Alberto Barranco / Empresa
Siete años después de dictada una resolución que obligaba a desmantelar una práctica monopólica en el mercado de aceites y lubricantes de uso automotriz, la Comisión Federal de Competencia no ha logrado hacerla efectiva ante un laberinto de obstáculos jurídicos colocados por Petróleos Mexicanos.
La pelea de la dependencia, pues, no es sólo contra la firma infractora, Mexicana de Lubricantes, sino contra quien le concedió olímpicamente la exclusividad de venta de sus productos en su red de estaciones de servicio o gasolineras.
Kramer contra Kramer.
La historia refleja nítidamente el grado de dificultad de la instancia en la lucha contra los monopolios para hacer respetar la ley que custodia.
Como subir descalzo al Kilimanjaro o al Aconcagua.
La epopeya se inicia el 16 de julio de 2003, cuando la CFC, a denuncia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación planteada cuatro años antes, emite una resolución que ordena a Pemex romper el cerco que impide una competencia abierta en el ramo.
En apremio la dependencia encabezada entonces por Fernando Sánchez Ugarte le da a la paraestatal un plazo de seis meses para desmantelar la exclusividad concedida a la firma de la que es socio minoritario, fijándole una multa equivalente a mil 500 salarios mínimos vigentes en el D.F. por cada día de incumplimiento.
El plazo, naturalmente, se agotó sin respuesta, pero el castigo pecuniario no pudo cumplirse por un amparo conseguido por la firma en el banquillo, Mexicana de Lubricantes.
La trinchera tardaría cinco años en derribarse.
Lograda la hazaña, la CFC le fijó el 28 de enero de 2008 a Petróleos Mexicanos un plazo de 15 días hábiles para acreditar fehacientemente haber cumplido a la letra la resolución contenida en el expediente 10-62-92.
Naturalmente, se volvió a colocar en la mesa la amenaza de multa.
El hecho es que al borde de cerrarse la pinza, es decir el 12 de febrero, Pemex le comunicó sin mas a la dependencia que le era imposible cumplir con la resolución, toda vez que en el camino había surgido un nuevo capítulo: la obtención de un amparo contra la exclusividad por parte de una de las firmas afectadas, Bardahl de México.
En el ping pong, la CFE le comunica a la paraestatal el 28 de abril que sus argumentos son falaces, otorgándole ahora otro plazo de 15 días hábiles para cumplir letra por letra la resolución.
Dos días después, sin embargo, la empresa pública promueve un amparo contra la dependencia ante lo cual ésta plantea un recurso de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.
Los magistrados le dan la razón.
Sin embargo, el propio juez de distrito que había otorgado el amparo a Pemex, ordena reponer el procedimiento que le dio pie a la resolución concediendo de pasadita un nuevo amparo el 23 de diciembre del propio 2008.
Y háganle como quieran.
En el camino, empero, el siete de julio del año pasado el propio Tribunal Colegiado confirma la sentencia emitida, es decir no procede el amparo.
La paradoja del caso es que en prenda de certeza sobre la justeza de su resolución, o tal vez en debilidad ante las presiones de la poderosa empresa pública, la CFC acepta una nueva valoración de las pruebas de descargo de Pemex Refinación, lo que le abre la puerta a ésta para promover un nuevo amparo, en este caso ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal.
Esta se lo concede el 22 de octubre del año pasado.
Ahora que, en afán de ganar tiempo, la paraestatal plantea que en el mismo juicio se integren los amparos promovidos a su vez por Mexicana de Lubricantes y su firma controladora, es decir la Impulsora Jalisciense.
Naturalmente, el juez de la causa declara improcedente la solicitud el 18 de diciembre, por más que el primer juicio sigue en curso.
Como lee usted, pues, no es nada fácil luchar contra los monopolios en México, sobre todo cuando éstos cuentan con un paladín oficial.
La paradoja del caso es que aún con la exclusividad, es decir la colocación sin competencia de sus productos en las nueve mil gasolineras, Mexicana de Lubricantes ocupa apenas el segundo lugar en el mercado del ramo, con un 15 por ciento tras acaparar el 51 en la fase previa a su privatización a medias pactada en 1993.
El liderazgo lo mantiene el grupo CISA, integrado por las marcas Quaker-State, Pennzoil y Shell, con 25 por ciento, seguido por Exxon Mobil, con el 14, en tanto Bardahl y Chevron tienen nueve por ciento cada uno; Roshfrans el siete y Elf cuatro.
Se diría, pues, que Mexicana de Lubricantes resultó estrella en las argucias, pero pésima para la tarea empresarial.
