Alberto Barranco
Aunque oficialmente la Controversia Constitucional planteada por el Congreso contra la decisión del presidente Felipe Calderón de adelantar el llamado apagón analógico apunta a combatir lo que se califica de atropello a la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el transfondo, en realidad, es político.
La oposición legislativa quiere frenar lo que ubica como la apertura de una coyuntura para ganar votos a la causa de Acción Nacional en la elección presidencial del 2012.
La fórmula es simple: Dado que el paso de la televisión analógica a la digital reclama la adaptación de aparatos relativamente viejos, el gobierno subsidiaría la compra del equipo requerido, con los atentos saludos del Ejecutivo.
En un proceso similar en Estados Unidos, la Casa Blanca regaló los equipos.
De hecho, en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año próximo la Secretaría de Hacienda está planteando una partida especial de tres mil millones de pesos para avalar el regalito.
De ahí, pues, es que el bombardeo contra el Decreto Presidencial se haya lanzado por vía doble: la Cámara de Diputados y el Senado.
Como usted sabe, recibida la documentación por el máximo tribunal de justicia del país, la ministra Olga Sánchez Cordero no sólo le dio entrada, sino que pidió la suspensión del acto reclamado, en tanto se ventila el juicio lo que podría durar dos años.
Ahora que dos jueces habían aceptado previamente sendas solicitudes de amparo contra la medida por parte de empresas de televisión por cable.
Prevista la transición para cerrarse en el 2021, el presidente Felipe Calderón decidió adelantar seis años la ruta crítica, lo que implicaría que el periodo de adaptación se concentre en el 2011 y 2012, a cuyo efecto se creó una comisión de transición integrada por los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, además del titular de la Cofetel.
La paradoja del caso es que hace unos meses la propia Cofetel había iniciado un procedimiento administrativo contra Televisión Azteca, a quien acusó de haberse adelantado a la medida.
La empresa propiedad del Grupo Salinas le ofrecía al público la posibilidad de ver 11 canales de televisión digital vía la compra de un adaptador para los aparatos transmisores, que se vendía en las tiendas Elektra, propiedad del propio consorcio.
De ahí la sorpresa cuando el Ejecutivo anunció en su Cuarto Informa de Gobierno que se adelantaría la transición.
Lo dramático del asunto es que, metida la cuña en el reloj político, lo que apuntaba a un procedimiento técnico que abriría la competencia en televisión abierta y nos empataría con la mayor parte de las naciones desarrolladas, se convertió en un nuevo escenario para la grilla.
Bajo el marco de la televisión digital el público tendría opción de ver canales que hoy están reservados a la señal de paga, lo que naturalmente afecta cuantiosos intereses.
Desde otro ángulo, la apertura de nuevos canales de televisión digital le daría cancha a una competencia que lleva años en el baúl de las buenas intenciones.
Lo curioso del caso es que el autoritarismo del Ejecutivo, en cuyo he-dicho no se promueve el consenso, ya le dio pauta a las televisoras para señalar que no están preparadas aún para la transición.
En la carambola, el llamado Decreto Electorero le abrió la puerta a la oposición priísta para subrayar la pérdida de personalidad de la Cofetel, a la que más de una vez ha calificado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como apéndice de la dependencia, tras la imposición de uno de sus incondicionales como presidente.
Lástima por el país.
Aunque oficialmente la Controversia Constitucional planteada por el Congreso contra la decisión del presidente Felipe Calderón de adelantar el llamado apagón analógico apunta a combatir lo que se califica de atropello a la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el transfondo, en realidad, es político.
La oposición legislativa quiere frenar lo que ubica como la apertura de una coyuntura para ganar votos a la causa de Acción Nacional en la elección presidencial del 2012.
La fórmula es simple: Dado que el paso de la televisión analógica a la digital reclama la adaptación de aparatos relativamente viejos, el gobierno subsidiaría la compra del equipo requerido, con los atentos saludos del Ejecutivo.
En un proceso similar en Estados Unidos, la Casa Blanca regaló los equipos.
De hecho, en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año próximo la Secretaría de Hacienda está planteando una partida especial de tres mil millones de pesos para avalar el regalito.
De ahí, pues, es que el bombardeo contra el Decreto Presidencial se haya lanzado por vía doble: la Cámara de Diputados y el Senado.
Como usted sabe, recibida la documentación por el máximo tribunal de justicia del país, la ministra Olga Sánchez Cordero no sólo le dio entrada, sino que pidió la suspensión del acto reclamado, en tanto se ventila el juicio lo que podría durar dos años.
Ahora que dos jueces habían aceptado previamente sendas solicitudes de amparo contra la medida por parte de empresas de televisión por cable.
Prevista la transición para cerrarse en el 2021, el presidente Felipe Calderón decidió adelantar seis años la ruta crítica, lo que implicaría que el periodo de adaptación se concentre en el 2011 y 2012, a cuyo efecto se creó una comisión de transición integrada por los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, además del titular de la Cofetel.
La paradoja del caso es que hace unos meses la propia Cofetel había iniciado un procedimiento administrativo contra Televisión Azteca, a quien acusó de haberse adelantado a la medida.
La empresa propiedad del Grupo Salinas le ofrecía al público la posibilidad de ver 11 canales de televisión digital vía la compra de un adaptador para los aparatos transmisores, que se vendía en las tiendas Elektra, propiedad del propio consorcio.
De ahí la sorpresa cuando el Ejecutivo anunció en su Cuarto Informa de Gobierno que se adelantaría la transición.
Lo dramático del asunto es que, metida la cuña en el reloj político, lo que apuntaba a un procedimiento técnico que abriría la competencia en televisión abierta y nos empataría con la mayor parte de las naciones desarrolladas, se convertió en un nuevo escenario para la grilla.
Bajo el marco de la televisión digital el público tendría opción de ver canales que hoy están reservados a la señal de paga, lo que naturalmente afecta cuantiosos intereses.
Desde otro ángulo, la apertura de nuevos canales de televisión digital le daría cancha a una competencia que lleva años en el baúl de las buenas intenciones.
Lo curioso del caso es que el autoritarismo del Ejecutivo, en cuyo he-dicho no se promueve el consenso, ya le dio pauta a las televisoras para señalar que no están preparadas aún para la transición.
En la carambola, el llamado Decreto Electorero le abrió la puerta a la oposición priísta para subrayar la pérdida de personalidad de la Cofetel, a la que más de una vez ha calificado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como apéndice de la dependencia, tras la imposición de uno de sus incondicionales como presidente.
Lástima por el país.
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