Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Los desastres no llegan solos. Con las inundaciones se hicieron presentes las necesidades mínimas de rescate de poblados y ciudades enteras, como es el caso de Tlacotalpan, Veracruz. Se propuso entonces la creación de un fondo de 55 mil millones de pesos para recuperar las zonas devastadas por el desbordamiento de los ríos, los huracanes y, también, la mala administración pública que nunca prevé ni anticipa nada, sino que va al buen tun tun de los acontecimientos.
El fondo de 55 mil millones fue creado a cambio de no disminuir el IVA en un punto porcentual, lo que si se mide en pesos y centavos, serán más graves y duraderas las consecuencias de esa negativa en el gasto doméstico -tan castigado desde la atonía económica del echevarriato y la devaluación del 31 de agosto de 1976-, que el dejar que los gobiernos estatales resolvieran por ellos mismos el rescate urbano. Hace 34 años que las familias de a pie son severamente castigadas por las políticas públicas, y nunca nadie ha formulado propuesta alguna para resarcirlas de tanto sacrificio. La disminución del IVA era una oportunidad, pero tomaron la decisión equivocada y contra el sentido común. En todos los tonos, los especialistas afirman que para reactivar la economía hay que incentivar el mercado; para ello es necesario consumir, necesariamente un poco más allá de la canasta básica. Fueron de mayor peso las razones de los poderes fácticos, que se afianzan en su intensión de secuestrar la sucesión presidencial, e imponer condiciones, precandidatos y estrategias de acuerdo a la idea que los manes tutelares de esos dichosos poderes tienen sobre México y los mexicanos.
No son los únicos. Los intereses de la Casa Blanca también están en juego, de allí que las declaraciones que sobre este inerme país hace la secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, suban en tono e intensidad, a tal grado que indica ya que es momento de una acción conjunta e internacional para contener en México el peligro creciente que significan los narcotraficantes y sus sicarios, porque despliegan actitudes terroristas y comportamiento de insurgencia.
Pero como las desgracias nunca llegan solas, a la insolencia de la señora Clinton ha de sumarse la muerte de José Gil Hernández Ramírez, de 21 años, quien fue asesinado cuando se encontraba con dos acompañantes afuera de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, de Ciudad Juárez; pertenecía a la Guardia Nacional de Texas. De acuerdo con información de El Diario de El Paso, el soldado asesinado fue plenamente identificado, mientras que al otro ejecutado se le identificó con el nombre de Rafael Ramírez Reza, de 42 años.
Pudiera ser éste el pretexto buscado, deseado, necesitado por la secretaria de Estado para justificar una intervención más pública y abierta en México de la que ya está en operación. La presencia de marines en territorio nacional secuestraría la sucesión presidencial, pues no habría vida normal, se viviría en una excepción delirante y llena de riesgos, la que por lo pronto confiscaría toda idea de independencia y autonomía, hechos que serían bendiciones para muchos de los integrantes de Acción Nacional, concretamente para los distinguidos partidarios de El Yunque.
Un tercer hecho que mantiene secuestrada la sucesión presidencial, es la inseguridad pública. El combate al narcotráfico y la lucha por las plazas, más la ingobernabilidad en algunos municipios del país, aseguran que la espiral de violencia se desarrolle sin contención alguna, y sea cada vez más cruenta y con irresolubles daños colaterales, cuando menos en el corto plazo, como lo son el secuestro, la trata, los “levantones”, los desaparecidos, las viudas y viudos, los huérfanos, la inseguridad jurídica y las corridas de capitales por no encontrar condiciones adecuadas para invertir o reinvertir en México.
No es un aserto gratuito: ¿cuántos presidentes municipales ejecutados van? ¿Cuántos familiares de presidentes municipales y cuántos de gobernadores? ¿Cuántos candidatos a gobernador? Y claro, el miedo de los funcionarios públicos lo pagamos los contribuyentes, con ese estímulo pecuniario que dan a quienes necesitan disfrutar de las mieles del poder político, pero para que lo hagan a su gusto, les conceden un bono adicional por inseguridad. Si están atemorizados, que renuncien.
Otra consecuencia de esta inseguridad pública es la anomia social. El azoro y entusiasmo despertados por la lucha en contra de la impunidad encabezados por Eduardo Gallo, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, se ha diluido. La publicación de las cuatro fotografías de los supuestos secuestradores y asesinos de Fernando Martí, no despertó el interés mediático y social que debiera. La sociedad está cansada, y en ese agotamiento permite que la delincuencia organizada y los partidos le secuestren la sucesión presidencial.
Sobre los sucesos anteriores se ubica el de más poder político y económico, pero cuya sede no está en México, sino en Estados Unidos. Me refiero al narcotráfico. Pareciera que nadie prestó atención a lo declarado por Vicente Fox Quesada: al narcotráfico no se le combate, se le administra.
