Jorge Alejandro Medellín
Las fuerzas armadas mexicanas mantienen vigente, y con cambios y actualizaciones de coyuntura, su doctrina e ideología militar en un entorno cambiante que exige medidas modernizadoras y la adecuación del esquema de seguridad interior y de defensa exterior acorde a la época actual.
Las misiones principales del Ejército y Fuerza Aérea permanecen inalterables y son básicamente:
1.- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
2.- Garantizar la seguridad interior.
3.- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
4.- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y
5.- En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La doctrina e ideología militar giran en torno a estos principios fundamentales, colocando ante todo la existencia, permanencia y viabilidad del país y del Estado que le da sustento y define rumbos y objetivos a alcanzar.
En esa ruta crítica, las fuerzas armadas están diseñadas para atender básicamente los requerimientos que se vayan dando conforme la agenda nacional se presente y cambie.
Los militares pueden adaptarse a estos cambios, pero no abandonarán la esencia de sus principios y tampoco permitirán que su estructura, valores, leyes, status y autonomía se vean afectados por políticas, decisiones y situaciones ajenas a ellos, como la de ser llamados a cumplir misiones de corte policiaco para las que no fueron creados y que han minado severamente su imagen.
A esta agenda, las fuerzas armadas han sumado en los últimos 15 años la mayor parte del esquema de combate a la delincuencia organizada, comenzando por la lucha contra el narcotráfico.
Desde el ámbito de la inteligencia militar, en conjunción con instancias civiles y navales, la Sedena ha ido sumando a su abanico de misiones, asuntos como la coadyuvancia en el combate al tráfico de sustancias controladas, al tráfico de personas, al tráfico de explosivos, de armas, así como terrorismo, lavado de dinero, secuestro, robo de autos.
Mandos de la Sedena en activo, con licencia o en retiro han formado parte de grupos operativos y de inteligencia dedicados a atacar delitos como falsificación o alteración de moneda, corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio en contra de personas menores de 18 años de edad.
El 2 de abril de 2001, el Presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial dela Federación (DOF) en Decreto con el que se modificó el Reglamento del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, creando con ello la Escuela Militar de Inteligencia.
Los objetivos de dicha escuela son los siguientes:
I. Capacitar al personal en instrucción de conocimientos para ser aplicados en la
búsqueda, recolección y centralización de la información;
II. Capacitar al personal en instrucción para el análisis de información, explotación y
difusión de inteligencia, así como para la aplicación de medidas de
contrainteligencia en unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea;
III. Especializar personal militar como asesor o auxiliar de los mandos de Región
Militar y superiores en todo lo relacionado con la inteligencia y contrainteligencia
militar;
IV. Preparar al personal en instrucción en otros aspectos relacionados con la
inteligencia y contrainteligencia militar ordenados por el Alto Mando, y
V. Promover y desarrollar la investigación en relación a las especialidades
En el actual contexto de combate al crimen organizado, las fuerzas armadas han modificado y adaptado su instrucción militar para responder a la agenda de combate al narco. Al interior del país, el papel de policías y apagafuegos que les ha asignado el gobierno federal no es de su agrado y choca con los principios doctrinarios de defensa de la soberanía, mantenimiento del orden social y ayuda a la población.
En más de una ocasión los mandos militares han expresado este sentir en distintos gobiernos. Al hacerlo han jugado también un doble juego de lealtad y autoprotección. El caso del General Guillermo Galván es el más ilustrativo al respecto.
El secretario de la Defensa hizo saber desde el principio del gobierno que las tropas bajo su mando necesitaban con urgencia un blindaje jurídico que fuera más allá de las tesis de jurisprudencia de 1996, con las que se sustenta la permanencia del Ejército en las calles combatiendo al narco.
Galván dijo que no bastaba apuntalar el trabajo de los militares con ese espectro jurídico y para ello urgió directamente en 2008 y 2009 a legisladores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a trabajar para darle cobertura a la Sedena, dejando intocado el Fuero Militar y abriendo la posibilidad de que un gobernador solicite al Congreso de la Unión, a la Corte y a la Presidencia de la República la presencia de tropas para enfrentar al crimen organizado.
La Ley de Seguridad Nacional fue modificada el 21 de abril de 2010, en una ardua negociación que dejó fuera del articulado la posibilidad de declarar Estado de Excepción o la Suspensión de Garantías en entidades o ciudades en las que la violencia haya rebasado por completo a las autoridades de todos los niveles.
Sin embargo, el texto dejó intacto el Fuero Militar con lo que se mantiene vigente el papel de las fuerzas armadas como juez y parte cuando un elemento de la milicia cometa delitos o actos punibles contra los civiles mientras desarrolla sus funciones.
Esta es una parte fundamental de la actual problemática en torno al Ejército y las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en el marco de la lucha contra las drogas.
Los militares, por doctrina y por interés práctico, no van a permitir que se les despoje del fuero en una guerra en la que saben que los abusos y los “daños colaterales” estarán a la orden del día.
Este es quizá el mayor problema acerca de la militarización policiaca. Los militares se aferran a su status e impiden que se les juzgue o vulnere desde el ámbito civil por los excesos cometidos. La Sedena defiende su fuero como parte vital de su doctrina, alegando que tocarlo o alterarlo equivaldría a atentar contra la disciplina de la tropa y de sus jefes.
De ahí la férrea defensa del Fuero Militar o Fuero de Guerra que se ha dado en este sexenio, en el que ésta atribución de las fuerzas armadas mexicanas ha sido ampliamente criticada, sobre todo en el aspecto de mantener contra viento y marea la prerrogativa de juzgar en el ámbito militar a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea que cometan delitos graves contra civiles estando en funciones o fuera de ellas.
