Evangelina Hernández / El Universal
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reconoció que el fenómeno migratorio está rompiendo paradigmas y presentando situaciones que antes no se vivían, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas
A dos meses de la masacre de 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reconoce que “hay rincones en la ruta de los migrantes donde es imposible que podamos tener agentes federales y mucho menos marinos o soldados para garantizarles su seguridad”, porque esa tarea le corresponde a los gobiernos de los estados y de los municipios.
Con 15 días en el cargo asegura que ni durante la crisis internacional por el asesinato de 72 personas de Centro y Sudamérica se pensó en modificar la política migratoria que México ha tenido históricamente. “Nuestro propósito es garantizar los mínimos estándares de seguridad de la gente que transita por nuestro país para llegar a Estados Unidos, pero de ninguna manera pretendemos construir un muro en la frontera sur o crear una patrulla fronteriza para frenar su ingreso”.
El funcionario admite que la labor que le encomendaron no es menor, porque el fenómeno migratorio está rompiendo paradigmas y presentando situaciones que antes no se vivían, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. “Lo que estamos haciendo es alertar a toda la gente que cruza por nuestro territorio de las circunstancias por las que atraviesa México en materia de crimen organizado para que las tomen en cuenta”.
¿Cuáles han sido las acciones que han puesto en marcha para proteger a los migrantes después de la masacre del 24 de agosto pasado?
Se diseñó la estrategia integral para prevenir y combatir el secuestro de migrantes, estamos promoviendo, a través de convenios, que los gobiernos de los estados se involucren y actúen en la atención de las personas que van en tránsito y acordamos con las autoridades de 17 países de la región una serie de acciones para que desde sus lugares de origen se les informe de los peligros que representa la migración indocumentada y para que allá también se combata a los traficantes de personas.
¿Hay relación entre estas organizaciones delictivas y las de México?
Tenemos conocimiento que integrantes del crimen organizado de El Salvador, Honduras y Ecuador tienen vínculos con las bandas mexicanas. Nos enfrentamos a grupos delictivos que operan a través de las fronteras y se dedican a la extorsión y el secuestro de personas. En el caso de la masacre de Tamaulipas, el gobierno de Ecuador ya ubicó a los grupos que participaron en la salida de varios de los migrantes que lamentablemente fallecieron. De hecho, Freddy Lala, el sobreviviente de origen ecuatoriano, declaró que las extorsiones empezaron desde su país. A raíz de la tragedia hubo gente tan deshumanizada que lo extorsionaba diciendo: “Tu hija se salvó de morir en Tamaulipas, pero nosotros la tenemos secuestrada, págame para que siga en la lista de los sobrevivientes”.
¿Cómo construir una política migratoria humanitaria y, al mismo tiempo, tratar de ordenar el ingreso de personas por la frontera sur?
Se ha incrementado el número de operativos, tanto carreteros como ferroviarios. Nosotros sólo le podemos garantizar su seguridad al migrante una vez que lo tenemos bajo resguardo, ya sea en una estación migratoria o en el traslado a su lugar de origen.
¿Qué medidas se han tomado para frenar el tráfico y trata de personas por parte del crimen organizado?
Uno de los temas que estamos analizado es el de incrementar el número de oficiales Beta en los distintos puestos de la frontera. Necesitamos el apoyo de los gobiernos de los estados que están en la ruta de los migrantes. Ya se firmaron convenios con Chiapas, Tabasco y Campeche, estamos pendientes con Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Los convenios incluyen medidas de coordinación, de redoblar esfuerzos en materia de seguridad y atención a migrantes. Yo he comentado con los gobernadores que es imposible tener agentes federales y mucho menos marinos o soldados garantizando la seguridad, eso le corresponde a las autoridades municipales y estatales. Es imposible que el gobierno federal pueda atender y asegurar a toda la gente que transita por México. Tenemos presencia en algunos puntos como en Arriaga, Chahuites, Acayucan, Río Negro, Tierra Blanca o en San Luis Potosí.
De la firma del papel a la realidad, ¿qué tanto compromiso hay por parte de las autoridades de los estados?
Sí necesitamos redoblar esfuerzos, sabemos que los gobernadores tienen muchas agendas, no sólo en materia de los migrantes, pero sí podemos hacer un gran esfuerzo. Hay casos como el de un procurador, que prefiero omitir de dónde es, que me dijo: “Es que (los migrantes) pasan por lugares donde hay bandas criminales operando”, y me dije: “¿Y qué están haciendo ustedes para desmantelarlas, sobre todo si ya saben que están ahí?”.
Usted recibe el Instituto un año después de que la CNDH presenta un reporte sobre el plagio de migrantes y justo después de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas. ¿Cuáles son sus objetivos en el Instituto?
