Rubén Cortés
El trabajo de 10 meses de inteligencia que desplegó la Marina para detener a Sergio Enrique Villarreal Barragán, El Grande, debería haber bastado para poner a disposición de un juez al segundo al mando del desarticulado Cartel de Los Beltrán Leyva.
A no ser que las autoridades necesiten arraigarlo 40 días, con posibilidad legal 40 más, por no estar seguras de las acusaciones que pesan contra él, como su participación y responsabilidad en al menos 43 homicidios, como el del comisario de la Policía Federal Édgar Millán.
Porque eso es lo que plantea el arraigo como medida precautoria que limita la libertad de tránsito del detenido, mientras permite al MP tenerlo a su disposición durante la integración de la averiguación previa.
O sea, que quizá lo arraiguen, como a La Barbie, para determinar en un máximo de 80 días si es cierta la ficha delictiva que las propias autoridades divulgaron durante los últimos años, identificándolo como controlador de de la ruta Torreón- Piedras Negras para pasar cocaína a Estados Unidos.
Un historial que incluye su supuesta participación en los principales cárteles (Juárez, Sinaloa y Beltrán Leyva) desde que abandonó su puesto como agente federal de investigación “A” el 12 de abril de 1996 para integrarse al narcotráfico.
En abril del 2003, ocupó la jefatura de plaza de Los Beltrán Leyva en La Laguna y presuntamente asesinó a rivales de otras bandas, corrompió autoridades, policías municipales y dominó el tráfico de cocaína desde Chiapas hasta Chihuahua, según el expediente 4/2007-111 de la PGR.
En 2007 se apoderó del narcotráfico dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, tres años después, Estados Unidos lo incluyó en la Ley Kingpin, que establece la congelación de todos los bienes de traficantes de droga.
También es señalado como el autor de la desaparición y ejecución del empresario Arturo Vidal Ramírez, del agente federal de la ex AFI, Gabriel Rangel Gutiérrez, y de los pilotos Rogelio Puig Escalera y Gerardo Rivera Hernández, localizados en una narcofosa en Ciudad Lerdo.
Al ser detenido, el domingo, lideraba la distribución de drogas a Estados Unidos desde San Pedro, Piedras Negras, Monclova y Acuña; y tenía la protección del ex subprocurador de Justicia de Durango, Armando Reséndiz Martínez, según la PGR.
Las autoridades arraigarían a El Grande con la idea de ver si este historial aguanta para consignarlo ante un juez, según el artículo 16 de la Constitución, el 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.
Querría decir entonces que los 10 meses de labor de inteligencia desplegados por la Marina para capturarlo, sólo sirvieron para saber donde estaba. Para nada más.
El trabajo de 10 meses de inteligencia que desplegó la Marina para detener a Sergio Enrique Villarreal Barragán, El Grande, debería haber bastado para poner a disposición de un juez al segundo al mando del desarticulado Cartel de Los Beltrán Leyva.
A no ser que las autoridades necesiten arraigarlo 40 días, con posibilidad legal 40 más, por no estar seguras de las acusaciones que pesan contra él, como su participación y responsabilidad en al menos 43 homicidios, como el del comisario de la Policía Federal Édgar Millán.
Porque eso es lo que plantea el arraigo como medida precautoria que limita la libertad de tránsito del detenido, mientras permite al MP tenerlo a su disposición durante la integración de la averiguación previa.
O sea, que quizá lo arraiguen, como a La Barbie, para determinar en un máximo de 80 días si es cierta la ficha delictiva que las propias autoridades divulgaron durante los últimos años, identificándolo como controlador de de la ruta Torreón- Piedras Negras para pasar cocaína a Estados Unidos.
Un historial que incluye su supuesta participación en los principales cárteles (Juárez, Sinaloa y Beltrán Leyva) desde que abandonó su puesto como agente federal de investigación “A” el 12 de abril de 1996 para integrarse al narcotráfico.
En abril del 2003, ocupó la jefatura de plaza de Los Beltrán Leyva en La Laguna y presuntamente asesinó a rivales de otras bandas, corrompió autoridades, policías municipales y dominó el tráfico de cocaína desde Chiapas hasta Chihuahua, según el expediente 4/2007-111 de la PGR.
En 2007 se apoderó del narcotráfico dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, tres años después, Estados Unidos lo incluyó en la Ley Kingpin, que establece la congelación de todos los bienes de traficantes de droga.
También es señalado como el autor de la desaparición y ejecución del empresario Arturo Vidal Ramírez, del agente federal de la ex AFI, Gabriel Rangel Gutiérrez, y de los pilotos Rogelio Puig Escalera y Gerardo Rivera Hernández, localizados en una narcofosa en Ciudad Lerdo.
Al ser detenido, el domingo, lideraba la distribución de drogas a Estados Unidos desde San Pedro, Piedras Negras, Monclova y Acuña; y tenía la protección del ex subprocurador de Justicia de Durango, Armando Reséndiz Martínez, según la PGR.
Las autoridades arraigarían a El Grande con la idea de ver si este historial aguanta para consignarlo ante un juez, según el artículo 16 de la Constitución, el 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.
Querría decir entonces que los 10 meses de labor de inteligencia desplegados por la Marina para capturarlo, sólo sirvieron para saber donde estaba. Para nada más.
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