Jesusa Cervantes
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “en México se lavan 25 mil millones de dólares al año, esta cantidad nos habla de la capacidad que tiene el crimen organizado para comprar carros, casas, aviones y ahora para involucrarse en campañas electorales, para buscar compromisos con candidatos y posteriormente con diputados, con alcaldes, con senadores, con gobernadores”.
La declaración no es del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ni del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El personaje que habló sobre el tema, sobre la narcopolítica, fue justamente un diputado federal, el panista José Luis Ovando Patrón, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Por supuesto que se refería al caso del perredista Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la PGR de mantener vínculos con el grupo delictivo La Familia michoacana.
Este viernes, Ovando no descartó que el crimen organizado busque establecer compromisos con políticos, lo que lo llevó a pensar que “ante esta realidad, yo no dudo que en dos años alguna banda de criminales quiera también poner a un Presidente de la República que no le dé la pelea, que no le dé la batalla, que no los combata”.
¿Graves las declaraciones del panista? No. Se tratan de un simple reflejo de lo que ocurre en el país y que muchos niegan: que el narcotráfico ha permeado en los círculos del poder, aunque aún no sabemos en qué grado.
Quizá por eso el mismo diputado del PAN habla de “la necesidad de revisar los discursos políticos, sobre todo aquellos que se oponen al combate del crimen organizado”
Cuando Proceso realizó justo eso, revisar parte del historial de los políticos y de integrantes del Congreso de la Unión, e incluso lo publicó el 12 de junio pasado bajo el título, “El narco en el Congreso”, todos reclamaron el atrevimiento.
La Junta de Coordinación Política, integrada por PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal, acusó a la revista de “demeritar” al Congreso de la Unión.
Más todavía, los señalados en Proceso, tanto de PRI como de PAN y PRD, enviaron cartas aclaratorias en las que sostienen que nunca han realizado actividades ilícitas. Incluso se llegó a decir que todo era una estrategia publicitaria para vender más.
Ahora que el propio Congreso se encuentra inmerso en una discusión y análisis de documentos para determinar si uno de sus miembros, si un diputado federal, tiene vínculos o no con el narcotráfico, van más allá y aceptan que el narco puede llegar hasta a imponer gobernadores, e incluso no descartan que en unos años pueda imponer al Presidente de la
República.
Aquel 12 de junio, Proceso en ningún momento acusó a legislador alguno de ser narcotraficante o de tener vínculos con cárteles, sólo se limitó a detallar averiguaciones previas en donde se les mencionaba; en otros casos, cuando se les había mandado llamar para testificar y, en algunos más, cuando incluso han sido amenazados por grupos criminales.
De aquello han pasado apenas cuatro meses y ahora el tema está de nuevo instalado en el Congreso, abordado por sus propios miembros, quienes ahora sí tienen dudas y quieren indagar sobre algunas acciones o discursos de los legisladores.
Desde hace varios sexenios, la relación narco-política ha sido tema en círculos de poder y en medios de información. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como por ejemplo, el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien hoy está preso en Estados Unidos.
Recientemente, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aceptó que temas como la narcopolítica o los narcoempresarios ya no son novedosos.
Y es cierto. Ahora, en la lucha por el poder, ante la falta de un control y de alianzas diversas, y entre niveles políticos distintos, hay cabos que han quedado sueltos.
Es difícil pensar qué grupos de narcotraficantes logren tal lavado de dinero, adquieran tantas propiedades, abran tantos negocios lícitos o diversifiquen a tal grado su actividad con el simple poder de las armas.
Sin duda, el poder del Estado, a distintos niveles, ha acudido en su auxilio en algunos momentos, o incluso han convivido juntos por conveniencias mutuas, aunque no necesariamente sean socios.
En el Ejército lo saben, incluso sostienen como hipótesis que los partidos los quieren fuera de las calles en su lucha contra el crimen organizado, pero no porque les interese realmente la protección de los derechos humanos o evitar abusos contra la población civil, sino más bien porque no quieren seguir siendo descubiertos. No quieren que los militares interfieran en sus negociaciones con grupos delictivos.
Hay quien piensa en el sector castrense que los que los políticos no quieren que los militares investiguen y combatan el crimen organizado porque las cabezas a las que han llegado han sido justamente personajes de la política.
