Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Los diputados –y para efectos políticos los senadores también-, están en la parte baja de credibilidad. Son vistos como un conjunto de zánganos que viven colmados de privilegios gracias a la beca que les dan inopinadamente los contribuyentes. Es verdad que ese estereotipo es injusto para un buen número de parlamentarios, pero tampoco trabajan mucho para revertir esa imagen. De hecho, lo que hacen sistemáticamente es fortalecer el desprecio ciudadano, como quedó demostrado con el reciente affaire de Julio César Godoy, que los colocó en la picota al haber sido cómplices abiertos y descarados, de un presunto delincuente.
Godoy, sobre el que existe abundante información que demuestra su relación con el cártel de La Familia Michoacana, tiene que enfrentar a la justicia que será la que determine si es o no culpable. Durante más de un año estuvo prófugo de la justicia y el fallo de un juez federal que le reconocía sus derechos políticos fue suficiente para que en la Cámara de Diputados, con la colaboración de todos los partidos, se le ayudara a entrar subrepticiamente a San Lázaro para que pudiera rendir protesta como diputado federal y adquirir fuero constitucional; o sea, impunidad.
Puede ser que la mayoría de los diputados –si no es que todos-, desconocían la documentación por la cual se había girado una orden de aprehensión en contra de Godoy, que sigue vigente, pero pudieron haberse enterado por la prensa escrita de que existían grabaciones entre el diputado y Servando Gómez, “La Tuta”, tercero en la línea de mando de La Familia Michoacana, y responsable de numerosos asesinatos, que demostraban su complicidad. Toda esa información pública, si bien no demostraba culpabilidad alguna, sí sugería que en el caso del michoacano había que actuar con prudencia. Pero sensatez política es precisamente lo que no tuvieron los diputados, que por decirlo con delicadeza, se atascaron en el affaire Godoy.
Josefina Vázquez Mota, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, avaló una negociación del PRD con el gobierno federal para que pudiera rendir protesta como diputado federal. Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de los diputados perredistas, que participó en esas pláticas, junto con su correligionario José Narro, lo introdujeron escondido a San Lázaro en la camioneta del primero, para que evadiera el cerco policial.
El coordinador de la fracción perredista, Alejandro Encinas, le prestó su oficina para que se escondiera hasta que, escoltado por una comisión especial de diputados que incluía al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista y precandidato al gobierno de Coahuila, Rubén Moreira, caminara hacia la impunidad. Y el presidente de la Cámara, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien prohibió que la Policía Federal revisara los automóviles de los diputados y allanó el camino para que Acosta Naranjo y Narro lo metieran clandestinamente a San Lázaro, justificó la toma de protesta.
Envalentonado por la cobertura que le dio la Cámara de Diputados, Godoy se paseó sonriendo por San Lázaro, ofreció conferencias de prensa y se convirtió en celebridad hasta el jueves, cuado la difusión de una grabación –una de las menos incriminatorias, de acuerdo con fuentes federales- donde conversa fraternalmente con “La Tuta”, dejó expuesto al Congreso como uno donde la impunidad es el nombre del juego. Todos en San Lázaro, porque ninguno protestó, se prestaron al juego.
Juntos, al propiciar que tomara protesta como diputado federal, le regalaron el fuero constitucional contemplado en el artículo 61, que protege la inviolabilidad de los diputados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Visto de manera purista, sólo tendría que ver con la libertad de expresión, como fue concebido originalmente bajo la inspiración inglesa, en donde surgió en el Siglo XVII el concepto de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria denominado “freedom from speech” y el “freedom from arrest” -excepción de prisión por deudas-, a través del cual se protegía la libertad personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no frente a las acciones judiciales criminales o penales.
Pero los diputados, amparados en el artículo 111 que dice que el fuero es una salvaguardia para evitar que a un legislador se le pueda detener o juzgar por los tribunales comunes por la comisión de un delito, sin que haya habido previamente la declaración de la Cámara de Diputados que emita si ha o no lugar a proceder en contra del legislador que presuntamente ha delinquido, blindaron a Godoy.
