Francisco Garfias
La Ley de Seguridad Nacional es, sin duda, uno de los temas más complicados que enfrenta el Congreso en el actual periodo de sesiones. La legislación de este ordenamiento tiene un doble propósito: definir que es seguridad interior, y dar sustento legal a la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
El dictamen fue aprobado por el Senado en abril pasado, pero la minuta fue congelada en la Cámara de Diputados, por objeciones que el alto mando militar hizo a las nuevas disposiciones. Esas objeciones quedaron plasmadas en un documento enviado recientemente al Congreso.
El documento, al que este reportero tuvo acceso, comienza por reconocer que el patrón de violencia que enmarca las acciones de la delincuencia organizada, desborda ampliamente el entorno de la seguridad pública. Es decir, ya entra en la definición de seguridad interior.
Los militares consideran que la minuta aprobada en Xicoténcatl “pervierte la misión de las fuerzas armadas, al subordinarlas a autoridades civiles ya rebasadas por una afectación a la seguridad nacional”.
De prosperar la minuta, advierte el Ejército, las fuerzas armadas quedarán incapacitadas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los grupos armados; pero también para resguardar áreas estratégicas “por ser funciones asignadas a las instancias de seguridad pública.”
El texto, subrayan, no crea normas que determinen niveles de responsabilidad de las instancias de seguridad nacional (El Ejército y la FAM no están señaladas como tales) ni especifica los límites de las obligaciones de las mismas
“Las Fuerzas Armadas quedan limitadas para atender antagonismos a la seguridad nacional. Lo podrían hacer hasta el momento en que se emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior”, puntualiza el documento.
Añade: La minuta no contiene normas que regulen las funciones de las fuerzas armadas en tempos en que no existe declaratoria y “en nada fortalece o regula el marco de inteligencia” del Ejército.
La Ley tampoco prevé que las autoridades federales presenten una solicitud de afectación a la seguridad nacional. “Si no lo hace la autoridad local, la población seguirá siendo afectada, y se impedirá que las Fuerzas Armadas cumplan su misión de garantizar la seguridad interior”.
Los militares piden modificación de un total de 22 artículos aprobados en la minuta. Mucho tendrán que trabajar los diputados para conciliar las exigencias del Ejército con el documento de los senadores, a los que los militares acusan de haber “invadido” facultades exclusivas del Poder Judicial.
* * *
En el CEN del PRI tomaron nota de las versiones, filtradas en columnas de prestigiados diarios, sobre el “desaire” de priistas picudos a Beatriz Paredes, y a su convocatoria a la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional de ese partido, a celebrarse hoy en Chihuahua.
En Insurgentes Norte explican que la sesión se realiza en esta incomoda fecha – en un puente más grande que el Golden Gate– para posibilitar a los consejeros el traslado a la sede de la reunión. Con un quorum de 680 consejeros, el conclave es legal. Ya confirmaron más de 900
En Chihuahua estarán los que mandan en el tricolor, salvo Manlio y Peña Nieto. Ambos están fuera del país. Beatriz presidirá los trabajos, junto con Jesús Murillo Karam, secretario general. Ya confirmaron su asistencia 14 de los 20 gobernadores –no van los que tienen problemas con las inundaciones– y los dirigentes de todos los sectores.
Durante el Consejo, rendirán protesta decenas de nuevos consejeros, entre ellos Emilio Gamboa, Francisco Labastida, Melquíades Morales, Jorge Carlos Ramírez Marín y los gobernadores Fernando Ortega (Campeche), Mario Anguiano (Colima), Fernando Toranzo (San Luis Potosí), Jorge Herrera Caldera (Durango) y Miguel Alonso Reyes (Zacatecas,)
En la sesión, se analizarán los resultados electorales “que han hecho del PRI la primera fuerza política territorial del país” y se definirán acciones que consoliden el esfuerzo para enfrentar las elecciones locales del 2011, adelantan.
* * *
Moraleja de la semana: Hay plata para fastuosos festejos, pero no para bajar impuestos.
