Alberto Barranco / Empresa
Al margen de la petición colocada el fin de semana por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el pleno de la Cámara de Diputados votará mañana un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República transparentar el escandaloso caso de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.
La presión apunta al inaudito retraso de 11 meses de la instancia para integrar una averiguación previa contra los presuntos responsables de aceptar sobornos por parte de una filial en Texas de la empresa suiza ABB Ltd. para adjudicarle contratos.
La sospecha, como usted sabe, apunta hacia el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno Díaz, a quien se acusa concretamente de haber recibido un yate, un automóvil marca Ferrari y dos millones de dólares por el favorcito.
Sin embargo, se involucra también a su antecesor en el cargo, Arturo Hernández Álvarez, quien al parecer había tendido la cama poco antes de abandonar la posición.
El caso es que el 24 de noviembre del año pasado la empresa pública planteó una denuncia de hechos bajo el expediente PGR/AP/1466/DCSPCAJ/SP/M-XXVI/136/2009, que por aquellas cosas raras de la vida se ha movido a paso de tortuga, en sentido contrario a la agilidad de la instancia para consignar a presuntos cómplices del narcotráfico sólo por testimonios dudosos de ex delincuentes.
Ahora que la denuncia la planteó la paraestatal ante la presión de la opinión pública tras desnudarse el proceso que se abrió en los Estados Unidos contra la firma involucrada, quien por cierto acaba de declararse culpable de violar la Ley Contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.
A cambio de no hacerse más olas, la firma suiza le pagará una multa de 58 millones de dólares al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores del vecino país.
Ahora que tras la revelación del caso realizada por el diario estadounidense Houston Chronicle el 14 de agosto del año pasado, la CFE distribuyó a los medios de comunicación un desplegado en el que Moreno Díaz juraba inocencia.
Más aún, aunque en septiembre, dos meses antes de la querella, se divulgó que el funcionario había solicitado una separación provisional de sus funciones, para atender su defensa, éste siguió trabajando sin mayor problema.
De hecho, hasta la segunda semana de noviembre siguió cobrando.
Naturalmente, el caso es representativo de la fragilidad de los instrumentos de control contra la corrupción colocados en escena por el gobierno federal.
¿Dónde estaba, por ejemplo, el órgano civil de transparencia que dio fe de la equidad de los procesos de licitación para adjudicar dos contratos a ABB Ltd., bautizados como Sitracen y Evergreen, uno por 44 y otro por 37 millones de dólares?
¿Dónde estaba el órgano de control interno de la empresa pública que no detectó los correos electrónicos cruzados entre la sobornadora y los sobornados para fijar las vías de éstos?
¿Dónde estaba la Secretaría de la Función Pública para vigilar la legalidad de las adjudicaciones de contratos? ¿Por qué cerró los oídos a las protestas del resto de los participantes?
Más aún, ¿por qué cerró los ojos la ex Secretaría de la Contraloría cuando la presión del extinto líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Leonardo Rodríguez Alcaine, obligó a que se perdonara a Néstor Moreno Díaz de una inhabilitación de 10 años para trabajar en el servicio público?
Lo cierto es que el funcionario era algo más que Director de Operaciones de la CFE. Se diría que en el escalafón virtual era algo así como segundo de a bordo.
A él le correspondía, por ejemplo, representar a la paraestatal en las reuniones de la Junta de Gobierno de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Más aún, en él recayó la entrega de las propiedades de ésta por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El ex funcionario recibió media docena de premios nacionales e internacionales de manos de los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox.
Las fotos adornaban su oficina.
La paradoja del caso es que conocido el asunto por el gobierno mexicano desde julio de 2009, al hacerse públicos los correos electrónicos que imputaban al ex funcionario y su antecesor, nadie hubiera levantado la voz para deslindar responsabilidades.
Más aún tampoco hubo reacción tras la detención en Estados Unidos de una pareja de mexicanos que presuntamente intermedió la entrega de lo que en el país vecino se ubica como pagos deshonestos.
Y si le seguimos, el PAN, cuyo lema de campaña en la elección presidencial del 2006 era manos limpias, obstaculiza con toda su fuerza la posibilidad de una Comisión en la Cámara de Diputados para investigar el asunto que coloca nuevamente a México como el país de la corrupción galopante.
¿Le temen al olor de la cloaca?
