Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Hace unos días estuvo sesionando en México la Comisión Trilateral, un grupo fundado y presidido por el nonagenario David Rockefeller que aglutina a empresarios, académicos y ex funcionarios de Estados Unidos y algunas regiones en el mundo. Fueron dos días se sesiones en un hotel sobre Paseo de la Reforma donde el tema de la seguridad fue el dominante. Eso no es novedoso. Lo que sí sorprendió a varios participantes fue la certeza que se tiene en Washington: el problema del narcotráfico es mexicano, no de responsabilidad compartida.
No es lo que dicen públicamente el presidente Barack Obama y sus secretarias de Estado y Seguridad Territorial, Hillary Clinton y Janet Napolitano. Tampoco es lo que le cuenta el embajador de Estados Unidos Carlos Pascual a sus interlocutores mexicanos, ni la píldora que siempre le doran los funcionarios estadounidenses cuando viajan a México o reciben a mexicanos en su país. Es la quintaesencia del pensamiento estratégico en Washington que permite entender lo que están haciendo militarmente con la interfase en las Fuerzas Armadas mexicanas, sobretodo la Marina, y el concepto del sello fronterizo que pretenden en el sur de México.
Los argumentos centrales fueron presentados por dos ex embajadores en México, John D. Negroponte y Jeffrey Davidow, vinculados a republicanos y demócratas. Sus credenciales son impecables, por cuanto a profesionalismo y servicio a su país. Negroponte creó la Contra antisandinista desde Honduras, fue responsable de la misión en Irak después de la caída de Saddam Hussein, embajador en Naciones Unidas y subsecretario de Estado. Davidow comenzó como diplomático junior en la embajada en Santiago, cuando la CIA ayudó a derrocar a Salvador Allende, y después de una larga carrera, se retiró del servicio exterior y escribió un polémico libro sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
La idea general es que México dejó crecer el problema del narcotráfico y nunca ha querido asumir plenamente esa responsabilidad. Hace tiempo alega que la gran alberca de consumidores de droga en Estados Unidos hace crecer el negocio en México, y más recientemente que la venta de armas en esa nación alimenta la escalada de muertos. Sin dejar de reconocer que hay elementos objetivos en esas afirmaciones, el argumento es que no hay asimetría en culpas y obligaciones. La negligencia de sucesivos gobiernos mexicanos llevó a este país al pozo en el que se encuentra.
Lo que sucedió en las reuniones a puertas cerradas de la Comisión Trilateral no debería de extrañar tanto a tantos mexicanos. Desde hace varios meses, el doble discurso de personas en posiciones de influencia en Estados Unidos ha venido delimitando las responsabilidades de ese país, como nación y como gobierno. Días antes del encuentro en México de la Comisión Bilateral, hubo un seminario en París que congregó a varios especialistas de opinión pública en el mundo para hablar sobre tendencias electorales y comportamientos sociales.
Ningún panel tenía previsto como tema de discusión el caso de México y su seguridad, pero como cada vez sucede más a menudo en foros internacionales, el debate tuvo a varios exponentes centrados en esa problemática. Uno de ellos fue Brad O’Leary, quien participó en la mesa final junto con el ex gobernador de Vermont y ex candidato presidencial, Howard Dean. O’Leary no es un personaje menor. Es ex presidente de la Asociación Americana de Consultores Políticos, y es una voz muy escuchada en el Capitolio.
Autor de un exitoso libro sobre el presidente Barack Obama, O’Leary exhibió una línea discursiva terriblemente agresiva contra México. Afirmó que lo planteado por el presidente Felipe Calderón sobre la corresponsabilidad de Estados Unidos en la violencia en México por haber levantado la prohibición de venta de armas de asalto en 2005, son patrañas. La realidad, dijo, es que el grueso de las armas que están utilizando los cárteles de la droga en México son de manufactura china, remanentes del arsenal de las guerras en Centroamérica, el último gran episodio de la Guerra Fría en la región.
Las afirmaciones de O’Leary no se sostienen, y está documentado que un alto volumen de las armas con las que se matan los mexicanos provienen de Estados Unidos. Inclusive, hace un par de años se encontró un cargamento de armas nuevas de alto poder, salidas del Pentágono y cuyo destino era Irak.
