Jorge Carrasco Araizaga
A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en México las Fuerzas Armadas gozan de una autonomía que ya quisieran organismos formalmente autónomos, capturados por los intereses políticos y monopólicos o dominantes en los sectores que supuesta regulan y controlan.
Hacedores del sistema político que gobernó con el PRI casi todo siglo XX, los militares se reservaron grandes espacios políticos y de impunidad que generaron no pocos casos de riqueza de su cúpula.La llegada del PAN a la presidencia no representó ningún cambio.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sido fieles al proyecto político en turno.Nunca en su historia, los militares mexicanos han sido controlados ni por el Congreso ni por el Poder Judicial.
Por años, hubo militares habilitados como diputados y senadores con el propósito de mantener a las Fuerzas Armadas intocadas, lejos de cualquier escrutinio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación que por años era un “poder de tercera” y no el tercer poder del Estado, y que ahora tanto se presenta a la sociedad como Tribunal Constitucional, no ha querido propiciar ningún control.
Su reciente fallo para darle vuelta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano precisamente por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, es una vergüenza internacional.
Vergonzante también es que sea en el Congreso estadounidense donde Calderón tenga que rendir cuentas de los abusos de los militares.
Atado a la Iniciativa Mérida, Calderón tiene que informar junto con el Departamento de Estado sobre las sanciones impuestas a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico.
De esos informes depende la entrega de parte de los recursos.Sin autoridad moral para hablar de respeto a los derechos humanos, el Departamento de Estado anunció el 2 de septiembre pasado su intención de liberar cerca de 36 millones de dólares que habían sido retenidos de los recursos comprometidos para el año pasado y el actual.
En ese contexto de escrutinio internacional hay que entender que en julio pasado la secretaría de la Defensa Nacional haya decidido abrir en su página oficial un micrositio sobre derechos humanos, en el que da a conocer, sin precisar, sus cifras sobre militares procesados y sentenciados en este tema, siempre por tribunales castrenses.
No fue una concesión graciosa de transparencia y rendición de cuentas.
La lealtad de los militares con los proyectos políticos sexenales ha sido compensada con impunidad.
Ocurrió con el PRI, que los protegió de los delitos de lesa humanidad que cometieron principal, pero no únicamente, durante los años de la guerra sucia contra la guerrilla urbana y rural.
Se repitió con Vicente Fox, quien decidió no molestar a los militares con investigaciones sobre esos atentados contra la dignidad humana de cientos de personas en todo el país.
Mucho menos, con el establecimiento de responsabilidades. La fiscalía sobre delitos del pasado fue un fiasco.
En tiempos recientes, ningún otro titular del Ejecutivo había usado a los militares tanto como Calderón. Está obligado a dar la cara por sus principales aliados. Al defenderlos, se defiende a sí mismo. Y lo quiere formalizar con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional cuyo propósito es legitimar la participación de los militares en lo que inicialmente definió como “guerra al narcotráfico”.
Ahora llamada “estrategia para la seguridad”, la decisión de Calderón derivó en lo que muchos advirtieron desde el principio: que regresaríamos a los tiempos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Por décadas, la referencia en este tema siempre fue el Ejército. Ahora, hay que sumar a la Marina.
Ya desde fines del foxismo, los marinos empezaron a tener protagonismo, pero con Calderón los marinos, en particular la infantería de Marina impulsada en este sexenio, han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Hay casos documentados, por lo menos, en Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.Desde hace meses, Calderón y las Fuerzas Armadas han sometido al Congreso a presión para que aprueben dicha reforma, que al legitimar la presencia militar en tal estrategia garantiza también la impunidad, pues deja intocado el tema central: el control civil hacia los militares.
La reforma propuesta por Calderón y elaborada en los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas se aprobó en el Senado en abril pasado. No como lo querían sus autores.
Aunque fue muy ambigua respecto a la jurisdicción militar y los derechos humanos, a los jefes militares no les gustó.La decisión está en la Cámara de Diputados. Y es ahí donde la presión no cesa.
Primero, para que se apruebe lo antes posible; segundo, para que modifique lo aprobado por el Senado, en especial sobre el control civil de los operativos y la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia ordinaria y no la militar, como ha ocurrido por décadas.
La reforma trasciende al calderonismo, que con ella busca una cobertura legal, incluso de los asesinatos de civiles a manos de militares. Incumbe directamente al PRI.
No sólo por tener una mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque de esa manera definirá el tipo de relación que tendrá con el Ejército en los próximos años, sobre todo si regresa a la presidencia de la República en el 2012.
Hechura de los militares de la Revolución Mexicana, es casi seguro que en esta votación el PRI quiera quedar bien con los militares. No por Calderón, sino porque buscan recuperar la lealtad castrense.