Al margen de la petición colocada el fin de semana por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el pleno de la Cámara de Diputados votará mañana un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República transparentar el escandaloso caso de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.
La presión apunta al inaudito retraso de 11 meses de la instancia para integrar una averiguación previa contra los presuntos responsables de aceptar sobornos por parte de una filial en Texas de la empresa suiza ABB Ltd. para adjudicarle contratos.
La sospecha, como usted sabe, apunta hacia el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno Díaz, a quien se acusa concretamente de haber recibido un yate, un automóvil marca Ferrari y dos millones de dólares por el favorcito.
Sin embargo, se involucra también a su antecesor en el cargo, Arturo Hernández Álvarez, quien al parecer había tendido la cama poco antes de abandonar la posición.
El caso es que el 24 de noviembre del año pasado la empresa pública planteó una denuncia de hechos bajo el expediente PGR/AP/1466/DCSPCAJ/SP/M-XXVI/136/2009, que por aquellas cosas raras de la vida se ha movido a paso de tortuga, en sentido contrario a la agilidad de la instancia para consignar a presuntos cómplices del narcotráfico sólo por testimonios dudosos de ex delincuentes.
Ahora que la denuncia la planteó la paraestatal ante la presión de la opinión pública tras desnudarse el proceso que se abrió en los Estados Unidos contra la firma involucrada, quien por cierto acaba de declararse culpable de violar la Ley Contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.
A cambio de no hacerse más olas, la firma suiza le pagará una multa de 58 millones de dólares al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores del vecino país.
Ahora que tras la revelación del caso realizada por el diario estadounidense Houston Chronicle el 14 de agosto del año pasado, la CFE distribuyó a los medios de comunicación un desplegado en el que Moreno Díaz juraba inocencia.
Más aún, aunque en septiembre, dos meses antes de la querella, se divulgó que el funcionario había solicitado una separación provisional de sus funciones, para atender su defensa, éste siguió trabajando sin mayor problema.
De hecho, hasta la segunda semana de noviembre siguió cobrando.
Naturalmente, el caso es representativo de la fragilidad de los instrumentos de control contra la corrupción colocados en escena por el gobierno federal.
¿Dónde estaba, por ejemplo, el órgano civil de transparencia que dio fe de la equidad de los procesos de licitación para adjudicar dos contratos a ABB Ltd., bautizados como Sitracen y Evergreen, uno por 44 y otro por 37 millones de dólares?
¿Dónde estaba el órgano de control interno de la empresa pública que no detectó los correos electrónicos cruzados entre la sobornadora y los sobornados para fijar las vías de éstos?
¿Dónde estaba la Secretaría de la Función Pública para vigilar la legalidad de las adjudicaciones de contratos? ¿Por qué cerró los oídos a las protestas del resto de los participantes?
Más aún, ¿por qué cerró los ojos la ex Secretaría de la Contraloría cuando la presión del extinto líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Leonardo Rodríguez Alcaine, obligó a que se perdonara a Néstor Moreno Díaz de una inhabilitación de 10 años para trabajar en el servicio público?
Lo cierto es que el funcionario era algo más que Director de Operaciones de la CFE. Se diría que en el escalafón virtual era algo así como segundo de a bordo.
A él le correspondía, por ejemplo, representar a la paraestatal en las reuniones de la Junta de Gobierno de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Más aún, en él recayó la entrega de las propiedades de ésta por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El ex funcionario recibió media docena de premios nacionales e internacionales de manos de los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox.
Las fotos adornaban su oficina.
La paradoja del caso es que conocido el asunto por el gobierno mexicano desde julio de 2009, al hacerse públicos los correos electrónicos que imputaban al ex funcionario y su antecesor, nadie hubiera levantado la voz para deslindar responsabilidades.
Más aún tampoco hubo reacción tras la detención en Estados Unidos de una pareja de mexicanos que presuntamente intermedió la entrega de lo que en el país vecino se ubica como pagos deshonestos.
Y si le seguimos, el PAN, cuyo lema de campaña en la elección presidencial del 2006 era manos limpias, obstaculiza con toda su fuerza la posibilidad de una Comisión en la Cámara de Diputados para investigar el asunto que coloca nuevamente a México como el país de la corrupción galopante.
¿Le temen al olor de la cloaca?
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