Jesusa Cervantes
El año pasado, 111 personas inocentes perdieron la vida durante enfrentamientos entre las fuerzas armadas y miembros del crimen organizado, informó hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Antes senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde presentó su primer informe de actividades, Plascencia Villanueva señaló que “la inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno aún aguardan que se haga justicia”.
El número de víctimas mortales inocentes es el más alto registrado en los últimos años, dijo el ombudsman nacional, quien señaló que la inseguridad pública no es excusa válida para justificar la vulneración de los derechos humanos.
Agregó que durante el año pasado la sociedad experimentó momentos difíciles que se caracterizaron por un enfrentamiento entre autoridades de seguridad pública y la delincuencia organizada que provocó el incremento de muertes violentas.
Este hecho, dijo, provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades, y de las personas ajenas a la delincuencia.
“El año pasado 111 personas inocentes no vinculadas con delito alguno perdieron la vida en operativos de seguridad pública, en la inmensa mayoría de los casos aún se aguarda que rehaga justicia”, subrayó.
Plascencia Villanueva detalló que han sido justamente las áreas del gobierno federal encargadas de vigilar la integridad y seguridad de la ciudadanía, las que más recomendaciones han recibido de la CNDH, entre éstas enumeró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República.
Por lo anterior, el ombudsman llamó al gobierno federal a evaluar la estrategia de seguridad pública para determinar la funcionalidad y la conveniencia. “El recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas. Un aspecto necesario en esta evaluación debe ser el respeto a los derechos humanos, ya que la inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”, sostuvo.
La senadora por Tabasco, Rosalinda López, exhortó al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos.
Recordó que el Congreso de la Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles, en el cual se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que “tristemente” el gobierno federal denominó como “daños colaterales” de la lucha contra el narcotráfico.
En su comparecencia, el titular de la CNDH reprochó también que muchas dependencias se nieguen a reconocer que sus servidores han violentado los derechos humanos y por lo mismo rechacen las recomendaciones.
Entre las más renuentes, agregó, está la Secretaria de la Marina, que hace dos semanas se negó a pagar la indemnización por la muerte de dos civiles durante un operativo en contra del narcotráfico. “Cuando una autoridad no acepta las recomendaciones está enviando un mensaje de desprecio hacia la cultura de la legalidad, de falta de compromiso con el proyecto de nación que tenemos como mexicanos, que no es otro que el de buscar que todos podamos ajustarnos al marco de la ley”, comentó.
El ombudsman nacional mencionó también a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional del Agua, a Petróleos Mexicanos, así como los gobiernos de Chihuahua, San Luis Potosí, y los congresos locales de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, como parte de las entidades que se niegan a aceptar las recomendaciones de la CNDH.
Por otra parte, Plascencia Villanueva confió en que el Senado de la República avale la minuta de la Cámara de Diputados mediante la cual se le otorgan mayores facultades a esta instancia y dan pie a que las recomendaciones que emita sean cumplidas de manera obligatoria por las autoridades o, de lo contrario, podrían fincárseles responsabilidades.
La minuta establece que aquellos funcionarios que ignoren las recomendaciones sean llamados a comparecer.
“La reforma fortalece la Comisión y permitirá que también terminemos con esta idea de que si no se aceptan y no se cumplen las recomendaciones, no pasaba nada; ahora habrá un nuevo régimen de contrapesos en donde el Senado de la República podrá llamar a comparecer a aquel servidor público que no acepte una recomendación”, dijo.
Asimismo, detalló que a partir de dichas comparecencias se podrán establecer procesos de responsabilidad política, civil, administrativa o incluso penal, a los funcionarios que no acaten las recomendaciones.
Con esto, añadió, se dejará muy en claro que el respeto a los derechos humanos no es otra cosa que la observancia de la Constitución y que sin observancia, el desaprecio implica una consecuencia jurídica.
El año pasado, 111 personas inocentes perdieron la vida durante enfrentamientos entre las fuerzas armadas y miembros del crimen organizado, informó hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Antes senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde presentó su primer informe de actividades, Plascencia Villanueva señaló que “la inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno aún aguardan que se haga justicia”.
El número de víctimas mortales inocentes es el más alto registrado en los últimos años, dijo el ombudsman nacional, quien señaló que la inseguridad pública no es excusa válida para justificar la vulneración de los derechos humanos.
Agregó que durante el año pasado la sociedad experimentó momentos difíciles que se caracterizaron por un enfrentamiento entre autoridades de seguridad pública y la delincuencia organizada que provocó el incremento de muertes violentas.
Este hecho, dijo, provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades, y de las personas ajenas a la delincuencia.
“El año pasado 111 personas inocentes no vinculadas con delito alguno perdieron la vida en operativos de seguridad pública, en la inmensa mayoría de los casos aún se aguarda que rehaga justicia”, subrayó.
Plascencia Villanueva detalló que han sido justamente las áreas del gobierno federal encargadas de vigilar la integridad y seguridad de la ciudadanía, las que más recomendaciones han recibido de la CNDH, entre éstas enumeró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República.
Por lo anterior, el ombudsman llamó al gobierno federal a evaluar la estrategia de seguridad pública para determinar la funcionalidad y la conveniencia. “El recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas. Un aspecto necesario en esta evaluación debe ser el respeto a los derechos humanos, ya que la inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”, sostuvo.
La senadora por Tabasco, Rosalinda López, exhortó al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos.
Recordó que el Congreso de la Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles, en el cual se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que “tristemente” el gobierno federal denominó como “daños colaterales” de la lucha contra el narcotráfico.
En su comparecencia, el titular de la CNDH reprochó también que muchas dependencias se nieguen a reconocer que sus servidores han violentado los derechos humanos y por lo mismo rechacen las recomendaciones.
Entre las más renuentes, agregó, está la Secretaria de la Marina, que hace dos semanas se negó a pagar la indemnización por la muerte de dos civiles durante un operativo en contra del narcotráfico. “Cuando una autoridad no acepta las recomendaciones está enviando un mensaje de desprecio hacia la cultura de la legalidad, de falta de compromiso con el proyecto de nación que tenemos como mexicanos, que no es otro que el de buscar que todos podamos ajustarnos al marco de la ley”, comentó.
El ombudsman nacional mencionó también a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional del Agua, a Petróleos Mexicanos, así como los gobiernos de Chihuahua, San Luis Potosí, y los congresos locales de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, como parte de las entidades que se niegan a aceptar las recomendaciones de la CNDH.
Por otra parte, Plascencia Villanueva confió en que el Senado de la República avale la minuta de la Cámara de Diputados mediante la cual se le otorgan mayores facultades a esta instancia y dan pie a que las recomendaciones que emita sean cumplidas de manera obligatoria por las autoridades o, de lo contrario, podrían fincárseles responsabilidades.
La minuta establece que aquellos funcionarios que ignoren las recomendaciones sean llamados a comparecer.
“La reforma fortalece la Comisión y permitirá que también terminemos con esta idea de que si no se aceptan y no se cumplen las recomendaciones, no pasaba nada; ahora habrá un nuevo régimen de contrapesos en donde el Senado de la República podrá llamar a comparecer a aquel servidor público que no acepte una recomendación”, dijo.
Asimismo, detalló que a partir de dichas comparecencias se podrán establecer procesos de responsabilidad política, civil, administrativa o incluso penal, a los funcionarios que no acaten las recomendaciones.
Con esto, añadió, se dejará muy en claro que el respeto a los derechos humanos no es otra cosa que la observancia de la Constitución y que sin observancia, el desaprecio implica una consecuencia jurídica.
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