Es decir, para que sea juzgado tiene que haber un juicio de Procedencia, contemplado en el mismo artículo 111, donde la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra un diputado por la comisión de delitos durante su encargo. Es irrelevante que las imputaciones a Godoy hayan sido fuera del periodo de “su encargo”, pues la Cámara, escudada en la ambigüedad de la redacción de los artículos, lo blindó contra la ley.
En este, como en todos los casos donde los legisladores han llegado a infringir la ley, la interpretación del Congreso siempre se inclina a brindarles protección, destruyendo por completo el principio por el cual fue incorporado el fuero en la Constitución. No se trata ya de la protección a la libertad de expresión, sino de cualquier delito del orden común. La postura del legislativo, que se ha negado desde hace años a reformar el fuero, lo ha convertido de un instrumento de inmunidad ante el ataque de los otros dos poderes –el Ejecutivo y el Judicial-, a una herramienta para la impunidad.
En el caso de Godoy, cuya responsabilidad ante la ley todavía falta de ser juzgada, los diputados brincaron rápidamente a protegerlo, pero con la grabación difundida quedaron desnudados como cómplices de un presunto delincuente. Le regalaron dos meses para que haga lo que quiera, inclusive fugarse –que es lo que dudará la revisión en el Congreso de su caso-, y politizaron la justicia. Hay razones de sobra para despreciar a la Cámara de Diputados por sus manejos torpes y autoritarios. Pero también tiene el Congreso una oportunidad extraordinaria para aprovechar la fuerza del descrédito y convertirlo en un acto positivo: modificar el fuero constitucional y que regrese a ser un instrumento de equilibrio de poderes, no de protección cínica para legisladores. Lo que no se pueden permitir es mantener el estado de cosas como hasta ahora, y seguir evadiendo esa reforma como impúdicamente lo han hecho por años.
Los diputados –y para efectos políticos los senadores también-, están en la parte baja de credibilidad. Son vistos como un conjunto de zánganos que viven colmados de privilegios gracias a la beca que les dan inopinadamente los contribuyentes. Es verdad que ese estereotipo es injusto para un buen número de parlamentarios, pero tampoco trabajan mucho para revertir esa imagen. De hecho, lo que hacen sistemáticamente es fortalecer el desprecio ciudadano, como quedó demostrado con el reciente affaire de Julio César Godoy, que los colocó en la picota al haber sido cómplices abiertos y descarados, de un presunto delincuente.
Godoy, sobre el que existe abundante información que demuestra su relación con el cártel de La Familia Michoacana, tiene que enfrentar a la justicia que será la que determine si es o no culpable. Durante más de un año estuvo prófugo de la justicia y el fallo de un juez federal que le reconocía sus derechos políticos fue suficiente para que en la Cámara de Diputados, con la colaboración de todos los partidos, se le ayudara a entrar subrepticiamente a San Lázaro para que pudiera rendir protesta como diputado federal y adquirir fuero constitucional; o sea, impunidad.
Puede ser que la mayoría de los diputados –si no es que todos-, desconocían la documentación por la cual se había girado una orden de aprehensión en contra de Godoy, que sigue vigente, pero pudieron haberse enterado por la prensa escrita de que existían grabaciones entre el diputado y Servando Gómez, “La Tuta”, tercero en la línea de mando de La Familia Michoacana, y responsable de numerosos asesinatos, que demostraban su complicidad. Toda esa información pública, si bien no demostraba culpabilidad alguna, sí sugería que en el caso del michoacano había que actuar con prudencia. Pero sensatez política es precisamente lo que no tuvieron los diputados, que por decirlo con delicadeza, se atascaron en el affaire Godoy.