Y esté vinculado o no el diputado Julio César Godoy Toscano con el crimen organizado, o se trate de una treta del gobierno calderonista con fuertes impactos mediáticos y manipulaciones de parte de la PGR, la verdad es que el caso ha generado preocupación entre algunos políticos, al grado de que ya buscan revisar la actuación de sus colegas.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “en México se lavan 25 mil millones de dólares al año, esta cantidad nos habla de la capacidad que tiene el crimen organizado para comprar carros, casas, aviones y ahora para involucrarse en campañas electorales, para buscar compromisos con candidatos y posteriormente con diputados, con alcaldes, con senadores, con gobernadores”.
La declaración no es del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ni del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El personaje que habló sobre el tema, sobre la narcopolítica, fue justamente un diputado federal, el panista José Luis Ovando Patrón, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Por supuesto que se refería al caso del perredista Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la PGR de mantener vínculos con el grupo delictivo La Familia michoacana.
Este viernes, Ovando no descartó que el crimen organizado busque establecer compromisos con políticos, lo que lo llevó a pensar que “ante esta realidad, yo no dudo que en dos años alguna banda de criminales quiera también poner a un Presidente de la República que no le dé la pelea, que no le dé la batalla, que no los combata”.
¿Graves las declaraciones del panista? No. Se tratan de un simple reflejo de lo que ocurre en el país y que muchos niegan: que el narcotráfico ha permeado en los círculos del poder, aunque aún no sabemos en qué grado.
Quizá por eso el mismo diputado del PAN habla de “la necesidad de revisar los discursos políticos, sobre todo aquellos que se oponen al combate del crimen organizado”
Cuando Proceso realizó justo eso, revisar parte del historial de los políticos y de integrantes del Congreso de la Unión, e incluso lo publicó el 12 de junio pasado bajo el título, “El narco en el Congreso”, todos reclamaron el atrevimiento.
La Junta de Coordinación Política, integrada por PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal, acusó a la revista de “demeritar” al Congreso de la Unión.
Más todavía, los señalados en Proceso, tanto de PRI como de PAN y PRD, enviaron cartas aclaratorias en las que sostienen que nunca han realizado actividades ilícitas. Incluso se llegó a decir que todo era una estrategia publicitaria para vender más.
Ahora que el propio Congreso se encuentra inmerso en una discusión y análisis de documentos para determinar si uno de sus miembros, si un diputado federal, tiene vínculos o no con el narcotráfico, van más allá y aceptan que el narco puede llegar hasta a imponer gobernadores, e incluso no descartan que en unos años pueda imponer al Presidente de la
República.
Aquel 12 de junio, Proceso en ningún momento acusó a legislador alguno de ser narcotraficante o de tener vínculos con cárteles, sólo se limitó a detallar averiguaciones previas en donde se les mencionaba; en otros casos, cuando se les había mandado llamar para testificar y, en algunos más, cuando incluso han sido amenazados por grupos criminales.
De aquello han pasado apenas cuatro meses y ahora el tema está de nuevo instalado en el Congreso, abordado por sus propios miembros, quienes ahora sí tienen dudas y quieren indagar sobre algunas acciones o discursos de los legisladores.
Desde hace varios sexenios, la relación narco-política ha sido tema en círculos de poder y en medios de información. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como por ejemplo, el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien hoy está preso en Estados Unidos.
Recientemente, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aceptó que temas como la narcopolítica o los narcoempresarios ya no son novedosos.
Y es cierto. Ahora, en la lucha por el poder, ante la falta de un control y de alianzas diversas, y entre niveles políticos distintos, hay cabos que han quedado sueltos.
Es difícil pensar qué grupos de narcotraficantes logren tal lavado de dinero, adquieran tantas propiedades, abran tantos negocios lícitos o diversifiquen a tal grado su actividad con el simple poder de las armas.
Sin duda, el poder del Estado, a distintos niveles, ha acudido en su auxilio en algunos momentos, o incluso han convivido juntos por conveniencias mutuas, aunque no necesariamente sean socios.
En el Ejército lo saben, incluso sostienen como hipótesis que los partidos los quieren fuera de las calles en su lucha contra el crimen organizado, pero no porque les interese realmente la protección de los derechos humanos o evitar abusos contra la población civil, sino más bien porque no quieren seguir siendo descubiertos. No quieren que los militares interfieran en sus negociaciones con grupos delictivos.
Hay quien piensa en el sector castrense que los que los políticos no quieren que los militares investiguen y combatan el crimen organizado porque las cabezas a las que han llegado han sido justamente personajes de la política.
Y esté vinculado o no el diputado Julio César Godoy Toscano con el crimen organizado, o se trate de una treta del gobierno calderonista con fuertes impactos mediáticos y manipulaciones de parte de la PGR, la verdad es que el caso ha generado preocupación entre algunos políticos, al grado de que ya buscan revisar la actuación de sus colegas.
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