A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en México las Fuerzas Armadas gozan de una autonomía que ya quisieran organismos formalmente autónomos, capturados por los intereses políticos y monopólicos o dominantes en los sectores que supuesta regulan y controlan.
Hacedores del sistema político que gobernó con el PRI casi todo siglo XX, los militares se reservaron grandes espacios políticos y de impunidad que generaron no pocos casos de riqueza de su cúpula.La llegada del PAN a la presidencia no representó ningún cambio.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sido fieles al proyecto político en turno.Nunca en su historia, los militares mexicanos han sido controlados ni por el Congreso ni por el Poder Judicial.
Por años, hubo militares habilitados como diputados y senadores con el propósito de mantener a las Fuerzas Armadas intocadas, lejos de cualquier escrutinio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación que por años era un “poder de tercera” y no el tercer poder del Estado, y que ahora tanto se presenta a la sociedad como Tribunal Constitucional, no ha querido propiciar ningún control.
Su reciente fallo para darle vuelta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano precisamente por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, es una vergüenza internacional.
Vergonzante también es que sea en el Congreso estadounidense donde Calderón tenga que rendir cuentas de los abusos de los militares.
Atado a la Iniciativa Mérida, Calderón tiene que informar junto con el Departamento de Estado sobre las sanciones impuestas a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico.
De esos informes depende la entrega de parte de los recursos.Sin autoridad moral para hablar de respeto a los derechos humanos, el Departamento de Estado anunció el 2 de septiembre pasado su intención de liberar cerca de 36 millones de dólares que habían sido retenidos de los recursos comprometidos para el año pasado y el actual.
En ese contexto de escrutinio internacional hay que entender que en julio pasado la secretaría de la Defensa Nacional haya decidido abrir en su página oficial un micrositio sobre derechos humanos, en el que da a conocer, sin precisar, sus cifras sobre militares procesados y sentenciados en este tema, siempre por tribunales castrenses.
No fue una concesión graciosa de transparencia y rendición de cuentas.
La lealtad de los militares con los proyectos políticos sexenales ha sido compensada con impunidad.
Ocurrió con el PRI, que los protegió de los delitos de lesa humanidad que cometieron principal, pero no únicamente, durante los años de la guerra sucia contra la guerrilla urbana y rural.
Se repitió con Vicente Fox, quien decidió no molestar a los militares con investigaciones sobre esos atentados contra la dignidad humana de cientos de personas en todo el país.
Mucho menos, con el establecimiento de responsabilidades. La fiscalía sobre delitos del pasado fue un fiasco.
En tiempos recientes, ningún otro titular del Ejecutivo había usado a los militares tanto como Calderón. Está obligado a dar la cara por sus principales aliados. Al defenderlos, se defiende a sí mismo. Y lo quiere formalizar con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional cuyo propósito es legitimar la participación de los militares en lo que inicialmente definió como “guerra al narcotráfico”.
Ahora llamada “estrategia para la seguridad”, la decisión de Calderón derivó en lo que muchos advirtieron desde el principio: que regresaríamos a los tiempos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Por décadas, la referencia en este tema siempre fue el Ejército. Ahora, hay que sumar a la Marina.
Ya desde fines del foxismo, los marinos empezaron a tener protagonismo, pero con Calderón los marinos, en particular la infantería de Marina impulsada en este sexenio, han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Hay casos documentados, por lo menos, en Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.Desde hace meses, Calderón y las Fuerzas Armadas han sometido al Congreso a presión para que aprueben dicha reforma, que al legitimar la presencia militar en tal estrategia garantiza también la impunidad, pues deja intocado el tema central: el control civil hacia los militares.
La reforma propuesta por Calderón y elaborada en los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas se aprobó en el Senado en abril pasado. No como lo querían sus autores.
Aunque fue muy ambigua respecto a la jurisdicción militar y los derechos humanos, a los jefes militares no les gustó.La decisión está en la Cámara de Diputados. Y es ahí donde la presión no cesa.
Primero, para que se apruebe lo antes posible; segundo, para que modifique lo aprobado por el Senado, en especial sobre el control civil de los operativos y la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia ordinaria y no la militar, como ha ocurrido por décadas.
La reforma trasciende al calderonismo, que con ella busca una cobertura legal, incluso de los asesinatos de civiles a manos de militares. Incumbe directamente al PRI.
No sólo por tener una mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque de esa manera definirá el tipo de relación que tendrá con el Ejército en los próximos años, sobre todo si regresa a la presidencia de la República en el 2012.
Hechura de los militares de la Revolución Mexicana, es casi seguro que en esta votación el PRI quiera quedar bien con los militares. No por Calderón, sino porque buscan recuperar la lealtad castrense.
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