y electoral que recomienda crear un clima de inestabilidad y responsabilizar a la delincuencia organizada de la violencia, con el propósito de inhibir el voto.
La amenaza implícita de este escenario es que si esta va a ser la constante en los procesos electorales, lo único que se puede esperar en contiendas tan esperadas y complejas como el estado de México y Michoacán, que ponen en juego sus gubernaturas este año, o las presidenciales del próximo, es que se celebrarán dentro de un cráter en erupción, donde los que apuestan por la polarización encontrarán terreno fértil para la violencia y pocas herramientas para poder frenarla y controlarla.
Los contendientes, las coaliciones Guerrero Nos Une –de izquierda-, y Tiempos Mejores para Guerrero –PRI, Verde y Nueva Alianza-, sólo reconocen culpas de la violencia en sus adversarios. La realidad, por la suma de evidencias, es que ninguno está libre de responsabilidad. Si es una decisión de sus dirigencias o no, es algo desconocido. De lo que existen datos es que las dos han buscado desacreditar al adversario a través de campañas de propaganda negra desde hace tiempo.
El manual de marras es el producto más refinado de ella. Su origen se ha vinculado al PRI porque el incendiario contenido está impreso en páginas membreteadas de la consultoría Primer Círculo, presidida por el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y cuyo principal director es Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero del presidente Ernesto Zedillo. Primer Círculo negó la autoría y existe la posibilidad real de que sea parte de una campaña de la contrainformación que hay en Guerrero.
Ese tipo de documentos han existido en el pasado pero no suelen llevar marcas ni es fácil rastrear su origen. La fecha de emisión del documento es de noviembre, pero no hay nada que permita corroborar si en efecto fue elaborado en ese mes. La fecha es importante porque hay recomendaciones como la de vincular acciones violentas al crimen organizado que ya sucedieron, que podrían haber sido redactadas después de haber ocurrido. Pero hay otras como “atentados”, que se produjeron después de su divulgación.
Es decir, el catálogo de acciones incendiarias es verosímil. Quiénes hacen que lo verosímil transite hacia lo cierto es lo que se tiene que descubrir y denunciar. En una entrevista este domingo en el programa Día Uno de Proyecto 40, el senador Graco Ramírez, delegado especial del PRD en Guerrero, dijo que su partido no hacía este tipo de campaña. Sin embargo, hay hechos que lo contradicen.
En octubre pasado circuló un expediente del candidato de priísta Manuel Añorve, donde se hacía una crítica de su gestión como presidente municipal de Acapulco, y se cuestionaba fuertemente su capacidad de gestión por el mero hecho de sus creencias religiosas -es evangélico-. Sin mucho pudor, el expediente tenía una tabla comparativa entre él y Ángel Heladio Rivera, que encabeza la coalición de izquierda, donde lo hacían ver como un político mediocre.
Ese expediente venía en hojas blancas y la familia tipográfica para sus letras es Arial, que es muy común. En ese mismo formato y tipo de letra, desde diciembre empezaron a llegar a periodistas varios expedientes de Rivera sobre dos matanzas de campesinos, una de Aguas Blancas –por lo cual cayó el gobernador Rubén Figueroa y él asumió el interinato- y otra en El Charco, que sí ocurrió durante su gobierno. El senador Ramírez, quien mostró en Día Uno parte de esos informes, dijo que varios periodistas les habían comentado que fueron priístas quienes les proporcionaron la documentación.
La utilización de las redes sociales también ha sido empleada por ambas coaliciones. Desde hace varios días circula por Internet un correo electrónico donde vinculan a Añorve con la delincuencia organizada, a quien acusan de haber abierto las puertas de Acapulco al narcotráfico. A Aguirre lo señalan desde el PRI como un gran conocedor del bajo mundo en Guerrero, por lo cual sugieren que es él quien mejor podría manipularlo a su gusto.
Son muchas palabras las que se cruzan los adversarios sin aportar sustento documental a sus acusaciones. A partir de los hechos, nadie puede dudar que hay campañas de propaganda de ambas coaliciones que difaman e incitan a la violencia. Si las dos afirman tener documentación que prueban las fechorías de sus rivales, simple: que denuncien pública y judicialmente a los responsablemente con las pruebas en las manos. Menos palabrería y más acción sustentada. Que se alejen de la retórica y recurran a los instrumentos legales. ¿Es mucho pedirles? Sí. Es mucho para esta clase política, donde la mayoría va en involución permanente.
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