Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Hace apenas dos semanas, el secretario de la Marina Francisco Saynez viajó a Miami para reunirse con el comandante del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante James Winnefeld Jr., y el comandante del Comando Sur, general Douglas Fraser. No fue una reunión secreta, pero se mantuvo con discreción. Y no era para menos. Su cita fue para delinear una estrategia común para combatir al narcotráfico en México y fortalecer un mecanismo continuo de comunicación y apoyo para la batalla contra los cárteles en territorio mexicano.
La cercanía no es nueva. El año pasado el almirante Saynez autorizó por primera vez que unidades de la Marina participaran en ejercicios militares de UNITAS, que realiza anualmente la Armada estadounidense en diferentes países con marinos de otras naciones latinoamericanas y a veces canadiense y europea, dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que por años ha causado escozor en México por sus recovecos intervencionistas.
Esos tiempos han pasado. El Ejército, que históricamente fue la voz líder dentro de las Fuerzas Armadas, ha sido relegado a un segundo término por el presidente Felipe Calderón y por los halcones en Washington de la guerra contra el narcotráfico. El nuevo rol se le ha delegado a la Marina, cuyo actual titular ha entregado lo impensable en soberanía hasta hace unos años al Pentágono. La Marina mexicana se ha convertido en su querubín. Es ella en quien detentan su mayor confianza y credibilidad, y sobre la cual apoyan su cabeza de playa en México.
Por un lado, el almirante Saynez ha enviado a varias decenas de comandos a ser capacitados por la unidad de élite de la Marina de Estados Unidos llamada SEALs, acrónimo de Mar, Aire y Tierra. Los entrenamientos incluyen operaciones contra narcotraficantes, combate a terroristas y guerra no convencional, para lo cual, matar no es un obstáculo. Los comandos mexicanos mostraron los resultados al eliminar a dos jefes del narcotráfico en menos de un año, Arturo Beltrán Leyva y Ezequiel Cárdenas Guillén.
Por el otro, hay creciente información y evidencia que la Marina está abriendo la puerta a operaciones conjuntas con unidades extranjeras o no necesariamente en la nómina de la Armada. En mayo pasado se publicó en este espacio que un comando de marinos había sacado en marzo a cuatro personas de su casa en la madrugada, tras derrumbar las puertas de la morada. La policía, alertada por los vecinos, no pudo intervenir porque fue detenida por marinos. Cuando se llevaron a esas personas –de las cuales no se sabe nada-, otra unidad militar llegó a reponer inmediatamente las puertas tiradas para aparentar que ahí no había pasado nada.
El presidente municipal de esa ciudad en un estado del centro de México, preguntó a los mandos militares de la zona quiénes habían participado en la operación, y le respondieron que personal de Blackwater. El alcalde nunca había oído de esa empresa fundada en 1997 en Carolina del Norte por Eric Prince, heredero de una fortuna multimillonaria y que había sido un SEAL. La empresa se convirtió en la principal proveedora de seguridad en Irak y Afganistán durante el gobierno de George Bush, donde se vio involucrada en escándalo por el uso de fuerza. Hace no mucho cambió su nombre a Xe Services.
Lo que sucedió en esa ciudad nunca fue informado oficialmente, como tampoco hay versión oficial sobre la participación de personal extranjero en acciones contra el narcotráfico en territorio mexicano. Blackwater/Xe Services, de cualquier forma, opera en México desde 2008 con un contrato otorgado por el Pentágono en 2007 para “pelear contra terroristas vinculados al narcotráfico”. El marco legal bajo el cual opera es la Iniciativa Mérida, pero tampoco hay corroboración oficial sobre ello.
La presencia de ese ejercito privado en México, que como contratistas externos del gobierno de Estados Unidos entran en el vacío legal que impide a tropas extranjeras actuar en este país sin autorización, ha sido motivo de discusión y preocupación en las élites políticas, que han visto cómo ese tipo de comandos están actuando en coordinación con los de la Marina.
El punto más claro de este proceso es Tamaulipas, donde el intercambio de información de inteligencia –como sucedió con la aportación estadounidense de dónde se encontraba exactamente Cárdenas Guillén el día que fueron por él-, no es lo único que están mostrando. Personal en uniforme de combate de la Marina, pero con una altura significativamente superior a la media de los comandos, han venido actuando de manera creciente en apoyo a sus operaciones.
Funcionarios tamaulipecos revelaron que ese grupo –que no está todo el tiempo en las calles-, fue el primero que llegó al sitio donde ejecutaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador en junio pasado, y quienes acudieron a las oficinas del gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández para detener a uno de sus escoltas por presunto vínculo con el narcotráfico. Las dudas sobre quiénes, en uniforme de marinos, están operando en México no se han resuelto.
Lo que sí toma un perfil cada vez más claro es la prominencia de la Marina dentro de la estrategia bélica del presidente Calderón en la guerra contra las drogas, contra el castigo y desdén con el que trata al Ejército, donde la distancia con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván se está ampliando. Igualmente cada vez se perfila más la manera como el Pentágono desea inducir ese combate.
No lo ocultan, y lo vienen señalando desde hace meses. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha dicho que su gobierno está listo a utilizar tácticas empleadas contra los terroristas en Irak y Afganistán, para enfrentar a los cárteles de las drogas en México, que significa acciones quirúrgicas letales, donde utilizan SEALs y los ejércitos privados como Blackwater/Xe Services. Es decir, exactamente la misma estrategia que ha mostrado tener la Marina y el almirante Saynez en la guerra contra las drogas.
