Alberto Barranco / Empresa
En lo que a simple vista pareciera un enigmático mensaje de tres renglones, Televisa anunció ayer que está evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción, es decir la concesión de una red nacional de telefonía celular de 30 megahercios, se han alcanzado o se podrán alcanzar.
Las entrelíneas, naturalmente, apuntan a la posibilidad de que, en un afán revanchista pedestre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se haya precipitado en cerrar el expediente de la licitación 21 del espectro de la banda de 1.7 gigahercios.
Digamos que el consorcio pinta su raya en un escenario en que su condición para adquirir el 30 por ciento del capital de la firma Nextel Holdings, vía un pago mil 446 millones de dólares, era justo la obtención del espectro para tercera generación, por más que las firmas habían integrado previamente un consorcio para pelear por la licitación.
Por lo pronto, existen signos irrefutables de que la SCT incurrió en desacato al no obedecer una suspensión contra el cierre del proceso dictada por el juzgado 16 del Séptimo Circuito en Materia Federal de Córdoba, Veracruz, emitida el propio 30 de septiembre en que, bajo el cobijo de las tinieblas y el sigilo de los depredadores, se entregó el título de concesión respectivo.
La chicana de la dependencia, una más en la larga lista, habla de que el juez de la causa no le notificó oficialmente su resolución en que se señala a la letra que la suspensión provisional se concede para el único efecto de que no se lleve a cabo la entrega de los títulos de concesión respecto al concurso 26 de la licitación 21
El problema es que el documento se le exhibió al propio Molinar Horcasitas minutos antes de que corriera a la dependencia a otorgara el documento, en su comparecencia ante Comisiones de la Cámara de Diputados.
De hecho, el diputado Mario di Costanzo le preguntó tres veces si acataría la nueva disposición jurídica.
Como usted sabe, el funcionario había ofrecido no otorgar la concesión en tanto hubiera algún obstáculo de carácter jurídico.
En el escenario construido por su avidez en quedar bien con el consorcio, a contrapelo de la catarata de críticas de los legisladores, de oposición, Molinar Horcasitas tiene frente a sí tres frentes abiertos: la desconfianza de Televisa; la posibilidad de un juicio político, y la colocación en escena de una nueva demanda penal en su contra, ésta por desacato.
De hecho, esta mañana el diputado panista Javier Corral planteará oficialmente la alternativa, bajo el argumento de causar un grave daño patrimonial al país al otorgar una concesión con un pago inicial 28 veces inferior al real.
El quebranto araña los cinco mil millones de pesos.
Como usted sabe, apuntalado por un criterio de la Comisión Federal de Competencia adoptado a la letra por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que impedía a las empresas participantes de la licitación acumular más de 80 megahercios de espectro, el binomio Televisa-Nextel, único a quien no tocaba la veda, se sentó en la primera postura de la licitación, mientras el resto llegaba a la 86.
Su oferta, así, fue la mínima prevista, es decir 180.3 millones de pesos.
Ahora que en el camino la SCT cabildeó ante la Cámara de Diputados para que el pago por la explotación del espectro obtenido por los ganadores de la subasta se aplazara durante dos años.
Desde otro ángulo, hete aquí que las bases de la licitación fueron rechazadas en su origen por dos de los cinco comisionados que integran el pleno de la Cofetel: José Luis Peralta y Rafael Del Villar.
Más aún, la oferta de Televisa-Nextel sólo la aprobaron dos de ellos: el presidente, Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous, dado que José Luis Peralta no acudió a la sesión; Rafael Del Villar votó en contra, y Ernesto Gil Elorduy se abstuvo de votar.
Ahora que a partir de la publicación de las bases se plantearan 67 recursos judiciales contra la medida por parte no sólo de Iusacell, sino de la Telefónica México y Telcel.
El más tenaz fue la primera, en un escenario en que obligó a la SCT a simular por un lado que no había sido notificada de las suspensiones, y por otro impugnándolas judicialmente.
En el ping-pong se llegó a lo grotesco, por ejemplo el que las delegaciones de la dependencia en el interior del país se negaran a recibir las notificaciones, o que la propia dependencia rechazara que su domicilio social estuviera donde está.
El documento que plantea juicio político contra Molinar, habla de que éste incurrió en irregularidades por omisión; transgredió lo dispuesto en el artículo 9-B de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y pasó por alto el artículo 134 de la Constitución en su párrafo tercero.
El regalazo, pues, se le volteó como boomerang.