La discusión ya rebasó el nivel de la verdad vis-a-vis la verosimilitud. O’Leary, Negroponte y Davidow son personalidades que responden a intereses políticos y económicos diferentes, pero los tres están planteando el mismo argumento. Es cierto que el gobierno de Obama admite el factor de las armas como una variable en la calidad de la violencia en México, pero no puede hacer nada. La Segunda Enmienda permite a cada estadounidense tener armas, y modificarla sería tanto como en México modificar el artículo 27 constitucional.
México no puede aspirar que Estados Unidos modifique su realidad, y la retórica no cambia el poder de las balas. El gobierno mexicano y sus gobernados están solos en esta lucha, siempre y cuando se pretenda que la batalla contra los cárteles de la droga sea diseñada y dirigida en México y por mexicanos. Lo que empiezan a decir públicamente los estadounidenses es que el gobierno de Calderón no puede con los cárteles, y la palabra va acompañada de la creciente participación de agencias civiles y militares de ese país en el combate al narcotráfico.
Se está configurando un escenario de la toma del control del aparato de seguridad mexicano por Washington, y cuando una nación no puede tomar sus decisiones en forma autónoma, pierde soberanía. Esto es lo que está sucediendo en México, donde no hay discusión pública sobre el mantener o no a Estados Unidos fuera de la decisión final de lo que suceda en este país.
Lo que sí se aprecia, a partir de una opinión pública dividida, es que no hay consenso sobre la soberanía nacional. Que sea Estados Unidos el que ponga el orden en México, es el dilema no resuelto por los mexicanos. En Washington sí están claros: los mexicanos son los culpables del hoyo de violencia en el que viven y no pueden con los cárteles. En México hay tal confusión, que hasta secretarios de Estado en el gabinete de seguridad del presidente Calderón que están de acuerdo con el intervencionismo estadounidense. Es el extremo más pernicioso ante una falta de dirección y visión de Estado, que es lo que guste o no, se carece hoy en México
Hace unos días estuvo sesionando en México la Comisión Trilateral, un grupo fundado y presidido por el nonagenario David Rockefeller que aglutina a empresarios, académicos y ex funcionarios de Estados Unidos y algunas regiones en el mundo. Fueron dos días se sesiones en un hotel sobre Paseo de la Reforma donde el tema de la seguridad fue el dominante. Eso no es novedoso. Lo que sí sorprendió a varios participantes fue la certeza que se tiene en Washington: el problema del narcotráfico es mexicano, no de responsabilidad compartida.
No es lo que dicen públicamente el presidente Barack Obama y sus secretarias de Estado y Seguridad Territorial, Hillary Clinton y Janet Napolitano. Tampoco es lo que le cuenta el embajador de Estados Unidos Carlos Pascual a sus interlocutores mexicanos, ni la píldora que siempre le doran los funcionarios estadounidenses cuando viajan a México o reciben a mexicanos en su país. Es la quintaesencia del pensamiento estratégico en Washington que permite entender lo que están haciendo militarmente con la interfase en las Fuerzas Armadas mexicanas, sobretodo la Marina, y el concepto del sello fronterizo que pretenden en el sur de México.
Los argumentos centrales fueron presentados por dos ex embajadores en México, John D. Negroponte y Jeffrey Davidow, vinculados a republicanos y demócratas. Sus credenciales son impecables, por cuanto a profesionalismo y servicio a su país. Negroponte creó la Contra antisandinista desde Honduras, fue responsable de la misión en Irak después de la caída de Saddam Hussein, embajador en Naciones Unidas y subsecretario de Estado. Davidow comenzó como diplomático junior en la embajada en Santiago, cuando la CIA ayudó a derrocar a Salvador Allende, y después de una larga carrera, se retiró del servicio exterior y escribió un polémico libro sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
La idea general es que México dejó crecer el problema del narcotráfico y nunca ha querido asumir plenamente esa responsabilidad. Hace tiempo alega que la gran alberca de consumidores de droga en Estados Unidos hace crecer el negocio en México, y más recientemente que la venta de armas en esa nación alimenta la escalada de muertos. Sin dejar de reconocer que hay elementos objetivos en esas afirmaciones, el argumento es que no hay asimetría en culpas y obligaciones. La negligencia de sucesivos gobiernos mexicanos llevó a este país al pozo en el que se encuentra.