Hace apenas dos semanas, el secretario de la Marina Francisco Saynez viajó a Miami para reunirse con el comandante del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante James Winnefeld Jr., y el comandante del Comando Sur, general Douglas Fraser. No fue una reunión secreta, pero se mantuvo con discreción. Y no era para menos. Su cita fue para delinear una estrategia común para combatir al narcotráfico en México y fortalecer un mecanismo continuo de comunicación y apoyo para la batalla contra los cárteles en territorio mexicano.
La cercanía no es nueva. El año pasado el almirante Saynez autorizó por primera vez que unidades de la Marina participaran en ejercicios militares de UNITAS, que realiza anualmente la Armada estadounidense en diferentes países con marinos de otras naciones latinoamericanas y a veces canadiense y europea, dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que por años ha causado escozor en México por sus recovecos intervencionistas.
Esos tiempos han pasado. El Ejército, que históricamente fue la voz líder dentro de las Fuerzas Armadas, ha sido relegado a un segundo término por el presidente Felipe Calderón y por los halcones en Washington de la guerra contra el narcotráfico. El nuevo rol se le ha delegado a la Marina, cuyo actual titular ha entregado lo impensable en soberanía hasta hace unos años al Pentágono. La Marina mexicana se ha convertido en su querubín. Es ella en quien detentan su mayor confianza y credibilidad, y sobre la cual apoyan su cabeza de playa en México.
Por un lado, el almirante Saynez ha enviado a varias decenas de comandos a ser capacitados por la unidad de élite de la Marina de Estados Unidos llamada SEALs, acrónimo de Mar, Aire y Tierra. Los entrenamientos incluyen operaciones contra narcotraficantes, combate a terroristas y guerra no convencional, para lo cual, matar no es un obstáculo. Los comandos mexicanos mostraron los resultados al eliminar a dos jefes del narcotráfico en menos de un año, Arturo Beltrán Leyva y Ezequiel Cárdenas Guillén.
Por el otro, hay creciente información y evidencia que la Marina está abriendo la puerta a operaciones conjuntas con unidades extranjeras o no necesariamente en la nómina de la Armada. En mayo pasado se publicó en este espacio que un comando de marinos había sacado en marzo a cuatro personas de su casa en la madrugada, tras derrumbar las puertas de la morada. La policía, alertada por los vecinos, no pudo intervenir porque fue detenida por marinos. Cuando se llevaron a esas personas –de las cuales no se sabe nada-, otra unidad militar llegó a reponer inmediatamente las puertas tiradas para aparentar que ahí no había pasado nada.
El presidente municipal de esa ciudad en un estado del centro de México, preguntó a los mandos militares de la zona quiénes habían participado en la operación, y le respondieron que personal de Blackwater. El alcalde nunca había oído de esa empresa fundada en 1997 en Carolina del Norte por Eric Prince, heredero de una fortuna multimillonaria y que había sido un SEAL. La empresa se convirtió en la principal proveedora de seguridad en Irak y Afganistán durante el gobierno de George Bush, donde se vio involucrada en escándalo por el uso de fuerza. Hace no mucho cambió su nombre a Xe Services.
Lo que sucedió en esa ciudad nunca fue informado oficialmente, como tampoco hay versión oficial sobre la participación de personal extranjero en acciones contra el narcotráfico en territorio mexicano. Blackwater/Xe Services, de cualquier forma, opera en México desde 2008 con un contrato otorgado por el Pentágono en 2007 para “pelear contra terroristas vinculados al narcotráfico”. El marco legal bajo el cual opera es la Iniciativa Mérida, pero tampoco hay corroboración oficial sobre ello.
La presencia de ese ejercito privado en México, que como contratistas externos del gobierno de Estados Unidos entran en el vacío legal que impide a tropas extranjeras actuar en este país sin autorización, ha sido motivo de discusión y preocupación en las élites políticas, que han visto cómo ese tipo de comandos están actuando en coordinación con los de la Marina.
El punto más claro de este proceso es Tamaulipas, donde el intercambio de información de inteligencia –como sucedió con la aportación estadounidense de dónde se encontraba exactamente Cárdenas Guillén el día que fueron por él-, no es lo único que están mostrando. Personal en uniforme de combate de la Marina, pero con una altura significativamente superior a la media de los comandos, han venido actuando de manera creciente en apoyo a sus operaciones.
Funcionarios tamaulipecos revelaron que ese grupo –que no está todo el tiempo en las calles-, fue el primero que llegó al sitio donde ejecutaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador en junio pasado, y quienes acudieron a las oficinas del gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández para detener a uno de sus escoltas por presunto vínculo con el narcotráfico. Las dudas sobre quiénes, en uniforme de marinos, están operando en México no se han resuelto.
Lo que sí toma un perfil cada vez más claro es la prominencia de la Marina dentro de la estrategia bélica del presidente Calderón en la guerra contra las drogas, contra el castigo y desdén con el que trata al Ejército, donde la distancia con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván se está ampliando. Igualmente cada vez se perfila más la manera como el Pentágono desea inducir ese combate.
No lo ocultan, y lo vienen señalando desde hace meses. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha dicho que su gobierno está listo a utilizar tácticas empleadas contra los terroristas en Irak y Afganistán, para enfrentar a los cárteles de las drogas en México, que significa acciones quirúrgicas letales, donde utilizan SEALs y los ejércitos privados como Blackwater/Xe Services. Es decir, exactamente la misma estrategia que ha mostrado tener la Marina y el almirante Saynez en la guerra contra las drogas.
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