Eduardo Ibarra Aguirre
En el cumplimiento de su deber cayeron 208 integrantes de la Policía Federal, desde diciembre de 2006, en que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado, y junio de 2010, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son tan duros como sería de esperarse tratándose de vidas humanas y de agentes que son “héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país”, como expone discursivamente Genaro García Luna.
Las cifras no cuadran, por ejemplo el mismo ingeniero informó el pasado 6 de agosto que de diciembre de 2006 a julio de 2010 fueron contabilizados 463 caídos “por ejecución, enfrentamiento y agresiones realizadas por la delincuencia organizada”, nunca precisó si contempla sólo a la corporación bajo su mando, la SSP, o también a la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Con independencia de todo el alarde tecnológico del que da cuenta la insultante propaganda televisiva y radiofónica gubernamental, palidece ante la incapacidad para contabilizar las bajas de los agentes policiacos federales, el hecho es que con frecuencia son despedidos los restos mortales con encendidos discursos de los integrantes de la elite de la PF, honores de sus compañeros y la Bandera Nacional es entregada a las viudas o padres.
Pero la enseña patria y las emotivas ceremonias de muy poco le sirven a los deudos a la hora de hacer válidos los derechos elementales: el cobro de los seguros de vida a cargo de empresas privadas, la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, y la asesoría sicológica que, dicho sea de paso, se brinda a cuentagotas.
Gracias al trabajo reporteril de Gustavo Castillo (La Jornada, 18-X-10, pp. 2-3) fue posible conocer el viacrucis que padecen las viudas y familiares de los caídos, a los que la SSP ofreció “un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial”, pero en realidad padecen la doble tragedia de la pérdida del ser querido y las interminables exigencias burocráticas. Es la mexicanísima tramitología en los tres niveles de gobierno, auspiciadora de la bajísima productividad laboral, sin que autoridad alguna haga algo al respecto, y fuente de millones de ciudadanos extorsionados por funcionarios de oficinas privadas y públicas.
Naturalmente que ninguno de los testimonios publicados se acompaña del nombre auténtico y mucho menos del domicilio, por razones más que obvias. Rosa María, por ejemplo, acumula 13 meses de trámites y es objeto de “interrogatorios humillantes”. Raquel recibió la bella bandera hace 10 meses y todavía no puede cobrar la pensión del ISSSTE, aunque obtuvo 600 mil pesos por el seguro de vida de su marido, menos el descuento de 20 por ciento para que el trámite fuera rápido. A Jovita no le quieren dar la pensión porque su hijo era portador del VIH/sida y resume su trajinar con la siguiente frase: “Dinero, botella o queso. Algo hay que darles siempre”.
La triplicación del gasto de la SSP, de 10 mil 638 millones de pesos, en 2006, a 32 mil 437 millones de pesos, en 2010, y la publicitada tecnología de punta, ni remotamente se reflejan en la atención oportuna, transparente y cálida de los deudos que, además, en el mejor de los casos recibieron una sesión sicológica por familiar, viuda e hijos, como lo demuestran las estadísticas del reportaje de Castillo.
Mas las corruptelas provienen desde las alturas de la SSP, donde hasta hace un año algunos jefes hurtaban la mayor parte de los viáticos autorizados a los agentes en comisiones de trabajo. Y a este pillaje le llaman guerra.
En el cumplimiento de su deber cayeron 208 integrantes de la Policía Federal, desde diciembre de 2006, en que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado, y junio de 2010, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son tan duros como sería de esperarse tratándose de vidas humanas y de agentes que son “héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país”, como expone discursivamente Genaro García Luna.
Las cifras no cuadran, por ejemplo el mismo ingeniero informó el pasado 6 de agosto que de diciembre de 2006 a julio de 2010 fueron contabilizados 463 caídos “por ejecución, enfrentamiento y agresiones realizadas por la delincuencia organizada”, nunca precisó si contempla sólo a la corporación bajo su mando, la SSP, o también a la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Con independencia de todo el alarde tecnológico del que da cuenta la insultante propaganda televisiva y radiofónica gubernamental, palidece ante la incapacidad para contabilizar las bajas de los agentes policiacos federales, el hecho es que con frecuencia son despedidos los restos mortales con encendidos discursos de los integrantes de la elite de la PF, honores de sus compañeros y la Bandera Nacional es entregada a las viudas o padres.
Pero la enseña patria y las emotivas ceremonias de muy poco le sirven a los deudos a la hora de hacer válidos los derechos elementales: el cobro de los seguros de vida a cargo de empresas privadas, la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, y la asesoría sicológica que, dicho sea de paso, se brinda a cuentagotas.
Gracias al trabajo reporteril de Gustavo Castillo (La Jornada, 18-X-10, pp. 2-3) fue posible conocer el viacrucis que padecen las viudas y familiares de los caídos, a los que la SSP ofreció “un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial”, pero en realidad padecen la doble tragedia de la pérdida del ser querido y las interminables exigencias burocráticas. Es la mexicanísima tramitología en los tres niveles de gobierno, auspiciadora de la bajísima productividad laboral, sin que autoridad alguna haga algo al respecto, y fuente de millones de ciudadanos extorsionados por funcionarios de oficinas privadas y públicas.
Naturalmente que ninguno de los testimonios publicados se acompaña del nombre auténtico y mucho menos del domicilio, por razones más que obvias. Rosa María, por ejemplo, acumula 13 meses de trámites y es objeto de “interrogatorios humillantes”. Raquel recibió la bella bandera hace 10 meses y todavía no puede cobrar la pensión del ISSSTE, aunque obtuvo 600 mil pesos por el seguro de vida de su marido, menos el descuento de 20 por ciento para que el trámite fuera rápido. A Jovita no le quieren dar la pensión porque su hijo era portador del VIH/sida y resume su trajinar con la siguiente frase: “Dinero, botella o queso. Algo hay que darles siempre”.
La triplicación del gasto de la SSP, de 10 mil 638 millones de pesos, en 2006, a 32 mil 437 millones de pesos, en 2010, y la publicitada tecnología de punta, ni remotamente se reflejan en la atención oportuna, transparente y cálida de los deudos que, además, en el mejor de los casos recibieron una sesión sicológica por familiar, viuda e hijos, como lo demuestran las estadísticas del reportaje de Castillo.
Mas las corruptelas provienen desde las alturas de la SSP, donde hasta hace un año algunos jefes hurtaban la mayor parte de los viáticos autorizados a los agentes en comisiones de trabajo. Y a este pillaje le llaman guerra.
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