Aumentar los operativos para tratar de asegurar a los migrantes antes de que sean secuestrados, por eso estamos trabajando muy al sur del país para evitar que pasen por los lugares más peligrosos, lugares que incluso son dominados por algunos grupos delictivos. Además nos coordinamos con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en el combate a las bandas de secuestradores y a los grupos del crimen organizado.
¿Se está preparando alguna “operación limpieza” para evitar la corrupción en el interior del INM?
Esa es una de las prioridades que me encomendó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Desde antes de mi llegada se creó un Centro de Control de Confianza y la idea es que todos los servidores públicos podamos cubrir el perfil mínimo de confianza que se requiere en una institución como ésta, en la que sí hay señalamientos. En el último año han sido inhabilitados 350 funcionarios por diversos señalamientos. En Tapachula, Chiapas, y en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, donde hemos tenido denuncias por trata de personas, estamos pensando en un programa de rotación de personal, en coordinar acciones con otras instancias del gobierno federal para no descuidar la vigilancia de los cruces fronterizos, ya que de por sí la porosidad de la frontera de México con Guatemala es altísima. Necesitamos diseñar una serie de acciones para que los cruces sean por los lugares formales y no por las llantas del Suchiate o por las veredas, pero para eso requerimos del apoyo de los gobiernos de Guatemala y Belice. En el cruce fronterizo de El Ceibo, entre México (Tabasco) y Guatemala, desde hace un año está terminado del lado mexicano, pero del lado guatemalteco todavía no tiene la infraestructura ni el personal adecuados como para poder operar las 24 horas del día. Entien-do que en la noche lo cierran con una cadena y por ahí pueden contraban-dear muchas cosas.
¿Y cómo encontró todas las estaciones de Migración?
Necesitamos trabajar en esa reestructuración, necesita mejoras Iztapalapa, Janos, en el norte del país, que dejan mucho que desear. Lo que estamos haciendo es coordinarnos con la Organización Internacional de las Migraciones para que nuestras instalaciones tengan las condiciones mínimas de seguridad e higiene.
¿Cómo garantizar los derechos humanos de todos los migrantes ante un crimen organizado que atenta, incluso contra su vida?
Estamos diseñando una campaña de difusión en las áreas de comunicación social de la PGR, Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública federal, Cancillería y con los gobiernos de los países de Centroamérica para alertar a los migrantes sobre los riesgos que implica el tránsito por México, y el fenómeno migratorio en general. Les vamos a decir de quién cuidarse y cómo cuidarse. Este proyecto estará operando en un mes.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reconoció que el fenómeno migratorio está rompiendo paradigmas y presentando situaciones que antes no se vivían, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas
A dos meses de la masacre de 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reconoce que “hay rincones en la ruta de los migrantes donde es imposible que podamos tener agentes federales y mucho menos marinos o soldados para garantizarles su seguridad”, porque esa tarea le corresponde a los gobiernos de los estados y de los municipios.
Con 15 días en el cargo asegura que ni durante la crisis internacional por el asesinato de 72 personas de Centro y Sudamérica se pensó en modificar la política migratoria que México ha tenido históricamente. “Nuestro propósito es garantizar los mínimos estándares de seguridad de la gente que transita por nuestro país para llegar a Estados Unidos, pero de ninguna manera pretendemos construir un muro en la frontera sur o crear una patrulla fronteriza para frenar su ingreso”.
El funcionario admite que la labor que le encomendaron no es menor, porque el fenómeno migratorio está rompiendo paradigmas y presentando situaciones que antes no se vivían, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. “Lo que estamos haciendo es alertar a toda la gente que cruza por nuestro territorio de las circunstancias por las que atraviesa México en materia de crimen organizado para que las tomen en cuenta”.
¿Cuáles han sido las acciones que han puesto en marcha para proteger a los migrantes después de la masacre del 24 de agosto pasado?
Se diseñó la estrategia integral para prevenir y combatir el secuestro de migrantes, estamos promoviendo, a través de convenios, que los gobiernos de los estados se involucren y actúen en la atención de las personas que van en tránsito y acordamos con las autoridades de 17 países de la región una serie de acciones para que desde sus lugares de origen se les informe de los peligros que representa la migración indocumentada y para que allá también se combata a los traficantes de personas.
¿Hay relación entre estas organizaciones delictivas y las de México?
Tenemos conocimiento que integrantes del crimen organizado de El Salvador, Honduras y Ecuador tienen vínculos con las bandas mexicanas. Nos enfrentamos a grupos delictivos que operan a través de las fronteras y se dedican a la extorsión y el secuestro de personas. En el caso de la masacre de Tamaulipas, el gobierno de Ecuador ya ubicó a los grupos que participaron en la salida de varios de los migrantes que lamentablemente fallecieron. De hecho, Freddy Lala, el sobreviviente de origen ecuatoriano, declaró que las extorsiones empezaron desde su país. A raíz de la tragedia hubo gente tan deshumanizada que lo extorsionaba diciendo: “Tu hija se salvó de morir en Tamaulipas, pero nosotros la tenemos secuestrada, págame para que siga en la lista de los sobrevivientes”.