La Ley de Seguridad Nacional es, sin duda, uno de los temas más complicados que enfrenta el Congreso en el actual periodo de sesiones. La legislación de este ordenamiento tiene un doble propósito: definir que es seguridad interior, y dar sustento legal a la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
El dictamen fue aprobado por el Senado en abril pasado, pero la minuta fue congelada en la Cámara de Diputados, por objeciones que el alto mando militar hizo a las nuevas disposiciones. Esas objeciones quedaron plasmadas en un documento enviado recientemente al Congreso.
El documento, al que este reportero tuvo acceso, comienza por reconocer que el patrón de violencia que enmarca las acciones de la delincuencia organizada, desborda ampliamente el entorno de la seguridad pública. Es decir, ya entra en la definición de seguridad interior.
Los militares consideran que la minuta aprobada en Xicoténcatl “pervierte la misión de las fuerzas armadas, al subordinarlas a autoridades civiles ya rebasadas por una afectación a la seguridad nacional”.
De prosperar la minuta, advierte el Ejército, las fuerzas armadas quedarán incapacitadas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los grupos armados; pero también para resguardar áreas estratégicas “por ser funciones asignadas a las instancias de seguridad pública.”
El texto, subrayan, no crea normas que determinen niveles de responsabilidad de las instancias de seguridad nacional (El Ejército y la FAM no están señaladas como tales) ni especifica los límites de las obligaciones de las mismas
“Las Fuerzas Armadas quedan limitadas para atender antagonismos a la seguridad nacional. Lo podrían hacer hasta el momento en que se emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior”, puntualiza el documento.
Añade: La minuta no contiene normas que regulen las funciones de las fuerzas armadas en tempos en que no existe declaratoria y “en nada fortalece o regula el marco de inteligencia” del Ejército.
La Ley tampoco prevé que las autoridades federales presenten una solicitud de afectación a la seguridad nacional. “Si no lo hace la autoridad local, la población seguirá siendo afectada, y se impedirá que las Fuerzas Armadas cumplan su misión de garantizar la seguridad interior”.
Los militares piden modificación de un total de 22 artículos aprobados en la minuta. Mucho tendrán que trabajar los diputados para conciliar las exigencias del Ejército con el documento de los senadores, a los que los militares acusan de haber “invadido” facultades exclusivas del Poder Judicial.
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En el CEN del PRI tomaron nota de las versiones, filtradas en columnas de prestigiados diarios, sobre el “desaire” de priistas picudos a Beatriz Paredes, y a su convocatoria a la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional de ese partido, a celebrarse hoy en Chihuahua.
En Insurgentes Norte explican que la sesión se realiza en esta incomoda fecha – en un puente más grande que el Golden Gate– para posibilitar a los consejeros el traslado a la sede de la reunión. Con un quorum de 680 consejeros, el conclave es legal. Ya confirmaron más de 900
En Chihuahua estarán los que mandan en el tricolor, salvo Manlio y Peña Nieto. Ambos están fuera del país. Beatriz presidirá los trabajos, junto con Jesús Murillo Karam, secretario general. Ya confirmaron su asistencia 14 de los 20 gobernadores –no van los que tienen problemas con las inundaciones– y los dirigentes de todos los sectores.
Durante el Consejo, rendirán protesta decenas de nuevos consejeros, entre ellos Emilio Gamboa, Francisco Labastida, Melquíades Morales, Jorge Carlos Ramírez Marín y los gobernadores Fernando Ortega (Campeche), Mario Anguiano (Colima), Fernando Toranzo (San Luis Potosí), Jorge Herrera Caldera (Durango) y Miguel Alonso Reyes (Zacatecas,)
En la sesión, se analizarán los resultados electorales “que han hecho del PRI la primera fuerza política territorial del país” y se definirán acciones que consoliden el esfuerzo para enfrentar las elecciones locales del 2011, adelantan.
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Moraleja de la semana: Hay plata para fastuosos festejos, pero no para bajar impuestos.
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