Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
En política toda acción para llegar al poder tiene un costo, éste se cobra, aunque la más de las veces se paga. El caso de Leonel Godoy es paradigmático, porque lo mismo le ha tocado cobrar que pagar. Ha sido un hombre disciplinado e incluso discreto.
El desempeño como titular de la fiscalía especial del caso Román Gil Heráldez y Francisco Xavier Ovando, le fue retribuido muchos años después, cuando a Lázaro Cárdenas Batel correspondió pagar la deuda política contraída por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: lo sucedió en la gubernatura de Michoacán. El tramo recorrido tuvo sus sinsabores y privilegios. Fue el operador de los Cárdenas hasta que se transformó en el señor gobernador.
Pagó caro no ser del sistema, ser oposición de Acción Nacional, organización sui generis que fincó su estrategia para conservar la Presidencia de la República y sacar a la izquierda de Michoacán, en la voracidad de poder de Eduardo Medina Mora, quien sin reparo alguno operó el conocido como “michoacanazo”, con el propósito de incidir en las elecciones federales de 2009. Pero Leonel Godoy fue respetuoso de la Constitución y de la institución presidencial, como lo es del cardenismo, lo que lo convirtió en pieza clave para las alianzas entre enemigos, diría sin exagerar, entre desconocidos, pues el objetivo único, la ultima ratiodel PRD y el PAN es evitar que el PRI regrese a Los Pinos, sin importar los costos políticos, históricos e ideológicos.
Es en este contexto que han de leerse hechos consecutivos con desenlaces inesperados, por acomodarse a las exigencias políticas del momento: la detención de 35 funcionarios públicos michoacanos, la posterior liberación escalonada de 34; la orden de aprehensión girada en contra de Julio César Godoy y su final entronización como diputado para garantizarle impunidad por medio del fuero, para que, como Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador (a pesar de negarlo y verlo como una actitud nefanda por parte del perredismo) lo quieren, de la misma manera que lo necesitan César Nava y el presidente constitucional de México: puedan cerrarle el paso al PRI, como sea y como se pueda, pues para eso son las alianzas.
Porque Eduardo Medina Mora fue premiado con el cargo diplomático y muy bien remunerado, de representante de México ante el Reino Unido, y ya presentó sus cartas credenciales con toda pompa, el camino fácil es echarle todas las culpas a la PGR, sin considerar siquiera que, como lo indica la nota de La Jornada, documentos internos del Consejo de la Judicatura Federal refieren que entre 2008 y 2009 prácticamente se duplicaron los casos donde algún magistrado o juez fue señalado por supuestamente haber incurrido en responsabilidades administrativas: negligencia o descuido en el ejercicio de sus funciones. En dos años ha habido 189 castigos, 16 suspensiones, seis destituciones y una inhabilitación para el servicio público. Lo que se observa, entonces, es que Acción Nacional decidió presionar en la parte más sensible del quehacer político: la administración de justicia.
Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a la queja administrativa presentada por la PGR, en contra de Efraín Cázares López, juez primero de Distrito de Michoacán, con sede en Morelia, por considerar su actuación irregular. No lo fue, sino que en sus decisiones sobresalió la consideración política sobre el ordenamiento judicial. No se pueden cerrar los ojos a la única y verdadera esencia de la judicatura en ambos fueros, el común y el federal: ser útiles al poder, para que las políticas públicas se desarrollen sin sobresaltos. Lo que sobra, lo que hacen en su tiempo libre, es administración de justicia.
La actividad verbal para dar el verdadero, auténtico perfil de la judicatura federal, ha escalado de declaraciones aisladas, a acusaciones o señalamientos que obedecen a una estrategia y son encabezados por el Presidente de la República, quien el nueve de septiembre último dijo que el país necesita un sistema de justicia mejor articulado, pues en este momento “la acción de la criminalidad y la acción de la violencia están mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal”.
