Alejandro Zapata Perogordo
El presidente Calderón envió la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Senadores y con ello se retoma el tema único de las policías municipales.
El mensaje hacia la sociedad trae aparejada una gran carga de esperanza, por tratarse del problema más sensible para todos los mexicanos: la Seguridad Pública.
Se origina por la disfuncionalidad entre la federación, los estados y municipios y su objetivo es homogeneizar el modelo de policía; ante la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que repercute en los precarios resultados contra el crimen -especialmente en el ámbito del fuero común- ahora estrechamente vinculado con la delincuencia organizada.
Existe una enorme disparidad, pues mientras en los estados y municipios se tiene una fuerza policial del más de 400 mil policías, la federación cuenta con apenas alrededor de 33 mil. Estas cifras por sí solas son alarmantes, pues significa que algo está ocurriendo en las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios, cuya merma en su eficacia es obvia.
Hay dos razones que mueven a los gobernadores de los estados para impulsar la reforma. La primera, un verdadero deseo de mejorar las cosas y obtener para sus regiones la capacidad de vivir en armonía. En Tijuana encontramos el ejemplo claro de lo anterior: una ciudad históricamente conflictiva, que tenía por vecinos a grandes capos de la mafia, con gran violencia y una sociedad apanicada.
Sin embargo, ha avanzado considerablemente en el abatimiento de la delincuencia -según lo señalan sus gobernantes- bajo un esquema de voluntad política y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
En contrapartida, para otros engendra la oportunidad de concentrar el poder, sin que en realidad les importe lo que ocurre en las calles. También existen ejemplos de ello, pues -de acuerdo a cifras oficiales y al paso que va- al Estado de México le llevará veinte años en aplicar los exámenes de confiabilidad de sus policías.
Últimamente hemos tenido infinidad de anecdotarios, detestables todos: la directora del penal deMargarita Rojas Rodríguez (premiada como funcionario del año y poco después arraigada por abrir el zaguán del Cereso para que sicarios salieran durante el recreo a ejecutar personas) la ejecución de presidentes municipales, céntricas balaceras, retenes para robar vehículos en medio de las ciudades, privaciones ilegales de libertad, etc.
Lo curioso del caso es que deben ser la Policía Federal y las fuerzas armadas quienes le entren, pues de las estatales y municipales ni sus luces; por el contrario, se presume de infiltraciones y complicidades.
Así, ¿para qué queremos el mando único de los estados? ¿Para tenercapos policiales más fuertes, más corruptos y con poder absoluto?
Estoy a favor de la coordinación, de tener un modelo de policía, de que se realicen las certificaciones de confiabilidad y del sistema de corresponsabilidad y subsidiaridad. Pero estoy en contra de la falta de voluntad política, de la simulación, de la complacencia de las autoridades estatales, de la gran corrupción existente y de seguir pagando del erario público a policías desleales.
Entiendo que las circunstancias nos conducen a pensar diferente porque diferente es la situación, existe una transformación cultural y eso nos conlleva a nuevas propuestas y acciones en materia de seguridad.
Y ojalá que exista una real voluntad para que las autoridades hagan lo propio, pues dejaron crecer las cosas. Ahora les toca a ellas; sin embargo, aún sigo creyendo que están muy ojones pa´ paloma o muy redondos para ser huevo.
El presidente Calderón envió la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Senadores y con ello se retoma el tema único de las policías municipales.
El mensaje hacia la sociedad trae aparejada una gran carga de esperanza, por tratarse del problema más sensible para todos los mexicanos: la Seguridad Pública.
Se origina por la disfuncionalidad entre la federación, los estados y municipios y su objetivo es homogeneizar el modelo de policía; ante la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que repercute en los precarios resultados contra el crimen -especialmente en el ámbito del fuero común- ahora estrechamente vinculado con la delincuencia organizada.
Existe una enorme disparidad, pues mientras en los estados y municipios se tiene una fuerza policial del más de 400 mil policías, la federación cuenta con apenas alrededor de 33 mil. Estas cifras por sí solas son alarmantes, pues significa que algo está ocurriendo en las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios, cuya merma en su eficacia es obvia.
Hay dos razones que mueven a los gobernadores de los estados para impulsar la reforma. La primera, un verdadero deseo de mejorar las cosas y obtener para sus regiones la capacidad de vivir en armonía. En Tijuana encontramos el ejemplo claro de lo anterior: una ciudad históricamente conflictiva, que tenía por vecinos a grandes capos de la mafia, con gran violencia y una sociedad apanicada.
Sin embargo, ha avanzado considerablemente en el abatimiento de la delincuencia -según lo señalan sus gobernantes- bajo un esquema de voluntad política y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
En contrapartida, para otros engendra la oportunidad de concentrar el poder, sin que en realidad les importe lo que ocurre en las calles. También existen ejemplos de ello, pues -de acuerdo a cifras oficiales y al paso que va- al Estado de México le llevará veinte años en aplicar los exámenes de confiabilidad de sus policías.
Últimamente hemos tenido infinidad de anecdotarios, detestables todos: la directora del penal deMargarita Rojas Rodríguez (premiada como funcionario del año y poco después arraigada por abrir el zaguán del Cereso para que sicarios salieran durante el recreo a ejecutar personas) la ejecución de presidentes municipales, céntricas balaceras, retenes para robar vehículos en medio de las ciudades, privaciones ilegales de libertad, etc.
Lo curioso del caso es que deben ser la Policía Federal y las fuerzas armadas quienes le entren, pues de las estatales y municipales ni sus luces; por el contrario, se presume de infiltraciones y complicidades.
Así, ¿para qué queremos el mando único de los estados? ¿Para tenercapos policiales más fuertes, más corruptos y con poder absoluto?
Estoy a favor de la coordinación, de tener un modelo de policía, de que se realicen las certificaciones de confiabilidad y del sistema de corresponsabilidad y subsidiaridad. Pero estoy en contra de la falta de voluntad política, de la simulación, de la complacencia de las autoridades estatales, de la gran corrupción existente y de seguir pagando del erario público a policías desleales.
Entiendo que las circunstancias nos conducen a pensar diferente porque diferente es la situación, existe una transformación cultural y eso nos conlleva a nuevas propuestas y acciones en materia de seguridad.
Y ojalá que exista una real voluntad para que las autoridades hagan lo propio, pues dejaron crecer las cosas. Ahora les toca a ellas; sin embargo, aún sigo creyendo que están muy ojones pa´ paloma o muy redondos para ser huevo.
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