Huevos a'la Ebrard / Edit. Oceana 1999
Diputado Independiente 1997 - 2000
EL ACUERDO FINAL DEL PAN CON EL GOBIERNO
Como resultado de la tensión creciente que se había generado, se integró la famosa “mesa de alto nivel” que terminó por publicitar puntos de acuerdo genéricos sin plantear cómo se resolverían los tres puntos principales: reducción de4l costo fiscal, rendición de cuentas y nuevo arreglo institucional para superar el autoritarismo económico.
Así las cosas, el día 13 de noviembre llegó al congreso el Presupuesto de Egresos para 1999 y con él también el momento de las definiciones. El 19 de noviembre, el diputado Fauzi Hamdan (ahora Director de la Escuela Libre de Derecho) y 52 diputados de Acción Nacional, presentaron una iniciativa de Ley de Protección al Ahorro Bancario a través de la cual se pretendía dar solución al caso FOBAPROA.
Junto con la propuesta técnica, el PAN concentró la tensión con el gobierno, hasta el último momento, al exigir la renuncia de Guillermo Ortiz (gobernador del BANXICO) y las de Eduardo Fernández y Javier Arrigunaga (Presidente y vicepresidente de la CNBC). Ello se consideraba un movimiento político básico que permitiría deslindar al PAN de la política gubernamental. Sin embargo, la presión de los legisladores panistas que mantenían esta exigencia—y que por momentos obligaron a Felipe Calderón, presidente del partido, y a Carlos Medina Plascencia, su coordinador parlamentario, a condicionar la solución del FOBAPROA a que el gobierno aceptara esta demanda—finalmente cedió al compromiso.
A favor del arreglo se incluyeron desplegados y anuncios televisivos del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, así como de la Asociación de Banqueros e México. Se hicieron entonces cambios al artículo 76 de la Ley y al segundo artículo transitorio, con objeto de que los representantes del gobierno en la Junta del nuevo instituto pudieran nombrar suplentes; el instituto funcionaría a partir de marzo de 1999, a pesar de que Guillermo Ortiz quedara excluido. Según los dirigentes panistas, éste renunciaría antes de esa fecha; pero un grupo de doce diputados panistas, en abierta disidencia, acusaron a sus dirigentes de olvidar uno de sus compromisos más importantes: Ortiz no se había retirado antes de que el PAN votara con el gobierno.
Esos diputados establecerían un nuevo precedente al votar contra la iniciativa de Ley presentada por su partido; otros no asistieron a la sesión de la cámara el 12 de diciembre. El momento más dramático ocurrió el viernes 11 de ese mes, cuando Eduardo Mendoza Ayala advirtió a sus colegas:
Por favor, tengamos memoria y conciencia, señores… no seamos una vez más la mano que le da oxigeno a ese cadáver que es el PRI y que le permite seguir viviendo… recordemos lo que ha pasado en los últimos diez años cuando hemos votado con el PRI… Y hoy, compañeros, si votamos a favor del acuerdo que la dirigencia del partido ha negociado con el gobierno y con el PRI, cometeremos el mismo error, o quizá uno de mayores proporciones que todos los anteriores.
Esa misma noche, la Comisión de Hacienda de la cámara de diputados aprobó el dictamen con 19 votos del PRI y del PAN y uno en contra del PVEM. Fue ratificado al día siguiente en la cámara con 325 votos a favor y 159 en contra, incluyendo a los doce panistas, siete priístas, cinco legisladores independientes, y todos los de las bancadas del PRD, PT y PVEM. El senado aprobó el dictamen el domingo 3 de diciembre con 93 votos a favor y 10 en contra—incluidos cuatro senadores priístas—y una abstención.
El FOBAPROA se mantendría en fase de liquidación mientras se pasaban al nuevo Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)—que sustituiría al fondo—los activos que, una vez concluidas las auditorías, se consideraran producto de operaciones válidas.
