Por José Alejandro González Garza - Opinión Invitada
A principios de mes un convoy militar que circulaba sobre la autopista Monterrey-Laredo disparó contra un auto en el que viajaban siete miembros de una familia, presuntamente porque el conductor no atendió la indicación de detenerse.
A consecuencia del ataque fallecieron Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, y su padre, Vicente de León Ramírez, de 52 años. Los otros cinco pasajeros, Patricia Castellanos -madre y esposa de los antes mencionados-, así como su hija, su yerno y sus dos nietos, sufrieron lesiones de menor gravedad.
La familia regresaba de un convivio en Salinas Victoria a su casa en San Nicolás y dijo no haber notado que les marcaran el alto.
El 12 de septiembre, la Sedena informó que con base en las pruebas recabadas por la Procuraduría General de Justicia Militar, el Juzgado Segundo Militar libró la orden de aprehensión en contra de cuatro elementos involucrados en esos hechos: un capitán segundo, un cabo y dos soldados.
Se les acusa del delito de Violencia contra las Personas causando homicidio, sancionado por el artículo 330 del Código de Justicia Militar para castigar la conducta del personal militar que innecesariamente hiciere uso de las armas contra cualquier persona, o que sin autorización ejerciere cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo.
Por ese simple hecho la sanción es de un año de prisión; pero si la conducta ocasiona un daño, como lesiones o la muerte, se estará sujeto a la sanción de dicho delito.
Ambos hechos generaron mucha polémica entre la población. Primero, porque una familia inerme fue atacada a balazos por miembros del Ejército, muriendo dos civiles y poniendo en peligro a los otros cinco. El segundo porque se ejercitó la acción penal en contra de soldados.
En mi opinión, no se justifican los disparos toda vez que según lo que sabemos hasta ahora, los soldados no se vieron amenazados en su integridad física por esta familia. Sin embargo, existe una corriente de la opinión pública que si bien profesa lamentar la muerte y lesiones de la familia atacada, justifica la acción de los militares porque, a los ojos de un segmento importante de la población, son los únicos que han respondido al llamado a combatir de frente al crimen organizado y la inseguridad que permea en Nuevo León.
Eso bien puede ser cierto y se aplaude la intervención de todas las personas honradas y valientes que hacen frente al crimen en cualquier modalidad y combaten por restablecer la seguridad, pero no justifica la muerte de dos personas inocentes.
En los corrillos físicos y virtuales comentan que debemos detenernos en cualquier retén, oficial o no, entregar los bienes, quitar los vidrios polarizados, no salir después de determinada hora, no transitar por ciertos parajes. Si no se obedecen estas restricciones autoimpuestas, el crimen y las vejaciones que uno sufra serán justificados, pues al decir de la gente, el que incurra en esas conductas "se lo ha buscado".
No es cierto. La gente no busca hacerse daño a ella misma. Si bien es lógico conducirse con prudencia en todo momento, lo que no debemos pedir ni permitir es que transitemos de una impunidad criminal a una impunidad legal. En ambos casos la sociedad pierde su libertad.
Por eso considero correcto que la Procuraduría de Justicia Militar haya iniciado la averiguación correspondiente y consignado a los militares que considera presuntos responsables de los delitos que se puedan derivar de los lamentables hechos del 5 de septiembre.
Muchos creen injusto juzgar a esos soldados, como si hacerlo fuera juzgar a todo el Ejército e incluso declararlo culpable a priori. Otros, al contrario, vemos en este hecho la respuesta al llamado de justicia que hace la sociedad a sus autoridades.
Ojo, la justicia se obtiene a través de la lucha en el proceso. Iniciar el juicio como mera formalidad para declararlos culpables o inocentes sin atención a la realidad del caso no sirve a la formación del Estado de Derecho que tanto anhelamos.
La familia De León Castellanos merece la protección del Estado contra los abusos que recibió, pero eso no implica que cuatro soldados deban ser sacrificados sin juicio.
Es una lucha difícil para todos los involucrados. Como ciudadanos estamos obligados a apoyar a las autoridades contra el crimen, pero sin dejar de exigir el respeto a nuestros derechos. Si los perdemos, habremos perdido la guerra.