Lo que sucedió en las reuniones a puertas cerradas de la Comisión Trilateral no debería de extrañar tanto a tantos mexicanos. Desde hace varios meses, el doble discurso de personas en posiciones de influencia en Estados Unidos ha venido delimitando las responsabilidades de ese país, como nación y como gobierno. Días antes del encuentro en México de la Comisión Bilateral, hubo un seminario en París que congregó a varios especialistas de opinión pública en el mundo para hablar sobre tendencias electorales y comportamientos sociales.
Ningún panel tenía previsto como tema de discusión el caso de México y su seguridad, pero como cada vez sucede más a menudo en foros internacionales, el debate tuvo a varios exponentes centrados en esa problemática. Uno de ellos fue Brad O’Leary, quien participó en la mesa final junto con el ex gobernador de Vermont y ex candidato presidencial, Howard Dean. O’Leary no es un personaje menor. Es ex presidente de la Asociación Americana de Consultores Políticos, y es una voz muy escuchada en el Capitolio.
Autor de un exitoso libro sobre el presidente Barack Obama, O’Leary exhibió una línea discursiva terriblemente agresiva contra México. Afirmó que lo planteado por el presidente Felipe Calderón sobre la corresponsabilidad de Estados Unidos en la violencia en México por haber levantado la prohibición de venta de armas de asalto en 2005, son patrañas. La realidad, dijo, es que el grueso de las armas que están utilizando los cárteles de la droga en México son de manufactura china, remanentes del arsenal de las guerras en Centroamérica, el último gran episodio de la Guerra Fría en la región.
Las afirmaciones de O’Leary no se sostienen, y está documentado que un alto volumen de las armas con las que se matan los mexicanos provienen de Estados Unidos. Inclusive, hace un par de años se encontró un cargamento de armas nuevas de alto poder, salidas del Pentágono y cuyo destino era Irak.
La discusión ya rebasó el nivel de la verdad vis-a-vis la verosimilitud. O’Leary, Negroponte y Davidow son personalidades que responden a intereses políticos y económicos diferentes, pero los tres están planteando el mismo argumento. Es cierto que el gobierno de Obama admite el factor de las armas como una variable en la calidad de la violencia en México, pero no puede hacer nada. La Segunda Enmienda permite a cada estadounidense tener armas, y modificarla sería tanto como en México modificar el artículo 27 constitucional.
México no puede aspirar que Estados Unidos modifique su realidad, y la retórica no cambia el poder de las balas. El gobierno mexicano y sus gobernados están solos en esta lucha, siempre y cuando se pretenda que la batalla contra los cárteles de la droga sea diseñada y dirigida en México y por mexicanos. Lo que empiezan a decir públicamente los estadounidenses es que el gobierno de Calderón no puede con los cárteles, y la palabra va acompañada de la creciente participación de agencias civiles y militares de ese país en el combate al narcotráfico.
Se está configurando un escenario de la toma del control del aparato de seguridad mexicano por Washington, y cuando una nación no puede tomar sus decisiones en forma autónoma, pierde soberanía. Esto es lo que está sucediendo en México, donde no hay discusión pública sobre el mantener o no a Estados Unidos fuera de la decisión final de lo que suceda en este país.
Lo que sí se aprecia, a partir de una opinión pública dividida, es que no hay consenso sobre la soberanía nacional. Que sea Estados Unidos el que ponga el orden en México, es el dilema no resuelto por los mexicanos. En Washington sí están claros: los mexicanos son los culpables del hoyo de violencia en el que viven y no pueden con los cárteles. En México hay tal confusión, que hasta secretarios de Estado en el gabinete de seguridad del presidente Calderón que están de acuerdo con el intervencionismo estadounidense. Es el extremo más pernicioso ante una falta de dirección y visión de Estado, que es lo que guste o no, se carece hoy en México
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