Monopolios a prueba de balas.
Siete años después de dictada una resolución que obligaba a desmantelar una práctica monopólica en el mercado de aceites y lubricantes de uso automotriz, la Comisión Federal de Competencia no ha logrado hacerla efectiva ante un laberinto de obstáculos jurídicos colocados por Petróleos Mexicanos.
La pelea de la dependencia, pues, no es sólo contra la firma infractora, Mexicana de Lubricantes, sino contra quien le concedió olímpicamente la exclusividad de venta de sus productos en su red de estaciones de servicio o gasolineras.
Kramer contra Kramer.
La historia refleja nítidamente el grado de dificultad de la instancia en la lucha contra los monopolios para hacer respetar la ley que custodia.
Como subir descalzo al Kilimanjaro o al Aconcagua.
La epopeya se inicia el 16 de julio de 2003, cuando la CFC, a denuncia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación planteada cuatro años antes, emite una resolución que ordena a Pemex romper el cerco que impide una competencia abierta en el ramo.
En apremio la dependencia encabezada entonces por Fernando Sánchez Ugarte le da a la paraestatal un plazo de seis meses para desmantelar la exclusividad concedida a la firma de la que es socio minoritario, fijándole una multa equivalente a mil 500 salarios mínimos vigentes en el D.F. por cada día de incumplimiento.
El plazo, naturalmente, se agotó sin respuesta, pero el castigo pecuniario no pudo cumplirse por un amparo conseguido por la firma en el banquillo, Mexicana de Lubricantes.
La trinchera tardaría cinco años en derribarse.
Lograda la hazaña, la CFC le fijó el 28 de enero de 2008 a Petróleos Mexicanos un plazo de 15 días hábiles para acreditar fehacientemente haber cumplido a la letra la resolución contenida en el expediente 10-62-92.
Naturalmente, se volvió a colocar en la mesa la amenaza de multa.
El hecho es que al borde de cerrarse la pinza, es decir el 12 de febrero, Pemex le comunicó sin mas a la dependencia que le era imposible cumplir con la resolución, toda vez que en el camino había surgido un nuevo capítulo: la obtención de un amparo contra la exclusividad por parte de una de las firmas afectadas, Bardahl de México.
En el ping pong, la CFE le comunica a la paraestatal el 28 de abril que sus argumentos son falaces, otorgándole ahora otro plazo de 15 días hábiles para cumplir letra por letra la resolución.
Dos días después, sin embargo, la empresa pública promueve un amparo contra la dependencia ante lo cual ésta plantea un recurso de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.
Los magistrados le dan la razón.
Sin embargo, el propio juez de distrito que había otorgado el amparo a Pemex, ordena reponer el procedimiento que le dio pie a la resolución concediendo de pasadita un nuevo amparo el 23 de diciembre del propio 2008.
Y háganle como quieran.
En el camino, empero, el siete de julio del año pasado el propio Tribunal Colegiado confirma la sentencia emitida, es decir no procede el amparo.
La paradoja del caso es que en prenda de certeza sobre la justeza de su resolución, o tal vez en debilidad ante las presiones de la poderosa empresa pública, la CFC acepta una nueva valoración de las pruebas de descargo de Pemex Refinación, lo que le abre la puerta a ésta para promover un nuevo amparo, en este caso ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal.
Esta se lo concede el 22 de octubre del año pasado.
Ahora que, en afán de ganar tiempo, la paraestatal plantea que en el mismo juicio se integren los amparos promovidos a su vez por Mexicana de Lubricantes y su firma controladora, es decir la Impulsora Jalisciense.
Naturalmente, el juez de la causa declara improcedente la solicitud el 18 de diciembre, por más que el primer juicio sigue en curso.
Como lee usted, pues, no es nada fácil luchar contra los monopolios en México, sobre todo cuando éstos cuentan con un paladín oficial.
La paradoja del caso es que aún con la exclusividad, es decir la colocación sin competencia de sus productos en las nueve mil gasolineras, Mexicana de Lubricantes ocupa apenas el segundo lugar en el mercado del ramo, con un 15 por ciento tras acaparar el 51 en la fase previa a su privatización a medias pactada en 1993.
El liderazgo lo mantiene el grupo CISA, integrado por las marcas Quaker-State, Pennzoil y Shell, con 25 por ciento, seguido por Exxon Mobil, con el 14, en tanto Bardahl y Chevron tienen nueve por ciento cada uno; Roshfrans el siete y Elf cuatro.
Se diría, pues, que Mexicana de Lubricantes resultó estrella en las argucias, pero pésima para la tarea empresarial.
Monopolios a prueba de balas.
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