Muy a su estilo generador de odio, Felipe Calderón ya inició el proceso de sucesión en Michoacán. Sabedor de que su estado se podría convertir en escenario de una eventual narcoinsurgencia, apostó, con estrechez, por agudizar la descomposición con tal de no dejar pasar su última oportunidad para instalar al PAN en el gobierno.
Con el uso faccioso del aparato de justicia y el escándalo mediático logró que el diputado 500, el perredista Julio César Godoy Toscano, ya fuera condenado ante la opinión pública por su supuesta estrecha relación con Servando Gómez, La Tuta, uno de los jefes regionales de La Familia Michoacana.
El impacto en la población fue el mismo que logró Vicente Fox en el 2005 cuando, a través de una celada televisiva, exhibió la corrupción perredista con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.
La diferencia esta vez es que el uso político de la procuración de justicia ocurre en condiciones de la extrema violencia causada por el narcotráfico, particularmente en Michoacán.
En lo que va del sexenio calderonista, que coincide con el surgimiento de La Familia Michoacana, en el estado se han registrado cuando menos entre dos mil y dos mil 500 muertes relacionadas con el narcotráfico, incluidas decenas de efectivos de la Policía Federal del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gran aliado y protegido de Calderón.
La peculiaridad de Michoacán es que ese cartel ha hecho de sus actividades delictivas una peligrosa mezcla de reclamo social y justificación religiosa.
Desde hace meses, en Morelia se han distribuido en zonas de concentración popular volantes en los que se advierte a la población que habrá acciones de violencia encaminadas al aparato estatal y no a la población civil.
Los más recientes empezaron a circular hace poco más de una semana, firmado por una organización que se hace llamar Pelotones Omega. En un lenguaje muy parecido al que usó La Familia Michoacana cuando se presentó ante la opinión pública en noviembre de 2006, los supuestos comandos advierten sobre una limpieza de delincuentes –incluidos funcionarios protectores– en el estado.
Pero con un peligroso componente más allá de la justicia por mano propia: “la justicia divina”. En el panfleto firmado por un supuesto comandante Miguel, se asegura: “Los estamos vigilando y cuando los tengamos a tiro, serán ajusticiados. No merecen perdón de Dios. Según la Biblia, no merecen el nuestro”.
Aún cuando se trate de una expresión más de La Familia, la decisión de Calderón de exhibir al ahora diputado federal Godoy Toscano marcó ya el proceso electoral del próximo año para elegir al sucesor de Godoy Rangel en el gobierno.
El diputado perredista, que hace unas semanas se burlaba de la Policía Federal por colarse a la Cámara de Diputados para alcanzar el fuero constitucional, está más que nunca obligado a demostrar su inocencia.
Serán meses en los que tendrá que ir contra la corriente y de linchamiento mediático. Suficiente tiempo para desacreditar la campaña electoral del PRD, que de por sí no tiene mucho de dónde sacar del gobierno de Leonel Godoy para repetir en la gubernatura.
Si el diputado 500 es desaforado por la Cámara de Diputados, Calderón habrá ganado la partida, pero también confirmado que tiene el aparato de justicia al servicio de la venganza política. De otra manera no se explica la protección que la PGR le da a otros políticos, incluidos de su partido y del PRI, que también están señalados por sus relaciones con el narcotráfico.
Nadie cree que en caso de ser cierto, Godoy Toscano sea el único legislador comprometido con la delincuencia organizada. Pero sí quien le habría dado a Calderón la posibilidad de hacer del michoacanazo una oportunidad para seguir sembrando odios en el país.
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