En el desesperado esfuerzo del gobierno por ganar la guerra que declaró a los barones de la droga se han cometido errores, se pretende tergiversar los hechos, la realidad, para justificar históricamente decisiones que hasta hoy sólo han producido descalabros.
En el afán de romper récords y vender a la población la idea de que se va por buen camino, Alejandro Poiré, vocero del Ejecutivo federal en Seguridad, afirma con todo desparpajo que el decomiso de marihuana hecho este lunes por el Ejército mexicano en Tijuana, se convirtió en un hecho histórico, pues nunca antes se habían confiscado tantos kilos de este enervante.
“Es el decomiso más grande en la historia del país, de marihuana empaquetada y preparada para su venta y distribución. Este importante logro muestra la capacidad del Estado mexicano cuando las fuerzas y corporaciones de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno se coordinan adecuadamente”.
Claro que el señor Poiré se aseguró de especificar (empaquetada y preparada para su venta), porque el decomiso más grande fue el realizado en El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, donde decomisaron dos mil quinientas toneladas, con valor a 1984 de ocho mil millones de dólares.
Es esta actitud triunfalista ante la derrota -una guerra en la que se suman 30 mil muertes e incuantificables daños y pérdidas, de los cuales muchos carecen ya de arreglo-, porque no puede cantarse victoria cuando la sociedad sufre y el peso de la recuperación económica recaerá, otra vez, sobre los que menos tienen.
Es esta insensata guerra el cuarto factor que tiene secuestrada la sucesión presidencial, inmersa ya en una espiral de violencia sin control, que pone a México a un tris del Estado de excepción, de la suspensión de garantías, de la suspensión de las elecciones presidenciales.
No deseo pecar de alarmista, pero ya hay quienes apuestan a la permanencia del actual gobierno más allá del primero de diciembre de 2012. En eso pudiera tener razón Jaime Avilés. Lo cierto es que dos más dos son cuatro, y si sumamos a la actitud de los partidos políticos, la de poderes fácticos, de Hillary Clinton, más la anomia de la sociedad y el poder del narco, pues estamos aviados, y sí, no es remoto que estén dispuestos a quedarse con la sucesión presidencial en su poder, como si fuera de su propiedad.
Ni idea tienen del costo social que significa mantener el IVA en 16 por ciento.
Los desastres no llegan solos. Con las inundaciones se hicieron presentes las necesidades mínimas de rescate de poblados y ciudades enteras, como es el caso de Tlacotalpan, Veracruz. Se propuso entonces la creación de un fondo de 55 mil millones de pesos para recuperar las zonas devastadas por el desbordamiento de los ríos, los huracanes y, también, la mala administración pública que nunca prevé ni anticipa nada, sino que va al buen tun tun de los acontecimientos.
El fondo de 55 mil millones fue creado a cambio de no disminuir el IVA en un punto porcentual, lo que si se mide en pesos y centavos, serán más graves y duraderas las consecuencias de esa negativa en el gasto doméstico -tan castigado desde la atonía económica del echevarriato y la devaluación del 31 de agosto de 1976-, que el dejar que los gobiernos estatales resolvieran por ellos mismos el rescate urbano. Hace 34 años que las familias de a pie son severamente castigadas por las políticas públicas, y nunca nadie ha formulado propuesta alguna para resarcirlas de tanto sacrificio. La disminución del IVA era una oportunidad, pero tomaron la decisión equivocada y contra el sentido común. En todos los tonos, los especialistas afirman que para reactivar la economía hay que incentivar el mercado; para ello es necesario consumir, necesariamente un poco más allá de la canasta básica. Fueron de mayor peso las razones de los poderes fácticos, que se afianzan en su intensión de secuestrar la sucesión presidencial, e imponer condiciones, precandidatos y estrategias de acuerdo a la idea que los manes tutelares de esos dichosos poderes tienen sobre México y los mexicanos.
No son los únicos. Los intereses de la Casa Blanca también están en juego, de allí que las declaraciones que sobre este inerme país hace la secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, suban en tono e intensidad, a tal grado que indica ya que es momento de una acción conjunta e internacional para contener en México el peligro creciente que significan los narcotraficantes y sus sicarios, porque despliegan actitudes terroristas y comportamiento de insurgencia.
Pero como las desgracias nunca llegan solas, a la insolencia de la señora Clinton ha de sumarse la muerte de José Gil Hernández Ramírez, de 21 años, quien fue asesinado cuando se encontraba con dos acompañantes afuera de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, de Ciudad Juárez; pertenecía a la Guardia Nacional de Texas. De acuerdo con información de El Diario de El Paso, el soldado asesinado fue plenamente identificado, mientras que al otro ejecutado se le identificó con el nombre de Rafael Ramírez Reza, de 42 años.