Las fuerzas armadas mexicanas mantienen vigente, y con cambios y actualizaciones de coyuntura, su doctrina e ideología militar en un entorno cambiante que exige medidas modernizadoras y la adecuación del esquema de seguridad interior y de defensa exterior acorde a la época actual.
Las misiones principales del Ejército y Fuerza Aérea permanecen inalterables y son básicamente:
1.- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
2.- Garantizar la seguridad interior.
3.- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
4.- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y
5.- En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La doctrina e ideología militar giran en torno a estos principios fundamentales, colocando ante todo la existencia, permanencia y viabilidad del país y del Estado que le da sustento y define rumbos y objetivos a alcanzar.
En esa ruta crítica, las fuerzas armadas están diseñadas para atender básicamente los requerimientos que se vayan dando conforme la agenda nacional se presente y cambie.
Los militares pueden adaptarse a estos cambios, pero no abandonarán la esencia de sus principios y tampoco permitirán que su estructura, valores, leyes, status y autonomía se vean afectados por políticas, decisiones y situaciones ajenas a ellos, como la de ser llamados a cumplir misiones de corte policiaco para las que no fueron creados y que han minado severamente su imagen.
A esta agenda, las fuerzas armadas han sumado en los últimos 15 años la mayor parte del esquema de combate a la delincuencia organizada, comenzando por la lucha contra el narcotráfico.
Desde el ámbito de la inteligencia militar, en conjunción con instancias civiles y navales, la Sedena ha ido sumando a su abanico de misiones, asuntos como la coadyuvancia en el combate al tráfico de sustancias controladas, al tráfico de personas, al tráfico de explosivos, de armas, así como terrorismo, lavado de dinero, secuestro, robo de autos.
Mandos de la Sedena en activo, con licencia o en retiro han formado parte de grupos operativos y de inteligencia dedicados a atacar delitos como falsificación o alteración de moneda, corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio en contra de personas menores de 18 años de edad.
El 2 de abril de 2001, el Presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial dela Federación (DOF) en Decreto con el que se modificó el Reglamento del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, creando con ello la Escuela Militar de Inteligencia.
Los objetivos de dicha escuela son los siguientes:
I. Capacitar al personal en instrucción de conocimientos para ser aplicados en la
búsqueda, recolección y centralización de la información;
II. Capacitar al personal en instrucción para el análisis de información, explotación y
difusión de inteligencia, así como para la aplicación de medidas de
contrainteligencia en unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea;
III. Especializar personal militar como asesor o auxiliar de los mandos de Región
Militar y superiores en todo lo relacionado con la inteligencia y contrainteligencia
militar;
IV. Preparar al personal en instrucción en otros aspectos relacionados con la
inteligencia y contrainteligencia militar ordenados por el Alto Mando, y
V. Promover y desarrollar la investigación en relación a las especialidades
En el actual contexto de combate al crimen organizado, las fuerzas armadas han modificado y adaptado su instrucción militar para responder a la agenda de combate al narco. Al interior del país, el papel de policías y apagafuegos que les ha asignado el gobierno federal no es de su agrado y choca con los principios doctrinarios de defensa de la soberanía, mantenimiento del orden social y ayuda a la población.
En más de una ocasión los mandos militares han expresado este sentir en distintos gobiernos. Al hacerlo han jugado también un doble juego de lealtad y autoprotección. El caso del General Guillermo Galván es el más ilustrativo al respecto.
El secretario de la Defensa hizo saber desde el principio del gobierno que las tropas bajo su mando necesitaban con urgencia un blindaje jurídico que fuera más allá de las tesis de jurisprudencia de 1996, con las que se sustenta la permanencia del Ejército en las calles combatiendo al narco.
Galván dijo que no bastaba apuntalar el trabajo de los militares con ese espectro jurídico y para ello urgió directamente en 2008 y 2009 a legisladores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a trabajar para darle cobertura a la Sedena, dejando intocado el Fuero Militar y abriendo la posibilidad de que un gobernador solicite al Congreso de la Unión, a la Corte y a la Presidencia de la República la presencia de tropas para enfrentar al crimen organizado.
La Ley de Seguridad Nacional fue modificada el 21 de abril de 2010, en una ardua negociación que dejó fuera del articulado la posibilidad de declarar Estado de Excepción o la Suspensión de Garantías en entidades o ciudades en las que la violencia haya rebasado por completo a las autoridades de todos los niveles.
Sin embargo, el texto dejó intacto el Fuero Militar con lo que se mantiene vigente el papel de las fuerzas armadas como juez y parte cuando un elemento de la milicia cometa delitos o actos punibles contra los civiles mientras desarrolla sus funciones.
Esta es una parte fundamental de la actual problemática en torno al Ejército y las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en el marco de la lucha contra las drogas.
Los militares, por doctrina y por interés práctico, no van a permitir que se les despoje del fuero en una guerra en la que saben que los abusos y los “daños colaterales” estarán a la orden del día.
Este es quizá el mayor problema acerca de la militarización policiaca. Los militares se aferran a su status e impiden que se les juzgue o vulnere desde el ámbito civil por los excesos cometidos. La Sedena defiende su fuero como parte vital de su doctrina, alegando que tocarlo o alterarlo equivaldría a atentar contra la disciplina de la tropa y de sus jefes.
De ahí la férrea defensa del Fuero Militar o Fuero de Guerra que se ha dado en este sexenio, en el que ésta atribución de las fuerzas armadas mexicanas ha sido ampliamente criticada, sobre todo en el aspecto de mantener contra viento y marea la prerrogativa de juzgar en el ámbito militar a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea que cometan delitos graves contra civiles estando en funciones o fuera de ellas.
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