¿Cómo construir una política migratoria humanitaria y, al mismo tiempo, tratar de ordenar el ingreso de personas por la frontera sur?
Se ha incrementado el número de operativos, tanto carreteros como ferroviarios. Nosotros sólo le podemos garantizar su seguridad al migrante una vez que lo tenemos bajo resguardo, ya sea en una estación migratoria o en el traslado a su lugar de origen.
¿Qué medidas se han tomado para frenar el tráfico y trata de personas por parte del crimen organizado?
Uno de los temas que estamos analizado es el de incrementar el número de oficiales Beta en los distintos puestos de la frontera. Necesitamos el apoyo de los gobiernos de los estados que están en la ruta de los migrantes. Ya se firmaron convenios con Chiapas, Tabasco y Campeche, estamos pendientes con Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Los convenios incluyen medidas de coordinación, de redoblar esfuerzos en materia de seguridad y atención a migrantes. Yo he comentado con los gobernadores que es imposible tener agentes federales y mucho menos marinos o soldados garantizando la seguridad, eso le corresponde a las autoridades municipales y estatales. Es imposible que el gobierno federal pueda atender y asegurar a toda la gente que transita por México. Tenemos presencia en algunos puntos como en Arriaga, Chahuites, Acayucan, Río Negro, Tierra Blanca o en San Luis Potosí.
De la firma del papel a la realidad, ¿qué tanto compromiso hay por parte de las autoridades de los estados?
Sí necesitamos redoblar esfuerzos, sabemos que los gobernadores tienen muchas agendas, no sólo en materia de los migrantes, pero sí podemos hacer un gran esfuerzo. Hay casos como el de un procurador, que prefiero omitir de dónde es, que me dijo: “Es que (los migrantes) pasan por lugares donde hay bandas criminales operando”, y me dije: “¿Y qué están haciendo ustedes para desmantelarlas, sobre todo si ya saben que están ahí?”.
Usted recibe el Instituto un año después de que la CNDH presenta un reporte sobre el plagio de migrantes y justo después de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas. ¿Cuáles son sus objetivos en el Instituto?
Aumentar los operativos para tratar de asegurar a los migrantes antes de que sean secuestrados, por eso estamos trabajando muy al sur del país para evitar que pasen por los lugares más peligrosos, lugares que incluso son dominados por algunos grupos delictivos. Además nos coordinamos con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en el combate a las bandas de secuestradores y a los grupos del crimen organizado.
¿Se está preparando alguna “operación limpieza” para evitar la corrupción en el interior del INM?
Esa es una de las prioridades que me encomendó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Desde antes de mi llegada se creó un Centro de Control de Confianza y la idea es que todos los servidores públicos podamos cubrir el perfil mínimo de confianza que se requiere en una institución como ésta, en la que sí hay señalamientos. En el último año han sido inhabilitados 350 funcionarios por diversos señalamientos. En Tapachula, Chiapas, y en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, donde hemos tenido denuncias por trata de personas, estamos pensando en un programa de rotación de personal, en coordinar acciones con otras instancias del gobierno federal para no descuidar la vigilancia de los cruces fronterizos, ya que de por sí la porosidad de la frontera de México con Guatemala es altísima. Necesitamos diseñar una serie de acciones para que los cruces sean por los lugares formales y no por las llantas del Suchiate o por las veredas, pero para eso requerimos del apoyo de los gobiernos de Guatemala y Belice. En el cruce fronterizo de El Ceibo, entre México (Tabasco) y Guatemala, desde hace un año está terminado del lado mexicano, pero del lado guatemalteco todavía no tiene la infraestructura ni el personal adecuados como para poder operar las 24 horas del día. Entien-do que en la noche lo cierran con una cadena y por ahí pueden contraban-dear muchas cosas.
¿Y cómo encontró todas las estaciones de Migración?
Necesitamos trabajar en esa reestructuración, necesita mejoras Iztapalapa, Janos, en el norte del país, que dejan mucho que desear. Lo que estamos haciendo es coordinarnos con la Organización Internacional de las Migraciones para que nuestras instalaciones tengan las condiciones mínimas de seguridad e higiene.
¿Cómo garantizar los derechos humanos de todos los migrantes ante un crimen organizado que atenta, incluso contra su vida?
Estamos diseñando una campaña de difusión en las áreas de comunicación social de la PGR, Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública federal, Cancillería y con los gobiernos de los países de Centroamérica para alertar a los migrantes sobre los riesgos que implica el tránsito por México, y el fenómeno migratorio en general. Les vamos a decir de quién cuidarse y cómo cuidarse. Este proyecto estará operando en un mes.
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