Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Amalia García está en un pantano: entre más se mueve, más se hunde. Ejerce la retórica para denunciar a su sucesor en el gobierno de Zacatecas, Miguel Alonso, y afirma que el auditar su sexenio es una cacería de brujas para dinamitar su futuro político. Amalia, además de tramposa, es mentirosa.
Dice que es un infundio el señalamiento de la Contraloría Interna sobre el mal uso de recursos y el endeudamiento en su gobierno, pero se están acumulando pruebas en su contra. Los auditores han encontrado huellas de corrupción. El caso más folclórico es la compra de tres mil 448 botellas de mezcal, que es realmente el anatema de su gestión. No es quién pagó por ellas –por cierto, la senadora Claudia Corichi, su hija-, sino a quién se compró el mezcal.
La compra, según la factura 0021 del 6 de abril de este año, revela que fue Real de Jalpa, es propiedad de Everardo Macías, quien fue presidente del Comité de Financiamiento de la campaña de Antonio Mejía Haro, a quien deseaba García como sucesor. ¿Pagos subrepticios por apoyos en la campaña electoral?
Hacia allá se va conformando la investigación de los auditores. La compulsa apenas va en el dos por ciento del ejercicio presupuestal de 2010, y las irregularidades suman decenas de cientos de millones de pesos. En el tema específico de las elecciones, los auditores han acreditado hasta ahora desvíos por 60 millones de pesos para la campaña de Mejía Haro.
Recursos públicos para fines electorales es el nombre del juego, y es lo que se presume sucedió con el hoy famoso crédito quirografario de Banamex por 300 millones de pesos del cual García dice que ya pagó 100 millones. La realidad es que abonó 50 y endosó la deuda a Alonso, con el pretexto que era deuda pública.
El crédito no figuró en los libros blancos de entrega y recepción, pues nunca pasó por el Congreso, como sucede en los casos de deuda pública, y Alonso no sabía nada del crédito hasta que Banamex tocó la puerta para preguntar quién les iba a pagar. La ex gobernadora parece haber usado el membrete del gobierno para un crédito prácticamente personal.
Los auditores han encontrado casos más grotescos, como el de 16 carreteras cuyo costo financiero de 14 millones de pesos se pagó al 100 por ciento, que no existen, o el doble de precio en la compra de concreto hidráulico, a valor del mercado, por 23 millones de pesos. Pero la lista crece cada semana.
Ahora no debe extrañar al gobernador Alonso cuando la entonces aún gobernadora, le exigió la contraloría estatal y la presidencia de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso, porque el PRD era la segunda fuerza electoral. Era un disparate y el gobernador entrante no le facilitó la escoba para limpiar su casa. Por ello, un probable proceso penal contra la ex gobernadora, está en curso.
Amalia García está en un pantano: entre más se mueve, más se hunde. Ejerce la retórica para denunciar a su sucesor en el gobierno de Zacatecas, Miguel Alonso, y afirma que el auditar su sexenio es una cacería de brujas para dinamitar su futuro político. Amalia, además de tramposa, es mentirosa.
Dice que es un infundio el señalamiento de la Contraloría Interna sobre el mal uso de recursos y el endeudamiento en su gobierno, pero se están acumulando pruebas en su contra. Los auditores han encontrado huellas de corrupción. El caso más folclórico es la compra de tres mil 448 botellas de mezcal, que es realmente el anatema de su gestión. No es quién pagó por ellas –por cierto, la senadora Claudia Corichi, su hija-, sino a quién se compró el mezcal.
La compra, según la factura 0021 del 6 de abril de este año, revela que fue Real de Jalpa, es propiedad de Everardo Macías, quien fue presidente del Comité de Financiamiento de la campaña de Antonio Mejía Haro, a quien deseaba García como sucesor. ¿Pagos subrepticios por apoyos en la campaña electoral?
Hacia allá se va conformando la investigación de los auditores. La compulsa apenas va en el dos por ciento del ejercicio presupuestal de 2010, y las irregularidades suman decenas de cientos de millones de pesos. En el tema específico de las elecciones, los auditores han acreditado hasta ahora desvíos por 60 millones de pesos para la campaña de Mejía Haro.
Recursos públicos para fines electorales es el nombre del juego, y es lo que se presume sucedió con el hoy famoso crédito quirografario de Banamex por 300 millones de pesos del cual García dice que ya pagó 100 millones. La realidad es que abonó 50 y endosó la deuda a Alonso, con el pretexto que era deuda pública.
El crédito no figuró en los libros blancos de entrega y recepción, pues nunca pasó por el Congreso, como sucede en los casos de deuda pública, y Alonso no sabía nada del crédito hasta que Banamex tocó la puerta para preguntar quién les iba a pagar. La ex gobernadora parece haber usado el membrete del gobierno para un crédito prácticamente personal.
Los auditores han encontrado casos más grotescos, como el de 16 carreteras cuyo costo financiero de 14 millones de pesos se pagó al 100 por ciento, que no existen, o el doble de precio en la compra de concreto hidráulico, a valor del mercado, por 23 millones de pesos. Pero la lista crece cada semana.
Ahora no debe extrañar al gobernador Alonso cuando la entonces aún gobernadora, le exigió la contraloría estatal y la presidencia de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso, porque el PRD era la segunda fuerza electoral. Era un disparate y el gobernador entrante no le facilitó la escoba para limpiar su casa. Por ello, un probable proceso penal contra la ex gobernadora, está en curso.
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