Durante su participación en el foro Compromiso por la Seguridad: Del Diálogo a la Acción, entre integrantes de la sociedad civil y ONG, destacó que la reforma penal no es solución automática al grave problema de delincuencia y de inseguridad; dijo también que tiene muchas ventajas, pero también encierra riesgos, “por ejemplo, cuando los juicios se desahogan de manera oral, y no tenemos ministerios públicos que sean capaces de articular casos sólidos ante los jueces, de nada sirve”. Subrayó que aún hay jueces que rechazan los casos “que porque faltó una coma (o) que porque la víctima no rindió su testimonio”.
Lo importante sería saber las razones por las cuales el Poder Judicial de la Federación abjura de su mandato constitucional, y antepone el compromiso político a la administración de justicia y al servicio a la sociedad, sobre todo ahora cuando pregona en todas las esquinas, que los altísimos salarios devengados son garantía de su independencia de criterio, de juicio, para decidir ante ellos mismos lo más conveniente para los justiciables.
Es puntual el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Los jueces son sólo responsables de ellos mismos ante ellos mismos, son una autarquía: “La labor del juzgador no sólo requiere del conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia. Ésta requiere ser ilustrada a partir de patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores, que si bien están ínsitos en el propio quehacer del juez y en el ordenamiento jurídico, es indispensable explicitar, pues debe tenerse presente que lo callado, aunque obvio, se olvida, se disimula o se desdeña”; tal parece que así es, pues todo indica que la administración de justicia era menos mala cuando los jueces estaban peor. Hoy que son presuntamente libres, sacan lo peor de ellos mismos en cuanto tienen oportunidad, en cuanto olvidan sus valores. No todos, claro, pero si aquellos que miden sus éxitos en el saldo acumulado de sus chequeras, a través de prebendas y canonjías, como pueden serlo las notarías para los familiares en primer grado.
No se inquieten. Julio César Godoy permanecerá protegido por el fuero, el “michoacanazo” se diluirá en el tiempo y con los resultados de las alianzas, y éstas se multiplicarán en la medida en que crezcan las oportunidades del PRI para regresar a los Pinos.
Naturalmente que la realidad puede imponerse a la estrategia política de panistas y perredistas, tal como lo reconocen dos periodistas en doloroso diálogo en El candidato, en cuya narración aparecen perlas literarias que motivan reflexión.
“Sí, estamos espantados, es cierto. Y como es nuestra costumbre, saldremos a buscar respuestas que nos tranquilicen. Buscaremos las palabras más fuertes que describan a los criminales, preguntaremos a los psicólogos y a los psiquiatras cómo pueden existir estos monstruos, nos uniremos para diferenciarnos de ellos, de los que despreciaron los valores fundamentales de nuestra sociedad. Pero antes, en estos minutos previos (a la transmisión del noticiero), me gustaría que, con honradez absoluta, nos miremos y aceptemos que esos hombres capaces de llegar a la mutilación son parte de nosotros. Nos guste o no, esta nación a la que queremos preservar de la infamia ha sido capaz de engendrar y criar a esos seres que han dejado atrás todos los límites. Preguntémonos con valentía para poder contestar con honestidad: ¿cuánto hace que no tenemos límites? ¿Cuánto hace que, por comodidad, por conveniencia o por miedo, hemos ido dejando que la inmoralidad, la corrupción y la violencia se instalaran y señorearan de nuestro país? ¿De qué nos asombramos ahora? Si queremos madurar como sociedad deberemos aceptar que esto no es más que el producto, a partes iguales, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que dejamos de hacer. No es la hora de salir a repudiar estos hechos, sino la hora de salir a luchar para que no vuelvan a suceder…”
Larga la cita, pero nos sitúa en lo que hemos sido capaces de tolerar; nos permite evaluar en lo que se convirtió el premio económico a la judicatura y el uso que de los recursos fiscales hacen los partidos. Casi estoy convencido de que los caminos de Michoacán fueron pavimentados por la judicatura federal.