Josefina Vázquez Mota, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, avaló una negociación del PRD con el gobierno federal para que pudiera rendir protesta como diputado federal. Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de los diputados perredistas, que participó en esas pláticas, junto con su correligionario José Narro, lo introdujeron escondido a San Lázaro en la camioneta del primero, para que evadiera el cerco policial.
El coordinador de la fracción perredista, Alejandro Encinas, le prestó su oficina para que se escondiera hasta que, escoltado por una comisión especial de diputados que incluía al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista y precandidato al gobierno de Coahuila, Rubén Moreira, caminara hacia la impunidad. Y el presidente de la Cámara, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien prohibió que la Policía Federal revisara los automóviles de los diputados y allanó el camino para que Acosta Naranjo y Narro lo metieran clandestinamente a San Lázaro, justificó la toma de protesta.
Envalentonado por la cobertura que le dio la Cámara de Diputados, Godoy se paseó sonriendo por San Lázaro, ofreció conferencias de prensa y se convirtió en celebridad hasta el jueves, cuado la difusión de una grabación –una de las menos incriminatorias, de acuerdo con fuentes federales- donde conversa fraternalmente con “La Tuta”, dejó expuesto al Congreso como uno donde la impunidad es el nombre del juego. Todos en San Lázaro, porque ninguno protestó, se prestaron al juego.
Juntos, al propiciar que tomara protesta como diputado federal, le regalaron el fuero constitucional contemplado en el artículo 61, que protege la inviolabilidad de los diputados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Visto de manera purista, sólo tendría que ver con la libertad de expresión, como fue concebido originalmente bajo la inspiración inglesa, en donde surgió en el Siglo XVII el concepto de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria denominado “freedom from speech” y el “freedom from arrest” -excepción de prisión por deudas-, a través del cual se protegía la libertad personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no frente a las acciones judiciales criminales o penales.
Pero los diputados, amparados en el artículo 111 que dice que el fuero es una salvaguardia para evitar que a un legislador se le pueda detener o juzgar por los tribunales comunes por la comisión de un delito, sin que haya habido previamente la declaración de la Cámara de Diputados que emita si ha o no lugar a proceder en contra del legislador que presuntamente ha delinquido, blindaron a Godoy.
Es decir, para que sea juzgado tiene que haber un juicio de Procedencia, contemplado en el mismo artículo 111, donde la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra un diputado por la comisión de delitos durante su encargo. Es irrelevante que las imputaciones a Godoy hayan sido fuera del periodo de “su encargo”, pues la Cámara, escudada en la ambigüedad de la redacción de los artículos, lo blindó contra la ley.
En este, como en todos los casos donde los legisladores han llegado a infringir la ley, la interpretación del Congreso siempre se inclina a brindarles protección, destruyendo por completo el principio por el cual fue incorporado el fuero en la Constitución. No se trata ya de la protección a la libertad de expresión, sino de cualquier delito del orden común. La postura del legislativo, que se ha negado desde hace años a reformar el fuero, lo ha convertido de un instrumento de inmunidad ante el ataque de los otros dos poderes –el Ejecutivo y el Judicial-, a una herramienta para la impunidad.
En el caso de Godoy, cuya responsabilidad ante la ley todavía falta de ser juzgada, los diputados brincaron rápidamente a protegerlo, pero con la grabación difundida quedaron desnudados como cómplices de un presunto delincuente. Le regalaron dos meses para que haga lo que quiera, inclusive fugarse –que es lo que dudará la revisión en el Congreso de su caso-, y politizaron la justicia. Hay razones de sobra para despreciar a la Cámara de Diputados por sus manejos torpes y autoritarios. Pero también tiene el Congreso una oportunidad extraordinaria para aprovechar la fuerza del descrédito y convertirlo en un acto positivo: modificar el fuero constitucional y que regrese a ser un instrumento de equilibrio de poderes, no de protección cínica para legisladores. Lo que no se pueden permitir es mantener el estado de cosas como hasta ahora, y seguir evadiendo esa reforma como impúdicamente lo han hecho por años.
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