Originalmente, el PAN partía del análisis de las causas de la crisis bancaria mexicana al señalar, entre otras cosas, una política económica errática en materia monetaria y cambiaria y la forma como se llevó a cabo la privatización. El PAN establecía la violación al artículo 73 fracción VIII de la Constitución, que exige la previa autorización y aprobación del congreso para contraer deuda pública. A pesar de ello, propuso que las operaciones que dieron lugar a la compra de cartera se reinvirtieran, para “la salvaguarda de los intereses de quienes de buena fe celebraron tales operaciones, y en virtud de que se causarían mayores daños y perjuicios al no reconocerse esos pasivos que al reconocerlos.” Así, el PAN constituyó la garantía del IPAB sobre el valor de la cartera a favor de los deudores y en beneficio de los bancos. Si el deudor de la cartera no paga, el IPAB liquidará al banco el importe del riesgo compartido hasta el monto equivalente no cubierto. Dichos montos son, de hecho, deuda pública indirecta y su servicio se cubrirá con partidas presupuéstales anuales.
De este modo, el congreso otorgará al IPAB los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones; en el acuerdo aprobado en diciembre 1999, se establece que se creará un “ramo específico” dentro del presupuesto para tal fin. Una de las preocupaciones principales de quienes pensamos que este acuerdo no debió aprobarse, por contar con información limitada (lo que redundó en aceptar operaciones irregulares), es el tratamiento que se propone para operaciones similares de rescate en el futuro. Por ejemplo, se dejó la puerta abierta para un nuevo e inmediato rescate—los diputados no conocíamos los detalles—PROMEX, BANCRECER y del Atlántico. También se estableció que si el IPAB no cuenta con recursos suficientes para enfrentar un problema, podría solicitar al congreso aún mayores apoyos; peor aún, se permitía el ejecutivo intervenir en situaciones de emergencia, cuando todos hemos visto los desastres ocurren cuando el congreso no supervisa sus decisiones.
Si como consecuencia de las auditorías fueran detectadas operaciones ilegales, ilícitas, fraudulentas, o contrarias a los sanos usos y prácticas bancarios, los bancos tendrían que cubrir el importe de las mismas disminuyendo así el monto de las garantías que el IPAB haya otorgado para tales carteras. Hubo también un acuerdo mediante el cual un partido regresaría los fondos depositados ilegalmente en FOBAPPROA a través de descuentos a los fondos públicos a los que tiene derecho anualmente. Las anteriores medidas permitirían que los bancos emitieran títulos valor con garantía del propio IPAB. FOBAPROA, Edit. Océano (1999).
Diputado Independiente 1997 - 2000
EL ACUERDO FINAL DEL PAN CON EL GOBIERNO
Como resultado de la tensión creciente que se había generado, se integró la famosa “mesa de alto nivel” que terminó por publicitar puntos de acuerdo genéricos sin plantear cómo se resolverían los tres puntos principales: reducción de4l costo fiscal, rendición de cuentas y nuevo arreglo institucional para superar el autoritarismo económico.
Así las cosas, el día 13 de noviembre llegó al congreso el Presupuesto de Egresos para 1999 y con él también el momento de las definiciones. El 19 de noviembre, el diputado Fauzi Hamdan (ahora Director de la Escuela Libre de Derecho) y 52 diputados de Acción Nacional, presentaron una iniciativa de Ley de Protección al Ahorro Bancario a través de la cual se pretendía dar solución al caso FOBAPROA.
Junto con la propuesta técnica, el PAN concentró la tensión con el gobierno, hasta el último momento, al exigir la renuncia de Guillermo Ortiz (gobernador del BANXICO) y las de Eduardo Fernández y Javier Arrigunaga (Presidente y vicepresidente de la CNBC). Ello se consideraba un movimiento político básico que permitiría deslindar al PAN de la política gubernamental. Sin embargo, la presión de los legisladores panistas que mantenían esta exigencia—y que por momentos obligaron a Felipe Calderón, presidente del partido, y a Carlos Medina Plascencia, su coordinador parlamentario, a condicionar la solución del FOBAPROA a que el gobierno aceptara esta demanda—finalmente cedió al compromiso.
A favor del arreglo se incluyeron desplegados y anuncios televisivos del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, así como de la Asociación de Banqueros e México. Se hicieron entonces cambios al artículo 76 de la Ley y al segundo artículo transitorio, con objeto de que los representantes del gobierno en la Junta del nuevo instituto pudieran nombrar suplentes; el instituto funcionaría a partir de marzo de 1999, a pesar de que Guillermo Ortiz quedara excluido. Según los dirigentes panistas, éste renunciaría antes de esa fecha; pero un grupo de doce diputados panistas, en abierta disidencia, acusaron a sus dirigentes de olvidar uno de sus compromisos más importantes: Ortiz no se había retirado antes de que el PAN votara con el gobierno.