En política toda acción para llegar al poder tiene un costo, éste se cobra, aunque la más de las veces se paga. El caso de Leonel Godoy es paradigmático, porque lo mismo le ha tocado cobrar que pagar. Ha sido un hombre disciplinado e incluso discreto.
El desempeño como titular de la fiscalía especial del caso Román Gil Heráldez y Francisco Xavier Ovando, le fue retribuido muchos años después, cuando a Lázaro Cárdenas Batel correspondió pagar la deuda política contraída por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: lo sucedió en la gubernatura de Michoacán. El tramo recorrido tuvo sus sinsabores y privilegios. Fue el operador de los Cárdenas hasta que se transformó en el señor gobernador.
Pagó caro no ser del sistema, ser oposición de Acción Nacional, organización sui generis que fincó su estrategia para conservar la Presidencia de la República y sacar a la izquierda de Michoacán, en la voracidad de poder de Eduardo Medina Mora, quien sin reparo alguno operó el conocido como “michoacanazo”, con el propósito de incidir en las elecciones federales de 2009. Pero Leonel Godoy fue respetuoso de la Constitución y de la institución presidencial, como lo es del cardenismo, lo que lo convirtió en pieza clave para las alianzas entre enemigos, diría sin exagerar, entre desconocidos, pues el objetivo único, la ultima ratiodel PRD y el PAN es evitar que el PRI regrese a Los Pinos, sin importar los costos políticos, históricos e ideológicos.
Es en este contexto que han de leerse hechos consecutivos con desenlaces inesperados, por acomodarse a las exigencias políticas del momento: la detención de 35 funcionarios públicos michoacanos, la posterior liberación escalonada de 34; la orden de aprehensión girada en contra de Julio César Godoy y su final entronización como diputado para garantizarle impunidad por medio del fuero, para que, como Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador (a pesar de negarlo y verlo como una actitud nefanda por parte del perredismo) lo quieren, de la misma manera que lo necesitan César Nava y el presidente constitucional de México: puedan cerrarle el paso al PRI, como sea y como se pueda, pues para eso son las alianzas.
Porque Eduardo Medina Mora fue premiado con el cargo diplomático y muy bien remunerado, de representante de México ante el Reino Unido, y ya presentó sus cartas credenciales con toda pompa, el camino fácil es echarle todas las culpas a la PGR, sin considerar siquiera que, como lo indica la nota de La Jornada, documentos internos del Consejo de la Judicatura Federal refieren que entre 2008 y 2009 prácticamente se duplicaron los casos donde algún magistrado o juez fue señalado por supuestamente haber incurrido en responsabilidades administrativas: negligencia o descuido en el ejercicio de sus funciones. En dos años ha habido 189 castigos, 16 suspensiones, seis destituciones y una inhabilitación para el servicio público. Lo que se observa, entonces, es que Acción Nacional decidió presionar en la parte más sensible del quehacer político: la administración de justicia.
Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a la queja administrativa presentada por la PGR, en contra de Efraín Cázares López, juez primero de Distrito de Michoacán, con sede en Morelia, por considerar su actuación irregular. No lo fue, sino que en sus decisiones sobresalió la consideración política sobre el ordenamiento judicial. No se pueden cerrar los ojos a la única y verdadera esencia de la judicatura en ambos fueros, el común y el federal: ser útiles al poder, para que las políticas públicas se desarrollen sin sobresaltos. Lo que sobra, lo que hacen en su tiempo libre, es administración de justicia.
La actividad verbal para dar el verdadero, auténtico perfil de la judicatura federal, ha escalado de declaraciones aisladas, a acusaciones o señalamientos que obedecen a una estrategia y son encabezados por el Presidente de la República, quien el nueve de septiembre último dijo que el país necesita un sistema de justicia mejor articulado, pues en este momento “la acción de la criminalidad y la acción de la violencia están mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal”.