En lo que a simple vista pareciera un enigmático mensaje de tres renglones, Televisa anunció ayer que está evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción, es decir la concesión de una red nacional de telefonía celular de 30 megahercios, se han alcanzado o se podrán alcanzar.
Las entrelíneas, naturalmente, apuntan a la posibilidad de que, en un afán revanchista pedestre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se haya precipitado en cerrar el expediente de la licitación 21 del espectro de la banda de 1.7 gigahercios.
Digamos que el consorcio pinta su raya en un escenario en que su condición para adquirir el 30 por ciento del capital de la firma Nextel Holdings, vía un pago mil 446 millones de dólares, era justo la obtención del espectro para tercera generación, por más que las firmas habían integrado previamente un consorcio para pelear por la licitación.
Por lo pronto, existen signos irrefutables de que la SCT incurrió en desacato al no obedecer una suspensión contra el cierre del proceso dictada por el juzgado 16 del Séptimo Circuito en Materia Federal de Córdoba, Veracruz, emitida el propio 30 de septiembre en que, bajo el cobijo de las tinieblas y el sigilo de los depredadores, se entregó el título de concesión respectivo.
La chicana de la dependencia, una más en la larga lista, habla de que el juez de la causa no le notificó oficialmente su resolución en que se señala a la letra que la suspensión provisional se concede para el único efecto de que no se lleve a cabo la entrega de los títulos de concesión respecto al concurso 26 de la licitación 21
El problema es que el documento se le exhibió al propio Molinar Horcasitas minutos antes de que corriera a la dependencia a otorgara el documento, en su comparecencia ante Comisiones de la Cámara de Diputados.
De hecho, el diputado Mario di Costanzo le preguntó tres veces si acataría la nueva disposición jurídica.
Como usted sabe, el funcionario había ofrecido no otorgar la concesión en tanto hubiera algún obstáculo de carácter jurídico.
En el escenario construido por su avidez en quedar bien con el consorcio, a contrapelo de la catarata de críticas de los legisladores, de oposición, Molinar Horcasitas tiene frente a sí tres frentes abiertos: la desconfianza de Televisa; la posibilidad de un juicio político, y la colocación en escena de una nueva demanda penal en su contra, ésta por desacato.
De hecho, esta mañana el diputado panista Javier Corral planteará oficialmente la alternativa, bajo el argumento de causar un grave daño patrimonial al país al otorgar una concesión con un pago inicial 28 veces inferior al real.
El quebranto araña los cinco mil millones de pesos.
Como usted sabe, apuntalado por un criterio de la Comisión Federal de Competencia adoptado a la letra por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que impedía a las empresas participantes de la licitación acumular más de 80 megahercios de espectro, el binomio Televisa-Nextel, único a quien no tocaba la veda, se sentó en la primera postura de la licitación, mientras el resto llegaba a la 86.
Su oferta, así, fue la mínima prevista, es decir 180.3 millones de pesos.
Ahora que en el camino la SCT cabildeó ante la Cámara de Diputados para que el pago por la explotación del espectro obtenido por los ganadores de la subasta se aplazara durante dos años.
Desde otro ángulo, hete aquí que las bases de la licitación fueron rechazadas en su origen por dos de los cinco comisionados que integran el pleno de la Cofetel: José Luis Peralta y Rafael Del Villar.
Más aún, la oferta de Televisa-Nextel sólo la aprobaron dos de ellos: el presidente, Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous, dado que José Luis Peralta no acudió a la sesión; Rafael Del Villar votó en contra, y Ernesto Gil Elorduy se abstuvo de votar.
Ahora que a partir de la publicación de las bases se plantearan 67 recursos judiciales contra la medida por parte no sólo de Iusacell, sino de la Telefónica México y Telcel.
El más tenaz fue la primera, en un escenario en que obligó a la SCT a simular por un lado que no había sido notificada de las suspensiones, y por otro impugnándolas judicialmente.
En el ping-pong se llegó a lo grotesco, por ejemplo el que las delegaciones de la dependencia en el interior del país se negaran a recibir las notificaciones, o que la propia dependencia rechazara que su domicilio social estuviera donde está.
El documento que plantea juicio político contra Molinar, habla de que éste incurrió en irregularidades por omisión; transgredió lo dispuesto en el artículo 9-B de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y pasó por alto el artículo 134 de la Constitución en su párrafo tercero.
El regalazo, pues, se le volteó como boomerang.
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