Esos diputados establecerían un nuevo precedente al votar contra la iniciativa de Ley presentada por su partido; otros no asistieron a la sesión de la cámara el 12 de diciembre. El momento más dramático ocurrió el viernes 11 de ese mes, cuando Eduardo Mendoza Ayala advirtió a sus colegas:
Por favor, tengamos memoria y conciencia, señores… no seamos una vez más la mano que le da oxigeno a ese cadáver que es el PRI y que le permite seguir viviendo… recordemos lo que ha pasado en los últimos diez años cuando hemos votado con el PRI… Y hoy, compañeros, si votamos a favor del acuerdo que la dirigencia del partido ha negociado con el gobierno y con el PRI, cometeremos el mismo error, o quizá uno de mayores proporciones que todos los anteriores.
Esa misma noche, la Comisión de Hacienda de la cámara de diputados aprobó el dictamen con 19 votos del PRI y del PAN y uno en contra del PVEM. Fue ratificado al día siguiente en la cámara con 325 votos a favor y 159 en contra, incluyendo a los doce panistas, siete priístas, cinco legisladores independientes, y todos los de las bancadas del PRD, PT y PVEM. El senado aprobó el dictamen el domingo 3 de diciembre con 93 votos a favor y 10 en contra—incluidos cuatro senadores priístas—y una abstención.
El FOBAPROA se mantendría en fase de liquidación mientras se pasaban al nuevo Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)—que sustituiría al fondo—los activos que, una vez concluidas las auditorías, se consideraran producto de operaciones válidas.
Originalmente, el PAN partía del análisis de las causas de la crisis bancaria mexicana al señalar, entre otras cosas, una política económica errática en materia monetaria y cambiaria y la forma como se llevó a cabo la privatización. El PAN establecía la violación al artículo 73 fracción VIII de la Constitución, que exige la previa autorización y aprobación del congreso para contraer deuda pública. A pesar de ello, propuso que las operaciones que dieron lugar a la compra de cartera se reinvirtieran, para “la salvaguarda de los intereses de quienes de buena fe celebraron tales operaciones, y en virtud de que se causarían mayores daños y perjuicios al no reconocerse esos pasivos que al reconocerlos.” Así, el PAN constituyó la garantía del IPAB sobre el valor de la cartera a favor de los deudores y en beneficio de los bancos. Si el deudor de la cartera no paga, el IPAB liquidará al banco el importe del riesgo compartido hasta el monto equivalente no cubierto. Dichos montos son, de hecho, deuda pública indirecta y su servicio se cubrirá con partidas presupuéstales anuales.
De este modo, el congreso otorgará al IPAB los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones; en el acuerdo aprobado en diciembre 1999, se establece que se creará un “ramo específico” dentro del presupuesto para tal fin. Una de las preocupaciones principales de quienes pensamos que este acuerdo no debió aprobarse, por contar con información limitada (lo que redundó en aceptar operaciones irregulares), es el tratamiento que se propone para operaciones similares de rescate en el futuro. Por ejemplo, se dejó la puerta abierta para un nuevo e inmediato rescate—los diputados no conocíamos los detalles—PROMEX, BANCRECER y del Atlántico. También se estableció que si el IPAB no cuenta con recursos suficientes para enfrentar un problema, podría solicitar al congreso aún mayores apoyos; peor aún, se permitía el ejecutivo intervenir en situaciones de emergencia, cuando todos hemos visto los desastres ocurren cuando el congreso no supervisa sus decisiones.
Si como consecuencia de las auditorías fueran detectadas operaciones ilegales, ilícitas, fraudulentas, o contrarias a los sanos usos y prácticas bancarios, los bancos tendrían que cubrir el importe de las mismas disminuyendo así el monto de las garantías que el IPAB haya otorgado para tales carteras. Hubo también un acuerdo mediante el cual un partido regresaría los fondos depositados ilegalmente en FOBAPPROA a través de descuentos a los fondos públicos a los que tiene derecho anualmente. Las anteriores medidas permitirían que los bancos emitieran títulos valor con garantía del propio IPAB. FOBAPROA, Edit. Océano (1999).
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