Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Iniciativa México tuvo éxito en su primera edición. El proyecto altruista de los principales medios de comunicación tuvo una gran convocatoria y navegó con discreción los mares turbulentos. Quedó oculto el rechazo al proyecto a uno de los galardonados porque su propuesta de proteínas no tenía destino alguno, o aquellas propuestas que avanzaron a espaldas del consejo revisor que nunca se enteró de su existencia.
Tampoco se supo del cabildeo de altísimo nivel para que el tercer lugar, tras criticar al presidente Felipe Calderón de frente por la guerra contra el narcotráfico, no alcanzara el primer lugar, ni se abrió una investigación por las quejas de que uno de los grandes ganadores utilizó un call center para saturar con llamadas los conmutadores y ganar votos.
Pero hay un escollo aún más delicado del que quizás ni siquiera fueron alertados. Es sobre el ganador de la primera convocatoria de Iniciativa México, Raúl Hernández Garcíadiego y su asociación civil Alternativas y Procesos de Participación Social, cuyo proyecto de “Agua para Siempre” recibió simbólicamente un cheque por 10 millones de pesos -que se irá entregando gradualmente-, que tiene en su pasado reciente un récord de gestión opaca y fallida con el que pudiera estrellarse Iniciativa México. Ese antecedente tiene que ver con proyectos negociados con el gobierno de Puebla.
Durante el gobierno de Melquíades Morales se le entregaron contratos a Alternativas para proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica en la región mixteca de Puebla. Existe documentación oficial que Alternativas recibió poco más de 16 millones de pesos en 2002 y 2003, de los cuales sólo pudo reportar la aplicación de 11 millones 316 mil pesos, y que de los cuatro millones 758 mil pesos restantes asignados, no proporcionó ningún detalle de su aplicación. Recursos adicionales negociados por ocho millones de pesos para 2004, nunca fueron entregados por la Secretaría de Finanzas del estado porque nadie de la asociación civil se presentó a reclamarlos.
Alternativas y Procesos de Participación Social es una empresa prácticamente familiar que crearon en 1988 Hernández Garcíadiego y su esposa Gisela Herrerías, quien es la persona que firmó los contratos con el gobierno de Puebla. Según varios documentos consultados, la asociación civil incumplió con la información relativa de presupuestos pormenorizados, las especificaciones técnicas de construcción, los costos y la mano de obra que les habían exigido, lo que motivó a las autoridades poblanas realizaran una investigación que concluyó que el costo de la obra “no (era) real”, y que se habían elevado los costos, en el comparativo con el resto de la industria de la construcción, hasta en un 40%.
La experiencia en este proyecto llevó al entonces secretario del Medio Ambiente de Puebla a recomendar que “para futuros trabajos en el tema, se establezcan reglas de operación que aseguren la transparencia y seguimiento oportuno de los recursos públicos”. Hernández Garcíadiego, según la documentación, siempre argumentó que todo fue resultado de “confusiones”, pero distintas áreas técnicas en el gobierno poblano fueron mostrando con informes técnicos, que no existieron confusiones sino omisiones.
Por ejemplo, la asociación civil había condicionado a los beneficiarios del proyecto en la zona mixteca a poner material, mano de obra y en algunos casos, incluso, a dinero en efectivo para apoyar la construcción de la obra, que generó en su momento, según ex funcionarios poblanos, molestia entre los habitantes de la zona que sería beneficiada. Sin embargo, de acuerdo con los documentos, ni el manejo de los recursos ni la recaudación de las aportaciones de los beneficiarios, fueron reportados, como lo establecía el contrato.
La memoranda hace referencia también a que durante 2002 y 2003 la asociación civil gastó casi la mitad de las aportaciones gubernamentales en gastos indirectos y en la compra de maquinaria, que posteriormente rentó a los propios beneficiarios de la obra, lo que también se consideró como una irregularidad de Alternativas, aunque en ningún momento llegaron a señalarla de haber incurrido en actos de corrupción.
Los diferentes funcionarios poblanos que intervinieron en los procesos de verificación técnica y supervisión fueron muy críticos con la gestión de Alternativas por su falta de transparencia, sus contradicciones, los manejos opacos con los beneficiarios y la elevación de los costos de las obras -que fue explicada epistolarmente por Hernández Garcíadiego en forma ambigua-. Ese proyecto era de 24 millones de pesos, de los cuales sólo ejercieron dos terceras partes sin que hubiera existido explicación alguna del porqué nunca recogieron el tercer tramo de los recursos, que ya habían sido aprobados.
En Iniciativa México obtuvieron 10 millones de pesos más, a lo que se estima se sumarán otros 20 millones que aportará el gobierno federal. La celebración de Hernández Garcíadiego y Alternativas el domingo en que se dio al ganador de la convocatoria y los posteriores festejos en Tehuacan, donde residen y trabajan, no era para menos. Sin embargo, sería altamente conveniente que se tomara la experiencia mixteca para que el galardonado no resulte al final un petardo que reviente en la propia Iniciativa México.
Ya que no tuvieron el cuidado para revisar con detenimiento a los concursantes -49 mil en total-, ni lo hicieron al menos con los finalistas, es un requisito de transparencia que vigilen el proyecto y los recursos asignados, para evitar, si quieren seguir con Iniciativa México en el futuro, que el fantasma de Puebla regrese por la puerta grande de la cadena nacional.