El autor es abogado por el Tec de Monterey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
A principios de mes un convoy militar que circulaba sobre la autopista Monterrey-Laredo disparó contra un auto en el que viajaban siete miembros de una familia, presuntamente porque el conductor no atendió la indicación de detenerse.
A consecuencia del ataque fallecieron Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, y su padre, Vicente de León Ramírez, de 52 años. Los otros cinco pasajeros, Patricia Castellanos -madre y esposa de los antes mencionados-, así como su hija, su yerno y sus dos nietos, sufrieron lesiones de menor gravedad.
La familia regresaba de un convivio en Salinas Victoria a su casa en San Nicolás y dijo no haber notado que les marcaran el alto.
El 12 de septiembre, la Sedena informó que con base en las pruebas recabadas por la Procuraduría General de Justicia Militar, el Juzgado Segundo Militar libró la orden de aprehensión en contra de cuatro elementos involucrados en esos hechos: un capitán segundo, un cabo y dos soldados.
Se les acusa del delito de Violencia contra las Personas causando homicidio, sancionado por el artículo 330 del Código de Justicia Militar para castigar la conducta del personal militar que innecesariamente hiciere uso de las armas contra cualquier persona, o que sin autorización ejerciere cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo.
Por ese simple hecho la sanción es de un año de prisión; pero si la conducta ocasiona un daño, como lesiones o la muerte, se estará sujeto a la sanción de dicho delito.
Ambos hechos generaron mucha polémica entre la población. Primero, porque una familia inerme fue atacada a balazos por miembros del Ejército, muriendo dos civiles y poniendo en peligro a los otros cinco. El segundo porque se ejercitó la acción penal en contra de soldados.
En mi opinión, no se justifican los disparos toda vez que según lo que sabemos hasta ahora, los soldados no se vieron amenazados en su integridad física por esta familia. Sin embargo, existe una corriente de la opinión pública que si bien profesa lamentar la muerte y lesiones de la familia atacada, justifica la acción de los militares porque, a los ojos de un segmento importante de la población, son los únicos que han respondido al llamado a combatir de frente al crimen organizado y la inseguridad que permea en Nuevo León.
Eso bien puede ser cierto y se aplaude la intervención de todas las personas honradas y valientes que hacen frente al crimen en cualquier modalidad y combaten por restablecer la seguridad, pero no justifica la muerte de dos personas inocentes.
En los corrillos físicos y virtuales comentan que debemos detenernos en cualquier retén, oficial o no, entregar los bienes, quitar los vidrios polarizados, no salir después de determinada hora, no transitar por ciertos parajes. Si no se obedecen estas restricciones autoimpuestas, el crimen y las vejaciones que uno sufra serán justificados, pues al decir de la gente, el que incurra en esas conductas "se lo ha buscado".
No es cierto. La gente no busca hacerse daño a ella misma. Si bien es lógico conducirse con prudencia en todo momento, lo que no debemos pedir ni permitir es que transitemos de una impunidad criminal a una impunidad legal. En ambos casos la sociedad pierde su libertad.
Por eso considero correcto que la Procuraduría de Justicia Militar haya iniciado la averiguación correspondiente y consignado a los militares que considera presuntos responsables de los delitos que se puedan derivar de los lamentables hechos del 5 de septiembre.
Muchos creen injusto juzgar a esos soldados, como si hacerlo fuera juzgar a todo el Ejército e incluso declararlo culpable a priori. Otros, al contrario, vemos en este hecho la respuesta al llamado de justicia que hace la sociedad a sus autoridades.
Ojo, la justicia se obtiene a través de la lucha en el proceso. Iniciar el juicio como mera formalidad para declararlos culpables o inocentes sin atención a la realidad del caso no sirve a la formación del Estado de Derecho que tanto anhelamos.
La familia De León Castellanos merece la protección del Estado contra los abusos que recibió, pero eso no implica que cuatro soldados deban ser sacrificados sin juicio.
Es una lucha difícil para todos los involucrados. Como ciudadanos estamos obligados a apoyar a las autoridades contra el crimen, pero sin dejar de exigir el respeto a nuestros derechos. Si los perdemos, habremos perdido la guerra.
El autor es abogado por el Tec de Monterey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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