La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley Antisecuestro que prevé castigar con cadena perpetua a quienes cometan el delito de secuestro.
Con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Cámara dio luz verde al endurecimiento de sanciones para castigar el secuestro y la privación ilegal de la libertad. La minuta aprobada incluye la obligación de reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, anula beneficios legales para quienes cometan un secuestro, como la liberación anticipada, el indulto o la amnistía.
La minuta fue aprobada sin modificaciones al dictamen enviado por el Senado de la República. En la elaboración de la iniciativa participaron, entre otros, la señora Isabel Miranda de Wallace y el empresario Alejandro Martí, cuyos hijos, Hugo Alberto y Fernando, respectivamente, fueron víctimas de secuestro y, posteriormente, asesinados.
Los petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas; el perredista Belfre Vargas, y el priista Miguel García Granados, votaron en contra del dictamen.
Se prevé que la Cámara de Diputados apruebe una partida de 98 millones de pesos en el presupuesto del 2011 para destinarlos a la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares.
Con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Cámara dio luz verde al endurecimiento de sanciones para castigar el secuestro y la privación ilegal de la libertad. La minuta aprobada incluye la obligación de reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, anula beneficios legales para quienes cometan un secuestro, como la liberación anticipada, el indulto o la amnistía.
La minuta fue aprobada sin modificaciones al dictamen enviado por el Senado de la República. En la elaboración de la iniciativa participaron, entre otros, la señora Isabel Miranda de Wallace y el empresario Alejandro Martí, cuyos hijos, Hugo Alberto y Fernando, respectivamente, fueron víctimas de secuestro y, posteriormente, asesinados.
Los petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas; el perredista Belfre Vargas, y el priista Miguel García Granados, votaron en contra del dictamen.
Se prevé que la Cámara de Diputados apruebe una partida de 98 millones de pesos en el presupuesto del 2011 para destinarlos a la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares.
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