Durante su participación en el foro Compromiso por la Seguridad: Del Diálogo a la Acción, entre integrantes de la sociedad civil y ONG, destacó que la reforma penal no es solución automática al grave problema de delincuencia y de inseguridad; dijo también que tiene muchas ventajas, pero también encierra riesgos, “por ejemplo, cuando los juicios se desahogan de manera oral, y no tenemos ministerios públicos que sean capaces de articular casos sólidos ante los jueces, de nada sirve”. Subrayó que aún hay jueces que rechazan los casos “que porque faltó una coma (o) que porque la víctima no rindió su testimonio”.
Lo importante sería saber las razones por las cuales el Poder Judicial de la Federación abjura de su mandato constitucional, y antepone el compromiso político a la administración de justicia y al servicio a la sociedad, sobre todo ahora cuando pregona en todas las esquinas, que los altísimos salarios devengados son garantía de su independencia de criterio, de juicio, para decidir ante ellos mismos lo más conveniente para los justiciables.
Es puntual el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Los jueces son sólo responsables de ellos mismos ante ellos mismos, son una autarquía: “La labor del juzgador no sólo requiere del conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia. Ésta requiere ser ilustrada a partir de patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores, que si bien están ínsitos en el propio quehacer del juez y en el ordenamiento jurídico, es indispensable explicitar, pues debe tenerse presente que lo callado, aunque obvio, se olvida, se disimula o se desdeña”; tal parece que así es, pues todo indica que la administración de justicia era menos mala cuando los jueces estaban peor. Hoy que son presuntamente libres, sacan lo peor de ellos mismos en cuanto tienen oportunidad, en cuanto olvidan sus valores. No todos, claro, pero si aquellos que miden sus éxitos en el saldo acumulado de sus chequeras, a través de prebendas y canonjías, como pueden serlo las notarías para los familiares en primer grado.
No se inquieten. Julio César Godoy permanecerá protegido por el fuero, el “michoacanazo” se diluirá en el tiempo y con los resultados de las alianzas, y éstas se multiplicarán en la medida en que crezcan las oportunidades del PRI para regresar a los Pinos.
Naturalmente que la realidad puede imponerse a la estrategia política de panistas y perredistas, tal como lo reconocen dos periodistas en doloroso diálogo en El candidato, en cuya narración aparecen perlas literarias que motivan reflexión.
“Sí, estamos espantados, es cierto. Y como es nuestra costumbre, saldremos a buscar respuestas que nos tranquilicen. Buscaremos las palabras más fuertes que describan a los criminales, preguntaremos a los psicólogos y a los psiquiatras cómo pueden existir estos monstruos, nos uniremos para diferenciarnos de ellos, de los que despreciaron los valores fundamentales de nuestra sociedad. Pero antes, en estos minutos previos (a la transmisión del noticiero), me gustaría que, con honradez absoluta, nos miremos y aceptemos que esos hombres capaces de llegar a la mutilación son parte de nosotros. Nos guste o no, esta nación a la que queremos preservar de la infamia ha sido capaz de engendrar y criar a esos seres que han dejado atrás todos los límites. Preguntémonos con valentía para poder contestar con honestidad: ¿cuánto hace que no tenemos límites? ¿Cuánto hace que, por comodidad, por conveniencia o por miedo, hemos ido dejando que la inmoralidad, la corrupción y la violencia se instalaran y señorearan de nuestro país? ¿De qué nos asombramos ahora? Si queremos madurar como sociedad deberemos aceptar que esto no es más que el producto, a partes iguales, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que dejamos de hacer. No es la hora de salir a repudiar estos hechos, sino la hora de salir a luchar para que no vuelvan a suceder…”
Larga la cita, pero nos sitúa en lo que hemos sido capaces de tolerar; nos permite evaluar en lo que se convirtió el premio económico a la judicatura y el uso que de los recursos fiscales hacen los partidos. Casi estoy convencido de que los caminos de Michoacán fueron pavimentados por la judicatura federal.
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