Iniciativa México tuvo éxito en su primera edición. El proyecto altruista de los principales medios de comunicación tuvo una gran convocatoria y navegó con discreción los mares turbulentos. Quedó oculto el rechazo al proyecto a uno de los galardonados porque su propuesta de proteínas no tenía destino alguno, o aquellas propuestas que avanzaron a espaldas del consejo revisor que nunca se enteró de su existencia.
Tampoco se supo del cabildeo de altísimo nivel para que el tercer lugar, tras criticar al presidente Felipe Calderón de frente por la guerra contra el narcotráfico, no alcanzara el primer lugar, ni se abrió una investigación por las quejas de que uno de los grandes ganadores utilizó un call center para saturar con llamadas los conmutadores y ganar votos.
Pero hay un escollo aún más delicado del que quizás ni siquiera fueron alertados. Es sobre el ganador de la primera convocatoria de Iniciativa México, Raúl Hernández Garcíadiego y su asociación civil Alternativas y Procesos de Participación Social, cuyo proyecto de “Agua para Siempre” recibió simbólicamente un cheque por 10 millones de pesos -que se irá entregando gradualmente-, que tiene en su pasado reciente un récord de gestión opaca y fallida con el que pudiera estrellarse Iniciativa México. Ese antecedente tiene que ver con proyectos negociados con el gobierno de Puebla.
Durante el gobierno de Melquíades Morales se le entregaron contratos a Alternativas para proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica en la región mixteca de Puebla. Existe documentación oficial que Alternativas recibió poco más de 16 millones de pesos en 2002 y 2003, de los cuales sólo pudo reportar la aplicación de 11 millones 316 mil pesos, y que de los cuatro millones 758 mil pesos restantes asignados, no proporcionó ningún detalle de su aplicación. Recursos adicionales negociados por ocho millones de pesos para 2004, nunca fueron entregados por la Secretaría de Finanzas del estado porque nadie de la asociación civil se presentó a reclamarlos.
Alternativas y Procesos de Participación Social es una empresa prácticamente familiar que crearon en 1988 Hernández Garcíadiego y su esposa Gisela Herrerías, quien es la persona que firmó los contratos con el gobierno de Puebla. Según varios documentos consultados, la asociación civil incumplió con la información relativa de presupuestos pormenorizados, las especificaciones técnicas de construcción, los costos y la mano de obra que les habían exigido, lo que motivó a las autoridades poblanas realizaran una investigación que concluyó que el costo de la obra “no (era) real”, y que se habían elevado los costos, en el comparativo con el resto de la industria de la construcción, hasta en un 40%.
La experiencia en este proyecto llevó al entonces secretario del Medio Ambiente de Puebla a recomendar que “para futuros trabajos en el tema, se establezcan reglas de operación que aseguren la transparencia y seguimiento oportuno de los recursos públicos”. Hernández Garcíadiego, según la documentación, siempre argumentó que todo fue resultado de “confusiones”, pero distintas áreas técnicas en el gobierno poblano fueron mostrando con informes técnicos, que no existieron confusiones sino omisiones.
Por ejemplo, la asociación civil había condicionado a los beneficiarios del proyecto en la zona mixteca a poner material, mano de obra y en algunos casos, incluso, a dinero en efectivo para apoyar la construcción de la obra, que generó en su momento, según ex funcionarios poblanos, molestia entre los habitantes de la zona que sería beneficiada. Sin embargo, de acuerdo con los documentos, ni el manejo de los recursos ni la recaudación de las aportaciones de los beneficiarios, fueron reportados, como lo establecía el contrato.
La memoranda hace referencia también a que durante 2002 y 2003 la asociación civil gastó casi la mitad de las aportaciones gubernamentales en gastos indirectos y en la compra de maquinaria, que posteriormente rentó a los propios beneficiarios de la obra, lo que también se consideró como una irregularidad de Alternativas, aunque en ningún momento llegaron a señalarla de haber incurrido en actos de corrupción.
Los diferentes funcionarios poblanos que intervinieron en los procesos de verificación técnica y supervisión fueron muy críticos con la gestión de Alternativas por su falta de transparencia, sus contradicciones, los manejos opacos con los beneficiarios y la elevación de los costos de las obras -que fue explicada epistolarmente por Hernández Garcíadiego en forma ambigua-. Ese proyecto era de 24 millones de pesos, de los cuales sólo ejercieron dos terceras partes sin que hubiera existido explicación alguna del porqué nunca recogieron el tercer tramo de los recursos, que ya habían sido aprobados.
En Iniciativa México obtuvieron 10 millones de pesos más, a lo que se estima se sumarán otros 20 millones que aportará el gobierno federal. La celebración de Hernández Garcíadiego y Alternativas el domingo en que se dio al ganador de la convocatoria y los posteriores festejos en Tehuacan, donde residen y trabajan, no era para menos. Sin embargo, sería altamente conveniente que se tomara la experiencia mixteca para que el galardonado no resulte al final un petardo que reviente en la propia Iniciativa México.
Ya que no tuvieron el cuidado para revisar con detenimiento a los concursantes -49 mil en total-, ni lo hicieron al menos con los finalistas, es un requisito de transparencia que vigilen el proyecto y los recursos asignados, para evitar, si quieren seguir con Iniciativa México en el futuro, que el fantasma de Puebla regrese por la puerta grande de la cadena nacional.
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