Pudiera ser éste el pretexto buscado, deseado, necesitado por la secretaria de Estado para justificar una intervención más pública y abierta en México de la que ya está en operación. La presencia de marines en territorio nacional secuestraría la sucesión presidencial, pues no habría vida normal, se viviría en una excepción delirante y llena de riesgos, la que por lo pronto confiscaría toda idea de independencia y autonomía, hechos que serían bendiciones para muchos de los integrantes de Acción Nacional, concretamente para los distinguidos partidarios de El Yunque.
Un tercer hecho que mantiene secuestrada la sucesión presidencial, es la inseguridad pública. El combate al narcotráfico y la lucha por las plazas, más la ingobernabilidad en algunos municipios del país, aseguran que la espiral de violencia se desarrolle sin contención alguna, y sea cada vez más cruenta y con irresolubles daños colaterales, cuando menos en el corto plazo, como lo son el secuestro, la trata, los “levantones”, los desaparecidos, las viudas y viudos, los huérfanos, la inseguridad jurídica y las corridas de capitales por no encontrar condiciones adecuadas para invertir o reinvertir en México.
No es un aserto gratuito: ¿cuántos presidentes municipales ejecutados van? ¿Cuántos familiares de presidentes municipales y cuántos de gobernadores? ¿Cuántos candidatos a gobernador? Y claro, el miedo de los funcionarios públicos lo pagamos los contribuyentes, con ese estímulo pecuniario que dan a quienes necesitan disfrutar de las mieles del poder político, pero para que lo hagan a su gusto, les conceden un bono adicional por inseguridad. Si están atemorizados, que renuncien.
Otra consecuencia de esta inseguridad pública es la anomia social. El azoro y entusiasmo despertados por la lucha en contra de la impunidad encabezados por Eduardo Gallo, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, se ha diluido. La publicación de las cuatro fotografías de los supuestos secuestradores y asesinos de Fernando Martí, no despertó el interés mediático y social que debiera. La sociedad está cansada, y en ese agotamiento permite que la delincuencia organizada y los partidos le secuestren la sucesión presidencial.
Sobre los sucesos anteriores se ubica el de más poder político y económico, pero cuya sede no está en México, sino en Estados Unidos. Me refiero al narcotráfico. Pareciera que nadie prestó atención a lo declarado por Vicente Fox Quesada: al narcotráfico no se le combate, se le administra.
En el desesperado esfuerzo del gobierno por ganar la guerra que declaró a los barones de la droga se han cometido errores, se pretende tergiversar los hechos, la realidad, para justificar históricamente decisiones que hasta hoy sólo han producido descalabros.
En el afán de romper récords y vender a la población la idea de que se va por buen camino, Alejandro Poiré, vocero del Ejecutivo federal en Seguridad, afirma con todo desparpajo que el decomiso de marihuana hecho este lunes por el Ejército mexicano en Tijuana, se convirtió en un hecho histórico, pues nunca antes se habían confiscado tantos kilos de este enervante.
“Es el decomiso más grande en la historia del país, de marihuana empaquetada y preparada para su venta y distribución. Este importante logro muestra la capacidad del Estado mexicano cuando las fuerzas y corporaciones de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno se coordinan adecuadamente”.
Claro que el señor Poiré se aseguró de especificar (empaquetada y preparada para su venta), porque el decomiso más grande fue el realizado en El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, donde decomisaron dos mil quinientas toneladas, con valor a 1984 de ocho mil millones de dólares.
Es esta actitud triunfalista ante la derrota -una guerra en la que se suman 30 mil muertes e incuantificables daños y pérdidas, de los cuales muchos carecen ya de arreglo-, porque no puede cantarse victoria cuando la sociedad sufre y el peso de la recuperación económica recaerá, otra vez, sobre los que menos tienen.
Es esta insensata guerra el cuarto factor que tiene secuestrada la sucesión presidencial, inmersa ya en una espiral de violencia sin control, que pone a México a un tris del Estado de excepción, de la suspensión de garantías, de la suspensión de las elecciones presidenciales.
No deseo pecar de alarmista, pero ya hay quienes apuestan a la permanencia del actual gobierno más allá del primero de diciembre de 2012. En eso pudiera tener razón Jaime Avilés. Lo cierto es que dos más dos son cuatro, y si sumamos a la actitud de los partidos políticos, la de poderes fácticos, de Hillary Clinton, más la anomia de la sociedad y el poder del narco, pues estamos aviados, y sí, no es remoto que estén dispuestos a quedarse con la sucesión presidencial en su poder, como si fuera de su propiedad.
Ni idea tienen del costo social que significa mantener el IVA en 16 por ciento.
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